La operación que el Gobierno nacional se proponía ejecutar sobre AySA —la empresa estatal que gestiona el servicio de agua y saneamiento en buena parte del territorio bonaerense y áreas de la ciudad de Buenos Aires— ha derivado en una cuestión que trasciende lo meramente económico. La colocación accionaria que contempla la transferencia del 90% de la compañía hacia inversores privados arrojó una cifra que inmediatamente fue puesta bajo lupa: u$s340,2 millones. Este monto, lejos de ser un número abstracto en un balance, representa una brecha significativa respecto a las expectativas iniciales y abre interrogantes profundos sobre cómo se valúan los servicios esenciales en el país.
Cuando se contrastan los guarismos de esta transacción con los costos reales de desarrollo y mantenimiento de infraestructura hídrica, emergen perspectivas que complican el relato oficial. La ejecución de dos plantas de tratamiento de agua —es decir, la construcción desde cero de factoría capaz de procesar y potabilizar recursos hídricos para millones de habitantes— demanda inversiones que superan ampliamente lo que acaba de recaudarse por la venta de una empresa que ya posee un portafolio completo de plantas, redes de distribución, conexiones domiciliarias y tecnología operativa. Esta paradoja no es menor: lo que el Gobierno recibirá como pago equivale a menos de lo que costaría levantar apenas dos nuevas instalaciones de tratamiento. El contraste pone en evidencia una realidad incómoda sobre las valuaciones que se hacen en estos procesos de transferencia estatal.
La brecha entre expectativas y realidades de mercado
La administración nacional había proyectado un ingreso de fondos cercano a los u$s450 millones por esta operación privatizadora. La diferencia entre lo esperado y lo concretado —aproximadamente u$s110 millones menos— sugiere que los potenciales compradores evaluaron la propuesta de adquisición con criterios distintos a los manejados por los funcionarios que diseñaron la estrategia de venta. Este desvío no constituye un hecho aislado en procesos de privatización; históricamente, en la Argentina y en otros países de la región, los precios de salida de activos estatales frecuentemente se sitúan por debajo de las proyecciones iniciales. Las razones son múltiples: desde la percepción de riesgo regulatorio hasta la evaluación de las condiciones macroeconómicas y la competitividad del negocio en cuestión.
AySA es una empresa singular dentro del universo de empresas públicas latinoamericanas. Gestiona uno de los servicios más críticos para la salud pública y el desarrollo urbano: el suministro de agua potable y la recolección de efluentes. Su cartera incluye millones de conexiones activas, infraestructura de distribución que se extiende por cientos de kilómetros, sistemas de tratamiento en funcionamiento y un universo de usuarios con demandas crecientes y cada vez más complejas desde el punto de vista técnico. A pesar de contar con todos estos activos tangibles y una base de ingresos potencial derivada del cobro de servicios, los inversores ofertaron una cifra que, en términos relativos, parece modesta considerando la magnitud de lo que está siendo transferido. Esto podría indicar que existen factores de riesgo —regulatorios, operacionales o de demanda— que los compradores valoran negativamente.
El costo de la infraestructura sanitaria y su relación con el precio de venta
Para contextualizar mejor la magnitud de lo que representa u$s340,2 millones en materia de infraestructura sanitaria, es relevante considerar que en la región, proyectos de envergadura similar requieren inversiones de escala completamente diferente. Una planta de tratamiento de agua de capacidad media-alta, con tecnología moderna y capaz de servir a poblaciones de cientos de miles de personas, demanda gastos que rondan los u$s150 a u$s250 millones solo en su fase constructiva, sin contemplar operación ni mantenimiento. El hecho de que AySA —que ya posee múltiples plantas operativas, redes instaladas, tecnología en marcha y una base comercial— haya sido valuada por debajo del costo de construir desde cero apenas dos de estas instalaciones, plantea preguntas sobre la racionalidad económica del proceso y la estrategia de valuación utilizada.
Este fenómeno no es exclusivo de Argentina ni de este momento histórico. A nivel mundial, las privatizaciones de servicios públicos relacionados con agua y saneamiento han generado dinámicas complejas donde los precios de transferencia frecuentemente resultan insuficientes para que los gobiernos financien nuevas inversiones en el sector. La realidad operativa de estas empresas —que incluyen sistemas envejecidos, demandas crecientes de inversión en reposición de infraestructura y presiones regulatorias para mejorar calidad— hace que los compradores potenciales apliquen descuentos significativos en sus ofertas. En el caso específico de AySA, la cifra finalmente concretada refleja probablemente una evaluación donde se ponderan negativamente aspectos como el estado de algunas tuberías, la necesidad de modernización tecnológica en ciertos segmentos operacionales y la complejidad regulatoria del negocio en el contexto argentino.
Las implicancias de esta operación se extienden más allá de lo financiero inmediato. La transferencia de control accionario genera una modificación sustancial en las dinámicas de gobernanza, planificación de inversiones y orientación estratégica de un actor central en la provisión de servicios esenciales. Los nuevos controladores deberán navegar un ecosistema regulatorio donde coexisten intereses públicos, demandas de los usuarios, presiones ambientales crecientes y restricciones presupuestarias que históricamente han limitado la capacidad de inversión del sector. La cifra recaudada —cualquiera sea su magnitud— será capital político para validar o cuestionar la decisión de trasferir control privado sobre un recurso tan estratégico como el agua en una región densamente poblada.
Perspectivas sobre las consecuencias y dinámicas futuras
Las derivaciones de esta transacción pueden evaluarse desde múltiples ángulos sin necesidad de adherir a una única interpretación. Desde una perspectiva de corto plazo, la entrada de capital privado podría acelerar modernizaciones operacionales, reducir costos administrativos o mejorar eficiencias en segmentos específicos del negocio. Alternativamente, desde otra mirada, la búsqueda de rentabilidad por parte de nuevos accionistas podría orientar decisiones hacia mercados más rentables, dejando áreas de menor retorno con menores niveles de inversión. La historia de privatizaciones de servicios públicos en países latinoamericanos y europeos muestra ejemplos de ambos escenarios, frecuentemente coexistiendo en diferentes segmentos o períodos temporales de una misma operación. Lo que resulta innegable es que un cambio de estas características modifica las reglas de juego bajo las cuales se toman decisiones sobre un activo cuyo desempeño impacta directamente en millones de personas, hecho que justifica el escrutinio y el debate en torno a los términos bajo los cuales se produce la transferencia.
