Durante décadas, la matriz del sistema jubilatorio argentino descansó sobre un supuesto que ya no sostiene la realidad: que la mayoría de los trabajadores completaría treinta años de aportes continuos antes de alcanzar la edad de retiro. Los números del presente desafían esa premisa con contundencia. En el contexto actual, marcado por la expansión de empleos sin registro y trayectorias laborales fragmentadas, una prestación que hace apenas una década era casi anecdótica está ganando protagonismo de manera acelerada. La Prestación Universal para Adultos Mayores (PUAM) —ese colchón de contención para quienes llegan a los 65 años sin haber completado sus contribuciones— pasará de representar apenas el 3% de todos los beneficios jubilatorios en 2025 a alcanzar el 9% en 2030, según proyecciones oficiales. Para 2040, ese guarismo podría trepar hasta un cuarto del sistema completo.
Un programa que emergió como solución transitoria y se vuelve estructural
Cuando la PUAM fue creada en 2016, nadie imaginaba que sería más que un dispositivo temporal de cobertura social. Se trataba de brindar una red de contención a un segmento acotado de la población: mayores sin los aportes necesarios para acceder a una jubilación contributiva tradicional. El programa comenzó con números pequeños, apenas un puñado de beneficiarios en sus primeros meses. Sin embargo, los registros administrativos muestran una trayectoria ascendente casi sin interrupciones. Hacia mediados de 2023, la cifra había saltado a más de 300 mil personas cobrando este beneficio.
El monto de la PUAM asciende al 80% de la jubilación mínima más un bono de $70 mil, lo que en agosto de 2024 totalizaba aproximadamente $405 mil mensuales. No es generoso si se lo compara con jubilaciones contributivas plenas, pero constituye la diferencia entre tener ingresos fijos o quedarse sin nada. Acceder a ella requiere cumplir con tres condiciones básicas: tener 65 años o más, ser ciudadano argentino o residente con permanencia legal, y no poseer ingresos suficientes que superen ciertos umbrales establecidos.
A mediados de 2024, cuando expiraba una moratoria que había permitido a trabajadores informales regularizar sus aportes atrasados y acceder a jubilaciones contributivas, muchos observadores creyeron que el fenómeno se estabilizaría. Durante ese período de flexibilización —que operó entre 2022 y marzo de 2025— la cantidad de personas en la PUAM incluso se redujo, ya que miles optaron por regularizar sus deudas previsionales. No obstante, los análisis de la Subsecretaría de Seguridad Social advierten que con el cierre de esa ventana, a partir del segundo trimestre de este año, el flujo de nuevos beneficiarios en la PUAM volverá a acelerarse.
La geografía del desamparo previsional: disparidades que desafían la equidad
Un dato particularmente revelador surge del análisis territorial del programa. La cobertura de PUAM no se distribuye de manera uniforme en el territorio nacional. A nivel agregado, alcanza al 3,7% de la población mayor a 65 años, pero esta cifra oculta desigualdades geográficas de envergadura. En la Ciudad de Buenos Aires, la cobertura apenas llega al 2,3%, mientras que en la provincia de Buenos Aires y Santa Fe rondan el 3%. Estas jurisdicciones más desarrolladas y con estructuras laborales menos informales registran los números más bajos del país.
El contraste con el norte es abrupto. Santiago del Estero encabeza la lista con 8,5% de su población mayor a 65 años en la PUAM, seguido por Chaco con 8,1%, Misiones con 7,4%, Formosa con 7,1% y Salta con 6,3%. Estos números, que casi triplican el promedio nacional, reflejan una realidad incómoda: en las provincias con menores niveles de formalización laboral histórica, la prestación universal se ha convertido en la puerta de acceso mayoritaria al ingreso jubilatorio. No se trata de una coincidencia estadística sino del reflejo directo de modelos económicos regionales donde el empleo registrado nunca fue la norma.
Este patrón geográfico plantea interrogantes sobre la sostenibilidad futura del sistema. Un envejecimiento poblacional que avanza simultáneamente en todo el país, combinado con regiones donde la mayoría de los mayores dependerán de la PUAM antes que de jubilaciones contributivas, sugiere que el financiamiento del sistema enfrentará presiones diferenciales según la jurisdicción.
Cómo la informalidad laboral redefine las reglas del juego previsional
La razón de fondo que explica este corrimiento estructural es simple pero profunda: la densidad de contribuciones a lo largo de la vida laboral se ha erosionado de manera consistente. Hace treinta años, completar treinta años de aportes era una expectativa razonable para quienes trabajaban en empleos formales. Hoy, ese horizonte es cada vez más inalcanzable para segmentos amplios de la población económicamente activa. La informalidad laboral, que creció de manera sostenida en las últimas dos décadas alcanzando cifras cercanas al 50% del empleo total, significa que cientos de miles de personas pasan por trayectorias ocupacionales con "baja densidad contributiva", según la terminología oficial.
Un trabajador que alterna períodos de empleo registrado con desempleo, trabajo informal, tareas por cuenta propia o inactividad, acumula aportes de manera lenta e interrumpida. Si a eso se suma el envejecimiento poblacional —que está haciendo que la edad promedio de la población argentina suba año tras año— el resultado es previsible: más personas llegan a la edad de jubilación sin los treinta años necesarios. La PUAM fue diseñada como escape valve, pero los indicios sugieren que está transformándose en la salida principal para un creciente porcentaje de mayores.
El informe oficial proyecta que en 2030 la PUAM representará el 9% del total de beneficios. Para 2035, trepará al 17%. Y para 2040, alcanzará el 25%. Estas no son especulaciones sino extrapolaciones basadas en dinámicas demográficas y laborales ya en marcha. El envejecimiento es inexorable. La informalidad laboral, aunque con fluctuaciones según ciclos económicos, mantiene una tendencia de largo plazo alcista. La convergencia de ambas variables genera una trayectoria prácticamente inevitable.
El patrón de acceso: edades y decisiones en contexto
Observando las altas registradas durante 2025, emerge un patrón de comportamiento que también cuenta algo importante sobre cómo los adultos mayores responden a sus opciones limitadas. El 77,4% de quienes se inscribieron en la PUAM lo hizo exactamente a los 65 años, la edad mínima establecida. Apenas el 7,9% aguardó hasta los 66, el 4,2% hasta los 67, y un 10,5% accedió a los 68 años o más. Esta concentración masiva en la edad de ingreso mínima sugiere que para la mayoría, la PUAM no es una opción elegida sino una necesidad apremiante: cuando cumplen 65 años y no tienen los treinta años de aporte, solicitan el beneficio de inmediato porque carecen de alternativas.
Esa urgencia en el acceso refleja la vulnerabilidad de grupos que dependen del ingreso sin demora. Son personas que, a diferencia de quienes cuentan con ahorros o apoyo familiar, necesitan esa prestación desde el primer momento en que se vuelven elegibles. El hecho de que menos del 15% de los nuevos beneficiarios espere hasta los 67 años o más subraya que, en la práctica, la PUAM funciona como válvula de emergencia inmediata, no como opción secundaria.
Implicancias fiscales y sostenibilidad del modelo
Proyectar que la PUAM pase de 3% a 25% del sistema en quince años no es un ejercicio neutro. Tiene consecuencias presupuestarias inmediatas. La prestación se financia con recursos del Tesoro nacional, no del fondo de aportes contributivos. Esto significa que a medida que crezca su peso relativo, aumentará la presión sobre las arcas fiscales generales en contextos donde los ingresos tributarios enfrentan competencia de múltiples demandas. Simultáneamente, la base de contribuyentes registrados —que financia el sistema contributivo— potencialmente se reduce si la informalidad laboral persiste.
Existen distintas perspectivas sobre cómo afrontar este escenario. Algunos señalan que fortalecer la formalización laboral es la única salida estructural, reduciendo la informalidad para que más trabajadores acumulen aportes suficientes. Otros sostienen que la PUAM debería ser expandida conscientemente, redefiniéndola como un derecho universal de jubilación mínima garantizada para todos mayores de cierta edad, más que como un programa residual. Una tercera posición enfatiza la necesidad de reformas paramétricas: ajustar la edad de jubilación, flexibilizar los años de contribución requeridos o modificar los montos. Cada enfoque tiene implicancias diferentes sobre el futuro del sistema y sus beneficiarios.
Lo que permanece cierto es que las dinámicas demográficas y laborales del país están redefiniendo el rostro del sistema previsional sin que necesariamente exista un debate público de envergadura sobre esa transformación. La PUAM, concebida como excepción hace menos de una década, está camino a convertirse en regla. Esa transición plantea preguntas fundamentales sobre equidad intergeneracional, sostenibilidad fiscal y el rol del Estado en garantizar ingresos dignos para quienes envejecen en un mercado de trabajo cada vez más fragmentado.
