En los años más oscuros de la pandemia, mientras el mundo entero debatía vacunas y confinamientos, Corea del Norte aprovechaba el silencio internacional para intensificar una maquinaria letal que ya existía pero que, lejos de los ojos del mundo, funcionó con una eficiencia aterradora. Un informe elaborado durante más de una década por el Transitional Justice Working Group (TJWG), una organización de derechos humanos con sede en Seúl, reveló que el número de ejecuciones documentadas y condenas a muerte creció un 117% en los casi cinco años posteriores al cierre de fronteras que el régimen decretó en enero de 2020, comparado con el mismo período anterior. Lo que cambia con este informe no es solo la magnitud de los datos: es la evidencia de que el Estado norcoreano usa deliberadamente el aislamiento como herramienta para matar con mayor impunidad.

Un régimen que ejecuta en público y amplía la lista de crímenes capitales

El documento sistematizó 144 casos, de los cuales 136 corresponden a eventos concretos de ejecuciones que involucran a al menos 358 personas, ocurridos entre diciembre de 2011 —cuando Kim Jong-un asumió el poder tras la muerte de su padre— y diciembre de 2024. La metodología fue rigurosa: se recopilaron testimonios de 265 desertores norcoreanos que habían vivido en 51 ciudades y localidades del país durante ese período, además de información proveniente de cinco fuentes periodísticas con corresponsales clandestinos dentro del territorio. Cerca del 70% de las ejecuciones se realizaron en público, con ciudadanos obligados a presenciarlas, una práctica que el régimen utiliza con fines de disciplinamiento social desde hace décadas.

Pero quizás el dato más revelador no es cuánto aumentaron las ejecuciones, sino por qué. Antes del cierre de fronteras, el crimen más castigado con la pena capital era el homicidio. Después de la pandemia, ese delito cayó un 44% como causa de ejecución. En cambio, los casos vinculados a la difusión, posesión o consumo de cultura e información extranjera —películas, series y música surcoreana, así como prácticas religiosas o consideradas "supersticiosas"— se dispararon un 250% y pasaron a ser la principal causa de condena a muerte. Ver una serie de Corea del Sur, escuchar K-pop o poseer contenido religioso puede costar la vida en ese país. No es una hipérbole: es una política de Estado documentada.

Amnesty International, por su parte, también recabó testimonios de personas que huyeron recientemente del país, en los que se describe un clima de terror generalizado. Según esos relatos, ver producciones de gran difusión mundial como El juego del calamar o Crash Landing on You, o simplemente escuchar canciones de grupos como BTS, puede derivar en las sanciones más severas que contempla el sistema judicial norcoreano, incluyendo la muerte. Lo que el mundo consume como entretenimiento, al otro lado de la frontera puede equivaler a una sentencia.

La geografía del terror se expandió durante el aislamiento

Otro hallazgo central del informe refiere a la dimensión territorial del fenómeno. Antes del cierre por Covid, las ejecuciones documentadas se concentraban en ocho localidades, principalmente en la capital Pyongyang y en tres provincias del noreste con frontera con China. Después del cierre, ese mapa se extendió a 19 localidades distribuidas de manera más amplia por el país. El informe identificó además 46 sitios de ejecución y divulgó las coordenadas geográficas de 40 de ellos, un recurso que podría resultar fundamental en eventuales investigaciones internacionales.

La expansión geográfica no es un dato menor. Sugiere que el régimen no solo intensificó las ejecuciones cuantitativamente, sino que también descentralizó el proceso, llevándolo a regiones que históricamente habían estado menos expuestas a esa forma de violencia estatal. Esto implica que una proporción mayor de la población norcoreana quedó expuesta directamente al terror como instrumento de control. En contextos históricos comparables —como los regímenes totalitarios del siglo XX— la descentralización de la represión suele responder a una lógica de normalización: hacer de la violencia estatal algo cotidiano, omnipresente, inevitable.

El informe también señala un patrón que revela hasta qué punto el régimen monitorea la presión internacional y calibra sus acciones en función de ella. Según el análisis del TJWG, las ejecuciones disminuyeron notablemente durante los períodos en que la comunidad internacional debatió la posibilidad de llevar a Kim Jong-un ante la Corte Penal Internacional de La Haya. Este comportamiento reactivo indica que el escrutinio externo tiene efectos reales, aunque limitados, sobre la conducta del régimen. Y, por extensión, que su ausencia —como ocurrió durante el aislamiento pandémico— tiene consecuencias letales.

La sucesión dinástica como factor de escalada futura

El TJWG no se limitó a describir el pasado: también proyectó escenarios futuros. En el comunicado que acompañó la publicación del informe, la organización advirtió que las ejecuciones podrían intensificarse en los próximos años en el marco de la preparación del régimen para una sucesión hereditaria de cuarta generación. La hija adolescente de Kim Jong-un, identificada como Ju-ae, viene siendo posicionada públicamente como su eventual heredera, en apariciones oficiales y cobertura mediática estatal que sigue el mismo patrón con que el propio Kim fue introducido ante la población antes de asumir el poder. En contextos históricos de sucesión en regímenes autoritarios, la consolidación del poder suele ir acompañada de purgas y un endurecimiento de los mecanismos de control social.

Ethan Hee-seok Shin, analista jurídico del TJWG, llamó a la comunidad internacional a asumir un rol más activo para "disuadir y sancionar este crimen de lesa humanidad" y exigir responsabilidades bajo el derecho penal internacional. Los hallazgos del informe serán presentados formalmente en el Congreso Mundial contra la Pena de Muerte, que se celebrará en París durante el verano boreal de este año, en un foro que reúne a organizaciones, juristas y representantes de gobiernos comprometidos con la abolición de la pena capital a nivel global.

Las implicancias de este informe se leen en al menos dos planos. En el inmediato, aporta evidencia documentada y georeferenciada que podría servir como base para investigaciones ante organismos internacionales, en un momento en que el debate sobre la jurisdicción universal en materia de crímenes de lesa humanidad sigue siendo jurídicamente vigente. En el plano más estructural, plantea una pregunta incómoda: qué tan eficaz puede ser la presión internacional sobre un régimen que aprendió, durante la pandemia, que el aislamiento le otorga una libertad de acción que de otro modo no tendría. Para quienes defienden el compromiso diplomático con Pyongyang como herramienta de moderación, los datos sugieren que ese compromiso tiene un efecto real sobre el comportamiento del régimen. Para quienes postulan sanciones más severas y aislamiento internacional, el mismo informe muestra que el aislamiento puede tener el efecto exactamente opuesto. El debate está lejos de resolverse, mientras las ejecuciones continúan.