Existe un movimiento político en desarrollo que modifica los equilibrios de fuerzas en la oposición al oficialismo actual. No se trata de un quiebre, sino de una reconfiguración de alianzas donde los protagonistas buscan posicionarse de cara a una contienda electoral que aún está lejana pero que ya condiciona decisiones en el presente. Gabriela Michetti, ausente del escenario público durante años, ha retomado contacto con Mauricio Macri hace aproximadamente treinta días, y de esa reunión privada surgió un acuerdo: acompañará al expresidente en todas sus giras territoriales por las provincias donde este mantiene una red de simpatizantes y donde aspira a consolidarla. Este retorno tiene implicancias que van más allá de la simple reaparición de una figura política conocida.

El regreso de una figura con credibilidad

La exvicepresidenta se había retirado de la vida pública hace varios años para dedicarse a asuntos personales. Pasó tiempo significativo en la localidad bonaerense de Laprida atendiendo a sus padres en avanzada edad, mientras resolvía también algunas cuestiones de salud propias. Sin embargo, en las últimas semanas ambos personajes decidieron reconectarse. Macri le ofreció formalmente que lo acompañe en sus desplazamientos territoriales, recibiendo una respuesta afirmativa. Este regreso no ocurre en cualquier contexto: sucede mientras el gobierno nacional mantiene una relación tensa con quien fuera presidente entre 2015 y 2019, y mientras la coalición que lo llevó al poder comienza a mostrar grietas internas. En este escenario, la presencia de Michetti funciona como un mensaje comunicacional con múltiples capas.

El primero de esos mensajes apunta al posicionamiento de Macri dentro del espectro electoral. Michetti cuenta con altos índices de aprobación en las encuestas y se le reconoce una trayectoria sin conflictos con su entonces jefe. Durante la administración macrista, fue una vicepresidenta que no generó fracturas públicas, una característica poco frecuente en un oficio tradicionalmente marcado por tensiones y rupturas. Fue llevada como compañera de fórmula tanto a la gobernación de la Ciudad Autónoma como a la vicepresidencia nacional. Posteriormente, Macri la avaló como encabezadora de candidaturas a ambas cámaras del Legislativo en elecciones en las que su partido cosechó victorias. Su credibilidad entre sectores del centroderecha resulta considerable.

Un aspecto que suma valor a esta reaparición es su historial de trabajo en materia de discapacidad. Mientras ocupaba la vicepresidencia, Michetti se abocó a coordinar acciones entre todos los organismos estatales vinculados a esa temática, asumiendo una responsabilidad que le permitió construir legitimidad en un área frecuentemente abandonada por los gobiernos. En el contexto actual, donde se han registrado recortes en presupuestos y servicios destinados a personas con discapacidad, posicionar a Michetti en primer plano constituye un señal dirigida a ese electorado y a las organizaciones que trabajan en esa esfera. La estrategia macrorista parece apuntar a capitalizar la buena imagen de alguien que, tras varios años lejos de la actividad política cotidiana, adquiere la condición de outsider en términos electorales, algo que el propio Macri ha señalado como necesario para que su partido enfrente futuras contiendas.

Un contexto de turbulencias internas en el oficialismo

Las maniobras territoriales de Macri se desarrollan mientras el gobierno nacional enfrenta turbulencias internas que erosionan su credibilidad. En estos días se ha instalado en la agenda pública el episodio que involucra al portavoz presidencial, quien ocupa un cargo de relevancia comunicacional pero carece de responsabilidades ejecutivas sustantivas. Esta situación ejemplifica un patrón observable en la actual administración: la existencia de funcionarios de alto perfil mediático pero con atribuciones limitadas en la toma de decisiones de fondo. La atención mediática concentrada en conflictos menores funciona como pantalla que oculta debates de importancia mayúscula para el país.

Una de esas cuestiones de envergadura se sustanció en la sesión legislativa del miércoles, donde se debatieron iniciativas ligadas a las tarifas de electricidad en todo el territorio nacional. La sesión se desarrolló con la cantidad mínima requerida de legisladores presentes: 129 diputados, cifra que apenas lograba dar quórum. El bloque gobernante, que controla noventa y cinco bancas, debió recurrir a apoyo de legisladores opositores identificados como amigables para no fracasar. Una vez alcanzada la votación, consiguió ciento treinta y dos votos a favor. Ese estrecho margen refleja la fragilidad de los acuerdos que sostienen las políticas de la actual gestión. El proyecto en cuestión implica modificaciones significativas en la estructura tarifaria nacional: suprime subsidios en zonas geográficas particulares y otorga al Poder Ejecutivo potestad discrecional para fijar tarifas, reemplazando así un régimen que, aunque revisable, se apoyaba en la solidez de una norma legal.

La transformación de un sistema regulatorio en uno fundado en la discrecionalidad del gobernante de turno genera consecuencias que trascienden lo meramente técnico. Un régimen basado en la voluntad política de quien ejerce el poder en cada momento introduce incertidumbre en lugar de brindar certeza. Las empresas prestadoras de servicios requieren previsibilidad para tomar decisiones de inversión y acceder a créditos en el mercado financiero. La promesa de compensación para provincias que pierden subsidios sigue siendo una promesa, sin la garantía que ofrece un marco legal establecido. Esta arquitectura institucional endeble contrasta con los requerimientos que plantea cualquier estrategia de salida de crisis económica mediante el acceso a financiamiento externo e interno. Un país que necesita recuperar la confianza de inversores y acreedores difícilmente puede ofrecer un panorama donde las variables esenciales se definen en función de los cambios de criterio gubernamental.

Grietas en la relación entre gobierno y principal aliado

Lo señalado adquiere mayor relevancia cuando se observa cómo la actual administración se relaciona con su principal aliado objetivo. Semanas atrás, funcionarios de rango ministerial se permitieron criticar públicamente los actos de gobierno de la administración macrista, como si fuesen observadores externos y no actores que integraron esa administración. El presidente de la Cámara de Diputados ironizó sobre una candidatura futura de Macri, mientras que el ministro de Economía formulaba objeciones sobre los errores cometidos entre 2015 y 2019, periodo en el cual él mismo se desempeñó en la misma cartera que ocupa en la actualidad. Esta estrategia de criticar al aliado político como si fuese un adversario resulta contraproducente desde la lógica de la gobernanza.

Desde una perspectiva de cálculo político, resulta paradójico que el gobierno desincentive al personaje que podría ser su sucesor y garantía de continuidad. Si Macri, o alguien similar a él, encarnase el "segundo tiempo" del proyecto iniciado en 2023, ello representaría para el actual gobierno una póliza de seguro contra el retorno de fuerzas peronistas. Debería, entonces, celebrar públicamente esa posibilidad en lugar de lesionarla con críticas infundadas. El destrato hacia Macri pone en evidencia una falta de claridad respecto de cuáles son los intereses de largo plazo que debería defender el gobierno. La única forma de restaurar confianza pública en un proceso político es demostrando que se trata de un proyecto sustentable y que no corre peligro de reversa. Macri, en cambio, observa que este comportamiento le favorece permitiéndole diferenciarse nítidamente del oficialismo. El expresidente ha reiterado en encuentros privados con correligionarios que no será candidato a nada, pero que se mantiene en movimiento continuo. Lo que interpreta como un "momentum" —utilizando el término anglosajón que connota impulso espontáneo sin necesidad de forzarlo— en su figura política.

El debate sobre las primarias como eje estratégico

Mientras se despliegan estas maniobras territoriales, otro debate de importancia estructural se desarrolla en el Congreso: el futuro del sistema de Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Desde el envío del proyecto de reforma política a la legislatura, se ha configurado un bloque de resistencia a la eliminación o suspensión de las primarias. Gobernadores peronistas del norte, que en otras iniciativas apoyan al gobierno, han convergido con los cinco gobernadores radicales en la defensa del sistema. Incluso sectores del peronismo no identificado con la expresión cristinista, nucleados en torno a Miguel Pichetto, recorren provincias y municipios promoviendo el mantenimiento de las PASO.

Esta resistencia responde a una lógica electoral observable históricamente. Desde su implementación inicial en las elecciones presidenciales de 2011, las PASO han funcionado como un revelador del ánimo electoral antes de la definición final. En aquella oportunidad, el gobierno de entonces ganó la primera vuelta con 54% de los sufragios, lo que profundizó la fragmentación opositora. Cuatro años después, en 2015, la oposición no peronista había aprendido a capitalizar el sistema: un segundo lugar por encima de 30% garantizaba acceso a balotaje y posibilidad de victoria. En 2019, cuando el gobierno de Macri concurrió a una PASO, el sistema puso en evidencia su debilitamiento político y anticipó la derrota. En 2023, la primaria mostró la atomización de Cambiemos, sacándolo del ballottage final. La lección es clara: la oposición ha desarrollado capacidad para utilizar las PASO a su favor, mientras que los gobiernos prefieren eludirlas y ejercer control directo sobre la confección de listas.

Por esa razón, el gobierno actual aspira a abolir o suspender las primarias. El proyecto no avanza en el Senado porque falta apoyo de bloques distintos a La Libertad Avanza. Este bloqueo ha conducido al ejecutivo a posponer la discusión, aguardando un momento político que no parece cercano. Macri, en sus desplazamientos por Mendoza y otras provincias, ha aprovechado para comunicar su posición: el PRO defiende el mantenimiento de las PASO. La defensa del sistema de primarias se ha convertido en un eje que diferencia a Macri del gobierno: mientras este busca desmantelar la herramienta, el expresidente la respalda, ganando nuevamente espacio de diferenciación respecto de la actual administración.

Implicancias y prospectiva política

El regreso de Michetti, la movilización territorial de Macri, su defensa de las PASO, y el creciente distanciamiento respecto del gobierno nacional configuran un escenario donde la coalición que llegó al poder en 2023 comienza a mostrar fracturas que van más allá de lo meramente personal. La reaparición de figuras con credibilidad acumulada, como la exvicepresidenta, permite al expresidente fortalecer su presencia sin que esta requiera la construcción desde cero. El rechazo del gobierno hacia su principal aliado político, junto a la fragilidad de sus bases parlamentarias, sugiere que las decisiones de fondo descansarán, cada vez más, en acuerdos precarios. La pregunta que emerge es cuál será el resultado de estas tensiones cuando se acerquen los plazos electorales. ¿Macri logrará consolidar un espacio claramente diferenciado que le permita competir con ventajas en futuras elecciones? ¿El gobierno podrá recuperar una relación constructiva con su aliado histórico o las grietas se profundizarán? ¿El sistema de PASO será efectivamente eliminado o subsistirá bajo presión opositora? Los meses próximos aportarán respuestas que determinarán la configuración política del país en los años venideros. Por ahora, lo observable es una reconfiguración de fuerzas en la que figuras que parecían relegadas retornan al primer plano, mientras el equilibrio de poder experimenta desplazamientos silenciosos pero significativos.