Hace pocas semanas, en pleno corazón de Seúl, un grupo de especialistas en derecho constitucional y académicos se sentó alrededor de una mesa para dirimir una cuestión que a primera vista parece trivial pero que, en realidad, toca fibras profundas de la identidad política surcoreana: ¿cuál es el nombre correcto para referirse a la nación vecina del norte? La respuesta a esta pregunta de apariencia simple ha comenzado a generar consecuencias que trascienden el mero ejercicio lingüístico. Lo que está en juego es nada menos que la posición constitucional de Corea del Sur, su narrativa fundacional sobre el territorio y, potencialmente, el rumbo de las relaciones interconfiamentales en una de las zonas más volátiles del planeta.

La herencia de una división: nomenclatura como declaración política

La raíz del conflicto nominal se hunde en una premisa que ha definido la posición oficial surcoreana durante décadas: la consideración de que toda la península coreana constituye territorio nacional, y que el régimen del norte representa una zona ocupada ilegalmente que aguarda la reunificación, antes que un estado soberano e independiente. Esta visión, sedimentada en las estructuras legales y en el imaginario colectivo durante más de siete décadas, genera una asimetría lingüística que hasta hace poco tiempo parecía inmodificable. Seúl llama a su vecino del norte Bukhan (북한), que literalmente significa "Han del norte", un término que reproduce la manera en que la propia Corea del Sur se refiere a sí misma: Hanguk (한국), "la nación Han", abreviatura de Daehan Minguk (대한민국), la República de Corea en toda su formalidad.

Por su parte, Pyongyang sostiene una nomenclatura completamente distinta. El régimen norcoreano se denomina a sí mismo Joseon (조선), contracción de Joseon Minjujuui Inmin Gonghwaguk (조선민주주의인민공화국), la República Democrática Popular de Corea. Históricamente, Pyongyang se refería al sur utilizando el término Namjoseon (남조선), o "Joseon del sur", estableciendo así una simetría que reflejaba su propia visión: una península dividida entre dos mitades del mismo pueblo. Esta arquitectura nomenclatoria no es casual ni superficial. Encarna una diferencia fundamental en cómo cada actor político concibe la realidad territorial y política de la península. El término Bukhan carga con la negación implícita de soberanía, mientras que Joseon reivindica una continuidad histórica que se remonta siglos atrás, cuando ese nombre designaba reinos que ocupaban toda la región.

El cuestionamiento de una ortodoxia de 70 años

Lo que hasta hace poco parecía un dogma inamovible ha comenzado a ser cuestionado desde las propias estructuras del poder surcoreano. El ministro de Unificación, Chung Dong-young, ha iniciado un movimiento sutil pero significativo hacia la adopción de la nomenclatura oficial norcoreana. En enero pasado, el funcionario realizó una declaración que resonó como una ruptura simbólica: señaló que "el gobierno respeta el sistema de la República Democrática Popular de Corea". Posteriormente, en marzo, el mismo ministro planteó la posibilidad de referirse a las relaciones intercoreanas como "Han-Jo relations" o relaciones Hanguk-Joseon, un giro terminológico que implica el reconocimiento mutuo de denominaciones oficiales.

La conferencia convocada por la cartera ministerial en las últimas semanas constituye el primer paso formal para medir la receptividad pública ante un cambio que, de materializarse, tendría implicaciones que van mucho más allá del nivel semántico. El viceministro Kim Nam-jung abrió el evento con una frase que captura la esencia del debate: "La manera en que llamamos a nuestro contraparte revela cómo lo percibimos y qué tipo de relación deseamos construir". El funcionario citó el precedente histórico de Alemania dividida, contexto en el cual Oriente y Occidente comenzaron a utilizar mutuamente sus nombres oficiales después del Tratado Básico de 1972, iniciativa que contribuyó a expandir intercambios y reducir tensiones. Según la argumentación presentada en el encuentro, el reconocimiento institucional y lingüístico de la realidad del otro puede generar espacios para la coexistencia pacífica y quebrar ciclos de confrontación que se perpetúan de generación en generación.

El presidente Lee Jae Myung ha impulsado desde su asunción un enfoque más conciliador hacia el norte, fundamentado en el respeto por los sistemas políticos ajenos, el rechazo a la unificación por absorción y la evitación de acciones hostiles. Ha declarado públicamente que los dos lados no son "enemigos" en el sentido tradicional del término. En la práctica operativa, ambas Coreas funcionan hace tiempo como entidades estatales separadas: integran las Naciones Unidas con sistemas políticos distintos, poseen monedas diferentes, documentos de viaje independientes, y sus idiomas han divergido significativamente en el transcurso de los años, desarrollando vocabularios, pronunciaciones y giros propios.

Argumentos a favor y la carga política del lenguaje

Quienes sostienen la necesidad de adoptar la nomenclatura norcoreana oficial argumentan que el término Bukhan no es un simple sinónimo neutral, sino que carga con un peso político considerable. Kim Sung Kyung, profesora de sociología en la Universidad de Sogang, ha señalado que utilizar "Bukhan" equivale a negar explícitamente la condición estatal independiente del norte. Según su análisis, ese término ha acumulado a lo largo de siete décadas "capas de hostilidad, peligro, indiferencia y odio" en el contexto de la ideología anticomunista que caracterizó el período posterior a la división de 1950. Para esta perspectiva, resulta difícil encontrar una justificación lógica sólida para afirmar que ochenta años de utilización de "Bukhan" han contribuido de alguna manera a avanzar hacia la reunificación. Por el contrario, la perpetuación de una nomenclatura que niega la soberanía del otro podría funcionar como refuerzo de dinámicas de negación mutua y hostilidad de bajo grado.

Desde el plano legal, los especialistas en derecho constitucional presentan interpretaciones variadas sobre las implicancias del cambio nomenclatorio. Kwon Eun-min, abogada del estudio jurídico Kim & Chang, ha argumentado que llamar a Corea del Norte por su denominación oficial no constituye automáticamente un acto de reconocimiento estatal formal. Su análisis señala un precedente empírico relevante: durante décadas, ambas Coreas han utilizado mutuamente sus nombres oficiales en encuentros cumbre y han suscrito acuerdos internacionales. De modo que la nomenclatura empleada no determina por sí sola la condición jurídica del reconocimiento. Este argumento abre una grieta en la posición de quienes sostienen que cualquier cambio lingüístico genera automáticamente implicancias constitucionales irreversibles.

Las objeciones desde la trinchera conservadora y el texto constitucional

La reacción de los sectores opositores ha sido contundente y señala las contradicciones que subyacen bajo la superficie. Song Eon-seok, miembro destacado del Partido del Poder Popular (conservador), escribió públicamente que esta iniciativa representa "una clara violación de la constitución" que implicaría el reconocimiento del norte como "un estado separado e igual". La crítica se fundamenta en dos artículos específicos de la Carta Magna surcoreana: el artículo 3, que declara que "el territorio de la República de Corea consiste en la península coreana y las islas adyacentes", y el artículo 4, que enshrines el deber de "reunificación pacífica". Desde esta óptica, cualquier gesto que reconozca la existencia de un estado norcoreano soberano contradice ambas disposiciones fundamentales y debilita legalmente la posición unificadora histórica de Seúl.

El debate revela una contradicción latente entre el funcionamiento fáctico de la península y el marco normativo que rige la república del sur. Desde hace décadas, ambas entidades operan como estados completamente separados, con ejercicio efectivo de soberanía sobre sus respectivos territorios, aparatos militares independientes, políticas exteriores propias y presencia diferenciada en organismos internacionales. Sin embargo, la estructura legal surcoreana mantiene la ficción de que solo existe un estado legítimo en toda la península. Esta tensión entre realidad política y norma constitucional se ha tolerado durante setenta años, pero ahora comienza a manifestarse de manera más explícita.

Giros retóricos desde Pyongyang y cambios generacionales en la opinión pública

El contexto se complica aún más si se considera el movimiento paradójico que ha registrado el lado norcoreano. En diciembre de 2023, el líder Kim Jong-un realizó una declaración de importancia simbólica considerable, afirmando que las relaciones intercoreanas ya no correspondían a la categoría de "compatriotas" sino que debían ser entendidas como relaciones entre "dos estados hostiles" en estado de guerra. Parecería el endurecimiento definitivo. Sin embargo, desde ese momento, Pyongyang ha comenzado a referirse al sur utilizando su denominación oficial: Daehan Minguk o su forma abreviada Hanguk, en lugar del tradicional Namjoseon. Este cambio sugiere dinámicas complejas que no se explican linealmente a través de posiciones de mayor o menor hostilidad.

Los datos sobre la opinión pública surcoreana revelan un cambio generacional profundo que contextualizan esta discusión de manera significativa. Según datos del Instituto de Corea para la Unificación Nacional, apenas el 49% de los surcoreanos considera actualmente que "la unificación es necesaria", cifra que representa el nivel más bajo registrado en las mediciones históricas. Esta erosión del consenso reunificador sugiere que amplios sectores de la población, particularmente entre generaciones más jóvenes, han dejado de percibir la reunificación como un objetivo ineludible o siquiera deseable. Para estas cohortes, la existencia de dos estados coreanos es una realidad normalizada, no una anomalía temporal.

Implicancias futuras y perspectivas abiertas

No existe hasta el momento una decisión formal sobre la adopción del cambio nomenclatorio. Incluso la romanización del término genera sus propias complejidades: "Joseon" según el sistema surcoreano de romanización, "Choson" en la transcripción norcoreana, reflejando que ni siquiera en cómo escribir el nombre existe consenso internacional. Lo que sí es evidente es que se ha abierto un debate que permanecerá en la agenda política y académica de Corea del Sur en los próximos años. Las posibles consecuencias de este giro podrían interpretarse desde múltiples ángulos sin necesidad de adjudicar intenciones particulares. Por un lado, la adopción de nomenclaturas que reconozcan mutuamente la existencia de estructuras estatales podría facilitar canales de comunicación menos cargados de negación implícita y sentar bases para diálogos pragmáticos. Por otro lado, el cambio podría interpretarse como una debilitación de la posición legal surcoreana respecto a la reunificación, generando reacciones defensivas de sectores que ven en la adhesión constitucional al objetivo reunificador un elemento identitario fundamental. Lo que se dilucidará en los próximos años es si una península coreana que permanentemente existe como dos estados requiere de un andamiaje conceptual que finalmente reconozca esa realidad, o si la negación institucionalizada de esa realidad seguirá siendo considerada funcional para los equilibrios políticos internos de cada lado.