Cuando los refugiados comenzaron a regresar al sur del Líbano, lo que encontraron no fue solo escombros donde antes había casas. Encontraron tierras calcinadas, olivares arrasados, ríos contaminados y un silencio donde antes había biodiversidad. Ahora, un estudio científico de envergadura pone números, mapas y evidencia técnica a lo que muchos ya intuían: la ofensiva militar israelí entre octubre de 2023 y diciembre de 2024 generó un daño ambiental que el propio gobierno libanés no duda en calificar como ecocidio. Lo que está en juego no es solo la naturaleza: es la soberanía alimentaria, la salud pública y la capacidad del país de reconstruirse sobre una base ecológica mínimamente viable.
Un informe que pone cifras al desastre
El documento fue elaborado por el Consejo Nacional de Investigación Científica del Líbano (CNRS-L) y abarca ciento seis páginas de análisis técnico sobre el impacto ambiental de las operaciones militares israelíes en el sur del país. Sus conclusiones son contundentes. El costo total estimado asciende a 25.000 millones de dólares, desglosados en tres grandes rubros: 6.800 millones en daños físicos directos, 7.200 millones en pérdidas económicas y 11.000 millones en necesidades de recuperación y reconstrucción. No se trata de proyecciones especulativas, sino de mediciones sobre el terreno que documentan con precisión el alcance del deterioro ecosistémico.
Entre los datos más impactantes del relevamiento figura la destrucción de 5.000 hectáreas de cobertura forestal, incluyendo masas de árboles de hoja caduca, pinos y pinos piñoneros que durante décadas funcionaron como reservorios de biodiversidad y reguladores del microclima regional. La pérdida de esa masa boscosa no solo implica la desaparición de hábitats para cientos de especies, sino también una mayor vulnerabilidad frente a la erosión del suelo y las inundaciones. Además, se registró la destrucción de 2.154 hectáreas de huertos, de las cuales 814 correspondían a olivares —cultivos con siglos de historia en la región— y 637 hectáreas a plantaciones de cítricos. Las plantaciones bananeras también sufrieron daños de consideración.
En materia agrícola, las pérdidas de infraestructura física —equipos, instalaciones ganaderas, acuicultura, recursos forestales productivos— se estimaron en 118 millones de dólares. Pero las pérdidas indirectas por producción interrumpida, cosechas no realizadas y rendimientos caídos elevan ese número a 586 millones de dólares adicionales. El cuadro completo revela una economía rural que no fue simplemente dañada, sino desarticulada.
Contaminación del suelo, el aire y el agua
El informe también aborda con detalle los impactos sobre la calidad ambiental de los recursos naturales básicos. Las mediciones de suelo revelaron concentraciones de fósforo de hasta 1.858 partes por millón en zonas del sur del Líbano y del Valle de la Bekaa, cifras que superan ampliamente los umbrales de toxicidad considerados seguros para uso agrícola. Este tipo de contaminación —vinculada al uso de municiones y explosivos— puede persistir durante años e incluso décadas, tornando improductivas tierras que históricamente fueron la base alimentaria de comunidades enteras.
La contaminación atmosférica también ocupó un lugar destacado en el análisis. Los episodios de polución del aire no se limitaron a las zonas inmediatamente afectadas por los bombardeos, sino que se extendieron a regiones más amplias, transportando partículas en suspensión, óxidos de azufre y nitrógeno, y compuestos tóxicos como dioxinas e hidrocarburos aromáticos policíclicos. Estas sustancias están asociadas a enfermedades respiratorias, afecciones cardiovasculares y, en exposiciones prolongadas, a riesgos oncológicos. La ministra de Medio Ambiente libanesa, Tamara el Zein, fue directa al respecto en el prólogo del documento: el daño ambiental documentado no es una cuestión exclusivamente ecológica, sino que toca de lleno la salud pública, la seguridad alimentaria, los medios de vida de las comunidades y la cohesión social del país.
Desde una perspectiva histórica, el Líbano ya había experimentado catástrofes ambientales vinculadas a conflictos armados. Durante la guerra de 2006 entre Israel y Hezbollah, el bombardeo de la central termoeléctrica de Jiyeh provocó uno de los peores derrames de petróleo del Mediterráneo oriental, que afectó más de 150 kilómetros de costa libanesa. Aquel episodio tardó años en ser remediado parcialmente y nunca fue objeto de compensación internacional formal. El antecedente es relevante porque ilustra tanto la vulnerabilidad estructural del país ante este tipo de daños como la dificultad histórica de obtener reparación.
El paralelo con Gaza y la figura del ecocidio
El informe no existe en un vacío geopolítico. Quienes critican las operaciones militares israelíes señalan que el patrón de destrucción en el sur del Líbano replica lo ocurrido en Gaza, donde estudios independientes estimaron que, en los primeros meses del conflicto iniciado en 2023, entre el 38 y el 48 por ciento de la cobertura arbórea y las tierras de cultivo fue arrasada. En ambos territorios se documentaron olivares reducidos a tierra compacta, acuíferos contaminados por municiones y aire viciado por humo y material particulado. La repetición del fenómeno en dos teatros de operaciones distintos es lo que llevó a la ministra libanesa a utilizar el término "ecocidio", un concepto que en el derecho internacional aún no tiene estatus de crimen formalmente codificado, aunque hay movimientos activos en organismos internacionales para incorporarlo al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
Doug Weir, director del Observatorio de Conflicto y Medio Ambiente —organización especializada en el estudio del impacto ambiental de las guerras—, valoró positivamente el enfoque del informe, en particular su énfasis en la reconstrucción con criterios de mejora y en el fortalecimiento de las capacidades nacionales de monitoreo ambiental. Sin embargo, advirtió que parte de los datos ya quedaron desactualizados, dado que Israel reactivó operaciones militares en la zona durante la primavera boreal de 2025, especialmente en el área que ocupa al sur del río Litani, cuya ocupación es considerada ilegal por las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Las Fuerzas de Defensa de Israel, por su parte, afirmaron que actúan tomando precauciones para minimizar el impacto sobre civiles y el entorno natural, y que son conscientes de las implicancias ambientales de sus operaciones.
La carga que Líbano no puede sostener solo
El Líbano llega a esta crisis ambiental desde una posición de extrema fragilidad institucional y económica. El país arrastra desde 2019 una de las peores crisis financieras registradas en la historia moderna, con el colapso de su sistema bancario, una devaluación salvaje de su moneda y niveles de pobreza que treparon a más del 80 por ciento de la población según distintas estimaciones. En ese contexto, la reconstrucción ambiental —que el informe cifra en 11.000 millones de dólares solo para la recuperación ecosistémica— representa una carga que el Estado libanés no puede absorber sin asistencia externa masiva y sostenida. El llamado de la ministra El Zein a la solidaridad internacional y a la construcción de alianzas de largo plazo para compartir esa responsabilidad no es retórica diplomática: es una necesidad concreta y urgente.
Las implicancias de este informe se proyectan en múltiples direcciones. En el plano jurídico, podría nutrir eventuales demandas ante tribunales internacionales si el concepto de ecocidio avanza como categoría jurídica vinculante. En el plano humanitario, refuerza los argumentos de quienes reclaman mayor presencia de organismos internacionales en el monitoreo del impacto sobre poblaciones civiles. En el plano diplomático, agrega presión sobre los países que proveen armamento o apoyo político a Israel para que consideren las consecuencias ambientales de ese respaldo. Y en el plano interno libanés, plantea el desafío de reconstruir no solo viviendas e infraestructura, sino un tejido ecológico que tomó décadas en formarse y que, según los propios científicos del CNRS-L, requerirá generaciones para recuperarse. Los hechos están documentados. Las decisiones, como siempre, dependerán de voluntades políticas que todavía están por definirse.
