El sistema de monotributo en Argentina guarda un secreto incómodo que pocas veces sale a la luz pública: trabajar durante cuatro décadas aportando religiosamente cada mes no necesariamente asegura una jubilación que permita vivir con dignidad. Este hallazgo, resultado de un análisis riguroso realizado por la Fundación Mediterránea, pone en evidencia una desconexión preocupante entre las expectativas de los trabajadores autónomos y la realidad que los espera al momento de retirarse. Los números hablan por sí solos y revelan una estructura que, aunque cumple su propósito original de simplificar trámites, deja desprotegidos a millones de personas en su etapa final de la vida.

Para entender la magnitud del problema, es necesario analizar los números concretos que emerge de este estudio. Imagínese un trabajador que se inscribe en la categoría A del monotributo —la más accesible y, por lo tanto, la que concentra la mayor cantidad de afiliados— y que sin falta realiza sus aportes durante cuarenta años. Si mantuviera el dinero destinado a jubilación sin obtener ningún rendimiento adicional, solo para un hombre el fondo acumulado alcanzaría el 9% de una jubilación mínima, mientras que para una mujer descendería hasta apenas el 6%. Estas cifras no son errores de cálculo: representan la brecha real entre lo que se aporta y lo que se podría esperar recibir. En el extremo opuesto, un monotributista de categoría K —la más alta— con el mismo período de aportes llegaría al 75% de una jubilación mínima si es hombre, o al 50% si es mujer. La diferencia de más de sesenta puntos porcentuales entre una categoría y otra ilustra cómo el régimen amplifica las desigualdades existentes.

La estructura: un sistema que concentra pobreza previsional

La composición del monotributo explica estas disparidades. La cuota mensual que pagan los trabajadores autónomos se divide en tres componentes: una parte destinada al fisco nacional, otra al sistema de jubilación y una tercera para cobertura de obra social. Lo determinante es que este aporte previsional varía según la categoría de inscripción, que a su vez depende del nivel de facturación anual del trabajador. Cuanto menor sea la facturación, menor será la contribución mensual destinada a construir el fondo de jubilación. Esta lógica, que parece racional desde la perspectiva de quien gana poco, genera una trampa demográfica: la mayoría de los monotributistas se concentra precisamente en las categorías inferiores, donde el aporte previsional es más magro.

Los datos poblacionales refuerzan esta preocupación. De los aproximadamente 4,8 millones de monotributistas registrados en el país, alrededor de 2,8 millones permanecen activos en el sistema previsional, mientras que 2,2 millones realizan aportes regulares. La distribución es altamente concentrada: más de la mitad de los trabajadores activos se encuentran en la categoría A, y si se suman las categorías A, B y C, se llega a ocho de cada diez monotributistas activos. Esto significa que la mayor parte de la población bajo este régimen laboral se halla en los escalones donde el componente previsional es más bajo, alimentando un círculo vicioso de insuficiencia jubiladora. Además, este universo de trabajadores ha crecido de manera sostenida: hace quince años había aproximadamente un 70% menos de monotributistas, lo que indica una tendencia estructural hacia la expansión de este modelo de trabajo.

El escenario optimista: cuando los rendimientos no alcanzan

El análisis de la Fundación Mediterránea no se detiene en el escenario pesimista. También consideró qué ocurriría si el dinero destinado a jubilación obtuviera una ganancia real anual del 2%, es decir, una rentabilidad que superara la inflación. Bajo este supuesto más favorable, la situación mejora, pero no de manera equitativa. Un monotributista inscrito en la categoría K, aportando durante cuarenta años, podría alcanzar el 138% de una jubilación mínima si es hombre, o prácticamente igualarla (99%) si es mujer. Sin embargo, incluso bajo este escenario optimista, los trabajadores de las categorías bajas seguirían enfrentando un abismo insalvable. Para que un monotributista de categoría A pudiera llegar a cobrar una jubilación mínima después de cuatro décadas de aportes, bajo este mismo supuesto de rendimiento del 2% anual, el aporte previsional mensual debería elevarse desde los actuales $18.247 a aproximadamente $150.600 para un hombre o $160.298 para una mujer. Este incremento de más del 700% ilustra la magnitud del ajuste necesario para hacer viable la promesa jubiladora del sistema.

Es fundamental aclarar que estos cálculos funcionan bajo un esquema teórico de capitalización individual, en el cual cada trabajador acumula sus propios aportes durante toda su vida laboral. El sistema previsional argentino actual no opera de esta manera. En cambio, utiliza un modelo de reparto donde los aportes de los trabajadores activos financian las jubilaciones de los retirados. Por lo tanto, estos números no representan lo que un monotributista cobraría hoy si se jubilara, sino más bien qué ingreso podría financiarse teóricamente si cada persona acumulara sus aportes de manera individual durante todo su ciclo laboral. El ejercicio busca ilustrar una realidad incómoda: el nivel de contribución actual es insuficiente, independientemente del mecanismo previsional que se utilice.

Detrás de estos números se esconde otra dimensión del monotributo que merece consideración: su costo fiscal. El régimen figura entre aquellos que generan gastos tributarios, es decir, dinero que el Estado deja de recaudar debido a exenciones, beneficios o tratamientos impositivos especiales. Para el año 2027, el gasto tributario total del país está proyectado en $51,9 billones, equivalente al 3,67% del PBI. El monotributo solo representa el 1,07% del PBI, pero esta cifra es significativa cuando se considera que el régimen fue diseñado con un propósito específico: facilitar la formalización de pequeños contribuyentes y simplificar sus obligaciones administrativas. La pregunta que emerge del análisis es si el sistema está cumpliendo un segundo objetivo, que debería ser inherente a cualquier régimen previsional: garantizar un ingreso suficiente durante la vejez.

Las implicancias de largo plazo y los interrogantes abiertos

Los hallazgos del análisis de la Fundación Mediterránea abren varios frentes de debate para los próximos años. En primer lugar, existe una tensión entre el rol del monotributo como herramienta de formalización laboral y su capacidad de proveer cobertura previsional adecuada. Cuando el régimen fue creado, hace más de dos décadas, la prioridad fue simplificar los requisitos para que pequeños trabajadores autónomos pudieran acceder al sistema formal. En ese contexto, la insuficiencia jubiladora quizás fue una consideración secundaria. Sin embargo, con millones de personas hoy en el régimen y una población envejecida que requiere de sistemas de protección robustos, esta omisión se vuelve ineludible.

En segundo lugar, surgen interrogantes sobre las decisiones políticas futuras. ¿Deberían ajustarse los aportes previsionales del monotributo para garantizar jubilaciones mínimas después de cuarenta años? ¿Permitiría el contexto económico tal incremento sin desalentar la formalización? ¿Existe espacio fiscal para subsidiar la diferencia si no se elevan los aportes? ¿Cómo se implementaría un cambio de estas características sin afectar a quienes ya están afiliados y que realizaron sus planes de retiro bajo las reglas actuales? Estas cuestiones no tienen respuestas simples y comprenden consideraciones de equidad, viabilidad económica y factibilidad política que trascienden el análisis técnico. Lo que sí está claro es que el statu quo, según el análisis disponible, genera un resultado estructuralmente insuficiente para la mayoría de los trabajadores del régimen.