Un fallo judicial que descongelará décadas de conflictividad municipal abrió esta semana una puerta que llevaba bloqueada desde el siglo pasado. La cadena de supermercados Coto obtuvo la habilitación para reanudar los trabajos en un predio de más de 293 mil metros cuadrados ubicado en Isidro Casanova, sobre la Ruta Nacional 3, donde apenas alcanza el 45% de avance tras una historia de clausuras intermitentes que se extiende desde 2010. Lo que comenzó como un proyecto de fin de siglo —cuando la empresa adquirió el terreno el 8 de julio de 1998— se transformó en una de las obras más emblemáticas del conflicto entre grandes inversores privados y gestión municipal en el conurbano. El juez Federico Gallo Quintián, a cargo del juzgado en lo Contencioso Administrativo de La Matanza, decidió esta semana otorgar el permiso para continuar, aunque la viabilidad efectiva del proyecto y sus plazos reales aún permanecen en la incertidumbre.
El contexto que rodea esta construcción es inseparable de la trayectoria institucional de ambas partes. En 1998, cuando Argentina gozaba de la convertibilidad y el consumo de bienes importados se multiplicaba, Coto logró que el Concejo Deliberante aprobara la ordenanza 845, documento habilitante para un proyecto ambicioso: un Centro Comercial cubierto que integraría hipermercado, paseo de compras, patio de comidas, áreas de entretenimiento, salas de cine y estacionamiento. Todo sobre un mismo nivel, una configuración que los promotores vendían como modernidad. La pala comenzó a mover tierra a fines de 1999, pero la recesión que golpeó la economía argentina apenas unos años después interrumpió los trabajos casi de inmediato. Durante más de una década el terreno permaneció como un esqueleto de hormigón y hierro, testimonio silencioso de ambiciones interrumpidas. Coto intentó retomar el proyecto en 2010, ya con Fernando Espinoza al frente de la intendencia matancera, pero encontró una administración con otra visión sobre qué debería ocupar ese espacio estratégico.
El pulso administrativo: clausuras sucesivas y una batalla legal sin fin
Lo que siguió fue un patrón repetitivo de intentos y obstáculos. En agosto de 2010, apenas meses después de que Coto presentara los papeles para continuar, la Municipalidad clausuró las obras. La empresa reaccionó con recursos legales y logró acceder nuevamente en 2012, período en el que alcanzó un 15% adicional de avance. Las clausuras volvieron, acompañadas por medidas cautelares a favor de la empresa que generaban ventanas de operación temporal. Hasta que en marzo de 2013 la Municipalidad argumentó una postura que definió el siguiente ciclo: afirmó que las modificaciones realizadas en el proyecto original convertían la construcción en una obra nueva, por lo tanto sujeta a un proceso de aprobación completo desde cero. Desde esa fecha hasta esta semana, prácticamente nada cambió en el terreno. Trece años de parálisis administrativa mientras la zona se transformaba alrededor del predio inmóvil.
La estrategia comunicacional de Coto durante este período incluyó momentos de visibilidad pública significativa. En abril de 2020, cuando la pandemia de coronavirus apenas comenzaba en Argentina, Alfredo Coto —el propietario del holding— se presentó personalmente frente a la sucursal de Ramos Mejía para protestar por una segunda clausura del local, episodio que algunos interpretaron como una demostración de fuerza política. En esa oportunidad, ante las cámaras de televisión, Coto caracterizó la situación como "persecución política" y afirmó que la intendencia mantenía el proyecto comercial más grande de La Matanza "clausurado hace 30 años, rodeado por la policía". Argumentó que había contado con apoyo de otros municipios de la región y que los conflictivos con la administración local trascendían la cuestión del centro comercial. El tono de la disputa, lejos de ser meramente burocrático, evidenciaba fracturas políticas más profundas entre el sector privado local y la conducción municipal.
Argumentos encontrados: empleo versus cambios urbanísticos y ambientales
Ahora, con el fallo de primera instancia en la mano, ambos actores esgrimen justificaciones contrapuestas sobre qué es lo correcto para Isidro Casanova. Coto destaca que la reapertura del proyecto generaría más de 1.000 puestos de trabajo directo además de empleos indirectos derivados. La empresa también subraya que ha invertido más de 80 millones de dólares en el proyecto y que simplemente necesita que se le permita concluir lo iniciado. Desde el lado corporativo, se argumenta que este tipo de equipamientos comerciales dinamizan economías locales y generan recaudación impositiva para las municipalidades.
La Municipalidad, por su parte, esgrime tres argumentos principales para mantener su posición adversa, que ya anticipó traducirá en una apelación del fallo. Primero, sostiene que La Matanza es "urbanísticamente otra" en comparación con 1998, cuando se aprobó el proyecto original. El plano que presentó Coto, argumentan desde el municipio, ha caducado simplemente por el paso del tiempo y por los cambios en la normativa de construcción que toda ciudad experimenta. Segundo, señalan que no existe estudio de impacto ambiental actualizado que respalde la construcción, aspecto crítico considerando que el predio se encuentra adyacente al Hospital Paroissien. Tercero, remarcan una función que el terreno ha adquirido de hecho durante estos años: su rol como regulador hidráulico natural para la zona. A medida que La Matanza se densificó urbanísticamente, los grandes espacios vacíos se convirtieron en depósitos naturales de agua durante precipitaciones intensas, aspecto que cobra relevancia en un contexto de cambio climático con episodios de lluvia cada vez más concentrados. Adicionalmente, la Municipalidad señala preocupación por el impacto sobre los comercios de menor escala ya establecidos en los alrededores, un sector que históricamente ha visto amenazada su viabilidad por la competencia de grandes superficies.
La respuesta política al fallo no tardó en manifestarse. Dirigentes del espacio libertario utilizaron la resolución judicial para criticar lo que denominan "abuso de los municipios" y trabas innecesarias al sector privado. La diputada nacional Karen Reichardt publicó en redes sociales que "después de 15 años de trabas y clausuras, la Justicia le puso un freno al abuso", mientras que Alejandro Finocchiaro, legislador nacional y excandidata a intendente de Juntos por el Cambio, utilizó la ocasión para criticar lo que caracterizó como obstaculización sistemática de actividades privadas por parte de gobiernos municipales con "ideales socialistas". Estos posicionamientos trasformaron el caso de Coto en un símbolo más amplio dentro de debates sobre la relación entre Estado y sector privado.
Incertidumbres prácticas pese al fallo favorable
Aunque el fallo habilita legalmente la continuación de los trabajos, existen múltiples incertidumbres que rodean la viabilidad inmediata del proyecto. La empresa aclaró que debe evaluar el estado actual de las estructuras construidas hace más de dos décadas, un proceso que estima podría demandar entre seis meses y un año. Esto quiere decir que incluso si el fallo queda firme —es decir, si la apelación que anticipó la Comuna no prospera o si la justicia la rechaza— la concreción de la obra requeriría períodos adicionales de análisis técnico. Además, está pendiente la resolución de la apelación municipal, proceso que podría extender nuevamente el conflicto mientras los tribunales continúan deliberando.
Las implicaciones de este fallo trascienden el caso específico de Coto y el predio de Isidro Casanova. Por un lado, sienta un precedente sobre los límites del poder municipal para modificar permisos otorgados décadas atrás sin que medie una reforma legal explícita que derogu ordenanzas anteriores. Por otro lado, plantea interrogantes sobre la capacidad de gobiernos locales para adaptar sus territorios a nuevas realidades urbanísticas y ambientales cuando existe inversión privada previa. La resolución también refleja tensiones contemporáneas entre modelos de desarrollo urbano: ¿es viable mantener la prohibición de grandes superficies comerciales en contextos de densificación urbana, o estas dinámicas son inevitables? ¿Cómo se pesan los beneficios de generación de empleo contra preocupaciones por impacto ambiental e incidencia en comercios tradicionales? Las próximas decisiones judiciales, en caso de apelación, contribuirán a definir respuestas a estas preguntas que exceden el caso particular.
