Mientras la Casa Rosada insiste en construir un relato de fortaleza institucional, los cimientos de la coalición gobernante muestran grietas cada vez más profundas. Los últimos eventos legislativos expusieron una realidad incómoda: el oficialismo posee una mayoría parlamentaria sin precedentes en el Senado, pero carece de la cohesión política necesaria para convertirla en poder efectivo. El desgaste de las relaciones con los aliados históricos no es un problema menor de gestión, sino una amenaza directa a las posibilidades de continuidad electoral del proyecto presidencial en 2027, momento en el cual la coalición que integra La Libertad Avanza deberá volver a presentarse unida ante los votantes.

El martes de los gestos presidenciales equivocados

Los hechos de la semana pasada funcionaron como un termómetro revelador. En el Senado, durante una sesión que debería haber transcurrido según los designios del Palacio de Gobierno, ocurrió algo inesperado. La cúpula de la administración decidió bloquear el avance de una candidata a la magistratura, María Verónica Michelli, cuya designación estaba siendo analizada en la cámara alta. El mandatario esperaba que su voluntad de detener el proceso fuera respetada de manera automática. Pero no sucedió así. La designación de Michelli no solo prosperó, sino que lo hizo con una mayoría de dos tercios, lo que amplificó la dimensión de la derrota frente al electorado político que observaba desde sus bancas.

Este evento, ocurrido durante una sesión que los especialistas ya denominan como un quiebre significativo en la dinámica legislativa, puso de manifiesto una contradicción fundamental en el funcionamiento del gobierno. Poseer 44 votos en el Senado —una cifra que representa un récord histórico de concentración— debería garantizar que la voluntad presidencial se tradujera en decisiones legislativas. Sin embargo, la realidad fue distinta. La derrota expuso no solo la incapacidad de controlar una sesión, sino algo aún más grave: la disposición de sectores del propio oficialismo a desafiar públicamente al presidente cuando considera que sus intereses políticos están en juego.

Las consecuencias inmediatas fueron visibles en la conducción de las siguientes sesiones. La administración ordenó indagaciones internas para identificar "responsables" del fracaso. La tónica del gobierno, basada en la obediencia jerárquica como mecanismo de control político, chocó contra una realidad legislativa más compleja. Los tiempos de la campaña electoral, cuando los votantes decidían de manera casi binaria, habían quedado atrás. Ahora el gobierno necesitaba gobernar dentro de estructuras institucionales que, por su propia naturaleza, diluyen la concentración del poder.

Los aliados buscan sus propios caminos hacia 2027

Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Victoria Villarruel —tres figuras clave de la coalición que permitió la llegada de Milei a la presidencia— han comenzado a explorar estrategias políticas independientes para el próximo ciclo electoral. Esta no es una conclusión especulativa. Las acciones públicas de estos dirigentes durante los últimos días transmiten con claridad que están considerando opciones alternativas al proyecto de reelección presidencial.

Bullrich, en su carácter de jefa del bloque oficialista en el Senado, fue quien protagonizó el acto de resistencia más visible. Cuando el mandatario expresó su deseo de que la candidatura de Michelli no fuera tratada, ella optó por abstenerse en la votación. Este gesto de desobediencia —que realizó junto a la senadora chaqueña Silvana Schneider, aparentemente bajo indicación de su gobernador— no fue un error o una confusión parlamentaria. Fue una señal política deliberada. Bullrich comprende que los medios de comunicación representan los intereses de los sectores empresariales que apoyan políticas de centro derecha, y que sus críticas a ciertos comportamientos presidenciales reflejan preocupaciones reales de su electorado de base. Cuando advierte que la relación entre el gobierno y estos actores se deteriora, prefiere distanciarse públicamente antes que ser identificada con decisiones que podrían afectar su futuro político.

El precedente histórico aquí es ilustrativo. En 2009, Sergio Massa renunció a su posición como jefe de gabinete durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En ese momento, el gobierno había experimentado derrotas electorales significativas, y Massa advirtió que la administración se dirigía hacia un conflicto con los medios de comunicación que le resultaría desfavorable. Eligió anticipar su salida antes de ser asociado con una batalla que parecía perdida de antemano. Bullrich está realizando un cálculo similar: los gobiernos son transitorios, pero los medios permanecen. Si la relación entre la presidencia y estos actores se torna antagónica, ella prefiere no estar en el bando que resultará aislado cuando cambien las circunstancias políticas.

Por su parte, Victoria Villarruel, en su rol de presidenta del Senado, operó de manera completamente distinta. Su conducción de la sesión en cuestión fue quirúrgica. Calculó con precisión que el intento de evitar el tratamiento de la candidatura de Michelli —impulsado por el senador Juan Carlos Pagotto— fracasaría. Sabía que el Poder Ejecutivo carrecería de los votos necesarios para que su pedido de no considerar el caso prosperara. Ante esa realidad, reorientó la táctica. Facilitó no solo que se tratara el caso de Michelli, sino que además se votaran los 70 pliegos de jueces que estaban bajo consideración, muchos de los cuales habían sido agregados en el último momento por decisión ministerial. Su manejo de la sesión permitió que todos estos casos obtuvieran aprobación, algunos con márgenes de dos tercios.

Este comportamiento de Villarruel no obedece a una lealtad inquebrantable, sino a un cálculo político propio. Ella está construyendo un proyecto político independiente para 2027, con tres opciones que considera plausibles: podría aspirar a encabezar el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, podría postularse a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, o podría presentarse como candidata presidencial. Su proyecto, tal como lo concibe, tiene una identidad propia: es federal, desarrollista y de orientación católica. En su visión, estas características la separan del gobierno actual, aunque actualmente ocupe la vicepresidencia. Al facilitar los trámites legislativos que el presidente deseaba evitar —mediante su capacidad de control del orden de los debates— Villarruel demuestra que posee un poder real que no depende de la voluntad presidencial. Tiene la capacidad de convertirse en un factor decisivo para cualquier candidatura presidencial en el futuro. Para Milei, esa posibilidad representa un riesgo potencial.

La debilidad disfrazada de mayoría legislativa

El gobierno enfrentaba durante la semana en cuestión la consideración de un proyecto de ley que denominó como "Inviolabilidad de la Propiedad". El nombre mismo resulta revelador: sugiere que este derecho estaría bajo amenaza en la Argentina, cuando en realidad la propiedad privada goza de protecciones legales robustas. Este tipo de iniciativa legislativa funciona de manera diferente a la legislación ordinaria. No busca primordialmente reglamentar una materia específica, sino proclamar la posición ideológica del gobierno ante sus bases electorales.

El mecanismo que utiliza este tipo de norma es característico de gobiernos que enfrentan dificultades para concentrar poder legislativo. Se combinan múltiples temas en una sola propuesta, mezclando disposiciones indudablemente populares con otras más controvertidas. El objetivo es que el rechazo a las segundas sea contrapesado por el apoyo a las primeras, permitiendo que el proyecto en su conjunto obtenga aprobación. La ley de Bases, sancionada meses atrás, siguió exactamente este modelo. El decreto de excepción número 70 de 2023 fue otro ejemplo de la misma estrategia.

En este caso específico, el proyecto de inviolabilidad de la propiedad fue sometido a un análisis detallado por parte de los bloques del oficialismo y sus aliados. Durante la noche anterior a su consideración, los asesores de estos bloques detectaron que la norma había sido significativamente "desfigurada" en comisiones legislativas. Disposiciones que eran centrales para los objetivos presidenciales —como la eliminación de la ley de barrios populares, que fue el punto de partida de la iniciativa— habían sido eliminadas o modificadas sustancialmente. Ante la perspectiva de debatir una norma cuya estructura había sido alterada más allá de lo tolerable, y considerando que la rebeldía de Bullrich respecto a Michelli había fracturado la cohesión del bloque oficialista, la decisión fue retirar el proyecto del debate.

Este retiro del orden del día fue solicitado mediante una cláusula reglamentaria específica, operada por el senador Agustín Coto. La maniobra buscaba evitar un error que había costado muy caro en la Cámara de Diputados en 2024. En esa ocasión, cuando se negoció la ley de Bases, se pidió su devolución a comisión para renegociar desde cero. El resultado fue la pérdida de aproximadamente dos tercios del contenido original. Esta vez, Coto utilizó un mecanismo que permitía diferir el debate sin enviar el proyecto nuevamente a comisión, preservando así su estructura y evitando una nueva negociación que probablemente resultaría en mayores pérdidas.

La arquitectura frágil de las negociaciones legislativas

Durante la legislatura anterior, los 39 senadores de la coalición gobernante no disponían de espacios institucionalizados para dialogar fluidamente con el gobierno. Las negociaciones ocurrían de manera desordenada, con funcionarios de segundo nivel ministerial concurriendo al Senado para tratar asuntos legislativos. La actual legislatura heredó una estructura mejorada. Existe una oficina, ubicada en el Palacio Legislativo, donde convergen los asesores de los distintos bloques que integran la coalición. Esta sede neutral permite que las negociaciones se desarrollen en términos más equilibrados, evitando la dinámica de "negociador presidencial versus senadores".

Esta oficina, heredada de la gestión del exsenador Víctor Zimmermann, que ahora funciona como superasesor de los bloques aliados, debería constituir una ventaja significativa para la administración. Permite que el gobierno dialogue con sus aliados desde una posición de igualdad relativa, facilitando acuerdos que respeten los intereses de múltiples partes. Los bloques de senadores, incluyendo los de Bullrich y Agustín Coto, han organizado equipos de asesores que trabajan coordinadamente con el equipo radical coordinado por Zimmermann. En teoría, esta estructura debería producir legislación que plasme consensos reales entre todas las fuerzas que apoyan al gobierno.

Sin embargo, en la práctica, el gobierno ha desperdiciado ampliamente esta ventaja. Durante las sesiones de los 74 jueces de la semana en cuestión, resultó evidente que distintos sectores de la administración competían entre sí por imponer sus candidatos preferidos o bloquear candidatos que rechazaban. No existía una mesa unificada de coordinación que estableciera claramente qué pliegos eran prioritarios, cuáles eran negociables y cuáles debían ser bloqueados. Esta fragmentación generó confusión, debilitó la posición negociadora del gobierno frente a los aliados, y terminó permitiendo aprobaciones que la administración había querido evitar. La falta de liderazgo interno —no solamente de la presidencia, sino de la estructura de coordinación legislativa— generó un caos que fue aprovechado por Villarruel para construir su propio espacio de poder dentro de la coalición.

Las implicancias electorales del presente conflictivo

Lo que está ocurriendo en el Senado no es simplemente una disputa institucional sobre nombramientos judiciales o iniciativas legislativas menores. Es un rearreglo de la coalición gobernante frente a la perspectiva de un nuevo ciclo electoral. En 2023, cuando Milei llegó a la presidencia, lo hizo porque la suma de votantes de La Libertad Avanza, el radicalismo, el PRO y otros sectores de centro derecha coincidieron en rechazar tanto el peronismo como la izquierda. Esos votos —que permitieron que el candidato libertario ganara la presidencia y que la coalición obtuviera mayoría legislativa en ambas cámaras— no están nuevamente garantizados.

Macri podría decidir presentar una candidatura propia en 2027, reclamando para el PRO un lugar protagónico que siente que actualmente no posee. Bullrich podría encabezar una lista alternativa, especialmente si percibe que su influencia dentro del gobierno ha disminuido. Villarruel podría competir directamente por la presidencia, presentando un proyecto que se diferencia del actual aunque compartan un pasado común. Cada uno de estos escenarios traería consigo una fragmentación del electorado de centro derecha, debilitando así las posibilidades de continuidad del proyecto presidencial.

El gobierno es consciente de este riesgo. Por esa razón, insiste constantemente en la necesidad de la reelección presidencial, enmarcando el debate futuro en términos de amenaza versus salvación: reeleger al presidente sería evitar el retorno de sus adversarios políticos. Sin embargo, esta estrategia tiene un límite. No es posible mantener unida una coalición basada únicamente en el miedo al adversario. En algún momento, esa coalición necesita resolver qué beneficios concretos obtiene cada uno de sus integrantes de la asociación con el gobierno. Si Bullrich percibe que ser leal le cuesta poder político y acceso a los medios. Si Villarruel siente que puede construir un proyecto político alternativo. Si Macri considera que su influencia está siendo marginada. Entonces la coalición comenzará a fragmentarse, no por capricho, sino por lógica política básica.

Perspectivas sobre lo que vendrá

Los próximos meses determinarán si el gobierno logra reconstruir los puentes dañados con sus aliados, o si por el contrario la fragmentación continúa profundizándose. Una opción consiste en que la administración modifique su estilo de conducción política, buscando construir consensos genuinos con los aliados en lugar de esperar obediencia automática. Esto requeriría ceder en ciertas prioridades presidenciales, reconocer el poder real que poseen estos aliados, e incorporarlos de manera más sustantiva en la toma de decisiones.