La promesa de una solución definitiva al conflicto armado que ha desgarrado a Colombia durante más de cinco décadas vuelve a encontrarse en jaque. Mientras el país se prepara para elegir su próximo mandatario, la escalada de ataques contra civiles, el asesinato de candidatos presidenciales y el secuestro de líderes políticos evidencian que el enfoque de "paz total" impulsado por la administración actual no ha logrado detener la violencia que se creía controlada después de la histórica negociación de 2016. Un atentado que dejó 21 muertos en una carretera estratégica del país constituye uno de los eventos más sangrientos contra población civil en la historia reciente, generando un retorno a la angustia colectiva que caracterizó períodos anteriores. Las implicancias trascienden lo meramente electoral: el tejido institucional, la participación democrática y el contrato social mismo se encuentran bajo presión.

El legado incompleto de una paz frágil

El acuerdo de 2016 que llevó a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) a deponer las armas marcó un hito fundamental en la historia nacional. La reducción sustancial de la violencia que siguió permitió respirar a una población exhausta. Sin embargo, los gobiernos posteriores enfrentaron dificultades para implementar completamente los términos de esa negociación. Grupos disidentes rechazaron el pacto y facciones rebeldes continuaron operando en territorios específicos, particularmente en regiones donde el Estado histórica y geográficamente ha ejercido presencia limitada. Cuando Gustavo Petro asumió la presidencia en 2022 como integrante de una facción rebelde que años atrás se había desmovilizado, anunció una estrategia ambiciosa: negociar con cada uno de los grupos armados ilegales operativos en el país, tanto colectivos insurrectos de tendencia izquierdista como estructuras vinculadas al crimen organizado. La promesa de alcanzar la "paz total" resonó entre amplios sectores que visualizaban un cierre definitivo de un capítulo de sangre y sufrimiento.

Días después de asumir, Petro proclamó acuerdos de cese del fuego con los cinco principales grupos armados del territorio nacional. Sin embargo, observadores especializados en dinámicas de conflicto señalaron inmediatamente una falencia crítica: estos acuerdos carecían de los mecanismos de vigilancia y monitoreo que habían resultado decisivos para la viabilidad del pacto anterior con las Farc. Las negociaciones posteriores con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que se posicionó como la organización rebelde más numerosa tras la desmovilización de las Farc, nunca llegaron a cristalizarse. El ELN incluso desestimó públicamente haber aceptado participar en cualquier tregua. A medida que transcurrieron los meses, la mayoría de las conversaciones entraron en un letargo del cual nunca emergieron.

La expansión territorial durante el vacío de implementación

En lugar de desarmarse y transitar hacia economías legales como prescribía el proyecto presidencial, los grupos armados aprovecharon los períodos de cese de hostilidades para consolidar posiciones territoriales y expandir su alcance geográfico. Este movimiento de ocupación aceleró un proceso que ya se encontraba en marcha antes de la administración actual. A principios de 2025, enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33, un disidente de las Farc, resultaron en más de 80 fallecidos y obligaron al desplazamiento forzado de 60.000 personas, constituyendo el episodio más masivo de migración interna forzada en la historia contemporánea del país. El control territorial continúa siendo motivo de disputa entre estas organizaciones, motivadas tanto por consideraciones estratégico-militares como por el acceso a economías ilícitas. Colombia mantiene su posición como el principal productor mundial de cocaína, un factor que intensifica la competencia entre mafias. Las operaciones mineras ilegales constituyen otra fuente de pugnas y financiamiento.

La autoridad estatal, lejos de expandirse en estos territorios contestados, enfrentó dilemas estratégicos complejos. A pesar de haber cuestionado al inicio de su gestión los operativos militares que generaban víctimas civiles, Petro autorizó la reanudación de bombardeos aéreos y asaltos de artillería contra posiciones de grupos armados. Algunos de estos operativos resultaron en la muerte de menores de edad, personas que habían sido reclutadas de manera coercitiva por estructuras criminales. Analistas destacan que el año 2025 ya configura el período más violento desde la firma del acuerdo hace nueve años. Según expertos locales, la cantidad de territorios en disputa ha crecido significativamente: si bien al inicio de la administración Petro seis departamentos experimentaban competencia territorial abierta, en la actualidad entre 13 y 14 divisiones geográficas registran estas dinámicas.

La violencia como arma electoral

El asesinato de Miguel Uribe Turbay, senador de tendencia derechista, en junio pasado durante un acto de campaña, marcó el primer magnicidio de una figura política de primera línea en más de tres décadas. El ataque fue reivindicado por Segunda Marquetalia, una escisión de las Farc. En febrero, la senadora de izquierda Aida Quilcué, defensora histórica de derechos indígenas durante más de dos décadas, fue secuestrada brevemente mientras se desplazaba por el departamento de Cauca. Según su propio relato, hombres encapuchados les ordenaron a ella y sus guardaespaldas que se hincaran mientras les apuntaban con armas. Tras cuatro horas de cautiverio, fueron liberados. Quilcué posteriormente fue anunciada como candidata a vicepresidenta en la fórmula de izquierda. Todos los principales candidatos presidenciales han reportado recibir amenazas. Especialistas en seguridad señalan que ciertos grupos armados buscan interferir en los procesos electorales y limitar la participación ciudadana mediante el terror. El asesinato y el secuestro funcionan como mecanismos de intimidación efectiva. Consecuentemente, ciudadanos evitan participar en mítines políticos y eventos de campaña. Vastas regiones rurales se han convertido en territorios donde hacer campaña sin consentimiento de facciones armadas resulta potencialmente mortal.

La contienda electoral de 2025 se desarrolla bajo un telón de fondo de inseguridad permanente. El candidato de izquierda respaldado por Petro, Iván Cepeda, es visto ampliamente como el arquitecto de la estrategia de "paz total" y ha manifestado su intención de mantenerla. Sus principales competidores, los candidatos derechistas Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, ocupan posiciones cercanas en las encuestas y prometen desmantelar el proyecto de negociación masiva para retornar a una estrategia de confrontación militar frontal apenas asuman funciones. La Constitución impide la reelección presidencial, cerrando así la posibilidad de que Petro continúe. La elección inaugural está prevista para 31 de mayo. Esta polarización sobre la estrategia de seguridad refleja divisiones más profundas sobre la naturaleza misma del conflicto y sus posibles soluciones.

Evaluaciones divergentes sobre la escala real de la violencia

Existe cierto debate entre especialistas respecto de la gravedad actual de la violencia comparada con períodos anteriores. Analistas del sector académico y de organizaciones dedicadas a la investigación en materia de paz y seguridad sugieren que, aunque los números han aumentado en términos relativos y absolutos, la escala no ha retornado a los peores momentos vividos por la nación. La tasa actual de homicidios ronda los 26 por cada 100.000 habitantes, una cifra preocupante pero significativamente inferior a los 80 por cada 100.000 que se registraban en la década de 1990. Otros indicadores también muestran variaciones: mientras que masacres, secuestros y desplazamientos forzados han experimentado incrementos, algunas categorías de violencia han permanecido relativamente contenidas. Esta perspectiva matizada contrasta con la percepción ciudadana de que el país ha vuelto a sus "peores momentos", percepción comprensible dado el contexto electoral saturado de inseguridad y los eventos de alto impacto mediático. La brecha entre estadística y experiencia vivida se convierte así en un factor político relevante.

Las opciones estratégicas para el próximo gobierno

Tanto desde espacios académicos como desde organizaciones dedicadas al análisis de riesgos políticos, se reconoce que el próximo gobierno enfrentará un desafío extraordinariamente complejo, con independencia de la orientación ideológica que asuma. La fragmentación del conflicto actual difiere cualitativamente de épocas previas: en lugar de enfrentar a pocos actores centralizados y jerárquicamente organizados, la próxima administración deberá gestionar múltiples grupos descentralizados dispersos en prácticamente todos los rincones del territorio nacional. Esta configuración hace que cualquier solución monolítica resulte problemática. Especialistas sugieren que una estrategia híbrida, que combine de manera equilibrada conversaciones negociadas con operativos de seguridad selectivos y bien coordinados, podría resultar más viable que apuestas radicales en una u otra dirección. Se enfatiza la importancia de evitar decisiones excesivamente ambiciosas que carezcan de mecanismos de monitoreo e implementación robustos. Colombia ha desarrollado a lo largo de décadas una experiencia considerable en innovación en materias de paz, seguridad y justicia transicional; esa acumulación de conocimiento debería servir como referencia para cualquier decisión estratégica futura. Lo fundamental, según estos análisis, radica en la aplicación inteligente y coordinada de todas las herramientas disponibles para el Estado: la negociación, el ejercicio del monopolio de la fuerza pública y la política criminal, sin subordinar unas a otras sino integrándolas en un diseño coherente.

Las próximas semanas definirán no solo quién gobernará a Colombia sino también cuál será la dirección que asuma la estrategia de seguridad nacional. Ambas opciones enfrentan limitaciones y desafíos de magnitud comparable aunque de naturaleza distinta. Una reorientación radical hacia la confrontación militar podría resultar en escaladas no controladas y nuevos ciclos de violencia. Mantener versiones ajustadas del enfoque negociador requeriría rediseños institucionales profundos y capacidades de monitoreo que no existen actualmente. En cualquier caso, la experiencia de los últimos años ha demostrado que no existe atajo institucional hacia la paz; tampoco existe una única herramienta mágica que por sí sola resuelva dinámicas acumuladas durante medio siglo de conflictividad. Lo que suceda en las urnas en los próximos meses probablemente determinará no si habrá violencia en Colombia, sino qué tipo de violencia, a qué escala, con qué métodos de respuesta estatal, y a costa de qué sacrificios civiles e institucionales.