La decisión judicial que llegó pasadas las siete y media de la noche en Malta sacudió nuevamente las estructuras de un caso que había capturado la atención internacional. Un jurado compuesto por seis mujeres y tres hombres emitió un veredicto que nadie podía prever con certeza: Yorgen Fenech, de 44 años y uno de los magnates más ricos del archipiélago mediterráneo, fue declarado no culpable de los dos cargos que pesaban sobre él. La sala estalló en reacciones encontradas. Mientras los parientes del empresario celebraban con exclamaciones, en otra sección del tribunal reinaba el silencio estupefacto. Lo que había comenzado como una investigación sobre el asesinato de una reportera se transformó en un juicio que reabría heridas profundas sobre el estado de derecho en Europa.
Casi nueve años separan el atentado de octubre de 2017 —cuando una bomba destruyó el automóvil de Daphne Caruana Galizia mientras circulaba por una ruta maltesa— del momento en que los jurados pronunciaron sus palabras finales. La víctima, una mujer de 53 años dedicada a investigar y denunciar actos de corrupción en los círculos de poder local, se convirtió en símbolo de algo más grande que su propia tragedia: la vulnerabilidad de quienes ejercen el periodismo crítico cuando los sistemas institucionales fallan. Su trabajo había apuntado directamente a Fenech y a destacadas figuras políticas de la pequeña nación insular que integra la Unión Europea. La fiscalía sostenía que el empresario había pagado 150.000 euros a través de un intermediario llamado Melvin Theuma para que se perpetrara el crimen. El veredicto de ocho votos contra uno en favor de la absolución significaba, de facto, que ese argumento no había prosperado.
El terremoto político que precedió al juicio
Para comprender la magnitud de lo ocurrido en la sala de tribunales, es preciso retroceder en la cronología de los hechos. El asesinato de Caruana Galizia no fue simplemente un crimen aislado; funcionó como detonador de la convulsión política más grave que ha experimentado Malta en su historia contemporánea. Las investigaciones y reportajes de la periodista habían tejido una red de cuestionamientos sobre prácticas irregulares, malversación de fondos y conflictos de interés que involucraban a los más altos niveles del poder ejecutivo. Joseph Muscat, quien se desempeñaba como primer ministro, se vio obligado a abandonar su cargo, arrastrando consigo en su caída a dos ministros y a su jefe de gabinete. La sacudida institucional fue tal que generó un punto de inflexión para movimientos de activismo anticorrupción y defensores de la libertad de prensa no solo en Malta sino en toda Europa.
Lo que quedó en suspenso después del asesinato fue una pregunta fundamental: ¿quién había dado la orden? La investigación señaló a Fenech, empresario inmobiliario cuya familia es propietaria de dos hoteles de la cadena Hilton y posee participación accionaria en una central eléctrica maltesa. Sin embargo, tanto durante el proceso como en los testimonios previos, emergieron indicios de una trama más intrincada. Keith Schembri, el jefe de gabinete del entonces premier Muscat, se convirtió en figura central de las sospechas. Varios testigos y el propio acusado afirmaron que Schembri había filtrado información confidencial de la investigación policial directamente a Fenech. La defensa del empresario articuló una estrategia que apuntaba hacia arriba en la cadena de mando: si alguien había ordenado el asesinato, sugirieron, ese alguien no era su cliente sino funcionarios de mayor rango dentro del aparato estatal.
Los dilemas pendientes tras la sentencia
Durante las dos meses que se extendió el juicio, se desplegó ante los ojos del tribunal un mapa de conexiones políticas y comerciales que retrataba la permeabilidad de las instituciones maltesas. El fiscal Anthony Vella había construido su acusación alrededor de una tesis audaz: un hombre con acceso privilegiado a la política y a autoridades públicas disponía de poder suficiente para "comprar justicia". Apelaba a los jurados para que evaluaran si las redes de influencia de Fenech no lo capacitaban para encomendar un homicidio. Por su parte, la defensa —con Charles Mercieca como abogado principal— invirtió considerables recursos en demostrar que las vías de investigación no se habían agotado, que existían pistas apuntando hacia otros actores. En su testimonio, Fenech negó categóricamente su participación: "Nunca ordené el asesinato de Daphne Caruana Galizia, ni el de ninguna otra persona". Aseguró que su rol se limitaba a actuar como intermediario entre Schembri y Theuma, el taxista que servía como nexo en la operación, y que había actuado bajo coerción derivada de chantaje.
La reacción de la familia y los sectores comprometidos con la justicia fue de profundo desconcierto. Corinne Vella, hermana de la víctima, expresó una preocupación que trascendía lo personal: "Ahora todos corren más riesgo, porque esto envía el mensaje de que se puede matar periodistas sin que haya consecuencias". Su declaración capturaba un miedo más vasto sobre las implicancias de este resultado judicial para el ecosistema informativo europeo. Organizaciones como Républica, una agrupación maltesa dedicada a la campaña anticorrupción, y grupos como Occupy Justice reclamaron lo que denominaron un "ajuste de cuentas nacional", exigiendo que aquellos responsables de construir una cultura de impunidad durante la era Muscat no fueran rehabilitados en la vida pública. La Fundación Daphne, creada para honrar su legado, publicó una declaración que enfatizaba una verdad incómoda: nueve años después del atentado, las fallas institucionales que lo permitieron permanecían sin resolver ni reformar.
Un dato que no puede omitirse es que en 2021 un tribunal de investigación pública independiente —por el cual la familia había luchado intensamente— llegó a una conclusión que ampliaba la responsabilidad más allá del crimen en sí: la propia estructura estatal, al generar una atmósfera de permisividad gestada desde los niveles más altos, había contribuido al asesinato. Dicha investigación formuló una serie de recomendaciones, muchas de las cuales permanecen sin implementarse. El Comité para la Protección de Periodistas, con representación en la sala de tribunales durante el veredicto, calificó el resultado como "desgarrador" para la familia después de años de espera. Tom Gibson, director adjunto de incidencia de esa organización internacional, manifestó que continuarían acompañando a los allegados de Caruana Galizia en la búsqueda de responsabilidades por parte de todos los involucrados en el homicidio.
La absolución de Fenech genera múltiples interrogantes sobre qué sucede ahora. La fiscalía ha señalado que recurrirá la sentencia, lo que significa que el proceso legal continuará, aunque bajo incertidumbre respecto de cuáles serían las probabilidades de un resultado distinto. Para algunos analistas, la decisión del jurado refleja las complejidades de las pruebas circunstanciales en casos de alto perfil político; para otros, constituye un síntoma del debilitamiento de los mecanismos de responsabilidad cuando se trata de sectores económicamente poderosos. Lo que parece indiscutible es que Malta enfrenta ahora un dilema sobre cómo procesar la accountability no solo en relación con el asesinato específico sino respecto del entramado institucional que permitió que un crimen de semejante magnitud ocurriera. La sentencia, lejos de cerrar un capítulo, parece haber abierto interrogantes más profundas sobre la integridad de los sistemas de justicia en democracias contemporáneas, particularmente cuando periodistas que investigan corrupción ponen en riesgo sus vidas y los Estados no logran garantizar protección efectiva.
