La escalada de incursiones en uno de los espacios más sensibles del planeta ha llevado a Jordania a convocar una reunión de emergencia que reúna a los cancilleres de naciones árabes e islámicas en medio de advertencias explícitas sobre el riesgo inminente de un enfrentamiento religioso que trascendería las fronteras del Levante. La convocatoria para el miércoles representa una reacción coordinada ante lo que Amán percibe como violaciones sistemáticas y cada vez más audaces a un acuerdo histórico que ha regulado el acceso a la explanada donde se alzan la mezquita de al-Aqsa y la Cúpula de la Roca, los lugares más sagrados del Islam después de La Meca y Medina.
Durante décadas, un delicado equilibrio de fuerzas ha permitido que solo musulmanes puedan realizar oraciones en este espacio considerado también por la tradición judía como el Monte del Templo. Ese status quo, supervisado históricamente por la monarquía Hachemita jordana desde tiempos otomanos, se ha visto erosionado por una serie de penetraciones cada vez más masivas protagonizadas por grupos de extremistas religiosos respaldados o tolerados por instancias del gobierno israelí. El episodio más grave registrado ocurrió cuando más de dos mil israelíes provenientes de sectores de la derecha religiosa, en su mayoría colonos bajo liderazgo del ministro de Seguridad Nacional, atravesaron la zona durante el mes de julio, realizando oraciones y rituales en toda la extensión del recinto. Funcionarios jordanos caracterizaron esta incursión como la peor en tiempos modernos, rompiendo una tradición de respeto mutuo que había prevalecido durante generaciones.
Un tratado centenario bajo asedio
Las raíces del compromiso internacional que hoy se ve cuestionado se remontan a 1878, cuando el Tratado de Berlín estableció las bases para la custodia jordana del complejo religioso bajo administración otomana. Esa responsabilidad se amplió a lo largo del siglo XX para incluir sitios cristianos, se ratificó después de la guerra de 1967 y quedó formalmente reconocida en el tratado de paz de 1994 entre Israel y Jordania. Sin embargo, lo que en el pasado representó ocasionales episodios de tensión se ha transformado en un patrón sistemático de desafíos. Amán ha observado con particular alarma la implementación de un programa de reclutamiento enfocado en la contratación de judíos religiosos para una unidad policial especializada en el Monte del Templo, una medida que interpreta como preparación para ejercer control directo sobre el territorio. Los funcionarios jordanos advierten que las festividades judías programadas para septiembre, durante esta ocasión coincidentes con un período electoral intenso en Israel, podrían ser el escenario de nuevas y más severas infracciones.
La preocupación de Jordania no es abstracta ni alejada de precedentes concretos. En el año 2000, la visita de Ariel Sharon, entonces líder de la derecha israelí, al mismo complejo desencadenó una espiral de violencia que se prolongaría durante más de cuatro años, conocida como la segunda Intifada, y cobró miles de vidas. Décadas antes, durante el período del Mandato Británico en el siglo XX, incidentes similares protagonizados por extremistas judíos habían provocado disturbios masivos. Estos antecedentes históricos no son mencionados en los círculos diplomáticos como mera erudición, sino como advertencias prácticas sobre las dinámicas que pueden desencadenarse cuando el equilibrio se rompe.
Una nación vulnerable a múltiples presiones
Lo que hace a Jordania especialmente vulnerable a esta crisis no es solo su rol custodio de espacios sagrados, sino su posición geográfica y demográfica única en la región. Más de la mitad de su población de once millones y medio de habitantes desciende de oleadas previas de refugiados palestinos, lo que genera dinámicas internas complejas. La población originaria del territorio, conocida como "East Bankers", mantiene una vigilancia constante respecto a lo que percibe como una dilución gradual de la identidad nacional. El temor más profundo de las autoridades jordanas es que una escalada israelí en los territorios ocupados pudiera derivar en deportaciones masivas de palestinos desde Cisjordania hacia territorio jordano, con implicaciones devastadoras para la estabilidad interna, la capacidad económica y el frágil balance demográfico del reino.
El conflicto por recursos agrava exponencialmente esta vulnerabilidad. Israel se ha negado a renovar un acuerdo de 2021 mediante el cual proporcionaba cien millones de metros cúbicos anuales de agua a su vecino del este, uno de los países más áridos del planeta. Tras esta decisión, Amán quedó limitado a los cincuenta millones de metros cúbicos que fueron establecidos en el tratado de paz de 1994, cifra radicalmente insuficiente para una población que en tres décadas se ha duplicado. Funcionarios israelíes han insinuado que esta restricción fue implementada como represalia por las críticas que el gobierno jordano formuló respecto a la muerte de civiles palestinos en la guerra de Gaza, y que podría revertirse si esas críticas cesaran. Esta vinculación entre política humanitaria y acceso a recursos vitales ejemplifica cómo los conflictos territoriales y religiosos se entrelazan con palancas económicas que afectan la supervivencia de poblaciones enteras.
Presiones internas que amenazan la gobernanza
Las acciones provocadoras de Israel generan consecuencias políticas internas que complican significativamente la capacidad del gobierno jordano para mantener relaciones normalizadas con su vecino occidental. En años recientes, el sentimiento de rechazo a los acuerdos de normalización ha crecido sustancialmente entre sectores amplios de la población. Miembros del parlamento como Dima Tahboub, vocera del partido Umma, que hasta hace poco operaba bajo la denominación Frente de Acción Islámica, han señalado abiertamente la incompatibilidad creciente entre los comportamientos israelíes y la viabilidad política de mantener vínculos convencionales. El partido de Tahboub, que representa la mayor agrupación política del país, experimentó un ascenso electoral significativo durante las últimas elecciones, obteniendo más del veintidós por ciento de los escaños disponibles, un logro directamente atribuible a la movilización en torno a cuestiones relacionadas con Palestina y el comportamiento de Israel en territorios ocupados.
Esta oleada de islamismo político llegó como sorpresa a la monarquía, que aceleró sus mecanismos de contención y frenó sus propios planes de reforma institucional y redistribución de poder hacia el parlamento. El movimiento de los Hermanos Musulmanes fue prohibido hace menos de un año, y las oficinas del partido ahora denominado Umma fueron allanadas, aunque la agrupación continúa operando dentro del marco legal. Las tensiones subyacentes entre la necesidad estratégica de colaboración con occidente y las demandas domésticas de resistencia a las políticas israelíes generan un equilibrio inestable que cada incidente en Jerusalén o Cisjordania amenaza con desestabilizar.
La presencia militar estadounidense en territorio jordano agrega complejidad adicional a esta ecuación. A diferencia de varias monarquías del Golfo Pérsico, Jordania no ha permitido que Washington establezca bases militares permanentes, pero sí mantiene una presencia significativa de fuerzas, personal y equipamiento en bases jordanas, ampliada sustancialmente desde que iniciara el conflicto estadounidense con Irán. Aunque las autoridades de Amán han intentado minimizar públicamente esta presencia, ello ha resultado cada vez más difícil ante los reportes de ataques aéreos iraníes ejecutados con precisión, que han resultado en la muerte de tres ciudadanos estadounidenses y heridas para decenas más en la base de Muwaffaq Salti ubicada en el desierto oriental. Este posicionamiento ha servido históricamente como garantía de seguridad, pero se ha convertido también en un pasivo político, especialmente considerando que la fuerza aérea jordana ha terminado desempeñando funciones defensivas para Israel, interceptando drones y misiles iraníes dirigidos hacia Tel Aviv.
La tensión acumulada en torno a esta presencia militar extranjera explotó recientemente cuando varios centenares de figuras prominentes provenientes de la política, el derecho y la vida cultural jordana suscribieron una carta pública exigiendo la retirada de fuerzas estadounidenses del territorio. Este llamamiento representa un desafío directo y poco frecuente lanzado contra el gobierno, argumentando que la permanencia militar expone a Jordania a riesgos de seguridad, responsabilidades políticas y cargas económicas que no guardan relación con intereses nacionales auténticos, e incrementan la probabilidad de que el reino sea arrastrado hacia un conflicto regional en el cual no es protagonista sino espectador forzado.
Las implicancias de esta convergencia de crisis—religiosa, hídrica, territorial, demográfica y militar—se proyectan hacia horizontes diversos según la perspectiva desde la cual se examine. Para algunos analistas, el escenario representa una ventana temporal en la cual intervenciones diplomáticas de potencias regionales e internacionales podrían restaurar equilibrios erosionados antes de que se produzcan quiebres irreversibles. Para otros, el patrón de comportamiento israelí sugiere una estrategia deliberada de transformación de realidades sobre el terreno durante períodos de vulnerabilidad política, cuando gobiernos enfrentan presiones electorales que los incentivan a buscar legitimación mediante acciones que consoliden bases radicalizadas de apoyo. Lo cierto es que los próximos meses determinarán si los mecanismos establecidos décadas atrás para regular coexistencia en espacios sagrados pueden resistir presiones contemporáneas, o si la región entrará en una fase de reconfiguración cuyos alcances trascienden los territorios inmediatamente involucrados.
