La provincia más austral del país enfrenta una encrucijada económica que la empuja hacia decisiones que parecían impensables hace apenas meses. Tierra del Fuego atraviesa una crisis de empleo sin precedentes en su sector industrial, con pérdidas superiores al 45% en la dotación de personal del régimen de promoción que durante cinco décadas sostuvo su economía. Ante este escenario de deterioro acelerado, el gobernador Gustavo Melella ha modificado su posición original y busca anclar a la provincia en el RIGI, el controvertido régimen de grandes inversiones que tiempo atrás rechazaba categóricamente. Lo que cambió no fueron los principios políticos del mandatario, sino la realidad económica que lo rodea: miles de empleados sin trabajo, empresas cerrando sus puertas y un déficit fiscal que crece como mancha de aceite en los balances provinciales.
Del rechazo categórico a la búsqueda de adhesión
Cuando Melella asumió una posición crítica respecto del RIGI, hace poco más de un año, su argumento no carecía de fundamentos políticos e ideológicos. Como gobernador opositor al Gobierno nacional, su resistencia inicial parecía parte de una estrategia coherente. Sin embargo, la realidad sobre el terreno terminó siendo más elocuente que cualquier declaración pública. Durante el acto inaugural de las sesiones ordinarias del Parlamento fueguino en marzo del año en curso, Melella anunció que enviaría un proyecto de ley para ingresar al régimen. El viraje llegó acompañado de un relato de convencimiento progresivo: el mandatario provincial señaló que fue estudiando la propuesta junto a economistas especializados, entre ellos Martín Redrado y Miguel Peirano, hasta arribar a la conclusión de que el RIGI podría representar una oportunidad para atraer inversiones en sectores alternativos a la industria manufacturera tradicional.
El giro de posición no fue un cambio traumático ni abrupto, sino más bien un reconocimiento de una situación que se tornaba cada vez más insostenible. Melella argumentó que empresas del territorio le solicitaban la adhesión al régimen, y que esto validaba la estrategia de explorar nuevos horizontes económicos. La Legislatura comenzó a discutir la iniciativa la semana anterior, obtuvo dictamen en comisión, y tenía previsto abordarlo en sesión plenaria el jueves siguiente a esa semana. Se trata de un proyecto presentado por el bloque de La Libertad Avanza, que cuenta con el respaldo explícito del gobernador, quien afirmó públicamente que su administración acompañaba la medida sin reservas.
El colapso de un modelo industrial que resistió décadas
El régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego no es un invento reciente. Establecido por ley nacional hace 54 años, fue concebido como herramienta para poblar y desarrollar económicamente una región estratégica pero postergada. Durante casi cinco décadas, el esquema cumplió su función: atrajo industrias, generó empleo, pobló las ciudades de Ushuaia y Río Grande, y transformó la provincia en una de las regiones con mejor desempeño laboral relativo del país. Pero ese modelo entró en crisis cuando las políticas de apertura comercial aceleraron la importación de bienes manufacturados que competían directamente con la producción local.
Los números reflejan una catástrofe de proporciones considerables. En apenas doce meses, Tierra del Fuego perdió 3.600 empleos formales asalariados, lo que representa una caída del 9,8% en el empleo formal. La cifra absoluta pasó de 36.500 trabajadores a 32.900 en el mismo período. Si se compara con el momento en que asumió el Gobierno nacional, las pérdidas ascienden a 5.000 puestos de trabajo. Dentro del régimen de promoción industrial específicamente, el deterioro fue aún más severo. El subsector textil, históricamente importante en la región, experimentó un colapso casi total: de diez empresas que operaban bajo el esquema impositivo especial, apenas dos permanecen en funcionamiento. La industria electrónica, otro pilar de la economía fueguina, también vio reducirse su planta de personal, aunque sin despidos masivos tan visibles. En su lugar, la reducción de dotación se produce por no renovación de contratos y jubilaciones que no se reemplazan.
Una particularidad demográfica de Tierra del Fuego agrava el impacto de estas pérdidas. Según análisis especializados, el conglomerado urbano formado por Ushuaia y Río Grande concentra el porcentaje más alto de empleo formal asalariado del país: el 83% de la población económicamente activa trabaja como asalariado formal, mientras que solo el 13,4% es cuentapropista. Esta estructura contrasta radicalmente con provincias como Formosa, donde el 63% son asalariados y el 34% trabaja por cuenta propia. La dependencia de empleo formal en Tierra del Fuego implica que una crisis en ese segmento genera desempleo directo y prácticamente no hay un colchón de autoempleo que absorba parte del desajuste. Esto explica por qué las pérdidas de puestos de trabajo se traducen inmediatamente en mayor pobreza y presión sobre las finanzas públicas.
Las cuentas públicas en rojo y las apuestas por nuevos sectores
El impacto fiscal es tan profundo como el laboral. Tierra del Fuego pasó de registrar un superávit presupuestario holgado a mediados de 2024 a mostrar un déficit financiero equivalente al 16% de sus ingresos provinciales. Este deterioro acelerado de las arcas públicas se refleja en dificultades concretas: a finales del año anterior, en medio de la crisis de pagos, el gobernador debió solicitar a las empresas del régimen industrial que adelantaran impuestos provinciales, logrando recaudar 2.300 millones de pesos. Se trata de un mecanismo de emergencia que ilustra el nivel de urgencia fiscal que experimenta la administración provincial.
Ante esta realidad, la estrategia de Melella consiste en diversificar la base económica provincial mediante el RIGI. El gobernador mencionó explícitamente que la provincia busca atraer inversiones en hidrocarburos, energía eléctrica, y potencialmente en acuicultura, sectores donde Tierra del Fuego posee recursos naturales considerables. La única excepción que plantea es la minería, prohibida por la Constitución provincial. Este enfoque representa una apuesta por sectores de mayor rentabilidad y escala que las manufacturas tradicionales, aunque también implica un cambio fundamental en el modelo productivo territorial. La inauguración de un parque eólico de la empresa francesa TotalEnergies en Río Cullen, a 130 kilómetros de Río Grande, sirvió como escenario simbólico para que Melella refirmara su apoyo al nuevo curso de acción.
El contexto político complejo que rodea la decisión
La búsqueda de adhesión al RIGI no ocurre en un vacío político. El gobernador Melella, cuyo origen partidario es el movimiento FORJA de raíz radical, ha experimentado tensiones crecientes con sectores del peronismo que hasta hace poco constituían sus aliados. La situación se agravó recientemente cuando la Legislatura, de mayoría peronista, derogó la ley que convocaba a la reforma de la Constitución provincial, una iniciativa impulsada por el Ejecutivo. Este conflicto refleja una ruptura más profunda con La Cámpora, la agrupación que había constituido un apoyo relevante para la administración Melella en su vinculación con el kirchnerismo.
En este escenario de fragilidad política, la adhesión al RIGI adquiere una dimensión adicional. El proyecto es impulsado por el bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura, lo que significa que Melella está buscando apoyo en la bancada nacional para avanzar con una iniciativa que enfrenta resistencia desde su propio espacio político tradicional. El gobernador afirmó públicamente que su bloque acompaña plenamente la medida, pero la realidad es que la geografía política local presenta grietas y realineamientos que no existían hace meses. La necesidad económica, sin embargo, parece estar por encima de las consideraciones partidarias.
Perspectivas y posibles trayectorias de la decisión
La aprobación de la adhesión al RIGI en Tierra del Fuego abre múltiples escenarios posibles. Por un lado, la provincia podría efectivamente atraer inversiones significativas en sectores como energías renovables, extracción y procesamiento de hidrocarburos, o acuicultura, lo que generaría nuevos empleos y diversificaría la base económica territorial. Los beneficiarios potenciales de esta estrategia incluirían tanto a inversores que buscan oportunidades rentables como a trabajadores que recuperarían acceso a puestos de empleo. Por otro lado, existe el riesgo de que el RIGI no genere la atracción de inversiones esperada, o que la genere a una escala insuficiente para compensar las pérdidas en el sector industrial tradicional. En ese escenario, Tierra del Fuego habría modificado su marco regulatorio sin obtener ganancias significativas. Finalmente, hay quienes argumentan que la adhesión al RIGI podría consolidar un modelo de concentración de ingresos en grandes corporaciones sin beneficios distributivos para la población trabajadora. Lo cierto es que la provincia se encuentra en un punto de inflexión donde las decisiones tomadas en estos meses determinarán trayectorias económicas y sociales para años venideros.
