La cúpula empresarial argentina se mueve. No en silencio, sino con una estrategia deliberada de penetración política que busca blindar su influencia más allá de gobiernos de turno. La apertura de cartas hacia 2027, año electoral clave, marca un giro en la postura histórica del establishment corporativo local: dejar de esperar a que se tomen decisiones en el palacio de gobierno y pasar a moldear directamente el tablero político. Este movimiento, evidenciado en encuentros de deliberación empresarial, revela la preocupación de un sector que percibe una transformación sin precedentes en la estructura productiva del país, con ganadores y perdedores claramente definidos.
La paradoja que atraviesa estos diálogos es significativa. Mientras se celebra públicamente el modelo de transformación productiva impulsado desde el gobierno, los propios empresarios reconocen, en voz baja pero cada vez más audible, que el "efecto derrame" —ese concepto económico que prometía beneficios distribuidos en toda la sociedad— simplemente no está ocurriendo. Los números están a la vista: hay pérdida de empleo en sectores formales, proliferación del pluriempleo como estrategia de supervivencia, y desaparición de oportunidades laborales incluso ocasionales. Esta realidad incómoda es la que fuerza a los dirigentes sindicales y empresariales a sentarse en la misma mesa, aunque con perspectivas divergentes sobre cómo proceder.
El diagnóstico desde la sindicalización: adaptación versus resistencia
En estos espacios de resonancia empresarial, la voz de Cristian Jerónimo, uno de los secretarios generales de la CGT y líder del sindicato del sector vidriero, plantea un panorama que desafía las narrativas oficiales sobre la reconfiguración laboral. Su lectura es cruda: no se trata solo de ajustes coyunturales en el empleo formal, sino de una transformación estructural donde incluso obtener trabajos temporales o puntuales —lo que localmente se denomina "changas"— se ha vuelto una tarea ardua. Esta situación marca un retroceso comparado con décadas anteriores, cuando al menos estas formas de ingreso precario funcionaban como colchón para sectores vulnerables.
Sin embargo, Jerónimo introduce un matiz estratégico que algunos sectores sindicales no terminan de procesar: la necesidad de "evolucionar" en la relación con las nuevas tecnologías. En lugar de posicionarse como un adversario que intenta frenar el avance de sistemas de Inteligencia Artificial —postura que caracterizó históricamente a amplios sectores del movimiento obrero organizado—, propone redireccionar esa energía hacia garantizar que la transformación tecnológica genere impactos positivos en la calidad de vida de los trabajadores. Es una invitación explícita a abandonar la lógica de confrontación frontal y adoptar una de negociación e influencia sobre los términos de implementación. El llamado es tajante: empresarios y sindicalismo deben actuar en conjunto, no como enemigos, sino como socios con intereses diferenciados pero potencialmente alineables.
El think tank y la hoja de ruta reformista para el próximo gobierno
Mientras tanto, desde los centros de análisis de políticas públicas, se está tejiendo un documento que promete ser determinante en la campaña electoral de 2027. Luciano Laspina, desde CIPPEC, conduce la elaboración de compromisos básicos que los candidatos presidenciales deberían asumir una vez que logren consolidar la estabilidad macroeconómica. Este documento no es menor: representa el consenso de una porción significativa del sector privado organizado sobre qué debe venir después de la fase de "shock terapéutico" que caracterizó los primeros años de transformación.
Los ejes propuestos configuran una arquitectura estatal radicalmente distinta. La reforma del sistema previsional aparece como prioridad número uno, reconociendo implícitamente que el actual esquema de jubilaciones no es sostenible bajo los parámetros de gasto público que los empresarios demandan. La salud, segundo punto, requiere una reformulación que probablemente implique mayor participación privada y una redefinición del rol del Estado como proveedor universal. Pero lo verdaderamente revelador está en los tres ejes siguientes: gobernanza de datos, modernización estatal y desarrollo de mercados de capital. Estos puntos apuntan directamente a crear las condiciones estructurales para que el capital privado tenga más autonomía, información centralizada y canales de financiamiento que no dependan del presupuesto fiscal. Se menciona explícitamente que el ahorro previsional de largo plazo —es decir, el dinero de las jubilaciones— debe ser canalizado hacia mercados de capitales mediante "incentivos". Es una redefinición profunda de qué es público y qué es privado.
En educación, el diagnóstico que tracen estos sectores apunta hacia la profesionalización docente y mejora de calidad, pero con una implicación clara: el Estado debe invertir en capacitación y tecnología, sentando las bases para que luego el sector privado pueda capturar parte de ese mercado educativo. El punto final del documento es relevante por su concesión aparente: se reconoce que estas reformas requieren "acción estatal y compromiso del sistema político". Traducido: los empresarios no pueden hacer esto solos, necesitan alianza política explícita. Por eso están jugando ahora, dos años y medio antes de las elecciones, para delimitar el terreno donde se jugará la campaña.
María Migliore, que transitó desde la militancia partidaria dentro del PRO hacia lo que ella misma denomina "generar influencia", articula el discurso que intenta reconciliar el modelo empresarial con la preocupación social. Según su perspectiva, el desafío fundamental radica en ser "relevante", en ocupar un espacio de interlocución que vaya más allá de reclamos corporativos específicos. Su crítica es particularmente penetrante: Argentina requiere de una voz empresarial más potente, pero esa voz solo tendrá legitimidad si asume las consecuencias sociales de las medidas que promueve. Esto incluye, y esto es crucial, comprometerse con quienes resultan perjudicados por decisiones como la apertura comercial irrestricta.
La frase que pronunció ante la audiencia concentra la nueva estrategia de influencia: "para que un proyecto sea estable a largo plazo, hay que tener en cuenta quiénes ganan, quiénes pierden y hacerse cargo". No es una invitación a detener las reformas, sino a legitimarlas mediante un reconocimiento explícito de sus costos y una propuesta de gestión de esos costos. En otras palabras, los empresarios que entienden el juego político saben que no pueden vender transformaciones radicales como si fueran neutras o beneficiosas para todos. Deben reconocer públicamente quién pierde, cuánto pierde, y ofrecer algo a cambio —ya sea reentrenamiento laboral, redes de contención social, o inserción en nuevas cadenas productivas. Este es el verdadero "compromiso" que demanda la nueva fase de influencia empresarial.
Implicancias y prospectiva del reposicionamiento corporativo
Lo que emerge de estos encuentros es una reconfiguración del poder político argentino que merece análisis riguroso. El sector empresarial organizado está adelantando movimientos que, si resultan exitosos, condicionarán fuertemente las opciones disponibles para cualquier candidato que aspire a gobernar después de 2027. El documento de CIPPEC, los diálogos con sindicalismo, y la estrategia de legitimación social mediante reconocimiento de costos, configuran un triángulo de influencia que presiona desde tres ángulos simultáneamente: desde la generación de conocimiento técnico, desde la producción y empleo, y desde la moralización discursiva de las medidas.
Este movimiento ocurre en un contexto específico: el agotamiento relativo del modelo de shock y la necesidad de transitar hacia una fase "post-estabilización" que requiere reformas institucionales profundas. Los empresarios saben que no pueden gobernar directamente, pero pueden establecer límites muy concretos sobre lo que es políticamente viable. La paradoja es que, en el proceso de intentar maximizar su influencia, están reconociendo implícitamente que el modelo actual genera ganadores y perdedores, y que esa realidad tiene consecuencias políticas y sociales potencialmente desestabilizadoras.
Las distintas perspectivas presentes en estos diálogos —desde la búsqueda de adaptación tecnológica con inclusión laboral que plantea sindicalismo, pasando por la arquitectura reformista que propone el ámbito de políticas públicas, hasta la estrategia de legitimación mediante reconocimiento de costos que articula el sector empresarial más sofisticado— sugieren múltiples escenarios posibles. Si estas fuerzas logran converger, podría resultar un pacto político que blindaría reformas estructurales con amplio respaldo corporativo. Si, por el contrario, prevalecen las tensiones y los conflictos sectoriales no resueltos, la campaña de 2027 podría reabrir debates que parecían cerrados. Lo que parece evidente es que la idea de que la transformación productiva se haría "sin costo político" ha quedado obsoleta, y ahora el debate se centra en cómo se distribuyen, reconocen y gestionan esos costos.
