Hace cuatro meses que un misil de crucero estadounidense impactó contra una escuela primaria en la localidad iraní de Minab, resultando en la muerte de alrededor de 175 personas, en su mayoría menores de edad. Sin embargo, hasta el presente momento, las autoridades militares norteamericanas no han proporcionado explicaciones públicas detalladas sobre los motivos que llevaron a ejecutar tal operación durante las primeras horas del conflicto. El silencio prolongado genera inquietud entre expertos y críticos que advierten sobre la posibilidad de que los hallazgos de la investigación permanezcan clasificados o sean suprimidos bajo el argumento de la seguridad nacional, impidiendo que la ciudadanía acceda a información sobre lo ocurrido.
La magnitud de las víctimas civiles registradas en Minab equipara este incidente con algunos de los episodios más catastróficos de conflictos militares anteriores en los que participó Estados Unidos. Entre ellos figuran el ataque aéreo de 2017 en Mosul, que causó entre 105 y más de 200 muertes civiles; el bombardeo del hospital de Kunduz en 2015, que dejó 42 fallecidos; y el ataque al refugio de Amiriyah en 1991 durante la Tormenta del Desierto, donde murieron más de 400 civiles iraquíes que buscaban protección. Los números, aunque provengan de distintas épocas y contextos, revelan un patrón histórico de daño civil significativo en operaciones militares estadounidenses.
La versión oficial y sus cambios de narrativa
En los primeros momentos posteriores al ataque, la narrativa presentada por autoridades estadounidenses experimentó transformaciones notables. Inicialmente, se sugirió desde esferas oficiales que el responsable era Irán mismo. Cuando quedó establecido que se utilizó un misil Tomahawk de fabricación estadounidense, se argumentó que la república islámica también disponía de acceso a estos sistemas de armas de precisión, algo que carece de fundamentación técnica. Semanas después, durante un encuentro en Évian-les-Bains, Francia, en el contexto de reuniones internacionales, el presidente estadounidense minimizó la relevancia de investigar lo sucedido, describiendo los hechos como un error inevitable en operaciones bélicas. "Nadie hizo eso a propósito", expresó, caracterizando el bombardeo como parte de un conflicto inherentemente caótico donde "los errores ocurren".
Según reportes de funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato, la ubicación objetivo fue identificada como una base de la Guardia Revolucionaria Islámica. No obstante, los datos de orientación utilizados para identificar y validar el blanco databan de hace siete años, período en el cual la estructura no funcionaba como instalación militar. Reportes posteriores indican que al menos un analista había alertado años atrás a colegas sobre que el edificio en cuestión se había convertido en una escuela para niñas, pero la información de targeting nunca fue actualizada. A pesar de esta advertencia, oficiales militares continuaron revalidando el sitio como un objetivo legítimo para operaciones de bombardeo.
El testimonio de quien lo perdió todo
Mohammadreza Ahmadi Tifakani es padre de dos de las víctimas fatales del incidente en Minab. Su hija Hanieh, de siete años, fue asesinada cuando el primer misil impactó contra la sección femenina de la escuela, eliminando a toda su clase. Su hijo, Sobhan, de diez años, logró sobrevivir la explosión inicial y, según testimonios de personas que presenciaron los hechos, regresó corriendo para buscar a su hermana. Fue alcanzado por el segundo impacto. "Personalmente acudí a la morgue e identifiqué a ambos", narró Tifakani en una entrevista poco tiempo después del suceso. Describió que Sobhan presentaba heridas severas, incluyendo la pérdida de un ojo y daños masivos en la mitad del rostro, además de fracturas en las extremidades inferiores. Su hermana, aunque con el cráneo fracturado, conservaba el rostro intacto, lo que permitió su identificación visual inmediata.
Cuando se le consultó sobre qué mensaje tenía para instituciones legales e investigadores que analizaran el bombardeo, Tifakani expresó un pesimismo profundo respecto de las posibilidades de responsabilidad desde investigaciones estadounidenses o el sistema internacional. Recordó los casos de Gaza y Palestina como referentes de la impunidad que caracteriza estos procesos, sugiriendo que ninguna declaración pública modificaría el resultado final de falta de consecuencias.
La transformación institucional en el Pentágono
El contexto institucional que rodea la investigación resulta relevante para comprender las expectativas sobre su resultado. El actual secretario de Defensa ha promovido, desde su incorporación al cargo, un replanteamiento integral de los mecanismos de supervisión civil sobre operaciones militares. Bajo el argumento de eliminar lo que denominó "reglas de enfrentamiento estúpidas", se han cerrado o reducido significativamente unidades especializadas en la revisión de incidentes civiles y en evaluaciones de responsabilidad por daño a no combatientes. En septiembre pasado, proclamó públicamente que había eliminado aquellas restricciones, asegurando que los "combatientes" gozaban de "máximas autoridades otorgadas personalmente por el presidente".
Un informe del inspector general del departamento de defensa, divulgado en mayo, concluyó que las fuerzas militares estadounidenses ya no disponen de personal, herramientas o infraestructura suficiente para cumplir con dos estatutos federales que requieren mantener una política funcional de castigabilidad por daño civil y operar un centro de excelencia en protección de civiles. Especialistas en cuestiones de seguridad señalan que estas decisiones institucionales han provocado un debilitamiento sustancial en los mecanismos de control externo sobre decisiones operativas, esencialmente a través de la desmantelación de controles civiles que existían previamente.
Las dificultades para acceder a respuestas
Intentos legislativos por obtener claridad respecto de lo ocurrido en Minab han enfrentado obstáculos. Una congresista de origen iraní, que representa un distrito de Arizona, ha manifestado que solicitó información al gobierno actual sin recibir respuestas significativas. Caracterizó lo que considera un encubrimiento de la realidad, afirmando que responsables políticos evitan que la ciudadanía norteamericana y el Congreso accedan a información sobre las consecuencias del conflicto iniciado.
Expertos que anteriormente desempeñaban funciones en evaluación de daño civil dentro del Pentágono han expresado escepticismo respecto de la probabilidad de que resultados investigativos sean publicados. Un antiguo funcionario de rango superior en el departamento de defensa señaló que, aunque existe un procedimiento establecido para investigar, evaluar responsabilidad y asumir las consecuencias cuando civiles resultan dañados, "existe gran duda de que el Pentágono bajo la administración actual siga adelante" con estos procesos. Otro especialista en operaciones aéreas especiales que anteriormente dirigía evaluaciones de daño civil aseguró que colegas que aún mantienen posiciones relacionadas han sido impedidos de acceder incluso a resultados preliminares de la investigación, expresando su creencia de que tanto autoridades ejecutivas como el secretario de defensa realizarán "todo lo posible para suprimir esta investigación".
Perspectivas sobre lo que viene
Las implicancias de estos desarrollos pueden analizarse desde múltiples ángulos. Por un lado, existe la preocupación de organizaciones de defensa de derechos humanos respecto de que la reducción de mecanismos de control ha debilitado salvaguardas legales destinadas a prevenir daño civil masivo. Estas organizaciones advierten que el discurso público minimizando la importancia de restricciones operativas puede correlacionarse directamente con eventos como el de Minab, interpretando esto como evidencia de consecuencias prácticas de cambios en filosofías de comando militar.
Por otra parte, existen quienes argumentan que flexibilizar restricciones operativas responde a necesidades tácticas legítimas en contextos de conflicto, donde la velocidad de decisión y autoridad descentralizada pueden resultar críticas. Desde esta perspectiva, mecanismos de supervisión posteriores resultan adecuados sin requerir restricciones previas al despliegue de poder militar.
Lo que permanece cierto es que cuatro meses después del incidente, la ausencia de comunicaciones públicas detalladas, la reducción de capacidades institucionales de revisión, y las transformaciones en estructura de comando han generado un escenario donde la posibilidad de que detalles completos sobre lo ocurrido en Minab permanezcan fuera del conocimiento público se presenta como una perspectiva factible para múltiples observadores. Los antecedentes históricos de operaciones militares norteamericanas sugieren que cuando estructuras de supervisión se debilitan, la documentación de incidentes tendientes a generar responsabilidad pública se reduce correspondientemente. ¿Cuáles serán las consecuencias a largo plazo de debilitar mecanismos de control civil sobre operaciones militares? ¿Afectará esto la confianza institucional tanto doméstica como internacional? ¿Establecerá precedentes que molden futuras políticas militares? Estas interrogantes permanecen abiertas, aunque sus respuestas dependerán de decisiones que se tomarán en los próximos meses respecto de qué información será divulgada, qué investigaciones se completarán y qué nivel de responsabilidad, si alguno, será asumido por los responsables de las decisiones operativas.
