Un país unido en la ilusión, dividido en los resultados

Existe en Argentina un fenómeno que desafía las lógicas habituales de polarización que caracterizan al país desde hace décadas. Frente a temas que tradicionalmente fracturan el consenso político y social, la energía y la minería lograron generar una confluencia raramente vista. La mayoría de los argentinos, sin importar su filiación ideológica, coinciden en reconocer que estos dos sectores comportan un potencial transformador para la nación. Esa convicción compartida, sin embargo, oculta una realidad más compleja y potencialmente peligrosa: la creencia generalizada en que esa transformación será automáticamente beneficiosa, sin costos significativos ni transiciones traumáticas. Los números recientes indican que esa certidumbre podría estar fundada en expectativas divorciadas de la realidad económica inmediata y las lecciones históricas disponibles.

Durante los últimos dieciocho meses, desde finales de 2023 hasta el presente, Argentina ha experimentado una contracción notable en su base industrial. Un análisis reciente de la consultora Equilibra cuantifica esta pérdida: aproximadamente 175.000 puestos de trabajo desaparecieron del sector manufacturero, divididos entre 75.000 empleos formales y 100.000 informales. Simultáneamente, los sectores que supuestamente absorberían esa mano de obra desplazada —minería, energía y agricultura— no generaron nuevas plazas laborales en volúmenes significativos. En cambio, lo que creció fue el subempleo de subsistencia: conductores de aplicaciones de transporte, repartidores en plataformas de delivery y comerciantes ambulantes en formatos precarizados. Este desacople entre destrucción de empleo calificado y creación de ocupación informal constituye la primera señal de alarma sobre la verdadera naturaleza del cambio que atraviesa la economía argentina.

El optimismo de la "enfermedad holandesa" y sus grietas

Desde los ámbitos de formulación de políticas públicas circula un marco interpretativo que pretende explicar y justificar la transformación estructural en curso. Se denomina "enfermedad holandesa" y su origen remonta a los años sesenta, cuando el descubrimiento de enormes yacimientos de gas natural en el Mar del Norte transformó radicalmente la economía de los Países Bajos. El mecanismo es deceptivamente simple: la llegada masiva de divisas por exportaciones de recursos naturales aprecia la moneda nacional, encarece los productos domésticos, hace menos competitiva la industria tradicional y provoca su contracción. Según esta narrativa, el empleo que desaparece de la manufactura migra hacia sectores de servicios no transables —comercio, gastronomía, construcción, transporte— que se expanden impulsados por la mayor capacidad de gasto de la población. Esta reabsorción es presentada como virtuosa, una especie de "destrucción creativa" schumpeteriana donde lo ineficiente cede ante lo dinámico.

El atractivo intelectual del modelo reside en su capacidad para presentar la desindustrialización no como una catástrofe, sino como un proceso natural y hasta deseable. Quienes lo defienden con mayor cautela reconocen ciertos riesgos en la transición, pero mantienen fe en que el cambio, aunque doloroso, conducirá a una economía más próspera y especializada. Sin embargo, la realidad observada en Argentina hasta el momento no valida esta predicción optimista. Los desempleados de las fábricas de Rosario, La Plata o Berazategui no están esperando empleos en minería o energía —sectores capital-intensivos que generan relativamente poco empleo directo—. Están conduciendo automóviles ajenos por las calles en horarios irregulares, vendiendo productos importados de dudosa procedencia, o simplemente fuera del mercado laboral. Ese no es el "refugio virtuoso" que la teoría económica ortodoxa preveía.

Lecciones de fracaso: El Rust Belt estadounidense y el "shock de China"

No es necesario especular sobre qué sucede cuando la teoría económica se encuentra con la realidad de una transición laboral abrupta. Existe un precedente exhaustivamente documentado por la investigación académica: la desindustrialización del Rust Belt estadounidense tras la incorporación de China a la Organización Mundial del Comercio en los primeros años de la década de 2000. Ciudades que durante casi un siglo fueron epicentros de la manufactura mundial —Detroit, Pittsburgh, Toledo— experimentaron el colapso de sus economías locales cuando las plantas cerradas no reabrieron en otras latitudes, sino que simplemente desaparecieron. Los estudios liderados por el economista David Autor documentaron que la reubicación de trabajadores fue sorprendentemente lenta e incompleta. Los obreros despedidos sufrieron rotación laboral crónica, acceso a empleos peor remunerados, y una caída persistente en sus ingresos que nunca se recuperó completamente.

Lo que resultó aún más preocupante fue el impacto en la salud física y mental de las comunidades afectadas. Las ciudades del Rust Belt experimentaron aumentos dramáticos en suicidios, adicción a drogas opioides, depresión, ansiedad y fragmentación familiar. Muchos trabajadores nunca retornaron al mercado laboral, canalizando su subsistencia a través de programas de discapacidad o jubilación anticipada. Las máquinas cerraron sus puertas, pero los daños se propagaron a través de las redes sociales durante décadas. Cuando finalmente llegó la posibilidad de recuperación económica a esas regiones, el tejido social ya estaba desgarrado y las capacidades productivas se habían erosionado. Este precedente no es un accidente histórico aislado, sino la manifestación de una falla fundamental en la teoría económica tradicional: la asunción de que los mercados laborales se ajustan rápidamente es falsa. La realidad incluye costos de transición que ningún modelo estándar contempla adecuadamente.

Números modestos que no justifican la apuesta

Más allá de los riesgos de la transición laboral, existe un interrogante aún más fundamental: ¿realmente llegará la "avalancha de dólares" que justificaría la destrucción del aparato industrial actual? Las proyecciones disponibles sugieren una respuesta incómoda. Durante el año en curso, gracias a una combinación de mayor producción y precios internacionales temporalmente elevados, se estima que Argentina exportará energía y minería por aproximadamente 25.000 millones de dólares, lo que equivale a poco más de 500 dólares per cápita. Incluso bajo los escenarios más optimistas —aquellos que asumen inversiones sostenidas, ausencia de sobresaltos macroeconómicos y precios internacionales elevados— se proyecta que dentro de cinco años esas exportaciones alcanzarán entre 50.000 y 60.000 millones de dólares, o entre 1.000 y 1.200 dólares por habitante.

Estas cifras requieren contextualización internacional. Canadá, una economía con características similares a la argentina en términos de dotación de recursos naturales, exporta aproximadamente 6.000 dólares per cápita. Australia, con una estructura económica comparable, alcanza 9.000 dólares per cápita. Noruega, aunque excepcional, genera 15.000 dólares per cápita en exportaciones de energía y minería. Incluso Chile, frecuentemente utilizado como comparador regional por su especialización minera en cobre, exporta alrededor de 3.000 dólares per cápita de ese mineral. Argentina, bajo sus proyecciones más optimistas, apenas alcanzaría entre el 15 y el 40 por ciento de esos valores. La pregunta que surge naturalmente es: ¿son esas cifras suficientes para justificar la destrucción del aparato industrial preexistente? La respuesta técnica es claramente negativa.

Los números verdaderos: Sustrayendo las obligaciones financieras

La evaluación de la magnitud real de recursos disponibles requiere un análisis más preciso que el simple conteo de exportaciones brutas. Existen dos elementos que reducen significativamente el flujo neto de divisas que quedaría disponible para inversión o consumo interno. Primero, del total de exportaciones debe restarse el repago del capital invertido por las empresas operadoras, las ganancias y utilidades que serán giradas a los accionistas en el exterior, y las importaciones necesarias para llevar adelante la producción —insumos, repuestos, combustibles—. Bajo este criterio, el flujo neto de divisas será considerablemente inferior al que reflejan los números brutos de exportación. Segundo, y más relevante aún, Argentina enfrenta una situación de déficit de reservas internacionales netas del Banco Central. En una economía donde la población y las empresas ahorran predominantemente en dólares —economía bimonetaria de facto—, la autoridad monetaria requiere un nivel elevado de reservas propias para mantener la estabilidad y la confianza.

Perú y Uruguay, ambas economías bimonetarias que el Fondo Monetario Internacional identifica como modelos de funcionamiento adecuado, mantienen reservas equivalentes al 20 a 30 por ciento de su producto interno bruto. Argentina dista considerablemente de esa posición. Esto significa que durante un período prolongado —potencialmente una década o más—, una porción relevante del flujo neto de divisas que llegue al país deberá destinarse a reconstruir las reservas internacionales del banco central, en lugar de estar disponible para inversión productiva o consumo. El horizonte de generación de divisas amplias se extiende mucho más allá de lo que los discursos públicos típicamente reconocen.

El riesgo irreversible de la histeresis económica

Existe un fenómeno económico identificado y estudiado extensamente por el premio Nobel Paul Krugman que encapsula el riesgo más grave del escenario actual: la histeresis. Este concepto describe la situación donde cambios temporales en las condiciones económicas generan efectos permanentes que no revierten cuando esas condiciones retornan al punto de partida. En el contexto argentino, el riesgo es el siguiente: si se consolida la expectativa de que la economía seguirá un patrón similar al de la enfermedad holandesa y ese escenario no se materializa plenamente, el país transitará un período prolongado con un tipo de cambio depreciado en términos reales. Ese tipo de cambio bajo desalienta la actividad industrial, desestimula la inversión productiva y acelera el cierre de plantas. Cuando eventualmente las condiciones cambien y el tipo de cambio se corrija, el daño ya estará hecho.

Una línea de producción que cierra en Rosario no permanece en suspenso esperando mejores tiempos. Las máquinas se venden, a menudo al exterior a precios de liquidación. Los vínculos comerciales con proveedores nacionales e internacionales se rompen. El capital organizacional acumulado durante años —procesos, relaciones, reputación comercial— se disuelve. El trabajador que fue expulsado del empleo formal y pasó años en la informalidad llega dañado a cualquier oportunidad laboral futura: perdió habilidades específicas, acumuló frustraciones sobre su valor en el mercado, y en muchos casos quedó permanentemente fuera del sistema de ocupación formal. Cuando el entorno macroeconómico finalmente mejora, la capacidad de respuesta no es la misma. El tejido industrial argentino, construido durante décadas con inversión, ensayo y error, conocimiento tácito y relaciones comerciales, es un capital que, una vez destruido, no se recupera fácilmente ni rápidamente.

Una oportunidad más allá de las divisas

Sin embargo, la minería y la energía no deben reducirse a su capacidad de generar divisas. Estos sectores poseen una dimensión que raramente recibe énfasis suficiente en los debates públicos: su capacidad de arrastre sobre el resto de la estructura productiva. Las cadenas de valor de la energía y la minería se extienden tanto aguas arriba como aguas abajo de la producción primaria. Aguas arriba, demandan equipos especializados, servicios de ingeniería complejos, insumos químicos y metalúrgicos. Aguas abajo, ofrecen la posibilidad de desarrollar industrias de transformación: petroquímica, fertilizantes, procesamiento de minerales y metalurgia de valor agregado. En economías como Canadá, Noruega y Chile, estas cadenas han sido utilizadas como palancas para desarrollar sectores industriales sofisticados. Argentina podría transitar por el mismo camino.

El gobierno actual cuenta con herramientas legales para promover este tipo de encadenamientos: el régimen de promoción industrial denominado RIGI permite la reducción tributaria a proyectos que cumplen criterios específicos de inversión y generación de empleo. Esta herramienta podría extenderse deliberadamente hacia proveedores industriales nacionales que abastezcan a los sectores de energía y minería, así como hacia proyectos que industrialicen la producción primaria. La diferencia entre una economía que simplemente exporta recursos naturales sin procesamiento y una que desarrolla cadenas de valor integradas es la diferencia entre subsistencia y prosperidad. Argentina logró un acuerdo raro: que existe una oportunidad. La prueba ahora consistirá en alcanzar un segundo acuerdo, mucho más difícil: determinar colectivamente cómo aprovecharla sin destruir, en el proceso, las capacidades que ya posee.