Una cadena de ataques contra embarcaciones pesqueras ecuatorianas en aguas del Pacífico oriental ha generado una crisis diplomática sin precedentes en la región, mientras Washington sostiene no tener responsabilidad en lo ocurrido. Los hechos, sin embargo, pintan un panorama muy diferente: ocho marineros desaparecidos, heridos graves, barcos destruidos, y testimonios consistentes de detenciones bajo custodia estadounidense que ponen en tensión la relación entre Estados Unidos y los países latinoamericanos involucrados.
El 17 de marzo pasado, el capitán Hernán Flores, quien lleva aproximadamente dos décadas al mando de la embarcación Negra Francisca Duarte, se encontraba faenando a unos 170 millas de las Islas Galápagos cuando un evento cambió drásticamente el curso de la jornada. Un artefacto no tripulado impactó contra la cabina de su nave, provocando una explosión que envolvió todo en llamas. El sobrino de Flores sufrió golpes brutales: la explosión le fracturó el rostro y resquebrajó uno de sus pies, dejando el hueso expuesto. La situación se tornó caótica. Los marineros intentaban buscar extintores mientras el fuego se propagaba sin control. La única salida era el agua. Algunos de la tripulación saltaron al océano para salvarse, mientras otros intentaban mantener la nave a flote.
La versión oficial versus los relatos de los marineros
Según la narrativa presentada por las autoridades estadounidenses, la situación fue completamente distinta. El Servicio de Guardacostas de Estados Unidos operaba en la zona a bordo del cortador Bertholf cuando, supuestamente, escucharon un llamado de emergencia: "MAYDAY, MAYDAY, buque en llamas". Desde esa perspectiva, se coordinó un operativo de búsqueda y rescate. Pero el testimonio de Flores, proporcionado a miembros de la Comisión de Derechos Humanos de Ecuador (CDH), cuenta una historia de horror distintas. Después de que su barco fue golpeado, un pequeño avión de observación lo persiguió durante cuarenta minutos. "Mantuvimos los ojos fijos en él por miedo a que soltara otra bomba", relató Flores. La situación escaló cuando se acercaban a otra embarcación. Los marineros estadounidenses que la tripulaban no mostraron disposición a ayudar: apuntaban con armas hacia el barco dañado de Flores. Gritaban consignas en español, utilizando traductores. El capitán fue esposado, le colocaron una capucha sobre la cabeza, y fue trasladado a la cubierta de la nave estadounidense, donde fue sentado junto a otros miembros de su tripulación. Pasaron ocho días navegando hacia el norte hasta Puerto Unión, El Salvador, donde fueron colocados en detención temporal. Nunca se les imputó delito alguno. Se les otorgaron permisos de viaje de emergencia para regresar a Ecuador antes de fin de mes.
Este incidente no fue aislado. A través de una serie de investigaciones iniciadas por organizaciones defensoras de derechos humanos como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la CDH, han salido a la luz otros casos igualmente perturbadores. El barco Fiorella, otra embarcación ecuatoriana, desapareció el 20 de enero después de que su capitán enviara un mensaje de satélite final describiendo lo que identificó como una aeronave estadounidense no tripulada y un buque de patrulla azul que había estado persiguiendo al navío durante tres días. Ocho miembros de la tripulación no han sido vistos desde entonces. En un tercer incidente, marineros a bordo del Don Maca narraron haber sido detenidos por una patrulla estadounidense después de faenar bagre espada, pez vela y tiburón a lo largo de sus rutas de pesca habituales. El testimonio de John Sebastián Palacios, proporcionado a la CDH, es particularmente graphic: fue esposado y encapuchado, luego escuchó dos disparos dirigidos contra su embarcación. Media hora después, el barco se hundía. El terror era tal que ni siquiera se atrevían a alcanzar sus teléfonos para grabar, temiendo que cualquier movimiento en falso resultara en más disparos.
El muro de negaciones y las preguntas sin respuesta
Frente a estos relatos, tanto el Pentágono como la Guardia Costera estadounidense han negado categóricamente cualquier participación. Un portavoz del Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) declaró: "No tenemos conocimiento de, ni fuerzas del Departamento de Defensa estuvieron involucradas en, los incidentes descritos en esos reportes". La declaración añade que las fuerzas estadounidenses operan bajo autoridades legales establecidas y se adhieren a los más altos estándares de profesionalismo, seguridad y cumplimiento con las leyes estadounidenses e internacionales. La Guardia Costera fue más específica aún: negó tener conocimiento de los ataques y aclaró que no opera drones armados.
Sin embargo, expertos en asuntos latinoamericanos han señalado inconsistencias importantes. Will Freeman, investigador especializado en América Latina, ha señalado que "hay aspectos extraños en la historia oficial del 'rescate' en el caso de la Negra Francisca", elementos que fueron "disputados por la tripulación, que públicamente afirma haber sido capturada y llevada a El Salvador – un hecho que ninguno de los tres gobiernos ha aclarado". Freeman también planteó una pregunta incómoda: "No contamos con evidencia definitiva para afirmar que fue un ataque estadounidense. Pero ¿quién más habría llevado a estos hombres – encontrados tan lejos de El Salvador – a ese país?" Los representantes de las embajadas de Ecuador y El Salvador no respondieron inmediatamente a solicitudes de comentarios.
La creciente preocupación ha motivado que legisladores estadounidenses cuestionen directamente al gobierno. En una carta dirigida a altos funcionarios de la administración, los representantes demócratas Joaquín Castro de Texas y Bill Keating de Massachusetts presentaron testimonios de sobrevivientes, intervención de Naciones Unidas e interpelaciones directas a las negaciones del Pentágono. La misiva, dirigida al secretario de Estado Marco Rubio, al secretario de Defensa Pete Hegseth, al secretario de Seguridad Nacional Markwayne Mullin y al comandante de la Guardia Costera Almirante Kevin Lunday, contiene un detalle revelador. Los legisladores escriben: "Estos incidentes han resultado en ocho personas aún desaparecidas o sin contabilizar, relatos creíbles de sobrevivientes de detención arbitraria o ilegal, abuso y uso extrajudicial de la fuerza por personal estadounidense, e intervención formal del Comité de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas". Los demócratas establecen una fecha límite de respuesta al 10 de julio y demandan clarificaciones sobre si la Administración ha estado diciendo la verdad. Particularmente, cuestionan si organismos como la Agencia Antidrogas (DEA), la Patrulla Fronteriza u agencias de inteligencia y contratistas operando bajo autoridad estadounidense pudieron estar involucrados en estos eventos.
El contexto de expansión militar estadounidense en la región
Los incidentes contra barcos pesqueros no pueden desvincularse del creciente compromiso militar estadounidense en Ecuador. En noviembre de 2025, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa recibió a la entonces secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem en la estación aeronaval de Manta para discutir el establecimiento de una base militar estadounidense. Apenas cuatro meses después, en marzo, Estados Unidos participó en ataques aéreos contra grupos armados dentro de Ecuador, hechos que el secretario de Defensa Pete Hegseth celebró en redes sociales, escribiendo que Estados Unidos estaba ahora "bombardeando a terroristas narcotraficantes en tierra". Estos desarrollos ocurren en el contexto de una campaña militar estadounidense más amplia que, desde septiembre de 2025, ha cobrado la vida de aproximadamente 200 personas a través del Caribe y el Pacífico oriental. Es relevante mencionar que los ecuatorianos rechazaron en una votación de noviembre la expansión de las bases militares estadounidenses, frenando los planes para avanzar operaciones estadounidenses de "antinarcoterrorismo".
La geografía juega un papel crucial en todo esto. Ecuador, ubicado entre Perú y Colombia –los principales productores mundiales de cocaína–, ha sido durante años un corredor crítico para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa. La Guardia Costera estadounidense y la DEA han operado históricamente patrullas interinstitucionales en el Pacífico oriental para monitorear estupefacientes en tránsito. Sin embargo, la escala de las operaciones parece haber aumentado exponencialmente. En abril pasado, embarcaciones de la marina ecuatoriana se entrenaron junto al grupo de ataque del portaaviones Nimitz en el Pacífico. En una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado celebrada el 2 de junio, el senador Tim Kaine cuestionó al secretario Rubio sobre los criterios de selección de objetivos, revelando un detalle inquietante: atacar un buque no requiere evidencia de que haya narcóticos a bordo. Aunque Kaine calificó esto de "extraño", Rubio defendió el programa argumentando que cada ataque involucra a un oficial legal que determina su legalidad.
Las preguntas formuladas por Castro y Keating profundizan en aspectos procesales fundamentales: ¿fueron alguna vez registradas las tripulaciones detenidas en busca de contrabando? ¿Se les permitió acceso a abogados u oficiales consulares? ¿Se les solicitó a los sobrevivientes firmar acuerdos de confidencialidad? Asimismo, reclaman "todos los videos, fotografías y grabaciones de audio tomadas por personal estadounidense o aeronaves, drones no tripulados u otros modos de vigilancia estadounidenses" durante esos tres incidentes. La demanda de transparencia refleja una brecha creciente entre lo que las autoridades declaran y lo que los hechos parecen indicar. Freeman planteó una pregunta final que resume la perplejidad: "Si fueron traficantes de drogas, piratas o los propios marineros quienes incendiaron sus barcos, ¿por qué el gobierno ecuatoriano ha sido tan reacio a lanzar una investigación seria?"
Los tres barcos ecuatorianos atacados permanecen como la evidencia más clara hasta el momento de que la supuesta guerra contra las drogas de Washington en el Pacífico oriental ha evolucionado silenciosamente hacia algo cualitativamente distinto: una campaña de operaciones militares contra marineros comerciales. Las implicancias diplomáticas son profundas. El incidente ha generado tensiones entre Ecuador, El Salvador y Estados Unidos, con preguntas pendientes sobre jurisdicción, responsabilidad compartida y el alcance real de las operaciones militares estadounidenses en aguas latinoamericanas. Los gobiernos de la región enfrentan presiones contradictorias: mantener relaciones estratégicas con Washington mientras responden a demandas internas de protección de sus ciudadanos. La comunidad internacional observa cómo se resuelve esta situación, consciente de que el precedente sentado aquí podría redefinir los parámetros de intervención militar estadounidense en el hemisferio occidental durante los próximos años.
