El colapso silencioso del crédito en el conurbano: cómo la deuda se convirtió en una trampa para millones

Cuando a uno le cuesta dormir por las noches pensando en cómo va a pagar la cuota del préstamo, cuando las llamadas de los bancos se vuelven tan frecuentes como el café de la mañana, cuando la simple idea de entrar en un cajero automático genera angustia: es que algo se rompió profundamente en el sistema financiero. Eso que se rompió tiene un nombre: crédito. Y su quiebre no es un problema de números en una pantalla, sino de familias concretas, de personas reales que pidieron dinero cuando creían que podían devolverlo. El sistema financiero que opera en el Gran Buenos Aires vive una convulsión que los números ponen en evidencia de manera brutal. La morosidad en préstamos a personas alcanzó el 18,4% en diciembre último, un cifra que suena abstracta hasta que se traduce a la realidad cotidiana: casi uno de cada cinco deudores no puede pagar sus obligaciones.

La avalancha que nadie vio venir con claridad

Lo que sucedió en los últimos doce meses representa un fenómeno sin precedentes recientes en magnitud. Hace apenas un año, en diciembre de 2024, la morosidad se ubicaba en el 4,9%, un guarismo que, aunque preocupante, estaba dentro de los parámetros que el sistema financiero consideraba controlables. Pero entre ambas fechas ocurrió algo que aceleró todo de manera exponencial. No se trata de un deterioro gradual y predecible, sino de un colapso que ganó velocidad hacia el cierre del año pasado. Los números dan cuenta de esto con claridad: los créditos en situación irregular casi se cuadruplicaron en apenas doce meses. La proporción es tan desproporcionada que obliga a reflexionar sobre qué cambió en el país, en la economía, en la capacidad de pago de la gente.

Este no es un fenómeno aislado de alguna región específica. La alerta que se encendió en todo el sistema financiero nacional tiene sus raíces profundas en el conurbano bonaerense, esa zona de varios millones de habitantes que rodea a la Capital Federal. El Gran Buenos Aires siempre fue un termómetro confiable de lo que sucede en el país: cuando allí hay problemas, suelen expandirse hacia el resto del territorio. Los bancos, las financieras, los organismos de supervisión—todos están en máxima alerta porque saben que lo que comienza en esos barrios puede propagarse rápidamente.

¿Qué pasó con la capacidad de pago?

Para entender la magnitud de esta crisis crediticia, es necesario revisar el contexto económico que envuelve estos números. Durante 2025, la Argentina enfrentó desafíos macroeconómicos significativos que impactaron directamente en los ingresos de las familias. La inflación, aunque desacelerada respecto a años anteriores, siguió erosionando el poder adquisitivo. Los salarios, incluso cuando se ajustaban, no lograban mantenerse al ritmo de los aumentos de precios en servicios básicos, alimentos y transporte. En ese escenario, las personas que meses atrás habían tomado créditos —tal vez para refaccionar la casa, para comprar un automóvil, para invertir en educación de los hijos— se vieron progresivamente atrapadas entre obligaciones que no podían cumplir y realidades económicas que cambiaban más rápido que sus ingresos.

Lo preocupante es que esta situación no afecta únicamente a quienes viven en condiciones precarias. El salto de cuatro puntos porcentuales a dieciocho puntos en morosidad incluye a trabajadores formales, a pequeños comerciantes, a profesionales independientes. Personas que acreditaban ingresos cuando solicitaron los créditos, pero que después enfrentaron despidos, reducción de horas, cierre de negocios o simplemente una mengua en sus actividades laborales. Las encuestas sobre empleo y desempleo en el conurbano durante 2025 muestran tasas de desocupación persistentes, subocupación creciente, y un mercado laboral que no generó la cantidad de puestos de trabajo que la población necesitaba para mantener su estabilidad económica.

Un aspecto que no puede soslayarse es el rol de las entidades crediticias en esta ecuación. Mientras la morosidad saltaba exponencialmente, las políticas de otorgamiento de crédito de bancos y financieras permanecieron relativamente activas durante buena parte de 2025. Esto genera una pregunta inquietante: ¿se evaluó adecuadamente la capacidad de pago de los solicitantes? ¿Se consideraron escenarios de deterioro económico? El hecho de que la morosidad se cuadriplicara en un año sugiere que quizás el análisis de riesgo no fue tan riguroso como debería haber sido, o que las condiciones económicas cambiaron más radicalmente de lo que los modelos predictivos anticipaban.

Las ondas expansivas de una crisis silenciosa

La importancia de estos datos trasciende lo meramente estadístico. Una morosidad del 18,4% implica que el sistema financiero tiene expuesto un volumen de crédito problemático que reduce su capacidad de otorgar nuevo financiamiento. Los bancos tienden a contraerse cuando perciben que sus carteras de préstamos se deterioran: elevan las tasas de interés, restringen el acceso al crédito, endurecen los requisitos. Esto genera un círculo vicioso: personas que necesitarían refinanciar sus deudas con tasas menores encuentran cerrado el acceso al crédito, o acceden a él solo en peores términos que los anteriores. Pequeñas empresas que dependían de líneas de crédito para capital de trabajo ven reducidas sus disponibilidades. Inversiones que impulsarían crecimiento económico se quedan sin financiamiento.

Para los hogares endeudados, las implicancias son aún más concretas y dolorosas. Una persona o familia con cuotas impagas enfrenta no solo el cobro agresivo de los acreedores, sino también un deterioro de su calificación crediticia que la marcará durante años. Quedan excluidas de acceder a nuevos créditos en mejores términos, lo que limita su capacidad de mejorar su situación económica. El estrés psicológico de tener deudas impagas, de recibir llamadas permanentes, de conocer que cada mes que pasa la situación se complica más, tiene un costo en salud mental que los números no capturan pero que es absolutamente real para quienes lo sufren.

Desde la perspectiva del sistema financiero regulado, esta crisis de morosidad plantea interrogantes sobre la solidez del sector. Aunque los grandes bancos argentinos mantienen ratios de capitalización que les permiten absorber pérdidas crediticias, el deterioro acelerado de la calidad de activos no puede ignorarse. Los organismos reguladores necesitan evaluar si el nivel de provisiones por préstamos incobrables es suficiente, si los bancos están adecuadamente capitalizados para soportar un escenario de seguir deterioro, si es necesario implementar políticas macroprudenciales adicionales para contener riesgos sistémicos. La experiencia histórica de Argentina muestra que las crisis crediticias pueden escalar rápidamente si no se actúa oportunamente.

Mirando hacia adelante, los resultados que se registren en los próximos trimestres serán críticos. Si la morosidad continúa ascendiendo, si la economía no logra recuperar tracción y generar empleo de calidad, si los ingresos de las familias no se recuperan en términos reales, entonces el sistema financiero enfrentará un desafío de magnitudes cada vez mayores. Pero también existen escenarios alternativos: una reaceleración económica, una mejora en el empleo, una estabilización de los precios podrían crear condiciones para que familias que hoy están con dificultades logren normalizar sus situaciones. Los próximos meses dirán si la crisis de crédito fue un pico transitorio o el comienzo de una espiral más profunda.