En medio de la tensión que caracteriza los vínculos entre los gobiernos municipales y la administración nacional respecto a la carga tributaria que soportan las empresas, el intendente de Tigre salió al cruce de declaraciones del titular de la cartera económica. Julio Zamora rechazó categóricamente las acusaciones formuladas por Luis Caputo, quien había señalado en días previos que las jurisdicciones subnacionales —provincias y municipios— concentran una porción significativa de la presión fiscal que recae sobre los exportadores. El episodio evidencia una disputa que trasciende lo meramente administrativo y toca aspectos fundamentales sobre dónde recae la responsabilidad por la competitividad industrial del país.
Caputo había planteado en una entrevista que de un total de quince puntos porcentuales de gravámenes sobre las exportaciones, diez corresponden a impuestos de origen provincial y municipal. Esta afirmación gatilló una respuesta inmediata del ejecutivo tigrence, quien utilizó la red social X para cuestionar directamente esa premisa. Zamora fue específico al tratar el caso que motivó la discrepancia: las camionetas Ford Ranger fabricadas en la planta de Pacheco, ubicada dentro de su distrito, no tributan tasas de carácter local. El intendente enfatizó que la industria nacional no sufre por presión tributaria municipal en su territorio.
El punto de la discordia: ¿quién cobra qué?
La polémica se origina en la estructura impositiva que grava la actividad exportadora en la Argentina. Desde hace décadas, existe una complejidad tributaria que distribuye responsabilidades entre distintos niveles del Estado. El gobierno nacional, las provincias y los municipios mantienen sistemas de recaudación que muchas veces se superponen o generan interpretaciones divergentes sobre cuál es el impacto real en las empresas que venden productos al exterior. En el caso específico de Ford, multinacional con operaciones significativas en la región norte del conurbano bonaerense, la cuestión de dónde se originan las cargas fiscales se convirtió en un punto de fricción política.
Zamora contraatacó con una estrategia argumentativa que desplazó el eje del debate. En lugar de limitarse a negar los gravámenes municipales, el intendente amplió la mira hacia lo que definió como "la verdadera mochila que destruye la competitividad". Señaló que la carga tributaria de carácter nacional y la política económica general constituyen obstáculos más profundos para la actividad industrial y para los ingresos de los trabajadores. Esta movida retórica permitió al titular municipal no solo defenderse, sino también ofensiva contra Caputo, responsabilizando al gobierno nacional por los problemas estructurales que enfrenta la producción local. El intendente subrayó que Tigre funciona como un "motor" que sostiene infraestructura y servicios esenciales durante veinticuatro horas del día, lo que implica inversión y presencia estatal permanente.
El rol de los municipios en el sostenimiento territorial
Más allá de la acusación puntual, Zamora enfatizó un aspecto que frecuentemente queda invisibilizado en estos debates macroeconómicos: los gobiernos locales son responsables de proveer servicios básicos que permiten la actividad económica. Agua, energía, seguridad, mantenimiento de calles, servicios sanitarios y otras prestaciones de infraestructura dependen de recursos municipales. En un distrito como Tigre, donde confluyen importantes polos industriales y comerciales, la demanda de servicios es considerable. El argumento del intendente implícitamente sugiere que atribuir a los municipios la responsabilidad por la falta de competitividad industrial constituye una simplificación que ignora tanto la realidad tributaria como el rol fundamental que cumplen las administraciones locales.
La respuesta de Zamora también incluyó una crítica velada al enfoque del gobierno nacional respecto a dónde buscar "culpables de la crisis industrial". Sugirió que los municipios no son los responsables y que las autoridades nacionales deberían analizar su propia política económica. Esta posición refleja una fricción más amplia que existe entre distintos niveles de gobierno, particularmente entre municipios gobernados por fuerzas políticas opositoras y la administración de Javier Milei. Históricamente, estos conflictos sobre la distribución del esfuerzo fiscal han sido recurrentes, aunque la intensidad varía según los ciclos económicos y las prioridades políticas de cada gestión.
Hacia adelante, este intercambio entre Caputo y Zamora abre interrogantes sobre cómo seguirá desarrollándose la relación entre el gobierno nacional y las autoridades municipales en torno a la política tributaria y de competitividad. Algunos analistas consideran que responsabilizar a los gobiernos locales es una estrategia que busca presionar para reducir sus ingresos y fortalecer recursos del gobierno central. Otros sostienen que efectivamente existen redundancias en la imposición que ameritan revisión. Desde una perspectiva institucional, la controversia pone en evidencia la necesidad de diálogos más profundos sobre cómo redistribuir cargas y responsabilidades tributarias entre niveles sin debilitar la capacidad de los municipios para sostener infraestructura y servicios. La tensión entre fortalecer la competitividad industrial y mantener gobiernos locales funcionales seguirá siendo un desafío de difícil resolución en el próximo período.
