La industria extractiva argentina atraviesa un momento de inflexión que podría redefinir el mapa económico del país en los próximos años. Mientras el gobierno nacional refuerza su apuesta por consolidar este sector como columna vertebral del modelo productivo, los empresarios del rubro anuncian cifras que rompen los registros históricos. El 2025 cerró con exportaciones mineras por 6.056 millones de dólares, cifra que representa el 7% del total de divisas que ingresaron al país por concepto de ventas al exterior. Pero lo más significativo no es solamente lo que ya se logró, sino lo que está por venir: la proyección para este año alcanza los 9.000 millones de dólares, un crecimiento del 50% que colocaría a la minería en una posición estratégica dentro de la economía nacional, compitiendo directamente con sectores históricamente hegemónicos.

Este contexto de optimismo es el que enmarca la visita que realizará esta semana la hermana del presidente, Karina Milei, junto al ministro del Interior, Diego Santilli, a la provincia de San Juan, epicentro de la actividad minera argentina. Su llegada coincide con la celebración del Día de la Minería y con la realización de la 11ª edición de la Expo San Juan Minera 2026, un encuentro que convoca a los principales actores del sector. La presencia de autoridades nacionales en este evento no es casual: representa un gesto explícito del gobierno de Javier Milei respecto a la prioridad que asigna a este complejo productivo en su estrategia de inserción internacional y generación de divisas. A esta reunión asistirán además siete gobernadores provinciales, subrayando que la minería no es un asunto localizado sino una cuestión de agenda federal que involucra a múltiples territorios.

El boom del oro y la plata, los salvavidas de la producción actual

Resulta paradójico que los metales preciosos que hoy sostienen los récords de exportación sean, simultáneamente, aquellos cuya producción en volumen ha caído significativamente. La producción de oro está 37% por debajo de los niveles de 2018, mientras que la plata retrocedió un 32% en el mismo período. ¿Cómo es posible entonces que se rompan récords de ventas? La respuesta reside en un fenómeno simple pero potente: la escalada de precios en los mercados internacionales. Desde el fin de la pandemia de COVID-19, los valores del oro y la plata experimentaron aumentos sostenidos que permitieron que los productores locales mantuvieran la rentabilidad de sus operaciones. Sin estos incrementos de precios, muchas de las minas argentinas que operan hoy ya habrían cerrado sus puertas, condenando a miles de trabajadores al desempleo y a las provincias a perder una de sus principales fuentes de ingresos fiscales.

Este escenario subraya una realidad incómoda para cualquier análisis que pretenda ser exhaustivo: la minería argentina de metales preciosos depende, en gran medida, de factores externos sobre los cuales el país tiene escaso o nulo control. Los precios fijados en bolsas internacionales como la de Londres determinan, en última instancia, qué tan rentable es sacar oro o plata del suelo argentino. Sin embargo, existe un contrapunto en esta ecuación: el litio y el cobre, minerales que arrancan desde una base productiva más modesta pero que son críticos para la transición energética global y la digitalización industrial. Estos dos metales representan la verdadera frontera de crecimiento y son los que podrían posicionar a la Argentina como un actor relevante en las décadas venideras, cuando la demanda mundial por estos insumos probablemente alcance niveles sin precedentes.

Las inversiones despiertan: el rol del RIGI y la apuesta estatal

Durante años, la exploración minera en Argentina fue una actividad marginal, con inversiones prácticamente estancadas. El panorama cambió significativamente a partir de 2015, cuando comenzó una recuperación gradual. Para 2024, el país registró inversiones en exploración por 430 millones de dólares, cifra que triplicó la inversión realizada una década atrás. Esta expansión colocó a Argentina como el séptimo destino mundial para proyectos de exploración minera, un posicionamiento que refleja el creciente interés internacional por los activos minerales del país. Pero la aceleración real llegó con la implementación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), un mecanismo diseñado específicamente para atraer capital extranjero hacia sectores considerados estratégicos por el gobierno nacional.

Hasta el momento, el RIGI aprobó 8 proyectos por un monto total de 7.948 millones de dólares, concentrados principalmente en el litio de Salta y Catamarca. Pero la auténtica dimensión de lo que está por venir se refleja en el pipeline de evaluación: existen otros 13 proyectos en análisis por 42.000 millones de dólares, muchos de ellos apuntando al cobre de San Juan y Catamarca. Si estos proyectos llegaran a aprobarse en su totalidad, estaríamos hablando de inversiones que prácticamente duplicarían todo lo invertido en exploración durante los últimos tres décadas. Estos números no son, por supuesto, garantías de que los proyectos se ejecutarán en tiempo y forma, ni de que generarán los beneficios económicos prometidos. Pero ilustran claramente hacia dónde están dirigidas las expectativas del sector privado y del gobierno nacional.

San Juan, la segunda provincia exportadora de minerales con 1.758 millones de dólares en 2024 (por debajo solamente de Santa Cruz, que llegó a 2.394 millones), es el territorio donde se concentran los mayores anuncios de inversión. Pero también pugnan por captar recursos Jujuy, Salta, Catamarca y Mendoza. Estas provincias entienden claramente que la minería se ha convertido en un eje de su desarrollo económico. Los números que lo demuestran son contundentes: en Catamarca, la minería explica más del 93% de sus exportaciones totales, en Santa Cruz alcanza el 85,8%, en San Juan el 85,4% y en Jujuy el 80,6%. Incluso en Salta, donde existe mayor diversificación económica, la minería representa 44,2% de las ventas externas. Una dependencia de tal magnitud convierte a estas provincias en territorios cuya suerte está indisolublemente ligada a los ciclos y precios de los minerales.

Los límites del "derrame" y los desafíos sin resolver

A pesar del entusiasmo que rodea los anuncios de récords de exportación y proyectos por miles de millones de dólares, los propios directivos del sector reconocen una limitación fundamental: la minería, por muy importante que sea, no puede absorber el empleo que se destruye en otras ramas de la economía. Esta afirmación contiene una crítica implícita a la estrategia económica del gobierno, que ha priorizado sectores considerados competitivos internacionalmente en detrimento de industrias de menor exportación. Cuando se reducen subsidios, se abre la importación de bienes manufacturados y se contraen políticas de protección a sectores menos competitivos, los trabajadores desplazados no pueden simplemente relocalizarse hacia la minería.

Los empresarios mineros hablan del "derrame", ese concepto que supuestamente deja la industria en las comunidades donde opera. Según sus cálculos, cada proyecto minero demanda el trabajo de alrededor de 800 empresas proveedoras durante las fases de exploración —que pueden extenderse por más de diez años— y construcción —entre tres y cinco años adicionales—. Una vez que la mina entra en producción, ese número se reduce a aproximadamente 550 empresas proveedoras que operan durante la vida útil promedio de la explotación, calculada en treinta años. El sector también destaca que el 80% de cada inversión permanece en el país como impuestos, regalías, liquidación de divisas, salarios y generación de cadenas de valor. Los empleados mineros directos reciben salarios 150% superiores al promedio del sector privado registrado, un dato que refleja tanto la productividad de la industria como las condiciones desafiantes del trabajo en minas.

Sin embargo, el concepto del "derrame" ha sido históricamente cuestionado. La pregunta que persiste es: ¿cuántos de esos 800 empleadores de servicios en la fase de construcción se transforman en negocios sostenibles una vez que llega la etapa de operación rutinaria? ¿Cuáles de ellos logran trascender la dependencia de un único cliente y diversificarse hacia otros mercados? La historia de regiones mineras en diferentes partes del mundo sugiere que, cuando la actividad extractiva cesa o se reduce significativamente, los territorios que dependieron excesivamente de ella tienden a experimentar crisis abruptas. San Juan está en el umbral de enfrentar los mismos desafíos que hoy experimenta Neuquén con Vaca Muerta: la provincia petrolera recibe veinte familias diarias que migran atraídas por las oportunidades laborales, pero la infraestructura de vivienda, salud y educación no logra acompañar ese crecimiento explosivo. Los hoteles de San Juan ya están agotados su capacidad para esta exposición minera, un síntoma temprano de las presiones infraestructurales que están por venir.

La proyección oficial sugiere que la minería argentina podría alcanzar exportaciones de 22.000 millones de dólares a mediados de la próxima década, una cifra que triplicaría lo que hoy se considera un récord histórico. Si esa meta se alcanza, se confirmaría el lugar de la minería como el tercer motor de la economía nacional, detrás del complejo agroexportador y del sector energético. Pero una proyección no es una garantía. Múltiples variables geopolíticas, fluctuaciones de precios internacionales, cambios tecnológicos en la demanda global y transformaciones ambientales podrían desviar significativamente esos cálculos. Algunos sectores han cuestionado el costo ambiental de la expansión minera en regiones de alta fragilidad hídrica, particularmente en el norte del país, donde la explotación de agua para procesamiento de minerales compite con las necesidades agrícolas y de consumo humano. Otros analistas, en cambio, ven en la minería una oportunidad única para que Argentina capture valor de recursos que de otro modo permanecerían subexplotados. Lo cierto es que la próxima década traerá consigo tanto oportunidades como tensiones que el país deberá gestionar con cuidado.