La prohibición de una película documental en India durante los últimos tres años y su posterior bloqueo en plataformas digitales por orden gubernamental pone en evidencia una tensión cada vez más profunda entre la creatividad cinematográfica y los mecanismos de control estatal. Lo que comenzó como un proyecto artístico de un realizador comprometido con narrar un capítulo oscuro de la historia nacional terminó convirtiéndose en un símbolo involuntario de resistencia cultural, mientras el gobierno argumenta razones de seguridad nacional y los cineastas denuncian interferencia política. El caso marca un punto de quiebre en la industria cinematográfica india y plantea interrogantes fundamentales sobre qué historias pueden contarse en democracia.

Honey Trehan lleva décadas como cineasta persiguiendo una única obsesión narrativa. Criado en Punjab, la región noroccidental de India, fue testigo en su infancia de cómo fuerzas policiales perpetraron decenas de miles de ejecuciones extrajudiciales y cremaciones ilegales durante los años noventa. El contexto era una represión brutal contra un movimiento insurgente por la independencia. Para los habitantes de Punjab, aquella década representa uno de los períodos más traumáticos de la historia reciente del país. Entre las víctimas figura Jaswant Singh Khalra, un activista que documentó meticulosamente estos crímenes de lesa humanidad y fue asesinado por ello. Su legado lo ha convertido en una figura venerada nacionalmente. Trehan completó su largometraje sobre Khalra y la represión policial en 2022, bautizándolo inicialmente como "Ghallughara", vocablo que alude a un massacre histórico contra sikhs.

El laberinto de la censura estatal

Desde ese momento, el proyecto quedó atrapado en un limbo administrativo de más de tres años. La Junta Central de Clasificación de Películas de India, organismo que debe autorizar toda película para su exhibición comercial, simplemente rechazó aprobar el estreno. Cuando finalmente Trehan optó por lanzar el film directamente en una plataforma de streaming bajo el título modificado "Satluj", la película se mantuvo disponible menos de dos días. Una orden gubernamental la eliminó argumentando que constituía una amenaza para la seguridad nacional. El director describe su experiencia como "distópica" y acusa explícitamente a censores de ejercer represión antidemocrática, vinculada a interferencia política del gobierno encabezado por Narendra Modi. Trehan sostiene que toda la industria del cine india, particularmente el cine hindi de alcance masivo, ha sido cooptada como instrumento propagandístico para difundir una agenda nacionalista religiosa de corte derechista. Según su análisis, existe "únicamente espacio para un tipo de narrativa", lo que liquidaría toda diversidad creativa.

El realizador no oculta su escepticismo radical respecto a la posibilidad de ejercer libertad creativa en el contexto actual. "Es evidente para mí que en India ya no existe libertad creativa", expresó en declaraciones sobre su caso. "Cuando observas la magnitud de censura que ocurre, películas bloqueadas por la junta y prohibidas de ser exhibidas, te lleva a cuestionarte: ¿acaso la democracia todavía existe en este país?". Los temas vinculados al movimiento separatista punjabí de los años ochenta y noventa, que buscaba la creación de Khalistan como estado sij independiente antes de ser sofocado por fuerzas estatales, permanecen como territorio minado políticamente para el gobierno Modi. Un comité ministerial fundamentó la prohibición de "Satluj" alegando que el film carecía de "equilibrio" y había "blanqueado" acciones de militantes separatistas, con potencial para provocar situaciones que amenacen la seguridad nacional.

Un patrón sistemático de control narrativo

Trehan no constituye un caso aislado en la cinematografía india contemporánea. Múltiples realizadores han experimentado obstáculos semejantes al interactuar con la estructura censoria. Aunque la Junta Central está legalmente constituida como entidad independiente, ha enfrentado acusaciones crecientes provenientes de la comunidad cinematográfica respecto a que promueve una agenda afín a la política nacionalista hindú del gobierno vigente. La junta no ha respondido estas acusaciones ni estuvo disponible para comentarios. "De acuerdo a mi experiencia, la junta trabaja en connivencia con el gobierno", sostuvo Trehan. "La utilizan como mecanismo encubierto para controlar la narrativa de toda la industria fílmica". Realizadores han reportado procesos opacos donde películas que aluden a represión gubernamental, ciertas confesiones religiosas, brutalidad policial o violencia vinculada a castas son sistemáticamente bloqueadas o enfrentan exigencias para realizar cortes que resultan prácticamente imposibles de ejecutar. En casos extremos, censores han solicitado la eliminación de planos que muestren carne, aduciendo el riesgo de ofender a hindúes. No existe cifra oficial de cuántos films permanecen estancados por demandas censoras. Un ejemplo reciente fue "Santosh", que debutó en el festival de Cannes con reconocimiento crítico pero fue bloqueado por la junta por su retrato crítico de la institución policial.

Esta dinámica ha generado un efecto secundario profundo: la autocensura se ha convertido en práctica normalizada dentro de la industria. Realizadores y guionistas reconocen privadamente que suprimen contenido por propia iniciativa para asegurar aprobación oficial y evitar pérdidas económicas colosales. Contrasta notablemente que films con presunta inclinación pro-gubernamental como "The Kashmir Files" y "The Kerala Story", acusados por diversos actores de ofrecer interpretaciones históricas distorsionadas e incitar islamofobia e división hindú-musulmana, han transitado sin obstáculos la aprobación censoria y además han recibido beneficios impositivos y promoción estatal. Una crítica especializada en análisis cinematográfico señaló que el tratamiento dispensado a "Satluj" sintetiza la experiencia que enfrentan actualmente múltiples cineastas. Describió una configuración cultural donde censores reprimen realizadores que presentan retratos veristas de opresión social o simplemente "muestran a India bajo luz negativa". El objetivo estratégico, según su análisis, es "generar una atmósfera de temor y fomentar autocensura entre quienes no se han unido al movimiento derechista". Las consecuencias potenciales para el cine indio, advierte, resultan devastadoras.

Resistencia desde las sombras

Trehan reconoce que pocos colegas se animan a manifestarse públicamente como él lo ha hecho, por temor a represalias. "Conozco a muchos otros realizadores que enfrentaron problemas análogos pero carecemos de unidad como industria. La mayoría tiene demasiado miedo de expresarse, especialmente porque hay sumas enormes de dinero y carreras en juego. Si criticas, súbitamente pueden abrir un caso judicial en tu contra". La junta censoria demandó 127 cortes al film de Trehan, varios de los cuales le parecían ejecutables únicamente en teoría. Más allá de cambiar el título, los censores exigieron la eliminación de toda mención a la policía punjabí, a los asesinatos, al gobierno, a los crematorios donde fueron quemados los cadáveres ilegalmente, al nombre de un ex primer ministro, a las fechas de los eventos, a imágenes de la bandera nacional y cualquier escena mostrando policías bajo "mala luz". Incluso solicitaron remover el nombre de Khalra y una secuencia documentando su asesinato dentro de una comisaría, evento que constituye registro histórico verificable. Trehan se mostró particularmente consternado por la exigencia de cambiar el topónimo Trilokpuri, zona real de Delhi donde ocurrió una masacre de sikhs en los años ochenta, por el nombre inventado "Khanpuri", etiqueta asociada con población musulmana. "Este incidente no tuvo nada que ver con musulmanes, entonces ¿por qué cambiar a ese nombre?", interrogó. "Podía verse claramente que intentaban meter su agenda política hindú-musulmana en cada detalle de la película".

Cuando la junta cuestionó si el film realmente se fundamentaba en eventos reales, Trehan entregó un expediente de más de 1.800 páginas conteniendo investigación, declaraciones de testigos y documentación judicial. Según relata, después de revisar el material, uno de los censores le dijo: "Para mi sorpresa, es una historia verdadera. Pero Sr. Trehan, deseo hacerle una pregunta. ¿Quién habla tan fuerte la verdad en estos tiempos?". Frustrado por el bloqueo sistemático de la junta, Trehan finalmente lanzó una versión exclusiva digital a comienzos de mes, formato que no requiere aprobación censoria. Jamás imaginó que el gobierno escalara hasta prohibir directamente el film, efecto que describe como "paralizante". Sostiene que, contradictoriamente, "Satluj" no ha provocado situación de "desorden público" sino que ha generado cohesión comunitaria en Punjab. Desde que fue prohibida, han proliferado proyecciones clandestinas en toda Punjab y estados adyacentes: plazas aldeanas, gurdwaras, escuelas, salones comunitarios, campos abiertos, con asistencias a veces contando miles de personas. "Se transformó en un acto revolucionario verla", expresa Trehan.

En un acto conmemorativo sobre la desaparición de Khalra en 1995, comunidades se reunieron en las márgenes del río Sutlej en Punjab, donde se presume que policías arrojaron su cuerpo junto a innumerables otros, y familiares de víctimas protestaron contra la prohibición del film. Ranjit Singh, de 38 años, tenía tres cuando su padre fue torturado hasta la muerte por agentes policiales. "Este film es, para mí, un archivo de él, de las injusticias que sufrió en su cuerpo", expresó. "Posiblemente sea el único archivo que demuestre que esto realmente ocurrió. Lloré durante días después de verla". La transformación de "Satluj" de proyecto cinematográfico convencional a artefacto de resistencia popular ilustra cómo restricciones estatales pueden paradójicamente amplificar mensajes que pretenden silenciar, especialmente cuando comunidades directamente afectadas por los eventos retratados sienten que sus historias finalmente obtienen visibilidad pública.

Las consecuencias de este enfrentamiento entre creadores y estructura censoria podrían desarrollarse en múltiples direcciones. Algunas perspectivas advierten sobre un potencial quiebre en la confianza de audiencias respecto a narrativas cinematográficas que eviten temas controversial, erosionando la credibilidad cultural del medio. Otras observan riesgos de polarización creciente entre cineastas que autolimitan su expresión versus aquellos que desafían directamente prohibiciones, fragmentando la comunidad artística. Desde ópticas institucionales, la proliferación de proyecciones no autorizadas podría interpretarse como erosión de mecanismos regulatorios formales. Simultáneamente, el episodio ha catapultado debates internacionales sobre libertad de expresión en democracias contemporáneas, con organizaciones defensoras de derechos humanos y festivales cinematográficos reaccionando a las restricciones. Lo que permanece sin resolverse es si la prohibición de un film sobre represión estatal constituye en sí misma un acto de represión, pregunta que trasciende las fronteras indias.