La geografía de los grandes proyectos de infraestructura en Argentina volvió a reescribirse esta semana. La decisión de quién construiría uno de los tramos más críticos de la cadena de exportación de gas natural licuado hacia mercados globales fue resuelta en favor de actores que, aunque con trayectoria probada, no figuraban entre los nombres que dominaban las licitaciones petroleras de los últimos años. Este giro en las adjudicaciones tiene implicancias que trascienden lo meramente comercial: marca el fin de una cierta concentración de poder en la construcción de megaobras y abre interrogantes sobre la competitividad del sector industrial local frente a propuestas foráneas.

El consorcio Southern Energy, responsable del proyecto de exportación de Gas Natural Licuado a escala sin precedentes en el país, otorgó la construcción de tres tramos troncales del gasoducto de casi 500 kilómetros a la dupla conformada por la constructora argentina Víctor Contreras y la empresa italiana SICIM. La oferta presentada por esta alianza rondó los 530 millones de dólares, cifra que resultó considerablemente más competitiva que la presentada por el consorcio que integraban Techint y SACDE. Según información disponible, la diferencia de precio alcanzó aproximadamente 80 millones de dólares a favor de los ganadores, representando un ahorro de alrededor del 15 por ciento en los costos totales de este segmento de obra.

La derrota estratégica de grandes jugadores

Lo que algunos observadores de la industria caracterizaban como la "continuidad natural" de negocios no se concretó. Tanto Techint como el grupo SACDE —vinculado a la familia Mindlin— habían consolidado una presencia casi monopólica en los grandes proyectos de la región patagónica durante el último lustro. Estas firmas habían ejecutado el gasoducto inicial de Vaca Muerta en 2023, la ampliación de Oleoductos del Valle durante 2024, y se encontraban en las etapas finales de conclusión del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur. Su experiencia acumulada, conocimiento del terreno y disponibilidad de recursos parecían colocarlas en posición de ventaja para continuar participando en la siguiente ola de inversiones en la zona.

Sin embargo, la licitación reveló que ni la experiencia previa ni la reputación consolidada garantizan la continuidad en un mercado donde el factor precio sigue siendo determinante. La pérdida de esta obra se suma, para el caso de Techint, a un revés anterior aún más significativo en términos de volumen de negocios: la fabricación de los tubos que conformarán el gasoducto fue adjudicada a Welspun, una empresa india, dejando fuera a la multinacional de Paolo Rocca. Esta combinación de fracasos en licitaciones relacionadas con un mismo megaproyecto sugiere un patrón que va más allá de simples fluctuaciones mercadiles.

También participó en la contienda una unión transitoria que agrupaba a Pumpco —la constructora de los hermanos Mas, dueños del club Inter Miami donde actúan campeones mundiales como Leo Messi y Rodrigo de Paul—, la italiana Bonatti y la local Contreras Hermanos. Esta alianza quedó por debajo en la clasificación, sumando a Pumpco otra derrota consecutiva en licitaciones petroleras domésticas. La firma extranjera acumula fracasos previos en la puja por la reversión del gasoducto Norte y en la adjudicación del VMOS, consolidando una racha de exclusión de los mayores proyectos energéticos del país.

Otros ganadores y dinámicas del mercado

Paralelamente, la instalación de la planta compresora quedó en manos de Oilfield Production Services (OPS), empresa cuya propiedad pertenece a Carlos Pérez, empresario con intereses diversificados en la región —es dueño del diario Río Negro— y con creciente protagonismo en negocios radicados en Neuquén. Esta firma ganó la licitación de la planta compresora por aproximadamente 95 millones de dólares, superando en la contienda a SACDE, BTU, Pecom —histórica empresa petrolera de la familia Pérez Companc— y Contreras Hermanos. La planta compresora, que se instalará en el kilómetro 80 del recorrido del gasoducto, contará con una potencia de 46.000 caballos de fuerza, componente tecnológico crucial para el funcionamiento integral del sistema de transporte.

El gasoducto en cuestión, licitado a través del vehículo de inversión San Matías Pipeline, recorrerá una distancia que conecta Tratayén, ubicado en el corazón del yacimiento de Vaca Muerta en Neuquén, hasta el Golfo San Matías en Río Negro. Su capacidad de transporte alcanzará 27 millones de metros cúbicos diarios de gas natural, infraestructura que funcionará como columna vertebral de un proyecto de exportación sin precedentes en escala para Argentina. El costo total de la obra completa, incluyendo trabajos que no formaron parte de esta licitación específica, ronda los 1.300 millones de dólares. Este presupuesto representa apenas una fracción del desembolso total que realizará el consorcio: la inversión agregada en todo el proyecto alcanzará 15.000 millones de dólares en las próximas décadas, con 2.441 millones comprometidos hasta abril de 2027.

El ecosistema del consorcio ganador y sus alcances

Southern Energy es un consorcio integrado por actores de diversas nacionalidades y con distintos roles en la cadena de valor energética. Pan American Energy, controlada por la familia Bulgheroni, participa con el 30 por ciento de participación accionaria. YPF, la petrolera estatal, aporta el 25 por ciento. Pampa Energía —firma vinculada a los Mindlin y socios estratégicos— integra el consorcio con 20 por ciento del capital. Harbour Energy, de capitales británicos con inversores germanos, contribuye con 15 por ciento. Finalmente, Golar LNG, empresa noruega propietaria de la flota de buques gasíferos, completa la estructura con 10 por ciento de participación. Esta composición accionaria refleja la naturaleza compleja de los megaproyectos energéticos modernos, donde se requiere confluencia de expertise técnica, acceso a financiamiento, capacidad logística internacional y respaldo estatal.

El marco regulatorio que ampara el proyecto es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), dispositivo que ha funcionado como catalizador para la canalización de inversión extranjera directa en sectores considerados estratégicos. El proyecto posee los beneficios inherentes a este régimen durante toda su vida útil, lo que implica estabilidad regulatoria y previsibilidad fiscal para los inversores. Las obras de construcción del gasoducto iniciará alrededor de la mitad del presente año y deberán estar operativas hacia junio de 2028, fecha que coincide con la llegada prevista del buque de licuefacción de gas natural MK II, actualmente en proceso de reconversión en astilleros chinos. A partir de la primavera de 2027, el consorcio comercializará gas licuado mediante el buque Hilli Episeyo, que culminará un contrato en Camerún durante este año y seguirá un proceso de adecuación en astilleros singapurenses antesde arribar a la Argentina. Con ambas unidades flotantes operativas simultáneamente, la capacidad de licuefacción ascenderá a 6 millones de toneladas métricas anuales —equivalente a 27 millones de metros cúbicos diarios de gas natural— magnitud que representa aproximadamente el 20 por ciento de la producción nacional promedio actual.

Las ventas proyectadas al exterior generarán ingresos cercanos a los 2.500 millones de dólares anuales para el consorcio. Ya existe un contrato de exportación firmado con SEFE, la empresa energética pública alemana Securing Energy for Europe, por 2 millones de toneladas métricas anuales durante ocho años. El consorcio continúa en negociaciones con potenciales compradores adicionales ubicados en geografías tan diversas como Brasil, China, India, Corea del Sur, Japón, e incluso Argentina misma durante períodos de demanda pico invernal cuando el consumo doméstico alcanza máximos históricos.

Contrapeso judicial para Techint en otra arena

Aunque la semana trajo principalmente reveses comerciales para la corporación controlada por Paolo Rocca, no todas fueron noticias desalentadoras. La rama petrolera del grupo, Tecpetrol, obtuvo un fallo judicial favorable en su litigio contra el Estado nacional por incumplimiento de subsidios al gas. El juez Enrique Lavié Pico ordenó al Estado el pago de aproximadamente 2.500 millones de pesos, más intereses devengados desde 2018, por concepto de diferencias en los precios asegurados para el gas proveniente del área Fortín de Piedra ubicada dentro de Vaca Muerta. El acuerdo original, contemplado en la resolución 46/2017 de la Secretaría de Energía, establecía precios diferenciales entre el valor de mercado y un tope de 7,50 dólares por millón de BTU. Tecpetrol había realizado una inversión acelerada de 1.700 millones de dólares bajo el supuesto de que estos precios preferentes se mantendrían vigentes. Sin embargo, durante la administración de Mauricio Macri, una situación de sobreoferta de gas en el mercado doméstico determinó que el gobierno rechazara mantener estas condiciones económicas, aduciendo restricciones fiscales. Siete años después de iniciado el conflicto, la Justicia validó la posición de Tecpetrol, aunque la sentencia permanece sujeta a revisión mediante recursos de apelación que el Estado nacional podría interponer en segunda instancia.

Implicancias sistémicas y perspectivas futuras

La combinación de estos eventos —las pérdidas de Techint en licitaciones operacionales y la victoria judicial de su filial petrolera— refleja un contexto dinámico y multifacético en el que operan los grandes actores energéticos del país. En un plano, las decisiones de adjudicación basadas primordialmente en criterios de precio sugieren una mayor apertura competitiva en la industria construcción especializada, potencialmente beneficiosa para la eficiencia económica de los proyectos. En otro plano, los litigios pendientes de resolución judicial en torno a pactos regulatorios incumplidos plantean interrogantes sobre la estabilidad de los marcos de incentivos que se promueven para atraer inversión.

La estructura accionaria del consorcio ganador, con participación estatal a través de YPF y presencia de actores internacionales de distintas nacionalidades, refleja también un modelo de gobernanza que distribuye riesgos y responsabilidades de manera más horizontal que en algunas iniciativas previas. El hecho de que empresas italianas y argentinas medianas se alzen con licitaciones de envergadura comparable a las de grandes multinacionales consolidadas sugiere que la experiencia acumulada y las redes de contacto político-comercial, aunque relevantes, dejan de ser factores determinantes cuando entran en juego variables de precio y eficiencia operacional. Esto podría abrir espacio para una mayor rotación de protagonistas en futuros proyectos, aunque también dependerá de cómo evolucionen las condiciones macroeconómicas, los precios internacionales del gas natural y las políticas regulatorias que decida implementar el Estado sobre este sector.