La Sociedad Rural Argentina, institución que durante casi dieciséis décadas ha funcionado como epicentro de los intereses del sector productivo ganadero argentino, atraviesa una de sus crisis internas más profundas. Lo que en principio parecía ser una administración armónica entre su máximo ejecutivo y su segundo al mando ha terminado en un enfrentamiento que pone en tela de juicio la gestión de fondos millonarios y la integridad de sistemas críticos para toda la industria pecuaria nacional. A menos de una semana de que se realicen los comicios internos del 9 de septiembre, las trincheras están perfectamente demarcadas y los cuestionamientos alcanzan dimensiones que van más allá de las ambiciones personales de los candidatos.
El quiebre entre Nicolás Pino, actual presidente de la entidad, y Marcos Pereda, quien ocupa la vicepresidencia, marca un punto de inflexión en una organización que históricamente se había caracterizado por mantener consensos internos pese a las diferencias conceptuales. Ambos asumieron sus cargos en 2019 bajo la premisa de trabajar en conjunto por los intereses de los tres mil asociados que integran la Rural. Sin embargo, los últimos meses han dejado al descubierto un distanciamiento que se expresa no solo en la competencia electoral venidera, sino en acusaciones de índole administrativa que cuestionan decisiones tomadas durante su gestión conjunta. Las diferencias en el perfil empresarial de ambos candidatos —Pino como productor ganadero en campos arrendados versus Pereda como propietario de miles de hectáreas en Entre Ríos con intereses en la cadena forestal— probablemente jugaron un papel en la configuración de estas dos visiones antagónicas sobre cómo debe conducirse la institución.
El nudo del conflicto: digitalización fallida y desaparición de recursos
En el corazón de este enfrentamiento reposa una cuestión que toca la médula misma de lo que la Sociedad Rural representa en el ecosistema productivo argentino: la administración de los registros genealógicos de razas vacunas, equinas, ovinas y porcinas. La Rural es la única entidad autorizada a certificar el pedigrí de estos animales, una función que resulta fundamental para el comercio, la reproducción selectiva y la valuación de hacienda de alto valor genético. Hace poco más de un año, la administración decidió modernizar este sistema ancestral mediante un proceso de digitalización. El proyecto, sin embargo, naufragó. Lo que debería haber sido una transición ordenada de un mecanismo complejo que integraba registros, procedimientos administrativos y análisis laboratoriales, se convirtió en un desastre que aún hoy genera turbulencias.
Las cifras que circulan sobre este fracaso administrativo resultan tan dispares como preocupantes. Sectores vinculados a Pereda hablan de un desfalco cercano a los tres millones de dólares, mientras que otras voces especulan con montos que rondarían casi los seis millones. Desde la gestión de Pino se niega categóricamente la existencia de pérdidas financieras para los socios, argumentando que no hubo sustracción de fondos propios de la institución. Actualmente existe una mediación judicial en curso con la empresa proveedora del software que fue contratada para ejecutar la transformación digital. Lo que parece estar claro es que el proyecto estuvo bajo liderazgo de Pereda, con asesoría de Gustavo Papini, ex funcionario de alto rango en el Correo Oficial, quien posteriormente renunció a su rol para asumir como director en una empresa del grupo empresarial de Pereda. Los cabañeros nucleados en torno al candidato opositor exigen una auditoría forense que desentrañe los detalles de cómo se utilizaron esos recursos y hacia dónde se desviaron. Mientras tanto, Pereda señala a Raúl Etchebehere, director del área responsable de los registros genealógicos, como figura central en lo que él considera un manejo opaco de la situación.
El cambio en las reglas: voto electrónico y extensión de la campaña
Más allá de las acusaciones sobre irregularidades administrativas, la contienda electoral en sí misma ha generado sus propias controversias procedimentales. Pino impulsó activamente la implementación del voto electrónico, justificando su propuesta con argumentos de transparencia y modernización tecnológica. Hasta el momento, los asociados votaban de manera presencial o a través del correo postal, un sistema que limitaba la participación debido a barreras logísticas. El nuevo mecanismo permite emitir el voto mediante whatsapp o correo electrónico, con la intención explícita de ampliar el número de participantes. Habitualmente participa en estos comicios internos alrededor de dos mil doscientos de los tres mil asociados; la esperanza es que la tecnología reduzca las fricciones y aumente esa cifra.
Sin embargo, una decisión tomada en la última sesión de la Comisión Directiva ha levantado sospechas en el sector que respalda a Pereda. El inicio del período de votación fue fijado para coincidir con la inauguración de la exposición de Palermo, lo que extendería el proceso electoral a unos cincuenta días en lugar de los quince que típicamente demanda este tipo de elecciones internas. Para los críticos de Pino, esta ampliación temporal del proceso respondería a cálculos tácticos que permitirían inclinar la balanza a favor del candidato oficialista, quien cuenta con acceso a los mecanismos de difusión institucional. El contexto es relevante: la Rural celebra este año su sesquicentenario, y la exposición de Palermo constituye el evento emblemático de estas festividades. La restauración de la histórica sede de calle Florida, que funcionará como Casa de la República bajo conducción culinaria del ex intendente quilmeño Martiniano Molina, añade un elemento de visibilidad institucional que, interpretado por los opositores, refuerza la ventaja de quien controla la máquina administrativa.
Existe un detalle financiero que también resulta pertinente en este análisis. La Sociedad Rural se distingue de muchas otras entidades empresarias por remunerar salarialmente tanto al presidente como al vicepresidente. Ambos perciben aproximadamente quince millones de pesos mensuales, un dato que contextualizamos considerando que estamos en una economía donde la inflación ha sido persistente durante años. Esta remuneración convierte los cargos en posiciones de poder económico real, no meramente simbólico, lo que probablemente intensifica el interés de los competidores por retenerlos o conquistarlos. Un tema conexo que dominó las conversaciones hace algunos meses fue la interpretación sobre si la reelección de Pino era constitucionalmente viable. El presidente había cumplido lo que muchos consideraban dos mandatos completos. No obstante, tanto una resolución de la Inspección General de Justicia como un dictamen del estudio jurídico Casagne validaron la posibilidad de su reelección, lo que despejó el camino para su candidatura, aunque hasta el momento él no la haya formalizado públicamente de manera oficial.
Visiones divergentes sobre políticas públicas y posicionamiento institucional
Más allá de los conflictos administrativos específicos, los dos candidatos representan aproximaciones distintas en cuanto al rol que la Sociedad Rural debe jugar en relación con las políticas gubernamentales. Pino ha adoptado una estrategia de itinerancia por el interior del país, fortaleciendo vínculos con el equipo económico y político de Javier Milei. Esta cercanía le ha permitido atribuirse varios logros de gestión estatal, incluyendo medidas como la reducción de trabas normativas y la disminución de los aranceles de exportación aplicados al sector. Su narrativa enfatiza que la institución que encabeza ha tenido incidencia real en la agenda macroeconómica del Gobierno. Pereda, por su parte, ha adoptado una postura que podría caracterizarse como más reivindicativa y confrontacional respecto de las políticas fiscales. Recurrentemente ha salido a cuestionar públicamente la existencia de retenciones a las exportaciones agropecuarias, convirtiéndose en una voz crítica en los espacios donde participa. Aunque recientemente se lo ha divisado en despachos oficiales de alto nivel, sus apariciones mediáticas en estos encuentros han sido deliberadamente discretas, sin registro fotográfico que las documente.
Estos posicionamientos distintos reflejan también las realidades de negocios que cada uno representa. Un productor ganadero en campos alquilados se beneficia de manera inmediata de políticas que reduzcan costos operativos y aranceles de exportación. Un propietario de tierra con portafolio diversificado en ganadería y forestación, que además ha invertido en infraestructura inmobiliaria dentro del predio de Palermo, posee una perspectiva de más largo plazo sobre cómo la política fiscal y regulatoria moldea las inversiones futuras. Estos intereses distintos, aunque no necesariamente incompatibles, han terminado canalizándose a través de una competencia que ha perdido la templanza.
Las próximas semanas serán determinantes para la Sociedad Rural Argentina. El resultado de las elecciones del 9 de septiembre podría sellar la continuidad de la administración Pino o abrir las puertas a una transición hacia el liderazgo de Pereda. Independientemente de quién resulte electo, la institución deberá resolver los interrogantes sobre la gestión de sus recursos financieros, particularmente aquellos vinculados a la fallida digitalización de los registros genealógicos. La existencia de una mediación judicial en curso sugiere que los conflictos no se resolverán únicamente en el ámbito electoral. Además, habrá que observar cómo se desarrolla el nuevo proceso de votación electrónica: si genuinamente amplía la participación, su implementación podría considerarse un avance institucional; si, por el contrario, los números finales de participación permanecen similares a los históricos, emergería la sospecha de que fue utilizado como herramienta táctica. La extensión del período de votación durante cincuenta días también generará dinámicas propias. Por último, está pendiente cómo la Rural navegará los sesquicentenarios festejos institucionales en medio de esta turbulencia interna, preservando su reputación entre los productores ganaderos argentinos que dependen de sus servicios de certificación y regulación genética.
