Hace poco más de dos años que el conflicto entre Rusia y Ucrania redefine los parámetros de lo que significa defenderse en el siglo XXI. En medio de este escenario de violencia sin precedentes, emerge una interrogante incómoda: ¿hasta dónde puede llegar un país invadido en su derecho a retaliar antes de perder la legitimidad moral de su causa? La cuestión no es meramente académica. Se trata de una encrucijada que toca el corazón de cómo entendemos la justicia en contextos de guerra total, donde la línea entre combatientes y civiles se vuelve cada vez más difusa y, en algunos casos, deliberadamente ambigua.
Durante el mes de junio pasado, Ucrania ejecutó una de las operaciones de ataque aéreo más masivas contra territorio moscovita desde que comenzó la invasión rusa en febrero de 2022. La acción apuntaba principalmente a una instalación de refinería ubicada en las afueras de la capital enemiga. Sin embargo, los efectos colaterales trascendieron los objetivos militares: se reportaron lesiones entre la población civil y daños significativos en viviendas y propiedades privadas. Mientras las autoridades ucranianas podrían argumentar que tales consecuencias fueron accidentales, el discurso público del liderazgo de Kiev apunta en otra dirección. La retórica presidencial ucraniana ha enfatizado la necesidad de llevar la guerra hacia el territorio ruso, de aproximar el conflicto a los ciudadanos comunes y corrientes, de quebrantar esa sensación de seguridad relativa que los moscovitas podrían mantener mientras sus tropas operan en territorio ajeno.
El fantasma de la represalia sin límites
Aquí yace el verdadero debate. Si el propósito explícito o implícito de tales operaciones es generar un clima de temor entre la población civil rusa, con la esperanza de que ese miedo presione al Kremlin para que negocie la paz, entonces estamos hablando de algo con un nombre histórico bien definido: bombardeos de moral. Táctica implementada durante la Segunda Guerra Mundial en una escala masiva, particularmente contra ciudades alemanas e inglesas, estos ataques perseguían un objetivo específico: hacer sufrir a los civiles para quebrantar su voluntad de continuar apoyando el esfuerzo bélico.
La práctica, sin embargo, presenta un problema moral fundamental que trasciende las circunstancias particulares de cualquier conflicto. Los ciudadanos comunes carecen de la capacidad de causar daño militar directo. No portan armas, no dirigen operaciones, no toman decisiones estratégicas de combate. En términos de amenaza militar efectiva, representan un nivel cero. Esto los distingue fundamentalmente de los combatientes, quienes sí poseen la capacidad de infligir violencia y, por lo tanto, pueden ser considerados objetivos legítimos en contextos de defensa. La distinción no es un capricho moral abstracto. Es un principio que ha estructurado el derecho internacional humanitario durante décadas, con el propósito específico de proteger a quienes no pueden defenderse y establecer límites racionales al horror de la guerra.
El argumento de la legítima defensa ucraniana es, en principio, sólido. Rusia invadió territorio ucraniano sin provocación externa, sin justificación legal internacional, sin que Ucrania representara amenaza militar alguna. En ese contexto, el derecho de Ucrania a resistir, a utilizar la fuerza para repeler invasores y recuperar su territorio es indiscutible. No existe ambigüedad legal ni moral en este punto. Sin embargo, la legitimidad de una causa no otorga licencia ilimitada para cualquier método. A lo largo de la historia, potencias vencedoras en guerras legítimas han comprometido esa legitimidad mediante la implementación de tácticas que, si bien tecnológicamente posibles, carecen de justificación ética. El principio de proporcionalidad no es una restricción arbitraria impuesta por académicos desconectados de la realidad. Es una salvaguarda destinada a preservar exactamente eso: la legitimidad de la causa, incluso en medio del conflicto.
El precedente ruso y la trampa de la simetría moral
Es verdad que Rusia ha ejecutado ataques contra ciudadanos ucranianos en múltiples ocasiones desde el inicio de la invasión. Edificios residenciales destruidos, infraestructura civil bombardeada, poblaciones desplazadas por la violencia: la lista de agravios contra civiles ucranianos es larga y bien documentada. Este hecho es innegable y repugnante. Pero es precisamente aquí donde el análisis debe mantenerse firme en sus principios, incluso cuando resulta incómodo. La comisión de un crimen no autoriza su réplica. Dos transgresiones morales no se anulan mutuamente; simplemente generan un espiral de venganza donde ambas partes pierden legitimidad progresivamente.
Si Ucrania adopta la misma lógica de ataque indiscriminado a civiles que caracteriza a la campaña rusa, entonces se produce un corrimiento de posiciones morales que beneficia únicamente a quien originalmente iniciaba desde una posición indefendible. Rusia podría argumentar que Ucrania ha cedido en sus principios, que la distinción fundamental entre defensa legítima y represalia vengativa se ha desvanecido. Más aún, desde una perspectiva pragmática, estos ataques pueden generar solidaridad doméstica en Rusia, endureciendo posiciones civiles en lugar de quebrantarlas, como supuestamente se intenta. Históricamente, el bombardeo de civiles ha demostrado ser notoriamente ineficaz para lograr sus objetivos políticos. La población alemana no se levantó en armas contra Hitler por los bombardeos aliados; la población británica no presionó a Churchill para rendirse ante la Luftwaffe. Las dinámicas de resistencia son más complejas que la ecuación simple de sufrimiento igual a capitulación.
El desafío, entonces, reside en mantener la brújula moral incluso cuando la tentación de represalia es más fuerte. Ucrania enfrenta una invasión brutal, ha sufrido pérdidas humanas incalculables, ha visto su territorio ocupado. Que busque formas efectivas de retaliar es comprensible. Que busque golpear objetivos militares legítimos es justificable. Pero que adopte deliberadamente estrategias cuyo objetivo es el sufrimiento civil se sitúa en un terreno moralmente insostenible, independientemente de los precedentes rusos. Esta no es una posición cómoda ni popular en contextos de guerra real, donde el sufrimiento propio tiende a erosionar consideraciones éticas complejas. Sin embargo, es precisamente en esos momentos cuando tales consideraciones resultan más críticas, no menos.
A medida que el conflicto continúa y ambas partes calibran sus estrategias militares, la cuestión sobre los límites éticos de la defensa armada permanecerá pendiente. Las consecuencias de las decisiones que se tomen ahora trascienden el presente inmediato. Si Ucrania consolida una narrativa donde los ataques a civiles enemigos se justifican por represalia histórica, entonces establece un precedente que podría echarse en cara durante las negociaciones de paz futuras, complicando potencialmente los procesos de reconciliación post-bélica. Simultáneamente, si Ucrania mantiene un estándar moral diferenciado respecto de Rusia, refuerza la legitimidad internacional de su causa y dificulta que narrativas propagandísticas enemigas logren traction en audiencias globales. El cálculo es tanto ético como estratégico, y en conflictos de esta magnitud, ambas dimensiones resultan inseparables.
