La carrera internacional por asegurar minerales críticos para la transición energética global está rediseñando la política bilateral entre dos vecinos históricamente en tensión. Argentina y Chile, enfrentados durante décadas por cuestiones fronterizas y de seguridad, descubrieron que sus geografías y capacidades mineras pueden funcionar como piezas complementarias en un tablero geopolítico donde el cobre y el litio son ahora moneda de cambio. Esta convergencia de intereses ha provocado que ambos gobiernos busquen reactivar un instrumento legal que permanecía prácticamente inerte desde hace más de siete años: el Tratado de Integración y Complementación Minera, suscripto en 1997 entre los presidentes Carlos Menem y Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

El movimiento adquirió ritmo en las últimas semanas con varios encuentros de alto nivel. Autoridades del sector minero chileno y argentino se reunieron durante la Expo San Juan Minera 2026, espacio donde participó activamente Karina Milei como cabeza de la delegación local en su rol de secretaria general de la Presidencia. Simultáneamente, la ministra de Energía de Chile, Ximena Rincón, realizó su primer viaje oficial al exterior desde su asunción, acompañada por una delegación de amplitud considerable que incluyó ejecutivos de empresas como Enel, Engie, EDF y AES Corporation, además de representantes de entes públicos como ENAP y la transportadora GasAndes. Del lado local, participaron funcionarios energéticos junto a empresas de peso como YPF y TotalEnergies. La próxima cita oficial será una reunión de la Comisión Administradora bilateral programada para el 7 de julio en Buenos Aires.

Un tratado redescubierto en tiempos de competencia

El acuerdo de 1997 no representa una integración tributaria ni un esquema de reparto de recursos naturales. Su propósito es más limitado pero estratégico: facilitar los trámites logísticos y administrativos necesarios para que proyectos ubicados en territorios de difícil acceso, particularmente en la zona cordillerana, puedan funcionar con mayor agilidad. Contempla cuestiones tan prácticas como el uso compartido de caminos, servicios, puertos o incluso abastecimiento entre ambos lados de la frontera. En palabras de especialistas del sector, el tratado opera a demanda y mediante protocolos específicos: si una operación minera argentina necesita valerse de infraestructura chilena para acceder a un yacimiento o bien transportar su producción hacia puertos del Pacífico, debe tramitar las aprobaciones correspondientes en el marco de este instrumento bilateral.

Lo que explica la actual revitalización no es una modificación sustancial del documento, sino la urgencia de acelerar los mecanismos de evaluación y aprobación que se encuentran enlentecidos por la magnitud de nuevos proyectos en cartera. Hace treinta años, cuando se firmó el acuerdo, la actividad minera en la zona fronteriza argentina era incipiente. Hoy la situación es radicalmente distinta. Enormes emprendimientos como Josemaría, Filo del Sol, Los Azules, El Pachón e Incahuasi-Los Helados avanzan en San Juan y territorios vecinos, muchos de ellos con dependencia operativa de infraestructura chilena. El desafío administrativo es entonces garantizar que estos protocolos funcionen sin demoras innecesarias.

El factor RIGI y el reordenamiento de fuerzas en la región

La transformación más profunda radica en el cambio de posición relativa de ambos países en el ecosistema minero global. Durante décadas, Chile mantuvo una posición hegemónica como productor mundial de cobre, liderando sin competencia regional en este mineral. Argentina, en contraste, era prácticamente invisibilizado en este rubro, con una producción cercana a cero. Esa ecuación comenzó a alterarse con la aprobación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) por parte del gobierno de Javier Milei. Este régimen ofrece a los inversores estabilidad tributaria garantizada por treinta años, eliminando de un golpe la histórica restricción fiscal que había desalentado inversiones de gran escala en territorio argentino.

Los números evidencian la magnitud del cambio. Argentina ha captado compromisos de inversión minera superiores a US$ 50.000 millones, con un pipeline de proyectos en el RIGI que suma US$ 46.073 millones entre iniciativas ya aprobadas y otras en evaluación. Estos fondos se concentran principalmente en cobre y litio. En paralelo, la minería argentina ya exhibe resultados tangibles en litio: las exportaciones del sector alcanzaron en 2025 un récord de US$ 6.075 millones, con un crecimiento interanual de 31,3%. Durante el primer trimestre de 2026, las ventas externas crecieron explosivamente, acumulando US$ 2.409 millones con un incremento de 81,6%. En contraste, la cartera minera chilena proyectada para 2025-2034 es de US$ 104.549 millones, pero una proporción abrumadora, el 81% de esos fondos, corresponde a ampliaciones de operaciones ya existentes, mientras que apenas el 19% representa proyectos genuinamente nuevos.

La diferencia no es solo de escala sino también de naturaleza. Los yacimientos chilenos, tras décadas de explotación, presentan menores concentraciones de mineral, lo que eleva significativamente los costos de extracción. Argentina, por su lado, posee proyectos clasificados como greenfield—es decir, sin exploración previa—de calidad mundial con mejores ley de mineral y sin explotar. Ejemplo emblemático es Vicuña, impulsado por BHP y Lundin sobre los depósitos Josemaría y Filo del Sol, con inversiones estimadas en hasta US$ 18.000 millones y producción proyectada para 2032. No obstante, es necesario matizar: la producción argentina de cobre aún es prácticamente nula. Las proyecciones más optimistas anticipan que la primera producción significativa llegará hacia 2030, lo que implica que Argentina está todavía en una etapa incipiente en este mineral, a diferencia del litio donde ya opera como productor establecido.

Complementariedad versus rivalidad: la lectura desde el sector privado

Tanto desde representantes de la industria minera como desde analistas especializados, se subraya que la relación entre Argentina y Chile en este campo no debe interpretarse necesariamente como competencia destructiva. La minería en Sudamérica, particularmente entre Chile, Perú y la emergente Argentina, posee características claramente complementarias. El tratado de 1997 fue concebido precisamente con esa intención: crear sinergias que combinen la vasta experiencia minera chilena, su infraestructura desarrollada y sus proveedores especializados, con el potencial geológico argentino y sus condiciones regulatorias renovadas. Desde esta óptica, ambos países pueden ganar sin que uno perjudique al otro.

Lo que sí existe, sin embargo, es competencia por la captación de inversiones globales. Chile afronta desafíos administrativos de considerable magnitud: sus procesos de aprobación burocráticos pueden extenderse entre cinco y once años, requiriendo hasta 2.000 permisos distintos por proyecto. Argentina, con su régimen RIGI y su capacidad de ofrecer certidumbre fiscal por tres décadas, se posiciona como alternativa más ágil para nuevos emprendimientos, particularmente cuando se trata de operaciones greenfield que requieren menos aprobaciones históricas. La clave, según especialistas, no radica en quién gana y quién pierde, sino en cómo ambas naciones pueden funcionar como engranajes complementarios de una cadena de valor que sirva a la demanda global creciente de minerales críticos.

Desde la perspectiva del sector privado se rechaza explícitamente la idea de una rivalidad estructural que pudiera obstruir la cooperación. Los argumentos apuntan a que el acuerdo de 1997 nunca implicó reparto de ingresos tributarios ni afectación de soberanía sobre recursos naturales. Los impuestos se pagan en el país donde están ubicados los yacimientos. Lo único que el tratado facilita es la movilización de personas, servicios, bienes y acceso a infraestructura para desarrollar depósitos en zonas de alta montaña donde la integración transfronteriza es prácticamente inevitable.

Las apuestas estratégicas en juego

Para Argentina, el desarrollo de la minería—y en particular del cobre—aparece como uno de los grandes objetivos de mediano plazo del gobierno nacional. Si bien el litio ya posicionó al país en el mapa global de minerales críticos, se reconoce que el cobre posee una capacidad transformadora de mayor alcance para la economía argentina en su conjunto. El desafío inmediato no radica en las regulaciones, que con el RIGI ya ofrecen incentivos competitivos, sino en cerrar el financiamiento de los megaproyectos y transitar exitosamente hacia la etapa de construcción. Una vez que esto ocurra, la minería podría consolidarse como uno de los pilares del desarrollo económico del país.

Para Chile, la reactivación del tratado representa una oportunidad de mantener su influencia en el ecosistema minero regional, esta vez aprovechando su expertise, infraestructura acumulada y capacidad de servicio logístico hacia un vecino con enorme potencial geológico. La visita de la ministra Rincón y la amplitud de su delegación sugieren que Santiago valora la posibilidad de participar en esta transformación de la región andina, ya sea como proveedor de servicios, como socio en iniciativas conjuntas, o como corredor logístico hacia el Pacífico.

La reactivación del tratado bilateral de 1997, entonces, no es un retorno nostálgico a acuerdos del pasado, sino una recalibración pragmática de un instrumento para tiempos nuevos. Refleja una realidad: que Argentina y Chile, en contextos de competencia global por recursos energéticos críticos, descubrieron que sus geografías, capacidades y restricciones pueden yuxtaponerse de manera provechosa. Los próximos meses dirán si esta convergencia logra traducirse en mecanismos administrativos y logísticos tan eficientes como las intenciones que las motivan, o si los viejos desajustes burocráticos persisten limitando el potencial de ambas naciones para capturar oportunidades de inversión global en uno de los sectores más dinámicos del siglo XXI.