La maquinaria judicial de Hong Kong acaba de sellar un capítulo inquietante en su evolución política: dos activistas fueron declarados responsables de "incitación a la subversión" por su rol organizando ceremonias anuales que recordaban a las víctimas de la represión en Tiananmén de 1989. La sentencia marca un punto de no retorno en la aplicación de la ley de seguridad nacional que Beijing impuso sobre el territorio hace apenas cuatro años. Lo que antes fue un acto público de duelo permitido en Hong Kong ahora se criminaliza como una amenaza al Estado. Esta transformación no es un acontecimiento aislado, sino el reflejo de un cambio estructural profundo en la forma en que se ejerce el poder político en la región.
Lee Cheuk-yan, de 69 años, y Chow Hang-tung, de 41, enfrentan penas máximas de diez años de encarcelamiento tras el veredicto del tribunal. Ambos fueron miembros destacados de la Alianza de Hong Kong, organización que desapareció tras los cambios legales. El proceso judicial se extendió por 24 días de audiencias iniciadas en enero, durante los cuales los acusados debieron comparecer en el banquillo rodeados de guardiacárceles. Un tercer imputado, el exlegislador Albert Ho, de 74 años, ya había aceptado los cargos en enero de este año. La corte determinó que los procesados "incitaron a otras personas a organizar, planificar, cometer o participar en actos por medios ilícitos con el propósito de socavar el poder estatal".
Cuando la memoria se convierte en delito
Para entender la dimensión de esta sentencia es necesario retroceder a 1989. En esa época, tropas y tanques del Ejército Popular de Liberación fueron desplegados en el centro de Beijing para reprimir las manifestaciones estudiantiles que reclamaban reformas políticas. La masacre de Tiananmén dejó un saldo de vidas perdidas que permanece en disputa: estimaciones oficiales hablan de cientos de muertos, mientras que organismos independientes sugieren cifras considerablemente mayores. Durante décadas, Hong Kong y Macao fueron los únicos territorios bajo jurisdicción china donde se permitían actos públicos de conmemoración cada 4 de junio. Esa libertad, garantizada en los tratados internacionales que acompañaron la reintegración de Hong Kong a China en 1997, se ha erosionado sistemáticamente.
La transformación aceleró tras 2019, cuando movilizaciones masivas atravesaron la ciudad durante meses. En respuesta, Beijing sancionó en 2020 una ley de seguridad nacional que modificó radicalmente el marco legal de Hong Kong. Los cargos contra Lee y Chow fueron formalizados en 2021, y ambos permanecieron encarcelados desde entonces. El caso se enfocó específicamente en la consigna de la Alianza que exigía el "fin del gobierno de un único partido". Según el tribunal, los acusados tenían la intención deliberada de "hacer que otras personas pierdan confianza en el Partido Comunista Chino, avivando hostilidad y provocando división". Chow, abogada entrenada en Cambridge que se defendió a sí misma durante el juicio, argumentó que la organización simplemente ejercía su derecho a la libertad de expresión.
La defensa de lo indefendible en tiempos de represión
Desde la prisión, Chow escribió un mensaje que llegó a manos de observadores internacionales. En la comunicación, la abogada sostuvo que "intentan reescribir la historia de Hong Kong" y que "ciertamente quieren borrar algunos recuerdos, o los recuerdos de ciertos capítulos de nuestra historia". Agregó críticas hacia la superpotencia asiática, afirmando que su gobierno representaba una amenaza creciente. Durante el proceso, Chow también dirigió sus palabras directamente al primer ministro británico, reclamando una postura más firme frente a lo que denominó como un régimen totalitario y agresivo. El tribunal, sin embargo, no consideró estos argumentos como justificación válida. Amnistía Internacional expresó su preocupación respecto a cómo la acusación se sustenta en definiciones de "subversión" que califica como vagas, excesivamente amplias y potencialmente arbitrarias.
El escenario que rodeó el veredicto fue revelador. Decenas de agentes policiales se apostaron afuera de los juzgados, alejando reporteros mientras intentaban documentar a los asistentes que aguardaban para ingresar a la sala. Ciudadanos comunes hicieron fila durante días para lograr un asiento, algunos pasando noches al aire libre. Cuando se anunció el fallo, Lee ejecutó un gesto con las manos formando un corazón y saludó a sus partidarios antes de ser conducido fuera. El acto, aunque silencioso, contenía un mensaje político. Uno de los seguidores presentes manifestó a periodistas que "este caso ilustra el poder absoluto de Beijing para remodelar la sociedad civil de Hong Kong a través de la Ley de Seguridad Nacional". Otro comentarista agregó que "el resultado subraya el control total del gobierno central respecto a la aplicación de la seguridad nacional en la región".
Desde instancias internacionales llegaron pronunciamientos críticos. Una ministra del Ministerio de Asuntos Exteriores británico enfatizó que el veredicto demuestra cómo "incluso actos pacíficos de conmemoración en Hong Kong son tratados ahora por las autoridades como amenazas a la seguridad nacional". Resaltó además que el uso extensivo de la ley de seguridad nacional para castigar y restringir la expresión pacífica contradice los compromisos que China adquirió respecto a Hong Kong conforme a la Declaración Conjunta Sino-Británica de 1984. Desde organismos defensores de derechos fundamentales se reiteró el llamado para derogar completamente esa legislación y restaurar garantías de libertades civiles.
El futuro de la disidencia en Hong Kong
La sentencia se produce en un contexto donde la mayoría de los líderes de la oposición han sido detenidos o abandonaron la región. Critics caracterizan la ley de seguridad nacional como un instrumento que ha desmantelado efectivamente la arquitectura de la sociedad civil local. Las autoridades chinas han justificado su implementación argumentando que era necesaria para restaurar el orden tras un año de protestas que sacudieron a la metrópolis financiera internacional en 2019. Con esta condena, se consolida un patrón donde la memoria colectiva de eventos históricos incómodos se trata como una transgresión política.
Las implicancias de este fallo se extienden más allá del caso específico. Establece un precedente sobre qué tipo de actividades civiles pueden ser reinterpretadas como criminales bajo la ley de seguridad nacional. Mientras algunos sectores considerarán que la decisión representa el restablecimiento del orden público y la soberanía estatal, otros argumentarán que erosiona las libertades políticas fundamentales que supuestamente caracterizan el estatus especial de Hong Kong dentro del sistema político chino. La sentencia también abre interrogantes sobre el futuro de otras formas de expresión crítica: si conmemorar un evento histórico es punible, qué límites quedan para otras manifestaciones de disenso. El sistema judicial ha enviado un mensaje claro, aunque sus consecuencias en términos de gobernabilidad democrática, participación cívica y cohesión social permanecen abiertas al análisis desde múltiples perspectivas políticas y académicas.
