La pregunta que resuena desde hace años en los muelles del Atlántico encontró una voz amplificada esta semana. Un líder religioso de alcance mundial se plantó en uno de los lugares que mejor representa el colapso de la consciencia colectiva occidental para interrogar, sin rodeos, qué tipo de sociedad hemos construido. La reflexión no es nueva, pero el escenario elegido para formularla lo es: frente a una cruz de madera armada con restos de embarcaciones que naufragaron, rodeado de barcos de rescate, el pontífice advirtió que la acumulación de cadáveres en las aguas internacionales se ha normalizado de tal manera que hemos dejado de verlos como tragedias individuales. Esto importa porque desafía directamente la narrativa política europea dominante en torno a la migración, y porque cuestiona los pilares morales sobre los cuales se justifican las políticas de contención cada vez más severas.

El acto tuvo lugar en Arguineguín, Gran Canaria, un puerto que pasó de la anonimia a convertirse en símbolo de la negligencia institucional cuando, en 2020, imágenes de migrantes durmiendo en un muelle infestado de ratas circularon ampliamente. La denominación que arrastra desde entonces —"el puerto de la vergüenza"— encapsula la indignación de quienes presenciaron cómo seres humanos exhaustos permanecían semanas sin acceso a agua caliente, mantas o higiene básica, mientras las autoridades parecían incapaces o desinteresadas en actuar. Que la ceremonia se realizara justamente allí no fue casual: buscaba recordar que la crisis migratoria no es una abstracción estadística, sino un fracaso concreto y localizable de las instituciones.

El contexto de una ruta cada vez más mortal

Los números que respaldan esta reflexión son aplastantes. Durante el año pasado, aproximadamente 1.906 personas perdieron la vida intentando cruzar la ruta atlántica hacia territorio europeo. Esa cifra, aunque representa una disminución respecto a picos anteriores, mantiene una proporción de mortalidad que hace parecer a estos corredores migratorios como transiciones de guerra. La ruta atlántica, que conecta la costa occidental africana con las Islas Canarias españolas, se ha consolidado como una de las vías más peligrosas del mundo para quienes buscan acceso a territorios más prósperos. El contraste es brutal: mientras algunos ciudadanos europeos deliberan sobre sus vacaciones de verano, otros se juegan la existencia en aguas turbulentas donde los rescates llegan tarde, si llegan.

El flujo ha experimentado fluctuaciones significativas. En 2024, se registraron más de 46.000 llegadas por la ruta atlántica, un número que ha descendido recientemente. Según análisis de organizaciones defensoras de derechos humanos, esa disminución responde menos a una mejora humanitaria que a mecanismos de disuasión más efectivos: cooperación entre la Unión Europea y gobiernos africanos orientada a frenar salidas, combinada con lo que algunos expertos caracterizan como una pasividad selectiva respecto a violaciones de derechos en territorios terceros. En otras palabras: el número de cruceros se redujo, pero el sistema que los genera sigue intacto, simplemente más invisible.

La palabra del pontífice y sus implicancias políticas

Durante su alocución, el líder religioso desplegó un arsenal retórico pocas veces escuchado desde posiciones de tal autoridad moral global. Rechazó explícitamente la "indiferencia" como postura viable, caracterizándola como incompatible con valores fundamentales de la tradición cristiana. Su advertencia fue directa: "No podemos acostumbrarnos a contar muertos". Amplificó su crítica hacia actores específicos: mafias que comercializan la desesperación, traficantes que esclavizan mujeres y niños, y gobiernos cuya pasividad facilita la explotación. La crudeza del lenguaje contrasta con los eufemismos que típicamente dominan los debates públicos sobre migración.

Pero más allá de la retórica moral, el pontífice articuló exigencias concretas. Pidió el establecimiento de canales legales y seguros para la migración, cooperación internacional contra el tráfico humano, y asignación de recursos para rescates en el mar. Estas demandas chocan frontalmente contra las tendencias legislativas europeas en curso. La Unión Europea está desarrollando un marco normativo que críticos comparan con sistemas de control migratorio estadounidenses. Italia, por su parte, ha intensificado persecuciones contra organizaciones no gubernamentales que operan barcos de rescate en el Mediterráneo. El contraste es notable: mientras el continente endurece restricciones, una voz religiosa de dimensiones globales se levanta cuestionando precisamente esa lógica.

Hubo un momento particular que capturó la tensión central de este debate. Una mujer de origen nigeriano, que había atravesado el viaje migratorio y caído en redes de tráfico que la explotaron sexualmente y le arrebataron a su hijo, compartió su testimonio. Su relato condensaba el horror en frases simples: debió elegir entre sufrir en silencio o cruzar y arriesgarlo todo. La respuesta del pontífice fue inclinarse ante ella, literalmente, para reconocer su dignidad. El gesto comunicó algo que los discursos políticos raramente logran: que detrás de cada estadística hay una persona cuyas decisiones no son producto de capricho sino de cálculos de supervivencia hechos en condiciones de extrema vulnerabilidad.

En contraste, el gobierno español ha intentado posicionarse como excepción dentro del endurecimiento europeo. Ha promovido regularizaciones masivas de migrantes indocumentados —más de medio millón en los últimos años—, una política que le otorga cierta credibilidad de apertura. Sin embargo, incluso dentro de ese marco "progresista", persisten las contradicciones: los puertos siguen siendo escenarios de caos, los recursos para acogida son insuficientes, y el procesamiento de solicitudes de asilo permanece en estados de limbo indefinido. La visita del pontífice parece haber buscado interpelación a múltiples niveles: no solo a gobiernos, sino a la sociedad en su conjunto.

Ecos de una conversación que no cesa

El gesto de arrojar una corona de flores al agua en memoria de los fallecidos remite a precedentes históricos. Una década atrás, otro líder religioso de la misma institución visitó la isla italiana de Lampedusa, condenando lo que denominó la "globalización de la indiferencia". Esa visita marcó un antes y después en cómo se hablaba públicamente sobre migración desde ámbitos religiosos. Lo interesante ahora es que el interrogante ha evolucionado: ya no se trata solo de cuestionar la indiferencia, sino de examinar las estructuras políticas y económicas que la sustentan. La pregunta implícita es: ¿por qué en un mundo de recursos relativos sin precedentes, millones siguen siendo obligados a elegir entre muerte segura y muerte probable?

La acumulación de testimonios en ese evento de Canarias —rescatistas, trabajadores humanitarios, migrantes mismos— apuntaba a visibilizar lo que típicamente permanece oculto: el costo humano detrás de cada política migratoria. Cuando un rescatista narra cómo sacó cadáveres del agua durante semanas, o cuando un trabajador humanitario describe la monotonía del sufrimiento que atiende diariamente, la conversación pública se ve obligada a cambiar de registro. Ya no es posible hablar de "flujos migratorios" como si fueran fenómenos naturales; se vuelve necesario reconocer que son productos de decisiones humanas: de quiénes tienen acceso a oportunidades, quiénes no, y qué sistemas sostienen esa desigualdad.

Las implicancias de esta intervención trascienden el ámbito religioso. En un contexto donde gobiernos de distintas orientaciones políticas han convergido en el endurecimiento migratorio —desde gobiernos conservadores hasta progresistas—, una crítica moral de esta magnitud genera fracturas en los consensos que parecían asegurados. Obliga a actores políticos a justificar sus políticas no solo en términos de control estatal o seguridad, sino frente a interrogantes sobre qué mundo están construyendo. Los políticos pueden ignorar a activistas; es más difícil ignorar públicamente a una figura que representa a casi dos mil millones de personas en el mundo.

Mirando hacia adelante, las consecuencias de esta intervención pueden desarrollarse en múltiples direcciones. Por un lado, es posible que genere presión efectiva sobre legisladores europeos para reconsiderar o matizar políticas en curso; ya existen sectores de izquierda parlamentaria que han replicado algunos de estos argumentos. Por otro lado, podría provocar un endurecimiento defensivo, donde gobiernos doble abajo en sus restricciones, argumentando que son necesarias precisamente porque la migración irregular es un fenómeno que no puede ser contenido por la apelación moral. Una tercera posibilidad sería que todo quede en el registro simbólico, potente en el momento pero sin traducción institucional concreta. Lo que parece seguro es que el interrogante planteado —qué tipo de mundo hemos construido— permanecerá flotando en la esfera pública, incómodo, desafiando a quienes prefieren que la migración permanezca como tema técnico antes que moral.