Hace poco más de dieciocho meses, Pluspetrol sorprendió al mercado energético nacional cuando cerró la adquisición de un paquete accionario en Vaca Muerta perteneciente a Exxon Mobil. La operación, valuada en 1.700 millones de dólares, marcó un punto de quiebre para la compañía que conduce Edith Rodríguez, la empresaria más adinerada del país con un patrimonio que ronda los 3.000 millones de dólares. Ahora, la petrolera da un nuevo paso estratégico al presentar ante las autoridades nacionales una solicitud de inclusión en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que blindaría económicamente nuevos desembolsos por la nada despreciable suma de 12.000 millones de dólares destinados a expandir su operatoria en el bloque Bajo del Choique – La Invernada.

El movimiento es simultáneamente audaz y pragmático. Pluspetrol, que hasta hace poco era fundamentalmente una compañía con raíces sudamericanas pero con epicentro productivo en Perú —donde concentraba el 53% de su producción en asocio con Tecpetrol en el yacimiento convencional de Camisea, ubicado en plena selva amazónica—, apunta ahora a reconfigurar su posicionamiento estratégico mediante una apuesta mayúscula por la Argentina. La solicitud de adhesión al RIGI representa, en términos concretos, la materialización de una visión empresarial que busca transformar a la compañía en uno de los grandes actores del sector hidrocarburífero nacional.

Un plan ambicioso de expansión con horizontes claros

Los números que Pluspetrol proyecta para los próximos años resultan ciertamente imponentes. La empresa y su socio Gas y Petróleo (GyP), con base en Neuquén, se han trazado como objetivo alcanzar una producción de 100.000 barriles diarios para el año 2029. Para lograr esta meta, el plan contempla la construcción de cuatro plantas de procesamiento, el tendido de ductos de evacuación que faciliten el transporte, además de la perforación de más de seiscientos pozos nuevos. Todo este despliegue está programado para ejecutarse en un horizonte temporal de veinticinco años, lo que implica una inversión secuencial y sostenida.

En su comunicación oficial, la empresa describe este proyecto como un catalizador del crecimiento energético equilibrado en la región. Según los términos utilizados por la compañía, se trata de materializar "inversiones ejecutadas de forma eficiente y responsable" que contribuyan a potenciar "el crecimiento energético sostenible, con consecuencias positivas tanto en lo económico como en lo social, generando beneficios para los habitantes y toda la cadena de valor de Rincón de Los Sauces y la zona norte neuquina". La retórica corporativa enfatiza que esta iniciativa constituirá "un hito trascendental en la evolución de Pluspetrol" al permitirle "multiplicar su producción, consolidándose de este modo entre los mayores productores petrolíferos y gasíferos del territorio nacional".

El contexto político y económico que acelera las decisiones

Es imposible desvinculular esta decisión empresarial del marco político y regulatorio que rodea al Gobierno de Javier Milei. Hace aproximadamente dos meses, la administración nacional expandió el alcance del RIGI para incluir específicamente a la exploración y producción de hidrocarburos no convencionales (conocido como segmento Upstream), estableciendo un piso de inversión mínima de 600 millones de dólares. Esta ampliación no formaba parte del proyecto original de la Ley Bases ni estaba contemplada en su reglamentación inicial, representando una concesión específica a los intereses del sector energético.

El régimen de incentivos permanecerá abierto para recibir nuevas presentaciones hasta comienzos de julio del año 2027. Esta ventana temporal funciona como un factor de presión psicológica y económica sobre los empresarios del ramo: la incertidumbre electoral —existe la posibilidad tangible de que Milei no logre reelección y retorne a la presidencia una administración menos afín a los intereses empresariales— está acelerando la toma de decisiones de los grandes operadores. Al amparo del régimen vigente, tanto la inversión como determinadas ganancias gozan de protecciones específicas en materia tributaria y cambiaria, convirtiéndolo en un escudo jurídico valioso para proyectos de largo plazo.

Pluspetrol ya ocupa la cuarta posición en el ranking de operadores petroleros del país, por detrás de YPF, PAE y Vista Oil & Gas. Su decisión de presentarse al RIGI y de estructurar esta ambiciosa expansión refleja una confianza relativa en la continuidad de este marco institucional, pero también constituye una jugada calculada frente a posibles cambios de orientación política en el corto y mediano plazo. Los empresarios están contra el reloj para asegurar los beneficios antes de que el panorama político pueda transformarse.

En síntesis, Pluspetrol afronta un momento decisivo en su trayectoria corporativa. La compra de activos de Exxon Mobil hace dieciocho meses representó el punto de partida; la solicitud de RIGI por doce mil millones de dólares marca ahora la consolidación de una apuesta estratégica por convertirse en un jugador de primera magnitud en el mercado energético argentino. Si logra ejecutar este plan con la eficiencia que promete, la empresa comandada por Rodríguez podría redistribuir significativamente el mapa productivo nacional y reposicionar su relevancia corporativa global hacia América del Sur, particularmente hacia la Argentina que lidera el boom del shale.