La economía argentina presenta en la actualidad un fenómeno que va más allá de las fluctuaciones cíclicas habituales. Mientras algunos sectores experimentan un dinamismo notable —principalmente hidrocarburos, minería, actividades agropecuarias y servicios financieros—, otros pilares históricos de la actividad nacional se encuentran en franco retroceso. Esta asimetría, lejos de ser una fase transitoria de reajuste, constituye el resultado directo de un cambio de régimen económico profundo, aunque sus efectos negativos se han intensificado por decisiones de implementación y errores en la conducción monetaria. Entender esta realidad requiere examinar tanto las transformaciones estructurales que se ejecutaron como las que quedaron pendientes, y analizar cómo esta reconfiguración impactará en los territorios y en la política nacional en los próximos años.

Del consumo subsidiado al ajuste fiscal: dos modelos antagónicos

Durante más de una década, la economía argentina operó bajo un modelo que priorizaba los estímulos al consumo interno financiado mediante gasto público expansivo. Este esquema se sostenía mediante múltiples instrumentos: tarifas artificialmente bajas en servicios esenciales como electricidad y agua, que reducían los costos de vida de las familias y liberaban recursos para otros gastos; restricciones a las exportaciones agrícolas y mineras que permitían mantener precios domésticos deprimidos; controles de precios que impedían aumentos en bienes de consumo; créditos subsidiados dirigidos a sectores seleccionados; y un andamiaje de programas sociales de alcance masivo. Todo este entramado generaba ganadores claros: consumidores urbanos con acceso a servicios baratos, empresas favorecidas por el proteccionismo, trabajadores de sectores elegidos y trabajadores informales con transferencias directas. Sin embargo, este modelo descansaba sobre bases frágiles, sostenidas por financiamiento cada vez más precario y por la liquidación de reservas acumuladas en ciclos anteriores.

A partir de diciembre de 2023, la administración Milei implementó un giro radical: la búsqueda de equilibrio fiscal se convirtió en el eje de la política económica. Esto implicó eliminar subsidios —particularmente en servicios públicos—, una medida equivalente a aumentos de impuestos implícitos sobre el costo de vida de los hogares. Las reducciones presupuestarias también alcanzaron la inversión pública: los gastos de capital se redujeron drásticamente, lo que si bien cortó ciertos canales de corrupción, también paralizó proyectos de infraestructura crítica. El tipo de cambio se convirtió en el ancla nominal para combatir la inflación, mantenido a través de restricciones a la importación de dólares, lo que presionó sobre actividades que dependen de insumos importados. En simultaneidad, se eliminaron los controles sobre las importaciones de bienes de consumo, decisión que abrió la economía a la competencia global pero golpeó duramente a productores locales sin protección.

Ganadores y perdedores: una división que se profundiza territorialmente

Este cambio de orientación generó una arquitectura económica enteramente distinta, con beneficiarios y afectados bien definidos. Los sectores que avanzan —petróleo, minería, agroexportación y finanzas— comparten características comunes: generan divisas, están orientados al mercado externo, poseen márgenes de rentabilidad elevados bajo el nuevo régimen de precios relativos, y requieren menor cantidad de trabajadores por unidad de producto. La minería y los hidrocarburos se ven especialmente favorecidos por un cambio de régimen que elimina restricciones a la exportación y por perspectivas de expansión de inversiones en litio, cobre y gas. El agro se beneficia de un tipo de cambio que estimula las ventas externas y de una menor interferencia estatal en decisiones productivas. El sector financiero prospera en un contexto de tasas de interés elevadas y volatilidad cambiaria.

Por el contrario, los sectores que retroceden —manufactura, construcción, comercio minorista y servicios no financieros— comparten un denominador común: son intensivos en empleo, dependen de demanda interna, sufren presiones competitivas de importaciones baratas, y sus márgenes se contraen bajo salarios reales decrecientes. La industria enfrenta el doble golpe de menores compras internas y competencia de productos importados. La construcción prácticamente se paralizó tras la suspensión de gasto público en obras, aunque recientemente comienzan a moverse proyectos financiados de forma privada mediante esquemas de peaje. El comercio minorista ve contraídas sus ventas por caída del consumo de hogares. La particularidad política radica en que estos sectores perdedores son territorialmente concentrados en regiones con densidad electoral significativa, mientras que los ganadores tienden a estar geográficamente dispersos o en provincias menos pobladas. Esta geografía de la crisis tiene implicaciones electorales de largo plazo.

La secuencia interrumpida: reformas pendientes y sus consecuencias

Un aspecto central del análisis es que el cambio de régimen se implementó de manera incompleta e irregular. En sus primeros meses, el Gobierno anunció una secuencia de reformas que incluía: reforma tributaria integral, modernización de infraestructura, transformación de las relaciones laborales y un reordenamiento del federalismo fiscal. Sin embargo, esta secuencia no se ejecutó según lo planificado. La reforma tributaria fue pospuesta indefinidamente. La inversión en infraestructura permaneció congelada durante casi un año. La reforma laboral recién comenzó a debatirse recientemente. El federalismo fiscal, a pesar de promesas de mayor autonomía provincial, no experimentó transformaciones sustanciales debido a consideraciones políticas. Esta incompletud tiene un costo medible: sin reforma tributaria que amplíe la base impositiva, el ajuste fiscal se concentró desproporcionadamente en gasto corriente y de inversión, profundizando el daño sobre empleados públicos y sobre infraestructura. Sin reforma laboral que flexibilizara mercados, la presión sobre salarios fue mayor. Sin reordenamiento federal, las provincias siguieron dependiendo de transferencias nacionales mientras perdían dinamismo económico interno.

A esta secuencia incompleta se sumaron errores de política monetaria en el segundo semestre de 2024. En lugar de una flexibilización gradual que permitiera estimular el crédito privado —una herramienta que pudo haber aliviado parcialmente los costos de transición—, se mantuvieron restricciones monetarias que interrumpieron el crecimiento incipiente del mercado de capitales. Este mercado habría permitido a empresas acceder a financiamiento de largo plazo sin dependencia de depósitos bancarios limitados. La contracción del crédito privado, combinada con el colapso de la demanda por caída de ingresos reales, creó un círculo vicioso: menos consumo genera menos producción, menos producción genera menos empleo, y menos empleo genera menos consumo. Los intentos de estimular crédito en este contexto resultan ineficaces mientras las familias enfrentan temor a perder empleos y mientras los trabajadores informales —que representan una porción significativa de la economía argentina— permanecen excluidos del sistema crediticio formal.

¿Transición o estructura?: evaluando la permanencia de esta disparidad

La pregunta fundamental que se plantea es si esta configuración de ganadores y perdedores representa una fase temporal de reajuste o una estructura económica que llegará para quedarse. Los datos y la lógica estructural sugieren lo segundo. Este mapeo sectorial no es una aberración transitoria, sino la consecuencia directa de haber cambiado los incentivos del sistema económico. Bajo el anterior régimen, incentivos al consumo subsidiado y protección a productores locales permitían que sectores con baja productividad y altos costos de empleo mantuvieran actividad y generaran ocupación masiva. Bajo el nuevo régimen, los incentivos favorecen la producción de bienes transables con ventaja comparativa y exportables. Esta reorientación es coherente con lógica económica estándar: una economía cerrada con subsidios que distorsionan precios relativos necesariamente produce una canasta de bienes distinta a una economía abierta con precios de mercado.

Sin embargo, la magnitud del deterioro en sectores perdedores ha sido superior a lo que un cambio de régimen "puro" habría generado, precisamente por la secuencia de implementación trunca y por los errores monetarios. Una reforma tributaria integral habría permitido financiar inversión pública productiva que generara externalidades positivas para la industria. Una reforma laboral bien diseñada habría reducido costos de ajuste al permitir mayor flexibilidad sin necesidad de despidos masivos. Un mayor dinamismo del mercado de capitales habría permitido a empresas medianas y pequeñas acceder a financiamiento sin depender del crédito bancario racionado. La ausencia de estas reformas complementarias convirtió un cambio de régimen necesario en un cambio de régimen brutal, concentrando sus costos en los perdedores sin distribuirlos mediante mecanismos que habilitaran transiciones más suaves.

El horizonte 2027: variables políticas en una economía polarizada

La proyección hacia 2027, año de elecciones presidenciales, se construye sobre un supuesto crucial: que el comportamiento electoral responde primariamente a variables económicas inmediatas, en particular al estado de las finanzas personales y las perspectivas de empleo. Bajo este supuesto, un escenario donde la disparidad sectorial persista —industriales siguiendo en retroceso, construcción deprimida, comercio contraído, salarios reales estancados o mejorando marginalmente— generaría un electorado descontento en territorios donde estos sectores predominan. Estos territorios no son minoritarios: incluyen la región metropolitana, el interior urbano bonaerense, ciudades industriales del interior, y zonas comerciales tradicionales. Si la política monetaria no se flexibiliza sustancialmente, si el crédito sigue racionado, y si la inversión privada no llena el vacío dejado por la inversión pública, el panorama para estos sectores seguiría siendo desafiante. Una leve mejoría es posible si la incertidumbre electoral disminuye y si la inversión privada en infraestructura privada genera encadenamientos económicos, pero sin reformas complementarias, cualquier recuperación sería parcial y despareja.

Lo que podría el Gobierno hacer sin abandonar los pilares del nuevo régimen es limitado pero significativo. Una flexibilización monetaria que estimulara crédito privado enfrenta obstáculos macroeconómicos: familias endeudadas y temerosas de desempleo no aumentan gastos aunque le bajen tasas de interés; trabajadores informales no califican para crédito formal; y dólares ahorrados por precaución no se gastan sino que se atesoran. La situación fiscal también restringe opciones: el Tesoro debe renovar deuda en pesos mientras financia compras de dólares para el Banco Central, creando un círculo donde la emisión de pesos alimenta presiones inflacionarias y dolarizantes. Sin embargo, una alternativa existe: colocar deuda en mercados internacionales en dólares, reduciendo la necesidad de que el Tesoro liquide pesos para comprar divisas. Esto liberaría pesos fiscales para inversión en infraestructura bien seleccionada y ejecutada sin corrupción, aliviando simultáneamente la presión sobre el Banco Central. Este camino es posible si la incertidumbre política disminuye y si el contexto global proporciona acceso a financiamiento, condiciones ambas inciertas.

Las consecuencias de esta configuración económica persistente abren múltiples futuros posibles. En un escenario, la disparidad sectorial permanece pero se estabiliza, con los ganadores financiando transferencias que alivian parcialmente a los perdedores; bajo este panorama, la política 2027 se decidiría por márgenes estrechos dependiendo de diseño electoral y de quiénes propongan como alternativa. En otro escenario, la inversión privada en infraestructura genera encadenamientos que comienzan a reactivar sectores perdedores, aunque sin el dinamismo que tenían previamente. En un tercero, la persistencia del descontento genera una reconfiguración política de magnitud. Ninguno de estos resulta garantizado. La economía argentina de 2025 no es un paréntesis en su historia reciente, sino un punto de quiebre estructural cuyos contornos definitivos aún se escriben según decisiones que quedan por tomarse.