Un episodio de incertidumbre y angustia se desata en Venezuela tras la llegada de más de cien personas expulsadas desde territorio estadounidense, quienes quedaron atrapadas en un establecimiento hotelero en el momento exacto en que dos movimientos sísmicos de considerable magnitud sacudieron la región. El escenario de caos se configuró cuando 146 venezolanos —entre ellos 19 mujeres y 7 menores de edad— desembarcaron de un vuelo procedente de Miami en horas previas a la catástrofe, apenas alcanzando a ser trasladados a una hospedería ubicada en La Guaira antes de que la tierra comenzara a temblar. Lo que debería haber sido el regreso a casa se transformó en una pesadilla de proporciones incalculables, dejando a decenas de personas desaparecidas, familias desesperadas buscando respuestas, y un interrogante sobre los protocolos que rigen este tipo de operaciones migratorias en contextos de emergencia.
El panorama de destrucción que caracterizó a la jornada del miércoles en territorio venezolano no fue un hecho aislado. Dos temblores consecutivos de 7.2 y 7.5 grados en la escala de Richter impactaron la zona costera con fuerza demoledora, siendo La Guaira una de las áreas más afectadas por la furia de la naturaleza. Las autoridades venezolanas reportan un saldo de más de 1.700 fallecidos a consecuencia de la tragedia, cifra que refleja la magnitud del desastre. En medio de este contexto de devastación generalizada, la situación de los deportados —ya de por sí vulnerable por su condición de personas que acababan de ser expulsadas— se agravó exponencialmente. El Hotel Santuario La Llanada, donde fueron alojados temporalmente, sufrió un colapso estructural que sepultó a decenas de huéspedes bajo escombros y concreto, generando una incertidumbre sobre el paradero de muchos de ellos.
La odisea de quienes lograron escapar
Lisbeth Portillo, una mujer de 58 años, logró emerger de entre los destroços del establecimiento tras vivir momentos de terror indescriptible. Su relato, brindado desde su domicilio en Maracaibo una vez que alcanzó a comunicarse, retrata con crudeza el horror que experimentaron los ocupantes del hotel. Portillo se encontraba en una habitación del segundo piso compartida con dieciséis mujeres cuando decidió asomarse a un balcón para observar el mar. En ese instante, notó cambios en el cielo —se tornó oscuro, la temperatura aumentó—, señales que precedieron al primer sismo. "Empecé a escuchar gritos, a las mujeres cayendo, todos pidiendo ayuda", describió la sobreviviente. Segundos después, el segundo terremoto golpeó con aún mayor violencia. "Caí y quedé enterrada bajo una viga, pero el movimiento de la tierra desplazó todo lo que estaba sobre mí y logré salir", explicó Portillo, quien exhibía moretones generalizados en su cuerpo como testimonio de lo vivido.
Una vez fuera del edificio, Portillo caminó aproximadamente cinco kilómetros junto a alrededor de veinte deportados más que también escaparon del colapso. El panorama que encontraron en las calles de La Guaira era apocalíptico: personas saliendo de los escombros desnudas, descalzas, corriendo en todas direcciones sin orientación clara. "Caminamos cinco kilómetros, y lloré y lloré... no había comunicación", recordó. El grupo de deportados logró llegar a un cuartel de la Guardia Nacional, donde finalmente pudieron establecer contacto con sus familias. Para Portillo, ese momento representó un renacer: "Nací de nuevo; Dios me dio una segunda oportunidad", expresó entre lágrimas, aunque reconoció estar profundamente traumatizada por lo ocurrido.
Otro caso documentado es el de Jenny Rodríguez, una joven de 24 años que también viajaba en el mismo vuelo de deportación. Su testimonio añade detalles adicionales sobre la tragedia vivida dentro del hotel. Rodríguez declaró a través de medios de comunicación locales que quedó atrapada bajo los escombros del edificio. "Un compañero que estaba en el mismo vuelo pasó cerca; logré liberar mi mano de los escombros, lo agarré del pantalón y le pedí ayuda", relató. Su compañero respondió al llamado, permitiéndole escapar de la trampa de concreto y acero que amenazaba con sepultarla. "Gracias a Dios —y a él— logré salir de allí", afirmó Rodríguez, reconociendo que su supervivencia fue producto tanto de la intervención divina como de la solidaridad entre compañeros en un momento crítico.
La incertidumbre de los desaparecidos y el silencio institucional
Mientras algunos deportados lograron escapar y narrar sus experiencias, otros permanecen desaparecidos en circunstancias que generan creciente preocupación. Liliana Rojas, cuya pareja fue deportada en el mismo operativo, se encuentra en una situación de total incertidumbre. Su compañero, de 33 años de edad, fue retenido en un centro de detención ubicado en El Paso, Texas, antes de ser incluido en la lista de expulsión. Cuando Rojas intentó obtener información sobre su paradero tras el desastre sísmico, las autoridades responsables únicamente le confirmaron que había sido deportado, sin proporcionar detalles adicionales sobre su estado actual o su localización. "Nadie está dando respuestas sobre nada", expresó Rojas con frustración, reflejando la impotencia de las familias ante la falta de transparencia institucional. Esta ausencia de información es particularmente grave dado el contexto catastrófico en el que se produjo la deportación.
Las autoridades migratorias estadounidenses no ofrecieron respuesta inmediata a consultas sobre la situación de los deportados ni sobre los protocolos de seguimiento implementados tras el desastre. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas no brindó comunicación pública detallando las medidas adoptadas para localizar a los ciudadanos deportados o para mantener contacto con sus familias. Esta reserva informativa contrasta con la documentación de las operaciones de deportación que sí fue publicada: registros indican que doce vuelos de expulsión hacia Venezuela operaron durante mayo, con frecuencia de tres días por semana, como parte de una estrategia más amplia de expulsiones masivas. En ese mismo período, se ejecutaron 288 operaciones de deportación hacia 38 naciones distintas, incluyendo Burkina Faso, Camboya, Camerún, Chile e Ivory Coast, demostrando el alcance global de estas iniciativas migratorias.
Un contexto histórico relevante es que los vuelos de deportación hacia Venezuela se reanudaron en febrero de 2025 tras una pausa de trece meses, lo que indica una reanudación o intensificación de operaciones que había estado suspendida. En el momento previo a los terremotos, este ritmo operativo se encontraba en plena expansión, sin que aparentemente existieran mecanismos de contingencia para situaciones de emergencia natural o desastres humanitarios. El procedimiento ordinario que debería haberse ejecutado consistía en que los deportados serían examinados médicamente y recibirían documentación identificatoria en el hotel, para luego ser trasladados a sus hogares al día siguiente. Sin embargo, el calendario natural de la tragedia sísmica truncó cualquier planificación convencional.
Las implicancias de esta situación trascienden el caso particular de estos ciento cuarenta y seis venezolanos. La confluencia de operaciones migratorias de expulsión masiva con un desastre natural de proporciones catastróficas plantea interrogantes sobre coordinación institucional, protocolos de emergencia, responsabilidad de agencias en contextos de crisis humanitaria, y capacidad de respuesta ante situaciones impredecibles. Las familias separadas —algunas en Estados Unidos, otras en Venezuela, varias dispersas internacionalmente— enfrentan una incertidumbre que probablemente se extenderá durante semanas o meses, mientras que las autoridades continúan sus operaciones sin aportar transparencia sobre lo sucedido. La tragedia de La Guaira, más allá de sus cifras de fallecidos y desaparecidos, expone tensiones estructurales en sistemas migratorios globales y en la capacidad de los gobiernos para responder coordinadamente cuando desastres naturales se intersectan con operaciones administrativas de envergadura.
