La firma de un acuerdo marco entre Líbano e Israel la semana pasada en Washington abre un interrogante incómodo sobre las posibilidades reales que tendrán las víctimas de violaciones graves al derecho internacional de acceder a mecanismos de justicia. Mientras ambos países sellan un pacto de 14 puntos destinado a detener el enfrentamiento armado entre Israel y Hezbolá, especialistas en derecho internacional alertan sobre las implicancias que esto traería para quienes fueron afectados por ataques aéreos, bombardeos masivos y operaciones militares desde octubre de 2023. El análisis de expertos revela que una disposición aparentemente técnica del documento podría transformarse en un obstáculo casi infranqueable para la rendición de cuentas internacional, clausurando caminos legales que durante meses fueron considerados como vías viables para responsabilizar a funcionarios y oficiales militares.
La cláusula que bloquea la justicia
El artículo 13 del pacto establece que tanto Israel como Líbano se comprometen a "cesar todas las acciones hostiles o negativas en foros políticos o legales internacionales" para construir confianza mutua. La redacción vaga y amplia de esta disposición genera consenso entre abogados especialistas: los gobiernos signatarios interpretarían que están impedidos de promover investigaciones, denuncias o cualquier iniciativa procesal contra el otro país en instancias internacionales. Esto significa, en la práctica, que Líbano quedaría vinculado contractualmente a no avanzar en ninguna acción judicial para esclarecer lo sucedido durante los últimos dieciséis meses de conflicto.
Farouk al-Moghrabi, quien se desempeñaba como asesor del ministerio de derechos humanos libanés y participó en la redacción de una propuesta legislativa destinada a otorgar competencia a la Corte Penal Internacional en Líbano, fue tajante al evaluar las consecuencias del documento. Según sus declaraciones, la firma del acuerdo eliminaría cualquier posibilidad futura de que Líbano adopte medidas legislativas internas para que la CPI pueda investigar dentro de su territorio. Además, la cláusula obstaculizaría esfuerzos domésticos para documentar, investigar y procesar crímenes de guerra, dejando a las víctimas sin alternativas legales para perseguir a los responsables. El especialista fue claro: "Esto mata toda esperanza de otorgar jurisdicción a la CPI, incluso toda esperanza de una misión de investigación de Naciones Unidas."
Nizar Saghieh, abogado y director de Legal Agenda, una organización no gubernamental dedicada a cuestiones de derecho en Líbano, profundizó en el análisis interpretativo del acuerdo. Según su perspectiva, el gobierno libanés estaría normalizando crímenes de guerra mediante esta firma, renunciando explícitamente a su derecho soberano de investigar, enjuiciar o asistir a víctimas en sus búsquedas individuales de justicia. La posición de Saghieh refleja una preocupación compartida por múltiples actores en el campo de los derechos humanos: que el pacto funcionaría como un instrumento de impunidad disfrazado de acuerdo de paz.
El contexto de violencia y sus efectos humanitarios
Para entender las implicancias del acuerdo, es esencial repasar la magnitud del conflicto que se estaría cerrando. Desde que Hezbolá lanzara ataques con cohetes contra Israel en solidaridad con Hamas hace poco más de un año, el país del Cedro ha experimentado una escalada sin precedentes. Israel condujo dos invasiones terrestres del sur libanés e implementó campañas de bombardeo de intensidad creciente. El balance de víctimas es elocuente: más de 8.000 personas muertas en Líbano, entre ellas más de una docena de periodistas, más de 300 trabajadores de emergencia y cientos de mujeres y niños. Del lado israelí, los ataques de Hezbolá causaron la muerte de decenas de soldados y al menos 49 civiles. La magnitud de estas cifras permite dimensionar el alcance del daño humanitario que quedaría, según los críticos del acuerdo, sin mecanismos de investigación oficial.
Expertos en derecho internacional humanitario han documentado lo que calificarían como patrones de conducta consistentes con crímenes de guerra. Entre los casos señalados figuran: el ataque a periodistas el 13 de octubre de 2023, desplazamientos forzosos masivos que afectaron a cientos de miles de personas, y operaciones que habrían tenido como objetivo específico a civiles desarmados. La acumulación de estos actos, si fuera comprobada en un tribunal competente, podría constituir crímenes contra la humanidad. Sin embargo, el acuerdo marco generaría un velo legal sobre estas conductas, transformando la investigación independiente en una actividad potencialmente violatoria del pacto.
La Corte Penal Internacional emitió órdenes de detención contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y el exministro de defensa Yoav Gallant por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en Gaza. Esta acción de la CPI disparó respuestas agresivas: Israel y Estados Unidos han montado campañas diplomáticas y sanciones contra jueces de la Corte. En este contexto internacional tenso, el acuerdo Líbano-Israel funcionaría como un precedente de cierre de espacios de rendición de cuentas, reforzando la tendencia de actores estatales a limitar la capacidad de la justicia internacional para actuar.
El gobierno libanés no ha respondido a solicitudes de comentarios sobre las implicancias del acuerdo. Sin embargo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Líbano emitió una declaración que enfatiza que ningún acuerdo internacional debería impedir que las víctimas accedan a justicia. La comisión subraya que "procesar a los perpetradores de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y tortura no constituye un acto de hostilidad o una postura política, sino el ejercicio legítimo del derecho a la justicia." La comisión también señaló la ambigüedad problemática del documento: los términos "acción hostil o negativa" son tan vagos que resulta imposible determinar con precisión qué actividades quedarían prohibidas bajo el régimen del acuerdo.
Las grietas en el panorama legal internacional
La llegada reciente a Líbano de una misión de investigación de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos añade otra capa de complejidad. Esta misión fue establecida para documentar posibles crímenes de guerra cometidos durante el último ciclo de violencia. La pregunta que flota en el ambiente es si ese trabajo investigativo será considerado compatible o incompatible con las obligaciones que asume Líbano al firmar el marco de acuerdo. La redacción vaga del artículo 13 deja abierta la posibilidad de que cualquier actividad de investigación internacional sea interpretada como una "acción negativa" contraria al espíritu del acuerdo.
Hezbolá ha rechazado públicamente el acuerdo, con su máximo líder Naim Qassem calificándolo como una "humillación." El movimiento ha mantenido una posición consistente a lo largo de las negociaciones: rechazar los contactos directos entre el gobierno libanés e Israel. Esta posición disidente añade otra dimensión al debate: si el acuerdo es rechazado por uno de los principales actores armados en el conflicto, las garantías de estabilidad que promete se vuelven cuestionables. Al mismo tiempo, el rechazo de Hezbolá subraya que el acuerdo es un documento controvertido incluso dentro de las propias fuerzas políticas libanesas.
La resistencia de Líbano a otorgar jurisdicción a la CPI no es nueva. Desde hace meses, el gobierno libanés ha evitado tomar esa decisión legislativa por dos razones entrelazadas: la oposición inicial de Hezbolá y la amenaza de sanciones estadounidenses. Ahora, el acuerdo ata aún más las manos del gobierno, convirtiendo una limitación de facto en una obligación contractual internacional. Esta dinámica revela cómo las presiones geopolíticas se traducen en obstáculos concretos para que las instituciones internacionales cumplan su mandato.
Nizar Saghieh resumió en una frase la posición crítica: "El hecho de que esto suceda después de todos estos crímenes representa la normalización de los crímenes y la garantía de algún tipo de impunidad para Israel." Esta afirmación captura la tensión central: un pacto que busca terminar la violencia estaría, paradójicamente, blindando a posibles responsables de violaciones graves al derecho humanitario contra futuras iniciativas de justicia.
Perspectivas hacia adelante y consecuencias probables
El acuerdo marco abre un período de incertidumbre sobre cómo evolucionará el panorama de rendición de cuentas en el conflicto Líbano-Israel. Si bien la búsqueda de paz es un objetivo legítimo que buscan gobiernos e instituciones internacionales, la forma en que se negocia esa paz tiene implicancias duraderas para las víctimas y para los precedentes internacionales que se sientan. El pacto plantea dilemas sin respuesta fácil: ¿puede haber paz verdadera sin justicia? ¿Deberían los gobiernos renunciar a investigar crímenes de guerra como precio de la estabilidad? ¿Cuál es el balance correcto entre la seguridad presente y la rendición de cuentas histórica?
Desde la perspectiva de activistas de derechos humanos, el acuerdo representa un retroceso significativo. Desde la perspectiva de gobiernos que priorizan la estabilidad regional sobre cuestiones de responsabilidad penal, el pacto puede verse como pragmático. Estados Unidos, que facilitó las negociaciones, ha demostrado su oposición a que la CPI tenga competencia sobre ciudadanos estadounidenses e israelíes, por lo que el acuerdo se alinea con esa posición. Israel, por su parte, ha argumentado históricamente que las investigaciones de la CPI son selectivas y politizadas, y que prefiere investigaciones internas. Líbano enfrenta presiones contradictorias: el compromiso con víctimas que demandan justicia y el deseo de superar un conflicto devastador.
Las consecuencias del acuerdo probablemente se desplegarán en múltiples planos. En el corto plazo, si el cese del fuego se mantiene, el alivio humanitario para poblaciones civiles será tangible y significativo. En el mediano y largo plazo, la ausencia de mecanismos de investigación internacional podría generar ciclos de desconfianza, resentimiento y sentimientos de injusticia entre las comunidades afectadas. Los precedentes sentados por este acuerdo también podrían influir en futuras negociaciones de paz en otras regiones, sugiriendo un modelo en el que la inmunidad se intercambia por el cese de las hostilidades. Finalmente, la decisión de Líbano de renunciar a otorgar jurisdicción a la CPI marca un punto de inflexión en la evolución de la justicia penal internacional, particularmente en conflictos que involucran actores poderosos respaldados por potencias mundiales.
