El directorio de YPF vuelve a ser noticia no por decisiones sobre exploración, producción o rentabilidad de la principal petrolera argentina, sino por el movimiento de sillas y los nombres que las ocupan. Manuel Adorni debe dejar su cargo en el cuerpo directivo tras su salida del Poder Ejecutivo, lo que desencadena una reconfiguración en la mesa que gobierna una empresa de capital estatal estratégico para el país. Lo que llama la atención no es solamente el cambio de personas, sino el sistema mediante el cual se distribuyen estas posiciones, los conflictos que generan y la manera en que se entrelazan los intereses políticos con la gestión de recursos energéticos nacionales.
Adorni fue designado simultáneamente como funcionario de gobierno y director petrolero, una acumulación que resultaba problemática desde el inicio. Su rol representaba a las acciones clase A del Estado, aquellas que concentran el poder decisorio en la compañía. Sin embargo, aunque ocupaba el lugar, existía una restricción clara: no podía percibir los honorarios correspondientes a esa función. Esta realidad refleja una tensión permanente en la administración pública argentina: cómo gestionar los cargos en empresas estatales cuando quienes los ocupan tienen otras responsabilidades ejecutivas. La regulación impide que un funcionario en ejercicio cobre dos sueldos simultáneamente, pero no evita que acumule poder en diferentes esferas.
El dinero que se mueve en silencio
El presupuesto destinado a honorarios y funcionamiento del directorio de YPF asciende a $14.000 millones para 2026, equivalentes a aproximadamente US$ 9,4 millones. Esta cifra, aunque se justifique señalando que se alinea con estándares salariales del sector petrolero internacional, genera interrogantes sobre las prioridades en una empresa que forma parte del patrimonio público. El cuerpo directivo está integrado por 11 directores titulares, seis suplentes y seis síndicos (tres titulares y tres suplentes), conformando un estructura que requiere significativos recursos para su funcionamiento, que incluye no solo honorarios sino también traslados, viáticos e insumoscorporativos.
Ahora el turno le corresponde al recién designado Jefe de Gabinete Diego Santilli, quien ocupará la posición que representa las acciones tipo A. Como Adorni, Santilli deberá asumir el cargo sin percibir compensación económica. Este patrón no es novedoso en la historia institucional argentina: cuando funcionarios del máximo nivel ejecutivo integran directorios de empresas públicas, casi siempre opera una restricción que impide la acumulación de ingresos. Sin embargo, lo que sí destaca es cómo la estructura de poder en YPF se convierte en un puesto de importancia política más allá de su dimensión empresarial.
Las provincias y sus fichas en la partida
Lo verdaderamente intrincado en el directorio de YPF es el sistema de distribución territorial. Una porción sustancial de los cargos responde a designaciones provinciales, lo que transforma a la petrolera en un espacio de negociación federalista. Las provincias con mayor peso en estas negociaciones son Neuquén, Mendoza, Río Negro, Santa Cruz y Chubut, territorios donde la actividad petrolera tiene mayor relevancia económica. Pero también participan provincias menos vinculadas al sector, como Salta y Catamarca, que rotan sus representantes. Este sistema de rotación genera dinámicas políticas complejas y, a menudo, conflictivas.
Los ejemplos abundan y revelan cómo las internas provinciales se proyectan dentro de la empresa estatal. Cuando Rolando Figueroa ganó la gobernación de Neuquén, uno de sus primeros movimientos fue desplazar a su rival político Omar Gutiérrez del directorio de YPF. En su lugar, Figueroa designó a su ministro de Economía, Guillermo Gustavo Koenig, quien tampoco cobra honorarios por la función. El mensaje era claro: la silla en YPF es un territorio político que se disputa en cada cambio de gestión provincial. Mendoza vivió una situación similar cuando Jimena Latorre, ministra de Ambiente, fue obligada a renunciar al directorio de la petrolera por un flagrante conflicto de intereses: cobraba tanto como funcionaria provincial como directora. Su reemplazo, Cesar Biffi, llegó a ocupar esa butaca sin los problemas que aquejaban a su antecesora.
Hay un puesto que funciona como puerta giratoria, rotándose cada seis meses entre diferentes provincias. Andrea Confini, secretaria de Energía y Ambiente de Río Negro y pareja del gobernador Alberto Weretilneck, experimentó también las complicaciones de ocupar simultáneamente cargos que generaban conflictos de intereses, por lo que debió retirarse antes de lo previsto. Estos episodios ilustran cómo la estructura del directorio petrolerojuega al borde de la legalidad institucional, permitiendo que intereses políticos locales se entremezclen con decisiones sobre una empresa de relevancia nacional.
El resto del directorio está compuesto por figuras con perfiles más especializados o vinculadas a sectores particulares. Martín Maquieyra, ex legislador por La Pampa, posee formación en economía y desarrollo sustentable, y fue determinante para que se aprobara la Ley de Bases. Gerardo Canseco representa vínculos con el sector sindical, mientras que Eduardo Ottino, procedente del Grupo Techint, aporta experiencia del sector privado industrial. Emiliano José Mongilardi fue designado por Chubut precisamente por sus conexiones con el sindicato petrolero, lo que refleja otra dimensión de cómo se distribuyen estos espacios: según capacidades, contactos y lealtades. Maximiliano Dalessio completa la nómina como presidente de Terra Ignis Energía, la empresa provincial de electricidad de Tierra del Fuego, mostrando cómo los cargos en YPF suelen coexistir con otras responsabilidades en el ecosistema energético.
Las consecuencias de un sistema sin supervisión clara
La configuración actual del directorio de YPF plantea interrogantes que trascienden lo anecdótico. Un sistema donde los cargos se distribuyen según lealtades políticas, consideraciones federales y equilibrios entre funcionarios genera incentivos cuestionables para la toma de decisiones. Cuando un director representa principalmente los intereses de su provincia o su sector político, ¿cuál es su prioridad: maximizar la rentabilidad de la empresa, asegurar el abastecimiento energético nacional o proteger intereses territoriales? Estas preguntas no tienen respuestas simples, y diferentes actores las resolverían de formas distintas según sus perspectivas y compromisos.
Lo cierto es que la salida de Adorni y el ingreso de Santilli perpetúan un patrón donde las posiciones clave en empresas estatales sirven como herramientas de poder político antes que como espacios de gestión técnica. Los salarios millonarios, aunque se justifiquen por parámetros internacionales, continúan siendo un punto de tensión en un país que enfrenta recurrentes crisis económicas y demandas de austeridad fiscal. El movimiento en el directorio de YPF seguirá siendo un espejo en el que se reflejan las dinámicas de poder más amplias: cómo se distribuye la influencia, cómo se negocian los espacios de decisión y cuáles son realmente las prioridades de quienes gobiernan los recursos que pertenecen al conjunto de los argentinos.
