En las próximas horas, alrededor de una mesa de negociación, se jugará una de las partidas más desiguales del mercado laboral argentino. El Gobierno convocó para el jueves 30 de abril a la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares con el objetivo de debatir ajustes en las compensaciones económicas de quienes trabajan en hogares bajo el régimen especial contemplado en la Ley Nº 26.844. Lo que podría parecer un trámite administrativo más es, en realidad, una oportunidad de contener una crisis silenciosa que afecta a 1,7 millones de trabajadores y trabajadoras cuyo poder adquisitivo se desmorona a una velocidad sin precedentes en años recientes.
Los números son contundentes y despiadados. Desde que comenzó la actual administración, los empleados y empleadas del servicio doméstico han experimentado una erosión de su capacidad de compra estimada entre 32% y 35%. Esta cifra coloca al sector en una posición particularmente crítica, comparable únicamente con lo que ha sucedido en la esfera pública nacional. Sin embargo, mientras que los funcionarios estatales cuentan con estructuras sindicales consolidadas y mecanismos de protesta establecidos, el servicio doméstico permanece disperso, fragmentado y mayormente invisible en las agendas de política social. El último reajuste de salarios había sido implementado apenas en marzo del año en curso, insuficiente para frenar la caída que se aceleró en los meses subsecuentes.
Una caída sin precedentes en el poder de compra
Para dimensionar el alcance de esta crisis, basta con observar la evolución concreta de los ingresos. Un trabajador o trabajadora de tareas generales —la categoría más extendida y representativa del sector— percibe hoy $410.773 mensuales o $3.348 por hora. En noviembre de 2023, esa misma jornada se retribuía con $1.311. En términos nominales, representa un incremento del 155,5% en 29 meses, cifra que se eleva al 167,9% si se incluyen bonificaciones no remunerativas. Estos guarismos podrían sugerir, a primera vista, que los trabajadores del sector han experimentado mejoras sustanciales. La realidad es inversamente proporcional.
Durante ese mismo período, la inflación acumulada alcanzó el 293,4% según registros oficiales hasta marzo. Esta brecha de más de 140 puntos porcentuales entre el aumento salarial y el incremento de precios revela con claridad meridiana la magnitud del empobrecimiento real que experimenta la población trabajadora en casas particulares. El dato adquiere dimensiones aún más crudas cuando se lo traduce a capacidad efectiva de consumo. Con los $3.348 que gana por hora, un trabajador no puede adquirir un pan lactal de 390 gramos que costaba $3.570 en marzo, ni tampoco una botella de gaseosa de litro y medio cuyo precio promedio rondaba los $3.379 según relevamientos del Instituto Nacional de Estadística y Censos.
La informalidad como espejo de la vulnerabilidad estructural
La situación adquiere contornos aún más preocupantes cuando se examina la composición del sector y sus características estructurales. De los 1,7 millones de trabajadores y trabajadoras domésticas, más del 75% opera en la informalidad, es decir, sin registración alguna en los sistemas de seguridad social. Este porcentaje alcanza cifras aún más alarmantes según los últimos reportes del cuarto trimestre de 2025: el 78% del empleo en casas particulares permanece no registrado, la tasa más elevada entre todas las actividades económicas del país, seguida únicamente por el sector de la construcción con 73,8%. Esta masiva informalidad implica que la inmensa mayoría carece de acceso a protecciones básicas como jubilación, licencias por enfermedad, cobertura de salud o indemnización por despido.
El deterioro ha impactado también en la cantidad de trabajadores formalizados en el sistema previsional. Según el último Informe de Seguridad Social, en enero de 2026 se registraban 442.867 aportantes, una disminución del 4,7% respecto a los 464.504 contabilizados en noviembre de 2023. Aunque el porcentaje podría parecer moderado en términos relativos, en números absolutos representa la salida del sistema de aproximadamente 21.600 trabajadores. Esta contracción se vincula directamente con la pérdida de ingresos de los sectores medios asalariados y profesionales que constituyen los empleadores principales de personal doméstico. Cuando la clase media experimenta restricciones presupuestarias, el primer rubro sacrificado suele ser precisamente el gasto en servicios de cuidado y limpieza del hogar.
El contexto de esta convocatoria oficial revela, implícitamente, que los mecanismos automáticos de ajuste salarial se han mostrado insuficientes para contener la caída. La Comisión reúne a representantes de empleadores y trabajadores, generalmente bajo mediación estatal, para negociar incrementos que aunque parciales intenten aproximarse a la evolución de los precios. Sin embargo, cada ronda de negociación llega tarde: cuando se fija un nuevo salario mínimo para el sector, ya la inflación ha avanzado varios pasos más. Se trata de una carrera donde los trabajadores siempre van algunos metros por detrás, persiguiendo un horizonte que se aleja continuamente.
Las implicancias de esta situación trascienden ampliamente el ámbito puramente económico de quienes trabajan en casas particulares. El deterioro del poder adquisitivo en este sector incide directamente en la composición del consumo de hogares de ingresos medios-bajos, reduce la demanda agregada en cadenas de comercio minorista, impacta en la recaudación fiscal por IVA y contribuye a profundizar los ciclos de contracción económica que caracterizan al país. Simultáneamente, la vulnerabilidad extrema de millones de trabajadores sin cobertura de seguridad social genera externalidades sociales cuyo costo terminal es asumido por el sistema de salud público y por programas asistenciales de última ratio. Las decisiones que se adopten en la próxima reunión de la Comisión, por lo tanto, impactarán no solo en los bolsillos individuales de trabajadores y empleadores, sino en la arquitectura macroeconómica y en la cohesión social del país en su conjunto.
