La crisis de endeudamiento que atraviesa el país ha llegado a un punto de quiebre donde los principales actores del sistema financiero reclaman intervención directa del ente regulador. Más de seis millones de familias argentinas cargan con préstamos en mora, cifra que encendió las alarmas y motivó que las entidades bancarias públicas presentaran este jueves ante el Banco Central una batería de propuestas para atajar una situación que califican como insostenible. Lo que está en juego no es meramente técnico: es la forma misma en que se mide y se registra quién paga sus deudas y quién no, un mecanismo que aparentemente distorsiona la verdadera capacidad de pago de millones de personas.
El debate sobre cómo el Banco Central computa la morosidad —aquellos atrasos en los pagos de créditos que superan los treinta días— se ha convertido en uno de los puntos de fricción más importantes entre el organismo regulador y el sector privado. Las entidades públicas, agrupadas bajo la sigla Abbappra, levantaron la voz a través de una nota técnica dirigida a Agustín Torcassi, gerente general del Central, identificando lo que denominan un "efecto de arrastre" que contamina los indicadores de morosidad. El problema de fondo es que el Central utiliza la Central de Deudores, una plataforma que registra la situación de los créditos con un rezago de sesenta días, para establecer una fotografía del comportamiento de pago de cada persona. Pero aquí viene lo crucial: esa medición captura no solo los atrasos que un cliente tiene con un banco específico, sino también cualquier incumplimiento que esa persona mantiene con otras entidades, sean fintech, cadenas comerciales, billeteras virtuales o emisores de tarjetas no bancarias.
Un sistema de medición que penaliza dos veces
Lo que los bancos plantean es que este sistema genera un castigo doble e injusto. Un cliente que paga puntualmente sus cuotas con un banco determinado pero que tiene atrasos con una fintech o una tarjeta no bancaria aparece igualmente marcado como moroso en los registros del Central. Esta contaminación de datos tiene consecuencias reales: afecta la evaluación crediticia de millones de personas, eleva artificialmente el costo de los créditos para quienes sí cumplen sus obligaciones con las entidades formales y distorsiona completamente la evaluación de riesgo que hacen los analistas financieros. El Banco Macro, una de las principales entidades privadas del país, fue explícito en sus reportes trimestrales ante los inversores: mientras que su cartera total en mora alcanzó el 6,25 por ciento, sin el "contagio" proveniente de las fintech, ese ratio se hubiera ubicado apenas por encima del cuatro por ciento. Esa diferencia de más de dos puntos porcentuales no es un detalle administrativo: representa la magnitud del problema de distorsión que denuncia el sector.
Las refinanciaciones que han impulsado los bancos en los últimos meses constituyen el segundo eje de la propuesta que llevaron al Central. Las entidades privadas ya han refinanciado más de medio millón de préstamos que habían caído en cesación de pagos, utilizando recursos propios para evitar que millones de familias queden excluidas del sistema financiero regulado. Pero los bancos insisten en que estos esfuerzos no pueden sostenerse indefinidamente sin acompañamiento regulatorio. Abbappra solicitó específicamente que el Banco Central acompañe estas medidas con adecuaciones prudenciales, es decir, cambios en las normas que rigen cómo los bancos deben constituir reservas y gestionar su capital en función del riesgo crediticio. Además, propusieron la conformación de una mesa técnica de trabajo para avanzar en la instrumentación práctica de estas medidas, un espacio donde técnicos de ambos lados pudieran diseñar soluciones concretas y viables.
La postura del regulador frente a los reclamos
Desde los despachos del Banco Central, sin embargo, la respuesta ha sido cauta y resistente. Funcionarios con conocimiento de las decisiones sobre política regulatoria expresaron que el organismo no está dispuesto a modificar el sistema de medición de morosidad tal como está actualmente configurado. El argumento central es que, aunque los sistemas informativos sean perfectibles, son los que se utilizarán. Y la preocupación de fondo que expresan es clara: si se corrigiera la medición y como resultado el número de mora bajase, quedaría la duda sobre si esa mejora fue realmente orgánica o si fue meramente artificial, producto de un cambio cosmético en la forma de contar. Esta postura refleja una lógica regulatoria conservadora que prioriza la integridad de los datos históricos y la consistencia metodológica por sobre las presiones del sector financiero privado. El oficialismo ha insistido reiteradamente en que la morosidad representa un problema entre actores privados, una caracterización que rechaza la noción de que el Estado deba intervenir significativamente en cómo se estructuran los mecanismos de registro y evaluación de crédito.
Ante los reclamos del sector, el Banco Central optó por una estrategia de comunicación distinta: publicó una serie de "consejos" destinados a las personas antes de tomar un nuevo crédito. Las recomendaciones incluyen comparar el costo financiero total entre diferentes ofertas, evaluar cuidadosamente las tasas de interés aplicables, considerar los plazos de pago y analizar todas las condiciones contractuales. Si bien estos consejos responden a la lógica del consumidor racional que debe tomar decisiones informadas, representan una respuesta claramente defensiva frente a demandas de reforma estructural del sistema de medición. Es como si ante un cuestionamiento sobre cómo funciona el termómetro, la respuesta fuera decirle al paciente que lea el prospecto de la medicina antes de tomarla. La brecha entre lo que los bancos reclaman y lo que el regulador está dispuesto a hacer es significativa y revela visiones contrapuestas sobre el alcance de la responsabilidad estatal en la gestión de crisis de endeudamiento masivo.
Las implicancias de este punto de estancamiento son múltiples y se proyectan en diferentes direcciones. Si el Banco Central mantiene su actual postura de no intervenir con cambios normativos significativos, es posible que la presión sobre los bancos para continuar refinanciando deudas se intensifique, comprimiendo sus márgenes de ganancia y potencialmente restringiendo la oferta crediticia a futuro. Alternativamente, si el organismo cediera a las presiones y modificara el sistema de medición, existiría el riesgo que señalan los funcionarios: que la mejora en los indicadores sea engañosa y que se pierda claridad sobre la verdadera salud del sistema financiero. Un tercer escenario possible es que se llegue a algún tipo de acuerdo intermedio a través de la mesa técnica propuesta, donde se introduzcan cambios graduales que diferencien tipos de mora sin desmantelar el sistema existente. Lo cierto es que con millones de hogares atrapados en la mora y sin solución visible a corto plazo, las tensiones entre reguladores y entidades financieras seguirán escalando, forzando decisiones que tarde o temprano alguien tendrá que tomar.
