En el corazón de Cisjordania, la escalada de violencia ha cobrado dos vidas más. Khalil Abu Alia, de 16 años, y Omar al-Nassan, de 19, fueron asesinados a tiros en circunstancias que revelan la complejidad y crudeza de un conflicto que parece descontrolarse. Lo sucedido no fue un incidente aislado: forma parte de un patrón sistemático que ha dejado al descubierto las vulnerabilidades de comunidades palestinas cercadas, sin protección y sometidas a una presión constante. Los hechos registrados ponen en relieve cómo la cotidianidad en ciertos territorios se ha transformado en una batalla permanente por la supervivencia, donde menores de edad pagan el precio más alto.
Los disparos ocurrieron en el atardecer, cuando grupos de colonos ingresaron al pueblo bajo custodia de fuerzas de seguridad e institucionales. El objetivo declarado era el robo de ganado ovino desde una vivienda palestina. Según testimonios de residentes e integrantes de organizaciones de derechos, los colonos sustrajeron docenas de ovejas. Cuando los pobladores locales intentaron impedir la sustracción mediante el lanzamiento de piedras y bloques de cemento, sobrevino la reacción armada. Abu Alia recibió un disparo en el cuello mientras se encontraba en el umbral de su hogar, según relató su docente de inglés. Al-Nassan fue impactado en dos ocasiones, siendo alcanzado en la espalda en el segundo disparo. Ninguno de los dos jóvenes llegó con vida a la institución sanitaria.
Un colegio bajo sitio: cinco estudiantes asesinados en meses
La institución educativa al-Mughayyir, donde ambos adolescentes estudiaban o habían estudiado, se ha convertido en un símbolo involuntario de la tragedia que aqueja a la región. Con 470 alumnos inscritos, ha perdido cinco de sus estudiantes en lo que va de 2024. Junto a Abu Alia y Al-Nassan, la escuela lamenta la muerte de un futbolista de 17 años abatido en junio, un niño de 14 años acribillado en la puerta de la institución durante abril, y otro menores de la misma edad asesinado fuera de la mezquita comunitaria en enero. El docente que impartía clases de inglés, quien tuvo la oportunidad de enseñar a todos estos jóvenes, no solo ha presenciado estas pérdidas: su propio hermano fue ejecutado por colonos en abril pasado. Su relato es desgarrador: "No sabemos cuánto tiempo más estas atrocidades van a continuar", expresó en una comunicación telefónica.
La institución educativa ha reaccionado de manera defensiva, como si la escuela misma fuera un territorio en disputa. Se han levantado muros más altos rematados con cercos de metal. Las puertas de acceso han sido reforzadas. El plantel docente ha comenzado a diseñar planes de contingencia pedagógica. La razón es clara: desde hace dos semanas, el pueblo se encuentra bajo un cerco cada vez más hermético. Desde finales de 2023, bloqueos establecidos por fuerzas israelíes cortaron el acceso a todos los caminos excepto uno. Simultáneamente, al menos ocho asentamientos de colonos rodean la localidad desde todas direcciones. El panorama se recrudeció en las últimas semanas de agosto, cuando soldados y colonos comenzaron a cerrar intermitentemente el único corredor de entrada y salida, instalando un puesto de control temporal cerca de la escuela en las horas matutinas y vespertinas.
El éxodo silencioso: familias que huyen de un pueblo sitiado
Las consecuencias del cerco se materializan en desplazamientos forzados. Al menos ocho familias han abandonado el pueblo durante la última semana, incapaces de mantener sus rutinas laborales fuera de los límites comunitarios. Han debido alquilar viviendas en otras localidades para poder trabajar. La estructura educativa enfrenta un desafío logístico monumental: dispone de 26 docentes, pero apenas nueve residen en la comunidad. Los otros diecisiete dependen de poder atravesar los controles para llegar a sus aulas. Con la reapertura del ciclo lectivo proyectada para tres días después de estos eventos, existe una incertidumbre profunda sobre si dos tercios del equipo pedagógico podrá siquiera presentarse el lunes para comenzar a enseñar.
Mientras esto sucede en el norte, en el sur de Cisjordania ocurre un fenómeno más visible aunque igualmente devastador. En los alrededores de Hebrón, fuerzas militares israelíes demolieron completamente la comunidad de Khirbet al-Taban, dejando a 70 residentes sin techo, entre ellos 28 menores. Los bulldozers eliminaron todas las estructuras. Cisternas de agua, depósitos de almacenamiento, corrales para ganadería y cuevas fueron destruidas sin discriminación. Este evento corresponde a un patrón documentado: se trata de la sexagésima sexta comunidad palestina completamente arrasada desde octubre de 2023. Dieciocho más han sufrido desplazamientos parciales. La cifra de personas forzadas a abandonar sus hogares alcanza casi cinco mil, de las cuales aproximadamente la mitad son menores de edad.
Las autoridades militares enmarcan estas acciones como medidas de "ejecución de normativas" contra construcciones consideradas ilegales dentro de una zona designada como campo de entrenamiento. Sin embargo, la historia de estos territorios cuenta una narrativa más larga. En 1981, Israel catalogó el área de Masafer Yatta, que incluye Khirbet al-Taban, como Zona de Fuego 918. Desde entonces, ha ejecutado un proyecto de desalojo gradual dirigido contra los aproximadamente 1.200 residentes palestinos que permanecen allí. Estos pobladores han litigado durante décadas en tribunales israelíes, logrando ralentizar pero no detener las demoliciones. Paralelamente, mientras se erradican asentamientos palestinos, los asentamientos israelíes declarados ilegales han expandido sus territorios. Once outposts funcionan dentro de la zona de fuego, hospedando a algunos de los colonos más documentados por violencia. Ninguno ha sido marcado para remoción o desalojo.
Los números y los hechos trazan una geografía de la marginación. La aceleración de estos eventos plantea interrogantes sobre hacia dónde se dirige el conflicto. Los especialistas en derechos humanos señalan que estamos ante una política sistemática. Otros actores consideran que estas medidas responden a circunstancias de seguridad específicas. Lo cierto es que las comunidades palestinas afrontan un escenario donde la presión física, la restricción de movimiento, la pérdida de vidas y la demolición de viviendas ocurren de manera prácticamente simultánea, sin que mecanismos internacionales logren detener o revertir estas dinámicas. Los próximos meses mostrarán si la tendencia continúa intensificándose o si intervenciones diplomáticas logran modificar un curso que, por ahora, parece inquebrantable.
