Hace apenas unos días, el mundo de la política económica vivió un momento revelador que expone una verdad incómoda: en tiempos de crisis o turbulencia, las convicciones ideológicas suelen ceder ante la urgencia de los resultados. Lo que está ocurriendo simultáneamente en Estados Unidos y Argentina, dos economías de distinta magnitud pero enfrentadas a presiones similares, sugiere que la ortodoxia monetaria que dominó las últimas décadas está siendo revisitada con nuevos ojos. No se trata de una conversión repentina hacia el socialismo económico, sino de algo más sutil y pragmático: la reaparición de herramientas que fueron descartadas como obsoletas hace casi medio siglo.

Para comprender qué está sucediendo en la actualidad, conviene retrotraerse a un momento icónico de la historia del pensamiento económico. Hace casi sesenta años, en 1965, la revista estadounidense Time decidió hacer algo sin precedentes: colocar en su portada el rostro de alguien que ya no estaba vivo. Ese rostro pertenecía a John Maynard Keynes, el economista británico que había revolucionado la forma en que los gobiernos pensaban sobre la intervención en la economía. Keynes había muerto nueve años antes, agotado tras participar en negociaciones que intentaban reconstruir la relación económica entre Estados Unidos e Inglaterra tras la Segunda Guerra Mundial. En ese momento, Washington había consolidado su posición como la principal potencia económica del planeta, mientras que la antigua metrópolis británica se volvía dependiente del crédito estadounidense.

El dicho que nunca fue dicho: la frase que sacudió el debate

Lo notable de aquella portada de Time no era simplemente honrar la memoria del economista inglés, sino lo que la revista escribió en relación a él. Según la publicación, Milton Friedman, el economista que se había posicionado como el principal detractor de las teorías keynesianas, había afirmado: "Somos todos keynesianos ahora". La frase se convirtió en legendaria, pero con un detalle incómodo: Friedman posteriormente reclamó que nunca había dicho tal cosa, echando la culpa a los periodistas por tergiversar sus palabras. El economista neoyorquino pasó buena parte de su carrera criticando precisamente el tipo de intervención estatal que Keynes preconizaba. Sin embargo, la ironía de la historia fue que Richard Nixon, quien llegó a la presidencia algunos años después, terminó pronunciando prácticamente lo mismo: "Ahora soy keynesiano". Nixon también tendría sus roces posteriores con la prensa, aunque por razones que trascendieron ampliamente el debate económico.

Aquella portada de Time, que describía el desarrollo y adopción de las ideas de Keynes durante la Gran Depresión, mencionaba a Alvin Hansen, un economista estadounidense cuyo rol fue fundamental en traducir las teorías del inglés al contexto norteamericano. Hansen trabajó estrechamente durante las administraciones de Roosevelt y Truman, siendo una figura clave en el diseño de políticas que buscaban sacar a la economía de la postración. Su legado intelectual perdura en lo que se conoce como el Modelo IS-LM, elaborado conjuntamente con el británico John Hicks. Este modelo, que ilustra las relaciones entre inversión-ahorro (IS) y oferta monetaria (LM), se convirtió en la base pedagógica sobre la cual varias generaciones de economistas aprendieron cómo las políticas presupuestarias y monetarias pueden moldear la producción y el empleo. Durante décadas, fue el esquema fundamental en las aulas de economía de universidades de todo el mundo.

Friedman versus Keynes: el debate que resurge desde las cenizas

La disputa teórica entre Keynes y Friedman puede resumirse en una pregunta fundamental: ¿cómo recupera una economía que se encuentra estancada? Para los seguidores de Keynes, la respuesta residía en aumentar el gasto público como mecanismo para reactivar la demanda y el empleo. Friedman y sus adherentes, en cambio, creían que la verdadera palanca debería ser la expansión monetaria, no el gasto estatal. Esta diferencia no era meramente académica. La Reserva Federal estadounidense, entre agosto de 1929 y marzo de 1933, permitió que la base monetaria se contrajera en más de un tercio, lo que arrastró a la economía estadounidense hacia el desempleo masivo y la depresión. Aquella experiencia demostró que la pasividad monetaria tenía un costo económico y social devastador. La pregunta que ha permanecido abierta desde entonces es cuál herramienta resulta más efectiva: ¿la del gasto público o la del dinero abundante?

Lo que está ocurriendo en las últimas semanas en el plano de la política económica sugiere que la brújula está girando nuevamente hacia posiciones que combinan ambos enfoques. En Buenos Aires, el ministro de Economía Luis Caputo anunció medidas que incluyen permitir a entidades financieras acceder a fondos de la ANSeS para otorgar créditos hipotecarios con tasas máximas controladas. Este mecanismo responde a un objetivo explícitamente redistributivo, utilizando incluso la expresión "justicia social" para fundamentarlo. Paralelamente, el Gobierno sugirió la implementación de un piso salarial fijado en $1.070.000, medida que apunta directamente a sostener el poder adquisitivo de los trabajadores. En el primer semestre del año, además, se registró un aumento en los subsidios, y la petrolera estatal YPF implementó un mecanismo específico para evitar que los costos de conflictos internacionales se trasladaran directamente a los precios de los combustibles. Todas estas acciones comparten un rasgo común: implican una presencia activa del Estado intentando suavizar los impactos de las fuerzas de mercado.

En Washington, la película presenta actos similares pero con distintos actores y telón de fondo. Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, anunció hace poco que incrementaría las compras de bonos de largo plazo emitidos por el gobierno federal, con el objetivo de reducir las tasas de rendimiento que habían alcanzado niveles no vistos en dos décadas. Este tipo de operación es clásicamente keynesiana: si el Estado aumenta la demanda de sus propios títulos de deuda, los precios de esos activos suben y, como consecuencia matemática inevitable, sus rendimientos bajan. Con tasas más bajas, se vuelve menos costoso para las empresas e individuos financiarse, lo que teóricamente impulsa la inversión y el consumo. La medida de Bessent, que podría clasificarse como claramente intervencionista en el mercado de bonos, se propone contener los costos de financiamiento corporativo y, por ese camino, estimular el crecimiento económico. La deuda nacional estadounidense había superado los $40 billones hace poco más de diez días, un número que subraya la magnitud de la presión fiscal sobre las finanzas de la nación.

La resistencia desde Wall Street: cuando los guardianes del mercado se rebelan

La decisión de Bessent generó una reacción inmediata desde los sectores que durante décadas han defendido la supremacía de las fuerzas de mercado sin intervención. Stanley Druckenmiller, un multimillonario inversor que fue mentor del propio Bessent durante sus años de colaboración con George Soros, escribió una columna crítica en el Wall Street Journal adviriendo sobre los peligros de lo que considera una intervención equivocada. Druckenmiller sostuvo que "los gobiernos que defienden precios contrarios a los fundamentos siempre pierden". La ironía es profunda: Druckenmiller, Soros y Bessent ganaron notoriedad en Wall Street durante los años noventa precisamente por realizar apuestas masivas contra gobiernos y bancos centrales que intentaban sostener tipos de cambio o precios de activos contrarios a lo que indicaban las corrientes de mercado. Basaban su estrategia en una premisa que consideraban casi irrefutable: los mercados poseen información dispersa que ninguna institución o comité de expertos puede reunir completamente, y los precios funcionan como el mecanismo mediante el cual esa información circula hacia quienes toman las decisiones.

La objeción de Druckenmiller a las medidas de Bessent se ancla en una idea que ha sido central para los críticos del intervencionismo estatal: el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense de largo plazo no es simplemente un precio más entre muchos otros, sino el precio más importante del mundo. Es, en su visión, el último mecanismo de disciplina fiscal que le resta a Estados Unidos. Cuando ese rendimiento refleja libremente las condiciones de oferta y demanda de mercado, envía una señal clara sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas. Si el gobierno compra sus propios bonos para bajar artificialmente ese rendimiento, según Druckenmiller, está distorsionando la única señal de alerta que queda sobre el deterioro de sus cuentas fiscales. Es una posición que guarda coherencia con décadas de pensamiento económico crítico del intervencionismo.

Sin embargo, la postura de Bessent refleja una lógica distinta. En tiempos de tasas de interés elevadas, sostiene implícitamente, el sector privado se desanima de invertir porque el costo del dinero es prohibitivo. El Estado, que puede financiarse comprando sus propios títulos, tiene la capacidad de bajar esos costos de manera estructural. Si esa reducción de tasas se traduce en mayor inversión empresarial y empleo, el crecimiento económico resultante podría, teóricamente, mejorar las finanzas públicas en el mediano plazo. Es una apuesta a que la intervención produce efectos positivos en cascada que compensan la distorsión del precio.

Las implicancias globales de un cambio de dirección

Lo que está sucediendo en Buenos Aires y Washington, lejos de ser incidentes aislados, refleja una tendencia más amplia. Economistas que hace apenas una década arengaban contra la "excesiva intervención estatal" ahora enfrentan realidades que desafían las predicciones de sus modelos ideales. Las crisis de endeudamiento, la persistencia de desempleo estructural, la concentración de riqueza, la volatilidad de los mercados financieros: todos estos problemas sugieren que las soluciones puramente monetarias o de mercado tienen límites reales. No significa que Keynes esté completamente "de vuelta", en el sentido de que sus ideas sean adoptadas en su forma pura. Se trata más bien de un rescate selectivo de herramientas: el gasto público focalizado, el crédito subsidiado, la intervención en precios claves.

La pregunta que flota en el aire es si esta reaparición de políticas intervencionistas logra resolver los problemas para los cuales se despliegan, o si simplemente los traslada hacia el futuro con costos acumulados. Los casos argentino y estadounidense presentan dinámicas distintas: uno enfrenta un colapso de credibilidad fiscal y necesita recuperar estabilidad; el otro posee recursos para financiarse pero enfrenta una deuda de dimensiones históricas. En ambos casos, sin embargo, el Estado aparece como un actor que no puede retirarse completamente de la escena económica, incluso cuando eso violaría los principios que hace poco se consideraban inviolables.

Las consecuencias de este giro dependerán de múltiples factores. Si las medidas de Caputo y Bessent logran reactivar la inversión privada sin generar inflación o desequilibrios fiscales mayores, podrían validarse como intervenciones calibradas y productivas. Si, por el contrario, se produce un aumento de precios generalizado o se profundiza la vulnerabilidad fiscal, alimentarían la tesis de que la intervención estatal en tiempos de desequilibrio únicamente aplaza y amplifica los problemas. Para algunos analistas, estos movimientos representan un aprendizaje legítimo de las limitaciones del purismo de mercado; para otros, constituyen un retorno peligroso a políticas que ya demostraron su ineficacia. Lo cierto es que el debate que parecía cerrado hace dos décadas vuelve a abrirse, y con él resurgen preguntas sobre el rol del Estado en la economía que probablemente acompañarán al mundo durante las próximas décadas.