La Argentina enfrenta un dilema financiero que trasciende los anuncios puntuales de los últimos meses. Mientras gobiernos y funcionarios celebran iniciativas de crédito hipotecario respaldado con fondos de ANSeS, acceso a divisas para empresas y líneas automotrices, especialistas en economía advierten que estas medidas representan apenas parches sobre una herida más profunda: el colapso del crédito interno y sus consecuencias en cascada sobre millones de hogares y empresas. El punto de inflexión ocurrió hace meses, cuando decisiones de política monetaria comenzaron a restringir deliberadamente la liquidez en pesos, bajo la premisa de que los ciudadanos recurriría a sus ahorros en dólares. Esa apuesta no se materializó. En cambio, lo que emergió fue un estancamiento crediticio sin precedentes recientes, acompañado de una mora que crece y se profundiza en todas las carteras bancarias del país.
El diagnóstico de un estancamiento previsible pero complejo
Expertos del ámbito financiero coinciden en que el fenómeno comenzó a gestarse desde abril de 2025, cuando entró en vigencia un esquema de bandas cambiarias que modificó radicalmente el enfoque sobre la oferta de dinero. La lógica oficial asumía que la escasez de pesos no generaría problemas de demanda agregada porque aparecerían recursos en moneda extranjera del "colchón" de ahorros privados. Sin embargo, esa teoría chocó contra la realidad: la demanda no se trasladó mágicamente hacia dólares, sino que simplemente se contrajo. El resultado fue un mercado de crédito congelado, donde el stock de préstamos como porcentaje del PIB comenzó su descenso sostenido. Esto afectó directamente a sectores que concentran el grueso del empleo: construcción, comercio minorista, pymes de servicios, pequeña industria. Familias que dependían de líneas de crédito para comprar vivienda, auto o financiar capital de trabajo enfrentaron puertas cerradas. Simultáneamente, deudas previamente contraídas con tasas variables o cláusulas de revisión comenzaron a volverse impagables para muchos deudores.
El problema de la mora no emergió por generación espontánea ni por irresponsabilidad masiva de deudores. Fue el resultado lógico de una contracción deliberada del flujo monetario combinada con presiones inflacionarias que licuaban ingresos reales. Cuando alguien contrae una deuda con cierta capacidad de pago y luego ve su ingreso real caer mientras la cuota nominal se mantiene o aumenta, la mora no es elección sino consecuencia inevitable. Esto ocurrió a escala de miles de personas simultáneamente, saturando las carteras de mora de bancos, financieras y fondos de inversión que compraron deuda.
Las insuficiencias de lo anunciado y el rol esquivo del Banco Central
Las medidas que las autoridades promocionaron en el último tiempo operan exclusivamente en los márgenes del problema. Créditos hipotecarios con fondos de ANSeS, préstamos en dólares para empresas no exportadoras y líneas para compra de vehículos funcionan como válvulas de escape parciales, pero no abordan la cuestión central: existe un stock masivo de deudas vencidas que debe refinanciarse, y los mecanismos del sistema financiero actual están diseñados para evitar precisamente eso. Un banco que tiene un préstamo en mora obtiene ciertos beneficios tributarios y contables al mantenerlo en esa condición o al castigarlo. Refinanciar significa reconocer implícitamente una pérdida, lo que golpea resultados y ratios de solvencia. Los incentivos están perversamente alineados contra la solución.
Aquí es donde entra en escena la institución que debería tener el poder de revertir este juego de incentivos: el Banco Central de la República Argentina. Analistas sostienen que mientras la autoridad monetaria actúa regularmente en los mercados de futuros de dólares, comprando y vendiendo para estabilizar el tipo de cambio, existe un enorme vacío de intervención en los mercados de tasas de interés. Si el Central se moviera en esos mercados, especialmente en operaciones de refinanciación de deudas vencidas, podría cambiar el panorama. La exposición de la entidad quedaría acotada porque estas operaciones siempre implican transacciones sobre la diferencia entre cotizaciones, lo que limita el riesgo. Pero esa medida requiere una decisión política que hasta ahora no se ha tomado, posiblemente por resquemores ideológicos sobre el rol del Estado en finanzas o por preferencia por soluciones que el mercado pueda resolver autónomamente.
Existen alternativas técnicas adicionales que podrían explorar. Una de ellas es facilitar la conversión de créditos a tasas fijas hacia esquemas de ajuste por UVA, instrumentos que permiten reducir la cuota inicial aunque cargan el riesgo de inflación sobre el deudor. Otra es reconsiderar la presión impositiva que nacional y provincias aplican sobre operaciones crediticias, algo que ya se hizo parcialmente con hipotecarios. Sin embargo, todas estas salidas modifican los flujos de caja de las entidades bancarias, lo que inevitablemente demanda que el Banco Central no permanezca indiferente, sino que actúe de contrapeso. Un guion mal diseñado en cualquiera de estos sentidos podría convertir el estancamiento crediticio actual en una parálisis completa.
El contexto histórico que explica la trampa actual
Argentina ha transitado ciclos de restricción crediticia antes. Cuando a principios de la década pasada se implementaron los controles de cambio que los especialistas denominan "cepos", el sistema financiero entró en una espiral de contracción. Empresas y hogares que dependían del crédito sufrieron reconversión forzada de sus modelos. Algunos adaptaron; otros quebraron. La economía acumuló una estanflación que persistió años. Ahora, cuando se intentaba salir de esa trampa introduciendo mayor apertura externa y competencia, se cometió el error de reproducir el mismo patrón de restricción crediticia por vías diferentes. Se asumió que los cambios estructurales necesarios para mejorar productividad obligarían a muchos sectores y empresas a reconvertirse, algo visto como inevitable. Ese "costo a pagar" es real. Pero la reconversión productiva se vuelve infinitamente más traumática cuando el canal del crédito está obstruido, porque las empresas no tienen recursos para financiar la transición, adaptación de equipos, capacitación o búsqueda de nuevos mercados.
La paradoja actual es que mientras se pretende dinamizar la economía mediante apertura y competencia, se aplica el torniquete monetario que hace imposible que actores económicos se adapten. Una empresa que necesita reconvertirse requiere crédito. Una familia que necesita cambiar de casa porque perdió un empleo requiere crédito. Un joven que quiere emprender requiere acceso a financiamiento. Sin esos flujos, la reconversión se convierte en contracción, la movilidad en estancamiento, las oportunidades en desesperanza.
El riesgo de "soluciones" que cierren aún más las compuertas
Existe un riesgo latente que especialistas advierten con preocupación: el Congreso Nacional podría ser tentado a legislar sobre el problema de la mora, pero haciéndolo mal. Si la legislación apunta a endurecer requisitos para que bancos refinancien deudas o impone restricciones sobre tasas de castigo, el resultado probable sería que las entidades financieras simplemente dejen de otorgar crédito nuevo. No porque no puedan, sino porque la relación riesgo-beneficio se vuelve inviable. Una restricción mal pensada sobre tasas en refinanciaciones podría convertir a los bancos en meros custodios de activos vencidos, sin incentivo para resolver esas deudas ni para prestar a nuevos clientes.
Por eso quienes conocen a fondo estos mercados subrayan que el "mal menor" pasa por evitar soluciones populistas o legislativas que generen distorsiones adicionales. Lo que se necesita es un trabajo más técnico, más fino, que requiere la participación activa de la autoridad monetaria. El Banco Central debe salir de su rol observador y convertirse en actor que influye en las condiciones de refinanciación sin romper contratos existentes, garantizando liquidez de corto plazo y horizonte de certidumbre para el mediano plazo.
Perspectivas divergentes sobre el camino adelante
El escenario que se despliega admite múltiples lecturas. Desde una óptica, la intervención del Banco Central en mercados de tasas podría ser vista como un retorno a esquemas discrecionales de la política monetaria que Argentina ya experimentó y que terminó en crisis. Desde otra perspectiva, la pasividad institucional frente a un colapso crediticio es incompatible con el mandato de una autoridad monetaria que debe velar por la estabilidad financiera. Los bancos comerciales, por su parte, se encuentran entre dos presiones: necesitan resolver sus carteras de mora pero temen que cualquier facilitación derive en expectativas de condonación de deudas. El sector productivo que depende del crédito reclama acceso, pero empresas sanas temen que sus tasas suban si se financian refinanciaciones de deudas problemáticas.
Las medidas anunciadas continuarán existiendo en el corto plazo, moviéndose apenas "el amperímetro" según la caracterización técnica, sin resolver la causa estructural del estancamiento. Si el Banco Central efectivamente decide intervenir en mercados de tasas, podría catalizar un movimiento más significativo. Si mantiene su posición pasiva, lo probable es que la mora siga creciendo, que los incentivos bancarios hacia nuevas colocaciones se debiliten aún más, y que la economía real permanezca congelada por falta de flujos crediticios. Ninguno de estos escenarios es painless: todos conllevan tradeoffs entre estabilidad de precios, solvencia de entidades, y dinamismo de la actividad económica real. La pregunta que el sistema debe responder es cuál de esos costos es preferible asumir, porque no existe opción sin costo alguno.
