El Gobierno enfrentó un obstáculo inesperado en su estrategia de transformación económica: mientras avanza sin mayores fricciones con la reforma del Banco Central, los aliados legislativos levantan banderas de alerta respecto a quiénes quedarían amparados bajo el nuevo esquema de amnistía fiscal. Durante una reunión de tres horas convocada esta semana en el Congreso, donde funcionarios del equipo económico expusieron los detalles de ambas iniciativas, emergió un conflicto latente que pone en evidencia las tensiones internas dentro de la coalición gobernante. El dilema no es menor: permitir que servidores públicos y exservidores públicos accedan a los beneficios de la ley genera malestar entre sectores que temen ser señalados públicamente por convalidar, de facto, un mecanismo que podría interpretarse como licencia para regularizar patrimonios no declarados en esferas del poder.

El guiño a la reforma de la autoridad monetaria

La reunión de este martes pasado en el Salón de Honor demostró que en materia de modificación a la Carta Orgánica del Banco Central existe consenso entre el oficialismo y sus socios parlamentarios. Santiago Bausili, titular de la entidad, presentó los cinco ejes centrales de la propuesta: simplificación del mandato institucional concentrado en la preservación del valor monetario, cese del financiamiento hacia el Tesoro nacional, restricción en la distribución de ganancias (solo para amortización de pasivos), supresión de instrumentos como las Letras Intransferibles, y reforzamiento de mecanismos que dificulten la destitución del presidente de la autoridad. La exposición incluyó asimismo la participación de Martín Vauthier y Marcelo Griffi, quienes completaron la presentación del andamiaje técnico detrás de cada componente.

Los legisladores presentes reconocieron el valor de establecer mayores salvaguardas para la continuidad administrativa de la entidad. No obstante, surgieron cuestionamientos sobre la robustez real de estas protecciones. Un diputado presente en el encuentro señaló que, aunque resulta positivo dificultar la remoción del conductor del Banco Central, subsiste una vulnerabilidad: la Carta Orgánica podría ser nuevamente modificada mediante mayoría simple en la Cámara, tras lo cual el mandatario quedaría nuevamente expuesto a destituirse. Otro legislador agregó una arista procedimental: si el Poder Ejecutivo propone un candidato pero no cuenta con los votos suficientes para designarlo, esa designación puede quedar en comisión bajo modalidad de decreto, lo que genera una zona gris normativa. El equipo económico recibió luz verde para continuar los trámites de comisiones al día siguiente, aunque las bancadas opositoras ya anticipaban críticas sobre cómo estas transformaciones limitarían el margen de acción de futuras administraciones.

La incómoda cuestión de los beneficiarios políticos

Donde la tensión escaló fue durante la presentación del nuevo régimen de Inocencia Fiscal. Claudia Balestrini, subsecretaria de Ingresos Públicos, y Federico Furiase, secretario de Finanzas, buscaron demostrar las ventajas del esquema impulsado por el ministro Luis Caputo para atraer depósitos de origen dudoso hacia el sistema financiero. El diagnóstico oficial calcula que aproximadamente 170 mil millones de dólares permanecen fuera del circuito bancario, almacenados informalmente en hogares. La incorporación de esos fondos al sistema elevaría tanto los depósitos como la recaudación. Balestrini detalló cifras sobre el régimen simplificado de Ganancias: de un millón de contribuyentes que presentaron declaraciones juradas, 500 mil ya adhirieron al esquema simplificado.

Sin embargo, cuando los 17 jefes de bloques parlamentarios presentes comenzaron a analizar los términos específicos, surgieron objeciones coordinadas. Legisladores como Oscar Zago, titular del MID y exjefe del bloque de La Libertad Avanza, Karina Banfi de la UCR, Gisela Scaglia de Provincias Unidas, Pamela Verasay y Lisandro Nieri, también de Unión Cívica Radical, levantaron la voz sobre un punto específico: la normativa no establece restricciones explícitas para que funcionarios, exfuncionarios y políticos accedan a los beneficios de la amnistía fiscal. Zago, particularmente mordaz, comparó la situación con el blanqueo de 2016 impulsado durante la administración Macri, que contenía limitaciones respecto a personas que hubieran ejercido cargos públicos en los seis años previos. Su argumento fue directo: de haber existido una cláusula semejante en la normativa actual, ciertos funcionarios no habrían podido inscribirse. La referencia implícita a personajes específicos del gobierno generó incómoda tensión en el recinto.

Un diputado que participó del encuentro expresó la preocupación del bloque de manera lapidaria: "Con lo de Adorni, tienen un problema; si no hacen un apartado donde aclaran que las PEP (Personas Expuestas Políticamente) no pueden participar, vamos de nuevo a salir en TV tratando de justificar el voto". La angustia subyacente era clara: muchos legisladores temían que votar un proyecto que beneficie directamente a servidores públicos generaría un debate público incómodo, con imágenes de funcionarios siendo acusados de blanquear patrimonio al amparo de una ley sancionada por sus propios colegas. Desde las filas oficialistas reconocieron que la iniciativa de Inocencia Fiscal despertó "muchas objeciones", aunque insistieron en que la reforma del Banco Central gozaba de "apoyo total".

Los beneficiarios que encendieron la alarma

El problema concreto surgió en junio pasado, cuando trascendió que Manuel Adorni, portavoz presidencial, y su esposa Bettina Angeletti habían solicitado la incorporación al régimen simplificado de Ganancias como requisito previo para acceder a los beneficios de Inocencia Fiscal. La solicitud no era aislada. Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, también lo hizo. Lo mismo ocurrió con José Luis Espinoza, exdiputado, Santiago Oria, cineasta oficial de la presidencia, Andrés Vázquez, jefe de ARCA (la agencia recaudadora), y Felipe Núñez, asesor de la cartera económica. La lista generó una reacción inmediata entre los legisladores aliados: si estos personajes podían regularizar ingresos o patrimonio mediante un instrumento que, aparentemente, ofrecía cobertura frente a futuras investigaciones fiscales, ¿qué mensaje enviaba eso sobre igualdad ante la ley o sobre la legitimidad de una amnistía tributaria?

El nuevo proyecto de ley mantiene sin cambios esta posibilidad. Según especialistas en tributación consultados por el Ministerio de Economía hace dos semanas en una conferencia encabezada por Caputo, nada en la redacción actual impide que funcionarios y exfuncionarios accedan a los beneficios de la reforma. El Ejecutivo argumenta que la intención es crear un mecanismo de inclusión financiera sin discriminaciones que compliquen su implementación, pero esa neutralidad formal choca con la realidad política: ciertos nombres públicos ya están asociados al régimen, lo que lo transforma en un blanco electoral fácil. Fuentes del oficialismo, con pragmatismo, reconocieron que "no es tanto técnico, sino de encuadre; hay pedidos de los demás bloques de cómo presentar la propuesta, sobre todo por la comunicación". Los funcionarios se retiraron de la reunión "con varias cosas a considerar".

Los detalles de la amnistía ampliada

Para comprender por qué el debate escala, es necesario examinar qué ofrece el nuevo régimen de Inocencia Fiscal. Tras el blanqueo de 2024 y la primera ley de amnistía tributaria aprobada en diciembre pasado, Caputo buscaba elevar las garantías para atraer más adhesiones. La reforma elimina los límites superiores de ingreso y patrimonio para inscribirse en el esquema simplificado de Ganancias, abriendo la puerta a personas de cualquier nivel de riqueza. Introduce además un "tapón fiscal": ARCA no podrá investigar períodos previos siempre que la discrepancia entre lo declarado y lo efectivamente pagado no supere el 15%. En otras palabras, si alguien ingresa fondos sin justificación de origen, la administración tributaria renuncia a reclamar por evasión en años anteriores, siempre que la diferencia esté dentro de ese margen.

Las implicancias son considerables. Tanto el Poder Ejecutivo, autor de la normativa, como los legisladores que la voten y posteriormente adhieran al nuevo régimen, quedan excluidos de la obligación de informar ante ARCA sobre consumo o patrimonio adicional. Si depositan fondos sin explicar su procedencia, el fisco no puede reclamarles impuestos adeudados. Existe además un filtro de reporting: bancos y billeteras virtuales solo están obligados a reportar a ARCA depósitos superiores a 50 millones de pesos, lo que deja un margen considerable de movimientos por debajo de ese umbral sin registro obligatorio ante la autoridad fiscal. La combinación de estos mecanismos produce un efecto: los mayores depositantes, justamente quienes más probable es que regularicen fondos de origen incierto, enfrentan menos escrutinio que contribuyentes menores.

Las tensiones que amenazan la coalición

La reticencia de los aliados no es puramente ideológica. Legisladores de la UCR y otros bloques pequeños saben que sus votantes están atentos a cómo votan iniciativas que parecen favorecer a la clase política. En provincias y municipios, donde la accountability es más cercana, una votación a favor de una amnistía fiscal que beneficia visiblemente a funcionarios nacionales genera vulnerabilidad política. Oscar Zago, quien expresó la inquietud más directa, representa un sector de La Libertad Avanza que, aunque fundamentalmente alineado con el Gobierno, mantiene autonomía crítica. Su recordatorio sobre el blanqueo de Macri no fue casualidad: fue un guiño a que antecedentes legislativos existen para introducir salvaguardas sin torpedear el proyecto.

Desde el oficialismo reconocieron el problema pero sugieren que es fundamentalmente comunicacional. "No es tanto técnico, sino de encuadre", admitió una fuente gubernamental. Esto implica que el Ejecutivo estudia formas de presentar la iniciativa que minimicen la visibilidad de quiénes la benefician, más que modificar sustancialmente sus términos. Algunos legisladores aliados solicitan cambios explícitos: la introducción de una cláusula que excluya a Personas Expuestas Políticamente (PEP) de los beneficios. Sin embargo, tal restricción complejizaría el diseño normativo y posiblemente generaría nuevas objeciones técnicas. El dilema es entonces clásico: profundizar inclusiones para asegurar adhesiones masivas versus introducir excepciones que generen igualdad percibida pero que complejicen el instrumento.

El escenario que se despliega en los próximos días será determinante. La reforma del Banco Central marcha con viento a favor entre los aliados. La amnistía fiscal, en cambio, requiere ajustes en su presentación o en su contenido. Si el Gobierno decide mantener el proyecto sin modificaciones sustanciales, el debate legislativo promete ser intenso, con legisladores explicando públicamente por qué votan una ley que permite a funcionarios regularizar fondos sin rendir cuentas. Si cede a las presiones y introduce restricciones para políticos, deberá justificar por qué la ley de amnistía no es igualitaria y enfrenta nuevos cuestionamientos sobre la coherencia de la política tributaria. Ambos caminos conllevan costos políticos: uno en términos de cobertura mediática incómoda; otro en términos de consistencia normativa. La decisión que tome el Ejecutivo en las próximas horas reflejará si prioriza la velocidad en la sanción legislativa o la gobernabilidad política a mediano plazo.