La escena podría haber salido de una película de absurdo político. Eve Middleton estaba sentada sobre una manta en un parque, compartiendo galletas veganas con compañeros de lucha, cuando divisó una columna de uniformados aproximándose a velocidad. Treinta efectivos, según su relato, rodearon al grupo de siete jóvenes. Uno de los policías advirtió con dureza: "No corran o terminarán esposados". Lo que vino después fue casi risible: otro oficial se enfocó obsesivamente en un interrogatorio sobre la procedencia de las galletitas. Sin embargo, detrás de esa anécdota burlona se esconde algo mucho más inquietante: una represión coordinada contra un movimiento que desafía las estructuras de poder mediante acciones de desobediencia civil.
Bridie Leggatt, estudiante de 22 años, estaba en esa concentración que supuestamente era simplemente un entrenamiento en no violencia. Lo que parecía un encuentro amistoso en un día soleado terminó convertido en un episodio de detención masiva. Leggatt fue uno de los trece aprehendidos durante el fin de semana pasado en zonas de Salford y Londres. Quince personas más habían sido capturadas un mes antes en un evento similar realizado en el edificio histórico de la Casa Cuáquera en Westminster. La acusación que pesaba sobre todos ellos: conspiración para robar. El nexo que los unía a todos: su participación en un colectivo llamado Take Back Power, una organización que ha iniciado una campaña de sustracción masiva de mercancías en supermercados británicos como forma de protesta contra la inequidad económica.
Un movimiento que se propaga por redes y genera pánico en las autoridades
Las redes sociales se han convertido en el amplificador perfecto para esta iniciativa. En plataformas como TikTok circulan videos de activistas de todas las edades en acción: tomando arroz, pasta, legumbres, pañales, cubos de caldo y frutas enlatadas de los lineales comerciales. Estos materiales terminan embalados en cajas de cartón que ostentan un mensaje provocador: "Estas cosas van para quienes las necesitan". El destino final de estos productos son los comedores comunitarios y bancos de alimentos locales, siempre que logren eludir a los vigilantes de seguridad. Los operativos han ocurrido en múltiples ciudades: desde Cornwall hasta Londres y Manchester, evidenciando una coordinación que traspasa fronteras regionales. Los números de hurtos en supermercados han alcanzado máximos históricos, pero esta iniciativa particularmente desorganizada y descarada ha generado una respuesta policial sin precedentes. Steph Parker, funcionario de rango medio en la policía del Gran Mánchester, emitió una advertencia clara: la fuerza pública aplicaría "acciones contundentes para interrumpir este tipo de delincuencia organizada y no será tolerada".
Middleton y sus seis compañeros fueron retenidos durante veinticuatro horas antes de quedar en libertad. Para muchos de ellos, este no representa su primer choque con el sistema judicial. Varios participantes del colectivo son activistas veteranos, aunque muchos ronden los veinte años. Han participado previamente en acciones con movimientos como Extinction Rebellion, Just Stop Oil y Animal Rising. Cuando se les pregunta sobre sus antecedentes de detención, tanto Middleton como Leggatt evitan proporcionar cifras específicas, admitiendo con humor que temen sermones de sus progenitores. El colectivo Take Back Power hizo su aparición pública de manera dramática en diciembre cuando activistas lanzaron natilla y compota de manzana sobre una vitrina que contenía las joyas de la corona en la Torre de Londres. Ocho personas fueron imputadas por daño criminal en ese incidente, con cuatro de ellas enfrentándose a procedimientos en tribunales magistrados de Westminster.
La desconexión entre la retórica oficial y la práctica represiva
Desde su fundación, el movimiento ha documentado un total de cincuenta detenciones, siendo la mayoría de ellas realizadas durante eventos de capacitación sobre resistencia pacífica. Este dato resulta particularmente relevante cuando se considera la filosofía que supuestamente guía la labor policial en el Reino Unido. Sir Robert Peel, quien fundó la estructura moderna de aplicación de la ley, propuso un principio fundamental: "la vigilancia por consentimiento", la idea de que los agentes actúan sobre la base de la confianza pública, no del miedo ni de la coerción. Peel Park en Salford, donde ocurrió el incidente de la merienda vegana, lleva precisamente el nombre de este personaje histórico. Sin embargo, detener a individuos que participan en entrenamientos de no violencia, antes de que realicen acto específico alguno, parece contradecir frontalmente esos principios ancestrales.
Middleton argumenta que estas capturas forman parte de una estrategia más amplia de "represión" contra la resistencia civil en el territorio británico. Organismos internacionales de derechos humanos han emitido pronunciamientos sobre el tema: el comité parlamentario conjunto sobre derechos fundamentales ha denunciado que cambios legislativos recientes han generado un "efecto paralizante" en la capacidad de protestar en Inglaterra y Gales. Según Middleton, otros colectivos activistas han podido llevar a cabo entrenamientos sin que sus participantes fueran detenidos de manera masiva. "Haciendo menos que nosotros, el riesgo de encarcelamiento es considerablemente mayor", comenta. Un portavoz del colectivo que prefiere identificarse únicamente como James –argumentando el riesgo de detención si se expone su identidad completa– sostiene que la organización no posee liderazgo jerárquico tradicional. Ha logrado recaudar más de sesenta y cinco mil libras esterlinas en donaciones durante apenas cuatro meses a través de plataformas de financiamiento colectivo.
Las justificaciones que esgrimen los participantes se centran en la inequidad económica extrema que caracteriza al modelo británico actual. Middleton subraya que Ken Murphy, director ejecutivo de Tesco, percibió una compensación de nueve millones doscientas mil libras durante el año anterior, aproximadamente cuatrocientas veces lo que gana un empleado promedio en las sucursales de la cadena. Mark, otro de los aprehendidos el fin de semana pasado, quien trabaja en el sector educativo y rondaría los cuarenta y cuatro años, argumenta que el comercio minorista obtiene ganancias colosales mientras la población padece. Cuando se le cuestiona sobre el riesgo para los empleados de bases salariales bajas, Mark responde que no deberían ser ellos quienes paguen el precio: "Lo que debe reducirse son las ganancias obscenas y los salarios de los directivos". La premisa detrás de esta lógica es que supermercados que generan miles de millones en ganancias anuales pueden absorber pérdidas por robo sin que esto afecte nóminas de trabajadores precarizados.
James y su colectivo tienen objetivos políticos explícitos: desean que se implementen gravámenes fiscales más altos para los sectores de mayores ingresos y la creación de una asamblea ciudadana con poder vinculante. El cronograma que manejan es ambicioso: acumular acciones con mayor visibilidad mediática antes de las próximas elecciones generales británicas, que deberán realizarse como máximo en agosto de 2029. Planean dirigir operativos futuros hacia distritos acomodados, "ocupando los lugares donde juegan y compran" los ultraricos. Middleton, por su parte, interpreta la represión como una señal de pánico en las esferas del poder. "Ven que Take Back Power resuena con mucha gente en este país que está harta de la desigualdad. Les asusta lo que podría llegar a ser", sentencia. El movimiento, en apenas unos meses, ha logrado convertir actos de desobediencia civil en un símbolo de resistencia contra un sistema que perpétúa privilegios extremos mientras amplios sectores de la población lucha por cubrir necesidades básicas.