El castigo llegó con toda su crudeza. No se trata solo de una condena penal o de la inhabilitación política. Ahora la máquina judicial avanza sobre el patrimonio acumulado durante los años de gobierno kirchnerista: bienes raíces, hoteles de lujo, complejos inmobiliarios, terrenos valuados en millones de pesos. La Corte Suprema de Justicia de la Nación se convierte, a partir de este viernes, en administradora de un vasto portafolio de propiedades que serán decomisadas como respuesta contundente a la maniobra de corrupción que marcó la obra pública vial en Santa Cruz.
En esta primera etapa, la ex mandataria perderá veinte inmuebles. El constructor Lázaro Báez, quien fuera su principal socio en los negocios que prosperaron bajo el amparo gubernamental, verá ejecutarse más de ochenta propiedades de su vasto portafolio, acumulado entre 2010 y 2013 cuando su empresa Austral Construcciones canalizaba recursos públicos a través de sobreprecios, carteles y fraudes en licitaciones. La Sala IV de la Cámara de Casación Penal selló esta decisión tras considerar que la pena de decomiso es indispensable para que la condena no quede como un mero formalismo mientras los activos derivados del delito continúen generando ganancias.
Los magistrados fueron categóricos en su análisis: la respuesta penal frente a actos de corrupción no puede limitarse a un valor meramente simbólico. Según lo expresado en los fundamentos del fallo, el castigo "sólo adquiere plena eficacia institucional si se traduce también en la neutralización concreta del beneficio económico obtenido mediante el delito". Esta perspectiva marca un quiebre respecto a cómo históricamente se han tratado este tipo de causas. No basta con condenar; es necesario despojar a los responsables de los frutos del fraude. El Estado, sostuvieron los jueces, debe asegurar que el crimen no conserve eficacia económica residual, es decir, que siga produciendo réditos a través del tiempo.
Los símbolos de una fortuna inesperada
Entre los inmuebles que pasarán a poder de la Corte Suprema para su administración posterior se encuentra el hotel Los Sauces Casa Patagónica, ubicado en El Calafate. Se trata del establecimiento de hospedaje más suntuoso que Cristina Kirchner poseyó. Durante once años consecutivos, el hotel fue arrendado al Grupo Relats por noventa mil dólares mensuales, según declaró Victor Manzanares, ex contador de los Kirchner que se convirtió en testigo colaborador en la causa Cuadernos. Esta operación comercial significó el ingreso de entre diez y once millones de dólares en la economía familiar, dinero que efectivamente entró por vías formales. Sin embargo, el vínculo se cortó en 2016 cuando las partes no pudieron acordar el monto a pagar en la renovación del contrato.
La estructura del hotel revela complejidades jurídicas que también caerán bajo la ejecución. El inmueble está emplazado en tres parcelas: la propiedad 42-C parcel 5-h es titularidad del hotel Los Sauces, donde se encuentra "La Casona"; las restantes casas e instalaciones ocupan dos terrenos que pertenecen al condominio "Máximo y Florencia Kirchner", identificados como 42-C 5-j y la quinta 10A. Esta última parcela fue originalmente de Báez, quien la intercambió con Cristina Kirchner en una operación que permitió expandir el complejo boutique. El pago de esa permuta no fue en efectivo sino mediante la cesión de otro terreno ubicado en Punta Soberana, también en El Calafate. Ese terreno compartido, valuado en 17,4 millones de pesos, tampoco escapará a la confiscación. Múltiples propiedades radicadas en El Calafate fueron cedidas en partes iguales a los hijos de la pareja Kirchner, Máximo y Florencia, pero igualmente quedarán alcanzadas por el decomiso.
En la ciudad de Río Gallegos también existen propiedades en la mira de la justicia. Once departamentos ubicados en Mitre 535 forman parte del primer lote. Se trata de un complejo edificado por el mismísimo Báez, adquirido por Néstor Kirchner el 10 de abril de 2007 mediante una estructura fiduciaria. Otros inmuebles en la capital santacruceña que serán ejecutados incluyen una propiedad en calle 25 de Mayo 255 (comprada el 6 de septiembre de 2010) y otra sobre la avenida principal de la ciudad, "Presidente Néstor Kirchner" 490, obtención que data del 22 de septiembre de 2006. En El Calafate, además de Los Sauces y sus complejos derivados, hay parcelas adquiridas en diciembre de 2007 y ampliadas meses después en febrero de 2008, terrenos que luego fueron objeto de intercambios entre la familia Kirchner y el empresario constructor.
Báez: el imperio que se desmorona
Pero donde la ejecución patrimonial alcanza dimensiones verdaderamente extraordinarias es en el caso de Lázaro Báez. En apenas tres años, entre 2010 y 2013, este empresario de obra pública adquirió 1.412 bienes muebles e inmuebles distribuidos en más de ocho provincias. Sin embargo, la mayor concentración se encuentra en territorio patagónico, particularmente en Santa Cruz. En total, 84 propiedades a nombre del ex contratista serán ejecutadas por orden judicial. Este volumen de adquisiciones en un lapso tan breve constituye un indicador contundente del enriquecimiento ilícito. ¿De dónde provenían los fondos? Del sistema de sobreprecios, de contratos aparentemente competitivos pero realmente cartelizados, de ampliaciones de obra toleradas con permisividad, de anticipos financieros otorgados sin justificación y de pagos adelantados a Austral Construcciones SA que nunca debieron existir.
Uno de los bienes más simbólicos en el listado de confiscaciones a Báez es la denominada Chacra 39 de Río Gallegos. Se trata de una propiedad de 14.250 metros cuadrados ubicada a apenas quince minutos del centro de la capital provincial. Fue concebida como un lugar de recreación exclusiva donde Néstor Kirchner y Báez compartían encuentros y partidas de fútbol. La propiedad, valuada en 47.911.000 pesos, contiene edificaciones que revelan un lujo desproporcionado: una casa principal con dos quinchos, una biblioteca, un subsuelo donde el dueño exhibía una bodega de vinos de colección. Elisa Carrió denunció en 2013 la existencia de una bóveda en ese subsuelo, acusación que no prosperó judicialmente, pero que refleja las sospechas sobre el destino de ciertos fondos. La propiedad también posee una cancha de fútbol con sistema de iluminación independiente, una zona de vestidores equipada con camisetas auténticas de diversos clubes, un gimnasio de última generación en el segundo piso, jacuzzi, hidromasaje y ducha escocesa.
Complementan este cuadro de lujo residencial un invernadero contiguo valuado en más de 52,1 millones de pesos y una pequeña casa en parcela lindante tasada en 5 millones. La propiedad abarca seis hectáreas según los planos oficiales y totaliza trescientos metros cubiertos. A esta chacra se suma la estancia denominada Los Gurises, una de las más de treinta que integran el patrimonio de Báez y que fueron allanadas durante la investigación. Casas, departamentos, cocheras, club deportivo, terrenos en Río Gallegos y El Calafate: el catálogo de bienes que perderá es extenso y demuestra cómo el empresario diversificó sus inversiones aprovechando el flujo de dinero público que canalizaba hacia su propia empresa.
Los jueces del Tribunal de Oral en lo Criminal 2 fueron enfáticos al fundamentar que el decomiso se realiza "en virtud de la función reparadora del daño social causado, así como en cumplimiento de la política pública de recuperación de activos derivados de la corrupción". La suma total a recuperar asciende a 684.990.350.139,86 pesos, cifra que será satisfecha mediante la ejecución de estos bienes. La Corte Suprema tendrá la responsabilidad de determinar el destino final de las propiedades. Existe expresamente la posibilidad de destinarlas hacia los ciudadanos santacruceños damnificados por la maniobra delictiva, priorizando aquellos inmuebles localizados en esa provincia y directamente vinculados con los efectos nocivos de la corrupción vial. Se contempla también la asignación a la ciudadanía en general como forma de reparación social por los fraudes cometidos.
Esta es apenas la primera etapa. Existe un segundo listado de bienes que será ejecutado posteriormente. Hace apenas un mes, el juez Néstor Costabel, encargado de ejecutar las penas en la causa "Ruta del Dinero K", ya había ordenado la confiscación de cuarenta inmuebles de Báez para cubrir un decomiso de cincuenta y cinco millones de dólares. La cascada de ejecuciones patrimoniales continúa avanzando, casa tras casa, terreno tras terreno, desmontando pieza a pieza el vasto imperio que se construyó sobre la base del fraude a la hacienda pública. Mientras que en otros casos de corrupción la justicia se limitó a condenas simbólicas, en el caso Vialidad la respuesta judicial trasciende lo penal para convertirse en una acción de reparación patrimonial sin precedentes en el país.