La desregulación de la navegación fluvial argentina pasó de ser un proyecto técnico a una prioridad política de primer orden. Durante una exposición ante cerca de 800 personas en un congreso especializado de economía y finanzas, el titular de la cartera de Desregulación no dudó en interrumpir su presentación de leyes para dirigirse directamente a dos gobernadores presentes en la sala, solicitándoles explícitamente que respalden una iniciativa legislativa destinada a liberar el tránsito en los ríos del país. Lo que podría haber permanecido en el ámbito técnico-burocrático adquirió entonces dimensiones políticas concretas, revelando la complejidad detrás de un proceso que requiere consensos multijurisdiccionales.
El funcionario identificó a Raúl Jalil, gobernador de Catamarca, y en un acto de espontaneidad política le advirtió que necesitaría sus votos en el Congreso Nacional. La estrategia fue directa: recordarle que legisladores de su provincia ya habían apoyado iniciativas previas como la Ley de Glaciares, por lo que resultaba esperable que continuaran en esa línea. Seguidamente, dirigió idéntico requerimiento a Juan Valdés, mandatario de Corrientes, haciendo mención a recomendaciones que habría recibido de la dirección de tránsito fluvial de esa jurisdicción. Estos intercambios públicos evidenciaban que la administración nacional consideraba insuficiente el trabajo legislativo tradicional y buscaba reforzarlo mediante presiones directas a las autoridades provinciales con capacidad de influencia sobre sus bancadas parlamentarias.
El telón de fondo: una Hidrovía en disputa y exportaciones estratégicas
Detrás de estos anuncios públicos se encuentra un escenario de grandes proporciones financieras. El gobierno se encuentra en pleno proceso de licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay, una iniciativa sobre la cual reposan 30.000 millones de dólares en juego. Por esta vía fluvial circula aproximadamente el 80 por ciento de las exportaciones argentinas, incluyendo productos como soja, diversos granos y minerales raros que representan ingresos fundamentales en la balanza comercial del país. La propuesta de liberalizar la navegación busca, en términos del discurso oficial, reducir costos de operación y mejorar la competitividad de estos productos en mercados internacionales. Según los cálculos presentados, una desregulación en el cabotaje tendría un impacto equivalente a una reducción de ocho puntos en las retenciones a las exportaciones, lo que permitiría a los productos argentinos competir de manera más efectiva contra productores asiáticos, particularmente China.
Esta iniciativa no representaba un terreno virgen para la administración nacional. Ya en el transcurso de 2025, el Ejecutivo había intentado avanzar sobre el cabotaje marítimo mediante el Decreto 340/2025, el cual habilitaba a buques extranjeros a operar por un período de 180 días con posibilidades de prórroga. Sin embargo, el Congreso Nacional revirtió esa decisión, y el gobierno debió replegarse, autorizando tales operaciones únicamente en contextos donde no existiera disponibilidad de naves de bandera nacional. Este revés legislativo sugería que los cambios en materia de navegación requerían una aprobación más sólida y que la vía de los decretos presentaba vulnerabilidades políticas. De allí que Sturzenegger optara por recurrir a una estrategia de presión directa sobre gobernadores influyentes, intentando construir una coalición legislativa que blindara la futura ley.
Un ecosistema de reformas que trasciende lo fluvial
La iniciativa sobre navegación fluvial no operaba de manera aislada dentro del programa de gobierno. Durante su intervención, el ministro actualizó el catálogo de proyectos legislativos en diferentes etapas de tramitación. Mencionó la denominada Ley Hojarasca, concebida para derogar aproximadamente 70 leyes consideradas obsoletas o restrictivas del funcionamiento económico. Señaló asimismo la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, remitida al Congreso en marzo de ese año, cuya finalidad abarcaba múltiples aspectos: permitir desalojos expeditivos ante ocupaciones de inmuebles, limitar la capacidad estatal de expropiar terrenos y facilitar la adquisición de tierras por inversores extranjeros. Como novedad de la jornada, anticipó un proyecto de Ley de Defensa de la Competencia que habilitaría a las autoridades para litigar en aquellas situaciones donde nuevos competidores encuentren barreras infranqueables para ingresar a determinados mercados. Anunció además una Ley de Reforma del Estado, cuya intención apuntaba a reflotar decretos que habían sido bloqueados durante el año anterior, una vez que las facultades delegadas al Ejecutivo fueron revocadas por decisión parlamentaria.
Pero quizás el anuncio más disruptivo fue el relativo a una Ley de Sociedades destinada a modernizar el régimen legal empresarial vigente. Esta reforma incluiría la creación de marcos jurídicos para constituir sociedades de inteligencia artificial, inspirados en modelos internacionales como el de Irlanda. Sturzenegger formuló una proyección que rayaba en lo visionario: la posibilidad de que 50 millones de agentes de inteligencia artificial operaran en territorio argentino, generando valor agregado para mercados globales mientras tributaran en el país. Esta propuesta simbolizaba un enfoque que iba más allá de la desregulación tradicional, adentrándose en territorio de reimaginación normativa para fenómenos tecnológicos sin precedentes. El funcionario conectaba implícitamente estas medidas con una estrategia de atracción de inversión extranjera, citando como ejemplo las inversiones forestales por 10.000 millones de dólares que proyectaba movilizar la reforma de la ley de tierras.
En paralelo, Sturzenegger reivindicó públicamente los logros fiscales alcanzados hasta ese momento: mantenimiento del superávit presupuestario, reducción de cargas impositivas y la implementación de aproximadamente 15.000 desregulaciones destinadas a favorecer al sector privado. Comparó indicadores macroeconómicos del cuarto trimestre de 2023 con los del mismo período de 2025, destacando un crecimiento del 5 por ciento en el PBI, 10 por ciento en el consumo y 40 por ciento en las exportaciones. No obstante, reconoció un punto débil: la inversión privada no había experimentado la expansión esperada, achacándolo a una caída del 16 por ciento en la construcción, sector que explicaba en parte la inercia inversora general. Este balance revelaba un cuadro económico desigual, donde algunos sectores respondían favorablemente a los estímulos mientras otros permanecían rezagados.
Tensiones sectorialsticas y el camino legislativo por delante
La agenda de liberalización de navegación no carecía de resistencias. Los sectores vinculados a la Marina Mercante habían expresado inquietud respecto de iniciativas que afectaran la circulación de embarcaciones en ríos compartidos con países vecinos. Sturzenegger también anunció modificaciones al régimen de practicaje y pilotaje en puertos y vías fluviales, cambios que impactarían directamente sobre profesionales y empresas especializadas cuyo modelo de negocio dependía del status quo regulatorio. La presión directa sobre gobernadores sugería que el gobierno anticipaba resistencias en el Congreso y buscaba contar con aliados fuertes en las provincias productoras, aquellas cuyos legisladores podrían verse tentados a respaldar medidas que prometían reducir costos en la cadena de exportación de sus principales productos.
El cronograma previsto para la remisión al Congreso del proyecto sobre navegación fluvial se situaba entre mayo y junio, lo que indicaba que el trabajo legislativo se encontraba en etapas avanzadas de elaboración. La estrategia de Sturzenegger de convertir una charla técnica en un acto de presión política constituía un mensaje claro: la administración no confiaba exclusivamente en la persuasión técnica ni en los canales legislativos tradicionales, sino que apelaba a la construcción de consensos políticos directos con actores provinciales de peso. Esta maniobra también servía para visibilizar ante otros gobernadores que la coalición de apoyo se estaba estructurando, generando presión por homogeneización: si Catamarca y Corrientes respaldaban la iniciativa, otros gobiernos provinciales dependientes de exportaciones fluviales podrían verse impelidos a sumarse.
Finalmente, cabe considerar que este conjunto de iniciativas legislativas —desde la navegación fluvial hasta las sociedades de inteligencia artificial— representa una visión integral sobre la transformación institucional que la administración busca implementar. No se trata simplemente de medidas económicas aisladas, sino de un proyecto de resignificación del marco legal argentino orientado a reducir costos transaccionales, atraer inversiones externas y posicionar al país como destino de operaciones globales. Las consecuencias de este camino dependerán tanto de la capacidad legislativa del gobierno para consolidar sus mayorías como de las dinámicas que se desplieguen en el sector privado una vez que las restricciones normativas sean removidas. Es posible que algunas medidas generen efectivamente reducción de costos y aumento de competitividad en sectores exportadores, mientras que otras enfrenten fricciones derivadas de cambios en estructuras de poder establecidas, generando ganadores y perdedores dentro de la economía nacional. La presión sobre gobernadores constituye, en este contexto, un indicador del nivel de incertidumbre política que rodea estas iniciativas.
