La magnitud de los incendios que actualmente asuelan a Canadá ha expuesto una vulnerabilidad estructural en el sistema de respuesta ante desastres naturales del país norteamericano. Con más de 900 focos activos propagándose simultáneamente, y comunidades indígenas completamente evacuadas en el noreste de Ontario, se reabre un debate que permanecía dormido desde hace dos años: la necesidad urgente de contar con una agencia federal especializada en contención de fuegos. Lo que hace esta situación particularmente alarmante es que representa apenas el tercer capítulo de una trilogía devastadora. Tras un 2023 catastrófico que dejó 15 millones de hectáreas carbonizadas —una superficie mayor que toda Inglaterra—, el país experimentó en 2024 su cuarto peor año registrado, y ahora 2025 cierra como el segundo más crítico en la historia moderna de Canadá, con 8,3 millones de hectáreas consumidas por las llamas.

Una estructura administrativa obsoleta frente a una amenaza creciente

Lo singular del caso canadiense radica en una peculiaridad que lo diferencia de sus pares desarrollados: Canadá es el único país del Grupo de los Siete sin una agencia nacional mandatada exclusivamente para atender emergencias por incendios forestales. El modelo actual descansa en una lógica de responsabilidades provinciales y territoriales, donde cada jurisdicción local maneja sus propios focos de fuego mientras el gobierno central ofrece apoyo complementario según la demanda. Este esquema funcionó durante décadas, pero la aceleración de la crisis climática ha puesto en evidencia sus limitaciones operativas y coordinativas. Mientras tanto, los Estados Unidos cuentan desde hace más de setenta años con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (Fema), una institución que articula respuestas nacionales mediante la coordinación directa con autoridades estatales y un despliegue de recursos sin intermediarios.

El premier de Ontario, Doug Ford, fue uno de los primeros en expresar públicamente la urgencia del cambio después de que el julio pasado convirtiera a su provincia en el epicentro de una pesadilla de humo tóxico que atravesó fronteras y afectó la calidad del aire hasta en territorio estadounidense. Sus declaraciones fueron categóricas: existe la necesidad imperiosa de diseñar una estrategia nacional integrada para enfrentar fenómenos que ya no responden a lógicas territoriales aisladas. "Año tras año repetimos la misma película", indicó a la prensa provincial, subrayando la ineficacia de perpetuar un sistema que claramente se ha quedado obsoleto.

Advertencias científicas que se vuelven cada vez más urgentes

Mike Flannigan, especialista en incendios forestales silvestres de la Universidad Thompson Rivers en British Columbia, ha sido enfático respecto de las implicancias de estos números. Su observación es particularmente significativa: "Jamás en nuestros registros modernos habíamos experimentado tres años consecutivos de severidad extrema". Esta sucesión de ciclos destructivos no es fruto de la mala suerte o variaciones naturales cíclicas, sino de un fenómeno antropogénico bien identificado. El calentamiento global, resultante de la quema de combustibles fósiles, está generando condiciones atmosféricas que aceleran la ignición, propagación y intensidad de los incendios. Las temperaturas más elevadas, la humedad relativa reducida y las estaciones de sequía prolongadas crean un escenario prácticamente ideal para que cualquier chispa se transforme en un infierno incontrolable.

Flannigan ha esgrimido un argumento tanto de eficiencia operativa como de ahorro económico para respaldar la creación de una institución federal coordinadora. Una agencia con capacidad de anticidar el despliegue de recursos entre provincias —alertando con antelación sobre equipamiento, personal especializado y tecnología— podría reducir significativamente los tiempos de respuesta y contención. Esto se traduciría en menores superficies quemadas, menos comunidades desplazadas y daños económicos diminuidos. El especialista ha argumentado que los costos de operación de una estructura así se verían ampliamente compensados por los ahorros que genera la prevención de destrucción masiva y el impacto sanitario negativo derivado de la exposición prolongada al humo contaminante. Pero más allá de los beneficios económicos, Flannigan ha advertido sobre una realidad que exige resignación operativa: "Veremos más fuego, más humo, más consecuencias. Esa es nuestra nueva realidad. Tendremos que adaptarnos más rápido de lo que creemos".

El Senado canadiense ya había recomendado en junio la creación de una oficina federal coordinadora para emergencias vinculadas a incendios. Este dictamen no surgió de improvisaciones políticas sino de evaluaciones técnicas rigurosas. Sin embargo, cuando Mark Carney, primer ministro del país, convocó recientemente a un comité de emergencia a nivel gabinete para organizar la respuesta federal, la decisión no avanzó hacia la creación de una estrategia wildfire genuinamente nacional con agencia propia. Lo que sí ocurrió fue que el ministerio de Gestión de Emergencias y Resiliencia Comunitaria comunicó que está considerando "la potencial creación de una agencia federal de manejo de emergencias" como resultado de un proceso de consulta ciudadana reciente.

El contexto comparativo y las lecciones (y advertencias) del exterior

Comparar el modelo estadounidense con el canadiense presenta matices instructivos. Si bien Fema representa un paradigma institucional que ha demostrado capacidad de articulación a escala federal, también enfrenta en la actualidad desafíos de índole política que complican su funcionamiento. La actual administración estadounidense ha sido acusada de cuestionar la credibilidad y neutralidad operativa de Fema, transformando respuestas ante desastres en terreno de disputa política. Esto no invalida el principio de que una agencia federal especializada posee ventajas organizacionales innegables, pero sí señala que su existencia no garantiza automáticamente eficiencia si sufre interferencia política. Para Canadá, la lección implícita es que crear una estructura institucional robusta resulta necesario pero insuficiente sin garantías de autonomía técnica y profesionalismo sostenido.

El contexto histórico también importa. Hace dos años, cuando 2023 estableció el récord demoledor de 15 millones de hectáreas quemadas bajo la administración de Justin Trudeau, el gobierno federal consideró la posibilidad de crear una agencia nacional de respuesta ante desastres. La coyuntura política y las presiones inmediatas, sin embargo, desplazaron esa iniciativa hacia el olvido administrativo. Ahora, con 2025 replicando números casi tan apocalípticos como los de 2023, la oportunidad se reabre, aunque con características distintas y liderazgos cambiados. La pregunta que atraviesa esta historia es si el sistema político canadiense logrará esta vez anclar la decisión antes de que la crisis se diluya en la memoria pública.

Más allá de los números y las estructuras administrativas, lo que emerge de este análisis es una conclusión incómoda: Canadá se encuentra en una encrucijada donde la improvisación coordinada entre provincias, modelo que funcionó durante generaciones, ha alcanzado su límite operativo. El cambio climático no negocia con sistemas heredados ni respeta jurisdicciones. Los incendios de 2025 que queman 8,3 millones de hectáreas no entienden de fronteras provinciales ni esperar a que los gobiernos locales tengan capacidad disponible. Una agencia federal especializada podría optimizar respuestas, pero también podría resultar inefectiva si carece de recursos suficientes, independencia técnica o si deviene en instrumento de disputas políticas entre niveles de gobierno. Los próximos meses determinarán si Canadá efectivamente crea esta institución o si, nuevamente, los incendios se apagan antes de que las reformas se concreten.