Cuando una institución que administra el linaje genético de millones de animales y que representa el 25% del Producto Bruto Interno argentino entra en crisis interna, el ruido no queda encerrado entre sus paredes. La Sociedad Rural Argentina, una de las entidades agropecuarias con mayor peso histórico y económico del país, atraviesa hoy su pelea interna más visible en décadas. No se trata de una disputa ideológica ni de un debate sobre política sectorial: el detonante fue un proyecto tecnológico que fracasó, se comió más de tres millones de dólares y dejó al descubierto tensiones acumuladas entre el presidente Nicolás Pino y su vicepresidente Marcos Pereda, dos dirigentes que llegaron juntos al poder en 2019 y que hoy están en veredas opuestas de una interna que ya no puede disimularse.
El corazón fallido: qué son los registros genealógicos y por qué importan
Para entender la magnitud del conflicto hay que comprender qué estaba en juego. Los registros genealógicos de la Rural no son un simple archivo digital: son el sistema que certifica el origen, la pureza de raza y el historial reproductivo de bovinos, ovinos, equinos y porcinos de todo el país. Durante más de 160 años, esos registros fueron el instrumento central del mejoramiento genético animal en la Argentina, una de las bases silenciosas sobre las que se construyó la reputación internacional de las carnes y fibras argentinas. Modernizarlos no era un capricho burocrático, sino una necesidad real en un mundo donde la trazabilidad y la digitalización son exigencias del mercado global. El problema es que la modernización se intentó mal, se ejecutó peor y terminó en un escándalo institucional que hoy tiene derivaciones judiciales.
El proceso arrancó en diciembre de 2021, cuando desde el área liderada por Pereda se impulsó un Plan Estratégico para renovar los sistemas informáticos de la entidad. El asesor elegido para conducir ese proceso fue Gustavo Papini, ex Director General Ejecutivo del Correo Oficial, quien a su vez incorporó al proyecto a Gabriel Guerricagoitia, también con paso por esa empresa estatal. En 2023, la firma seleccionada para desarrollar el nuevo sistema fue Mobile Computing, con un plazo de ejecución pactado en nueve meses. Ese plazo nunca se cumplió. El sistema iba a debutar públicamente durante la Exposición Rural de Palermo en julio de 2025, pero la Comisión Directiva decidió postergarlo hasta septiembre. Cuando finalmente se activó, lo que apareció no fue un sistema funcional sino una suma de errores, desarrollos incompletos y funcionalidades prometidas que nunca existieron.
Acusaciones cruzadas y una auditoría que nadie quiso esperar
La propia conducción de la SRA reconoció en un comunicado oficial que las fallas del sistema generaron un "grave perjuicio a la entidad y sus socios", con respuestas que calificó de extemporáneas, parciales y defectuosas. La situación se agravó cuando, apenas iniciada una auditoría externa contratada en enero pasado, los responsables técnicos ligados a Papini presentaron sus renuncias de forma abrupta, mientras que la empresa proveedora incumplió sus obligaciones y se negó a participar del proceso de revisión. Hoy el conflicto está en instancia de mediación judicial. Papini, vale señalarlo, dejó su rol en la Rural y pasó a desempeñarse como director en Grupo Bermejo, el conglomerado agropecuario que pertenece al vicepresidente Marcos Pereda, un dato que la conducción actual no dejó pasar por alto al momento de trazar responsabilidades.
Desde el espacio político que agrupa a Pereda y que lo impulsa como candidato a presidir la entidad —la lista denominada Renovación con Unidad— la respuesta fue contundente y sin medias tintas. Señalaron que el comunicado oficial no solo tergiversa los hechos sino que intenta desplazar responsabilidades que recaen directamente sobre quien presidió la institución durante todo el proceso. Argumentaron que en una organización de conducción presidencialista, las decisiones estratégicas y los marcos de control son atribución del máximo cargo, y que fue el propio Pino quien debió supervisar un proyecto que se extendió por más del doble del plazo original sin controles adecuados. Recordaron, además, que el Estudio Cassagne —auditor legal de la entidad— emitió advertencias críticas antes de que se firmara el contrato con Mobile Computing en junio de 2023, y que esas alertas fueron ignoradas. La pregunta que lanzaron públicamente es incómoda: ¿quién autorizó la firma sabiendo eso?
El sector de Pereda también puso sobre la mesa el nombre de Raúl Etchebehere, Director de Registros Genealógicos, al que señalan como una figura cuestionada cuya permanencia habría sido protegida por la conducción actual. Y pidieron una auditoría independiente que abarque todo el proceso: desde la licitación original hasta la rescisión del contrato. La respuesta del lado de Pino fue igualmente dura, apuntando a Papini y al vínculo posterior de este con Grupo Bermejo como un conflicto de intereses que mancha la posición de Pereda en toda esta historia. Lo que comenzó como una disputa técnica se convirtió en una guerra de relatos donde cada bando acusa al otro de encubrimiento.
Dos figuras, dos mundos, una institución en juego
El trasfondo personal de los protagonistas agrega capas de complejidad al conflicto. Marcos Pereda, de 60 años, proviene de una de las estirpes más arraigadas en la historia de la Rural. Su abuelo Celedonio Pereda fue uno de los presidentes más recordados de la institución. Por rama materna, su madre Matilde Born pertenecía al legendario grupo Bunge y Born, el conglomerado agroindustrial que durante varias décadas fue el más poderoso de la Argentina. Hoy, desde Grupo Bermejo, Pereda maneja más de 50.000 cabezas de terneros que se terminan en sus propios feedlots, con actividades diversificadas en agricultura, forestación, apicultura y vitivinicultura. Es, en todos los sentidos, un hombre del campo con capital simbólico acumulado durante generaciones.
Nicolás Pino, en cambio, construyó su trayectoria desde otro lugar. No es propietario de tierras y su vínculo con la ganadería se articula a través de campos arrendados. Sin embargo, supo desarrollar una estrategia de influencia institucional que lo mantuvo en la presidencia de la SRA durante tres períodos consecutivos. En ese recorrido, tejió un vínculo político significativo con el presidente Javier Milei, una cercanía que se materializó, entre otras cosas, en la designación de su vocero Carlos Curci como interventor de Radio y Televisión Argentina. Ese posicionamiento le otorgó relevancia pública pero también lo expuso a la acusación de haber acercado demasiado a una entidad que históricamente se preciaba de su autonomía respecto al poder de turno. Ambos llegaron juntos en 2019, renovaron en 2021 y volvieron a renovar. Ahora la pregunta es si Pino puede o no presentarse nuevamente: el estatuto modificado en 2021 limitó la reelección indefinida, pero la Inspección General de Justicia emitió un dictamen —respaldado también por el Estudio Cassagne— que habilitaría un mandato adicional para quienes estuvieran en funciones al momento del cambio normativo, considerando además el contexto excepcional de la pandemia durante la que asumieron originalmente.
La entidad tiene menos de 3.000 socios, pero su peso en la economía argentina es desproporcionado respecto a ese número. El sector que representa mueve palancas que van desde las retenciones y la presión impositiva hasta el estado de la infraestructura vial que sostiene la logística del agro. La próxima elección, prevista para septiembre, determinará quién conduce una institución que hoy debe resolver no solo una interna política sino también el daño concreto que dejó un proyecto tecnológico mal gestionado y el riesgo de que los registros genealógicos —ese núcleo histórico que define la identidad de la Rural— queden en un limbo operativo durante más tiempo del tolerable.
Las consecuencias de esta fractura pueden leerse desde varios ángulos. Para el sector agropecuario en su conjunto, la pelea interna debilita la voz de la entidad en un momento en que los reclamos sectoriales —retenciones, presión fiscal, infraestructura— requieren unidad y consistencia. Para los socios, los tres millones de dólares perdidos son un dato concreto que exigirá rendición de cuentas más allá de los comunicados cruzados. Para el sistema de registros genealógicos, la falta de resolución tecnológica representa un problema operativo real que afecta la certificación de razas y, en última instancia, la competitividad de la producción argentina en mercados que exigen trazabilidad. Y para la institución en sí, el desafío más profundo es si será capaz de procesar este conflicto con mecanismos propios o si la herida se hará más grande de cara a las elecciones. Lo que es seguro es que el resultado de esa interna va a moldear durante años el perfil de una entidad que, con más de siglo y medio de historia, enfrenta una de sus crisis internas más visibles.
