Una fábrica de armas en el sur de Alemania, un grupo de activistas que esperó tranquilamente a ser detenido por la policía y un cargo penal habitualmente reservado para organizaciones terroristas. Esa combinación insólita convirtió lo que podría haber sido un caso de daño a la propiedad en uno de los juicios más políticamente cargados que enfrenta el sistema judicial alemán en los últimos años. Cinco personas —originarias del Reino Unido, Irlanda, Alemania y España— llevan meses privadas de libertad antes de que siquiera haya comenzado el debate oral, y sus familias advierten que lo que se avecina no es un proceso judicial ordinario, sino algo mucho más parecido a una demostración de fuerza institucional.
Lo que ocurrió en Ulm en la madrugada del 8 de septiembre
En las primeras horas del 8 de septiembre, el grupo ingresó a las instalaciones de Elbit Systems en la ciudad de Ulm, en el estado de Baden-Württemberg. Una vez adentro, destruyeron equipamiento de laboratorio y mobiliario de oficinas utilizando hachas, lanzaron bombas de humo y dejaron grafitis en el exterior del edificio. Luego filmaron todo, publicaron el video en internet y, en lugar de huir, llamaron a la policía y aguardaron en el predio hasta ser detenidos. El daño material fue estimado por los fiscales en un rango que va desde los 200.000 euros hasta el millón de euros. Ninguno de los cinco tiene antecedentes penales previos.
Los imputados son Daniel Tatlow-Devally, de 32 años, ciudadano irlandés y graduado en filosofía; Zo Hailu, de 25 años, ciudadana británica detenida en una prisión de Bühl; Crow Tricks, también de 25 años y ciudadano británico, alojado en la prisión de máxima seguridad de Stuttgart-Stammheim; Vi Kovarbasic, alemán de 29 años; y Leandra Rollo, española de 40 años nacida en Argentina. Desde el día de su detención, permanecen en prisiones separadas bajo condiciones que sus familias describen como excesivamente restrictivas.
Elbit Systems no es una empresa menor dentro de la cadena de abastecimiento militar israelí. Se trata del principal proveedor terrestre de armamento para las Fuerzas de Defensa de Israel, con contratos que abarcan desde drones y sistemas electrónicos hasta munición guiada de precisión. La empresa tiene presencia en varios países europeos, incluido el Reino Unido, donde también ha sido blanco de protestas y acciones directas por parte de grupos activistas en los últimos años.
El cargo que lo cambia todo: el artículo 129 del Código Penal alemán
Lo que convierte este caso en algo estructuralmente distinto a un simple juicio por daños es la aplicación del artículo 129 del Código Penal alemán, que tipifica la participación en una organización criminal. Esta figura legal permite a los fiscales sostener que los acusados representan una amenaza para la sociedad, lo que a su vez habilita la denegación de la excarcelación preventiva. Los cinco fueron mantenidos en prisión incluso después de vencido el plazo habitual de seis meses para la detención preventiva. El tribunal superior regional de Stuttgart revisó el caso el mes pasado y ordenó continuar con la privación de libertad, argumentando riesgo de fuga que, según el fallo, no podría mitigarse ni siquiera con el pago de una fianza.
Los abogados defensores cuestionan duramente esa calificación. Benjamin Düsberg, letrado de Tatlow-Devally y vocero del equipo de defensa integrado por ocho abogados, sostuvo que la acción de sus clientes debe interpretarse bajo el artículo 32 del mismo código, que contempla el concepto de "asistencia de emergencia": una actuación que, si bien podría ser ilegal en circunstancias normales, se justifica cuando existe una amenaza inminente que no puede evitarse por otros medios. "Lo que hicieron fue actuar en defensa de terceros, intentando obstaculizar el flujo de armas hacia Israel", explicó Düsberg. La estrategia de la defensa apunta, además, a invertir el foco del debate: en lugar de limitarse a responder los cargos, los abogados planean argumentar que quienes deberían estar sentados en el banquillo son los directivos de Elbit, por continuar proveyendo armamento durante lo que ellos califican como un genocidio.
El contexto geopolítico pesa sobre el proceso de manera inevitable. Alemania es el segundo mayor exportador de armas a Israel, después de Estados Unidos. Esa posición se volvió especialmente sensible a partir de enero de 2024, cuando la Corte Internacional de Justicia determinó que la acusación de genocidio contra los palestinos en Gaza era "plausible". La defensa argumentará que, desde ese momento, Berlín debería haber suspendido todas las entregas. Israel rechazó esa calificación calificándola de "escandalosa y falsa". Alemania, por su parte, ha mantenido una postura compleja: redujo significativamente las exportaciones militares a Israel tras el estallido del conflicto en octubre de 2023, pero no las interrumpió por completo, lo que generó debates internos intensos dentro de la coalición gobernante.
Las condiciones de detención y el testimonio de las familias
Las familias de los detenidos han alzado la voz con fuerza. Mimi Tatlow-Golden, madre de Daniel, describió con preocupación lo que percibe como una dimensión política en el proceso: "Sus amigos solo dañaron propiedad, en un lugar específico y con el objetivo de frenar un genocidio. No ocultaron sus identidades y se entregaron voluntariamente a la policía. No representan ningún peligro para el público". Para ella, el uso del artículo 129 para mantenerlos presos antes del juicio responde a una lógica que va más allá de lo estrictamente jurídico: enviar un mensaje sobre el costo de este tipo de acciones.
Nicky Robertson, madre de Zo Hailu, detalló que su hija fue sometida a un registro corporal completo al ingresar a la prisión y obligada a usar pañal para adultos. También denunció que el acceso a visitas, llamadas telefónicas, correspondencia y libros estuvo restringido a lo largo de buena parte de la detención, con períodos de encierro de hasta 23 horas diarias. Robertson definió ese tratamiento como "una respuesta desproporcionada para un caso de daño a la propiedad". Rosie Tricks, hermana de Crow, señaló que las visitas fueron limitadas a dos horas por mes y que la salud de su familiar se ha deteriorado durante el encierro. "La luz de nuestra familia", la describió, al reflexionar sobre el impacto que el aislamiento prolongado ha tenido en alguien conocido por su carácter sociable y enérgico.
El abogado Matthias Schuster fue directo al respecto: "Nuestros clientes no son peligrosos, pero las autoridades necesitan que sean percibidos como tales para justificar las condiciones extremas de su detención". La sala en la que se llevará a cabo el juicio fue presentada por un vocero del tribunal de Stuttgart-Stammheim como especialmente equipada para procesos de seguridad del Estado, con tecnología de punta y capacidad para gestionar el alto interés público esperado. El juicio, que arrancó este lunes, tiene previsto extenderse hasta fines de julio.
Vale recordar que Stuttgart-Stammheim tiene una carga simbólica muy particular en la historia judicial alemana: fue la prisión donde en 1977 murieron los líderes de la Fracción del Ejército Rojo, el grupo armado conocido como la banda Baader-Meinhof. Alojar allí a activistas sin antecedentes, que se entregaron voluntariamente a la policía tras cometer daños materiales, no pasó inadvertido para quienes siguen el caso.
Las implicancias de este proceso trascienden a los cinco acusados. Si la justicia alemana confirma que el artículo 129 puede aplicarse a grupos de activistas que realizan acciones directas no violentas contra personas —aunque sí contra infraestructura— el umbral para calificar a alguien como integrante de una organización criminal se ampliaría de manera considerable. Eso podría tener efectos disuasorios sobre el activismo político en Europa en general. Por otro lado, si la defensa logra instalar el debate sobre la legalidad de las exportaciones de armas en el contexto del conflicto en Gaza, el juicio podría convertirse en una plataforma de visibilidad para cuestiones que los canales diplomáticos habituales han evitado resolver con claridad. La sentencia, cualquiera sea, difícilmente cierre el debate: lo más probable es que lo reabra con mayor intensidad.
