Apenas diez días después de que Irán y Estados Unidos rubricaran un memorándum de entendimiento destinado a desactivar tensiones en una de las regiones más volátiles del planeta, los disparos volvieron a sonar en el Golfo Pérsico y el Mediterráneo oriental. Lo que parecía ser un punto de inflexión diplomático se reveló como una construcción frágil, incapaz de resistir el peso de interpretaciones radicalmente distintas sobre qué significa realmente el acuerdo alcanzado. El documento de catorce puntos, redactado intencionalmente con un lenguaje vago y abierto, prometía establecer un modus vivendi conforme ambas potencias ganaran confianza mutua. Esa confianza nunca llegó. En cambio, cada bando acusa al otro de violar los términos pactados, mientras en Teherán los defensores del acuerdo pierden terreno político frente a los sectores que desde el inicio advirtieron que nunca debería haberse aceptado la reapertura del Estrecho de Ormuz bajo estas condiciones.
Líbano: dos tratados en colisión
El primer problema de envergadura surgió en Líbano, donde paradójicamente se firmaron dos acuerdos de alto al fuego que tiran en direcciones opuestas. El memorándum inicial, gestado durante conversaciones en Lucerna a las que asistió el vicepresidente estadounidense JD Vance, incorporaba a Irán en un nuevo mecanismo de desconflicción en territorio libanés. Esa estructura parecía consolidar la influencia de Teherán y, por extensión, la de su principal instrumento regional: Hezbollah. Israel quedaba marginado de la arquitectura diplomática.
Sin embargo, apenas cuatro días después, el viernes pasado, se formalizó un segundo acuerdo de cese de hostilidades entre Israel y el gobierno libanés en Washington. Este nuevo pacto, supervisado por el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, invierte completamente la ecuación anterior. Excluye a Irán y a Hezbollah de cualquier rol protagónico. Más aún: contiene disposiciones que serían prácticamente inaceptables para cualquiera de los actores que Teherán considera aliados en la región. El texto establece que Israel permanecerá en el sur libanés hasta que Hezbollah se desarme completamente, una condición que la organización Shia consideraría una capitulación total. El acuerdo fue suscrito por Nawaf Salam, el primer ministro libanés y antiguo presidente de la Corte Internacional de Justicia, lo que le confiere un alto nivel de legitimidad internacional. También incluye una cláusula blindaje que protege a Israel de cualquier procesamiento en tribunales internacionales por presuntos crímenes de guerra cometidos en Líbano.
Cuando Netanyahu recibió la noticia, sus palabras no dejaron lugar a ambigüedades: "Permaneceremos en el área hasta que las armas de Hezbollah y las de los grupos terroristas restantes sean desmanteladas completamente". Estas declaraciones, lejos de tranquilizar, confirmaban para Teherán lo que temía: que el verdadero objetivo era debilitar su posición mediante acuerdos sucesivos que reemplazaban los términos del entendimiento inicial. Aunque el segundo acuerdo se presenta retóricamente como un refuerzo de la soberanía libanesa, en la práctica esa soberanía queda subordinada a condiciones que probablemente nunca se cumplan. Hezbollah jamás aceptaría un desarmamiento incondicional, y cualquier intento de imponerlo significaría una reanudación del conflicto armado.
El Estrecho de Ormuz: ambigüedad peligrosa
El segundo frente de ruptura se materializa en el Estrecho de Ormuz, uno de los pasos marítimos más críticos para el comercio mundial. El memorándum de entendimiento establecía que Irán realizaría "arreglos utilizando sus mejores esfuerzos para garantizar el paso seguro de buques comerciales" a través de la vía marítima durante sesenta días, sin cobro alguno. La redacción dejaba sin definir qué significaba exactamente "arreglos" ni qué implicaba "mejores esfuerzos". Tampoco hacía referencia a acciones específicas para despejar la zona, lo que generaba la impresión de que Irán sería el factor determinante en cualquier solución.
Para el futuro, el documento preveía que Teherán mantendría diálogos encaminados a definir la administración futura y los servicios marítimos en el Estrecho, "en consulta con otros estados costeros del Golfo Pérsico de conformidad con la ley internacional aplicable y los derechos soberanos de los estados costeros". Esa redacción meticulosamente ambigua permitía a Irán interpretar que poseía autoridad exclusiva para determinar las rutas de navegación. Sin embargo, hace apenas una semana, la república islámica trabajaba conjuntamente con la Organización Marítima Internacional de Naciones Unidas y con Omán en la elaboración de un plan de evacuación que permitiría el paso de cientos de embarcaciones. El secretario general de la OMI, Arsenio Domínguez, confiaba tener el respaldo de Teherán para lanzar esa iniciativa, que ofrecía una ruta septentrional y otra meridional atravesando el Estrecho.
La situación cambió abruptamente el jueves pasado. Por la mañana, la Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica anunció que los barcos solo podrían utilizar la ruta norte para abandonar el Estrecho. Horas después, el Ever Lovely, un portacontenedores de bandera singapurense construido en 2015 y operado por la compañía Evergreen, fue impactado mientras navegaba por la ruta sur cerca de las aguas de Omán. Domínguez suspendió inmediatamente el plan de evacuación, argumentando que la OMI no podía poner en riesgo a los marinos. A pesar del ataque, numerosas naves continuaron transitando por el Estrecho durante los días subsecuentes, aunque con mayor cautela y mayores seguros.
Los cálculos ocultos detrás de la escalada
Analistas de la región especulan que detrás del incidente contra el Ever Lovely existe una preocupación estratégica iraní: que la ruta meridional, que corre paralela a las costas de Omán, podría permitir a Washington encontrar una forma de neutralizar el dominio iraní sobre el Estrecho. Existe además una negociación paralela entre Omán e Irán sobre una solución a largo plazo para la gestión de la vía marítima. Sultanía de Omán buscaría enmarcar cualquier propuesta dentro del contexto de UNCLOS, la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, estructura legal que descarta la imposición de peajes arbitrarios. No obstante, el Artículo 41 de UNCLOS permite que los estados costeros designen carriles de circulación y establezcan esquemas de separación del tráfico. El Artículo 43, por su parte, facultaría a Omán, en consulta con la OMI, para solicitar a las partes interesadas en servicios de navegación que contribuyan a un mecanismo cooperativo financiado que respalde esos servicios marítimos. En teoría, podrían cobrarse aranceles por servicios específicos de seguridad en la navegación si estos reportan un beneficio directo a cada embarcación, aunque quedaria vedada cualquier imposición general.
Sin embargo, conforme los bombardeos regresan y la lógica de la confrontación desplaza nuevamente a los constructores de paz, las arquitecturas legales creativas quedan momentáneamente apartadas. Los hombres del conflicto han vuelto al centro del escenario, y las ganancias diplomáticas de hace menos de dos semanas se evaporan con la velocidad de una bruma matutina. El memorándum, diseñado como una estructura provisional que permitiría a ambas potencias ganar confianza mutua antes de negociar soluciones permanentes, fracasó en su propósito fundamental: generar espacio suficiente para que los actores moderados en ambos bandos consolidaran su posición política frente a los sectores que nunca abandonaron la estrategia de confrontación. Ahora, mientras en las capitales se evalúan los próximos movimientos, la región enfrenta la posibilidad de que el breve paréntesis diplomático haya sido nada más que un espejismo en el desierto geopolítico.
Perspectivas futuras: entre la escalada y la negociación
Las consecuencias de este colapso rápido pueden desplegarse en múltiples direcciones. Una escalada sostenida en el Golfo Pérsico afectaría directamente los precios de la energía a nivel mundial, perturbando cadenas de suministro que ya enfrentan fragilidades estructurales. Los armadores independientes podrían abandonar las rutas del Estrecho, obligando a los productores de petróleo regional a buscar alternativas costosas mediante oleoductos terrestres o rutas marítimas más extensas. En Líbano, el conflicto congelado podría reactivarse si alguna de las partes decide que mantener el equilibrio inestable resulta más costoso que reanudar operaciones militares. Para Estados Unidos, la situación presenta dilemas sin soluciones simples: aplicar presión adicional sobre Irán podría profundizar el caos, mientras que la indulgencia podría interpretarse como debilidad. En Teherán, los decisores enfrentan presiones contradictorias entre quienes consideran que el diálogo fue un error y quienes aún ven posibilidades en la negociación, si es que la estructura diplomática logra reconstruirse. Omán, como mediador histórico, intentará mantener abiertos los canales de comunicación, aunque su capacidad de influencia dependerá de la disposición de potencias mayores a escucharla. La región, en suma, ha retornado a un estado de incertidumbre que paraliza tanto a inversores como a gobiernos, mientras se aguarda si los próximos diez días traerán nueva escalada o un nuevo intento diplomático que, esta vez, incluya definiciones más precisas de lo que cada parte entiende estar comprometiendo y ganando.
