La Corte Penal Internacional dio un paso histórico al ratificar cargos contra Rodrigo Duterte, el antiguo mandatario filipinense, por crímenes contra la humanidad. Los magistrados del tribunal, en un veredicto unánime de enorme trascendencia, determinaron que existían fundamentos sólidos para creer en la culpabilidad del exgobernante respecto a homicidios y tentativas de homicidio perpetradas en el marco de su despiadada cruzada antidrogas. Este pronunciamiento judicial marca un quiebre significativo en la política filipina y en la persecución de violaciones masivas a los derechos fundamentales.

La acusación se centra en lo que los fiscales denominaron como un "ataque generalizado y sistemático" contra la población desarmada. Los delitos habrían ocurrido tanto durante la gestión de Duterte como presidente nacional, período que se extendió desde 2016, como en su anterior desempeño al frente de la ciudad de Davao, en la región meridional del archipiélago. El tribunal estableció que contaba con elementos de prueba suficientes para avanzar hacia la siguiente fase del procedimiento. Los jueces consideraron que los hechos alegados reúnen los requisitos legales que caracterizan los crímenes de esta naturaleza, abriendo así la puerta a un proceso que promete ser de largo aliento.

Un camino de casi diez años hacia la rendición de cuentas

Las familias de quienes perdieron la vida en las operaciones relacionadas con drogas expresaron su alivio y esperanza tras conocer la decisión del tribunal holandés. Nanay Llore, cuya historia personal incluye la pérdida de sus propios hijos durante los enfrentamientos de mayo de 2017, manifestó la angustia de esperar casi una década por este momento de justicia. La organización Rise Up for Life and for Rights, que agrupa a los deudos de víctimas, resaltó la importancia de que finalmente se ventile el caso en la sede de la CPI. Para estos grupos, la confirmación de cargos representa la posibilidad tangible de que la comunidad internacional reconozca los sufrimientos padecidos y asuma responsabilidad sobre lo ocurrido. Ritz Lee Santos, responsable de Amnesty International en Filipinas, catalogó el resultado como un "momento trascendental para la justicia penal internacional y para quienes fueron víctimas de violaciones sistemáticas".

El exmandatario, quien actualmente cuenta con 80 años de edad, fue capturado en Manila durante el año anterior y posteriormente trasladado a La Haya, sede del tribunal. A pesar de estar bajo custodia, Duterte ha rechazado categóricamente cada una de las imputaciones que pesan en su contra. La fecha en que se llevará a cabo el juicio oral aún no ha sido establecida oficialmente. Sin embargo, hay dudas sobre si el acusado participará efectivamente en las audiencias. Durante las sesiones preliminares celebradas en febrero, destinadas a examinar la solidez de las acusaciones, el expresidente optó por no concurrir, argumentando a través de un comunicado que su edad avanzada, su deterioro físico y problemas de memoria le impedían asistir. Sus abogados han planteado cuestiones adicionales respecto a su capacidad mental para enfrentar un proceso judicial de esta envergadura.

La estrategia defensiva y las discrepancias sobre los hechos

El equipo legal que representa a Duterte ha impugnado severamente los argumentos de la acusación. Nicholas Kaufman, el defensor principal, argumentó durante las audiencias de febrero que el lenguaje utilizado por su cliente en múltiples ocasiones públicas debería entenderse como exageración, grandilocuencia y táctica retórica característica de su estilo político, pero no como confesión o incitación a la violencia real. Los defensores sostienen asimismo que la tesis de que existía una "política de Estado" orientada a cometer asesinatos será desacreditada completamente una vez que se presente la evidencia durante el juicio. Kaufman también cuestionó la validez de los testimonios ofrecidos por testigos que las acusación describe como personas con información sobre los crímenes, sugiriendo que carecen de credibilidad y peso probatorio. Adicionalmente, los abogados de la defensa rechazaron la jurisdicción de la corte, aunque este argumento ya fue desestimado por los magistrados.

La fiscalía, por su parte, ha caracterizado a Duterte como una figura "central y determinante" en la orquestación de las operaciones brutales contra supuestos traficantes y consumidores de drogas. Durante los procedimientos preliminares, los fiscales presentaron pruebas de que el expresidente ejercía "influencia suprema y control absoluto" sobre quienes ejecutaban los enfrentamientos, que iba desde la autorización de ejecuciones extrajudiciales, la selección específica de personas a ser asesinadas, la promesa de impunidad para los perpetradores, hasta el suministro de recursos financieros. Julian Nicholls, quien presentó los argumentos conclusivos de la acusación, fue categórico al afirmar que Duterte había operado y dirigido directamente "un escuadrón de la muerte en Davao que él mismo creó", actividad que mantuvo durante más de dos décadas previas a su elección como presidente nacional. Nicholls señaló que el propio Duterte prometió públicamente eliminar a miles de personas durante su campaña electoral, y que posteriormente cumplió con dicha promesa mediante la implementación de políticas sistemáticas.

Los números que emergen de este conflicto son perturbadores. De acuerdo con estimaciones citadas por los fiscales de la corte internacional, aproximadamente 30.000 civiles perdieron la vida en conexión con las operaciones antidrogas durante los años de la campaña. Las autoridades policiales filipinas han reconocido oficialmente más de 6.000 muertes directamente atribuibles a estas operaciones. La mayoría de las víctimas fueron hombres residentes en zonas urbanas empobrecidas, muchos de ellos ejecutados sin proceso alguno en las calles o dentro de sus propios domicilios. La fiscalía citó además numerosos discursos públicos de Duterte en los cuales parecería confesar o incitar abiertamente a la violencia. En una entrevista televisiva que fue reproducida ante el tribunal, Duterte declaró: "Si llego a la presidencia, todos ustedes serán eliminados. Ordenaré sus ejecuciones dentro de veinticuatro horas". Tales afirmaciones forman parte del expediente que la acusación utilizará durante el juicio oral que se aproxima.

La confirmación de cargos representa un paso relevante pero no conclusivo en este proceso que promete prolongarse. El tribunal deberá ahora fijar una fecha para que comience la fase de juicio propiamente dicho, donde se presentará la totalidad de la evidencia y ambas partes tendrán oportunidad de argumentar sus posiciones ante los magistrados designados. Este procedimiento internacional constituye una señal hacia la comunidad global sobre la disposición de la justicia penal internacional para investigar y juzgar actos de violencia masiva, incluso cuando estos son perpetrados por dirigentes políticos de alto nivel en sus propios territorios.