La estrategia del crimen organizado en México ha mutado hacia una dimensión aún más perversa: ya no solo desaparecen y asesinan a civiles, sino que ahora acechan específicamente a quienes se atreven a buscarlos. En los últimos años, el fenómeno de persecución contra familiares de desaparecidos que conforman colectivos de búsqueda ha alcanzado proporciones alarmantes, transformando a los investigadores civiles en nuevas víctimas de la violencia estructural que azota al país. Lo que antes era un efecto colateral se ha convertido en una política deliberada de terror: silenciar a los únicos que realmente investigan, escarban y nombran a los perdidos.

En el estado de Sinaloa, bajo las torres de enfriamiento de una central termoeléctrica ubicada en Mazatlán, un grupo de mujeres integrantes de la agrupación Corazones Unidos por una Causa recorre pantanos y marismas buscando irregularidades en el suelo, olores que denuncien sepulturas clandestinas. Son madres, tías, hermanas de desaparecidos que, sin formación forense pero con determinación absoluta, han asumido una tarea que el Estado no realiza. Sin embargo, esta labor de búsqueda ha traído para ellas un costo que va más allá del sufrimiento emocional: dos de sus integrantes han sido víctimas de crímenes. Una fue asesinada en febrero pasado; la otra desapareció en octubre. El colectivo se ha convertido así en un emblema viviente de una tendencia sombría que recorre el país de norte a sur.

El crecimiento exponencial de una violencia específica

Desde hace dos décadas, el registro de personas desaparecidas en México ha crecido sin interrupciones, superando la cifra de 130.000 casos. Detrás de estos números hay redes criminales que recurren al reclutamiento forzado, al asesinato, la incineración de cuerpos y hasta la disolución con ácido para ocultar pruebas y sembrar terror en la población. Los gobiernos sucesivos no han logrado frenar este fenómeno, mientras que un comité de la ONU recientemente señaló que existen indicios de que fuerzas de seguridad estatal participan en algunos de estos hechos, calificándolos como crímenes contra la humanidad. El gobierno actual rechazó ese informe tachándolo de tendencioso. Pero ahora, la violencia ha escalado hacia un terreno aún más perverso: la eliminación sistemática de quienes buscan.

Según registros de una organización defensora de derechos humanos, al menos 44 personas —en su mayoría mujeres— han sido asesinadas o desaparecidas desde 2010. Sin embargo, el ritmo de estos crímenes se ha acelerado de manera vertiginosa. Durante el sexenio anterior, de 2018 a 2024, 18 de estos incidentes ocurrieron. Pero en apenas 19 meses del gobierno actual, la cifra se elevó a 15 nuevos casos. Lo más inquietante llegó recientemente: 2025 registra 7 asesinatos y 4 desapariciones de buscadores, consolidándose como el período más letal desde que se comenzó a documentar este fenómeno. El mensaje es cristalino para quienes lo reciben: "Si continúan buscando, los mataremos o los desapareceremos también".

Historias de muerte en la búsqueda

En el colectivo de Mazatlán, Noemí Padilla lidera las operaciones de rastreo. Su hijo, Juan Carlos Rivera Padilla, desapareció en 2019. Ella misma ha recibido amenazas explícitas de desaparición forzada. A finales de febrero, Rubí Patricia Gómez, integrante activa de la organización, no acudió a una reunión. Sus compañeras presintieron lo peor. Laura Ivonne Valdés, amiga de Gómez dentro del colectivo y quien busca a su tío Ricardo Ramírez Uribe, fue a su domicilio. "Recuerdo subir las escaleras, llamarla por su nombre", relató después. "La puerta estaba entreabierta. Así la encontré". Gómez había sido acuchillada 14 veces. Las autoridades arrestaron rápidamente a un hombre que, según sus versiones, la conocía y fue a cobrar una deuda, terminando en homicidio. Pero las dudas persisten: Valdés nunca escuchó a Gómez mencionar amenazas o deudas pendientes.

Apenas meses antes, María de los Ángeles Valenzuela, una de las fundadoras del colectivo, fue arrebatada de su casa por dos hombres armados que la subieron a un vehículo. Desde entonces está desaparecida. "Ahora la buscamos también a ella", expresó Padilla con el agotamiento de quien enfrenta un círculo interminable. El conflicto territorial que estalló en Sinaloa en septiembre de 2024 entre facciones del cartel local dejó más de 6.000 muertos o desaparecidos. Con esa explosión de violencia, los desaparamientos de jóvenes se dispararon. "Comenzaron a desaparecer a muchos jóvenes y no ha parado", describió María de los Ángeles Bernal, quien busca a su hijo Emanuel Garay Bernal. "Al principio me negaba a creerlo, pero quizás lo reclutaron por la fuerza".

Estas mujeres continúan su labor de excavación en los terrenos pantanosos que rodean la central térmica. En uno de esos rastreos, alguien divisó lo que podría ser un hueso de un brazo entre las raíces de los mangles. El grupo se congregó mientras Valdés comenzaba a cavar con piqueta en arcos brutales. "¿Siente la tierra suelta?", preguntaban las otras. "¿Huele?". Bernal colocó una vela eléctrica con la imagen de San Judas, patrono de las causas perdidas, junto al posible hallazgo. La búsqueda continuó metros por debajo del suelo, entre tierra, raíces y rocas, sin resultados concretos. Bernal apagó la luz de la vela. Los cables de alta tensión zumbaban sobre sus cabezas. "Claro que tenemos miedo. Con la situación en Sinaloa, no puedes confiar en nadie", dijo. "Pero si nosotras no las buscamos, ¿quién lo hará?".

Protección insuficiente y justicia ausente

Tras los ataques contra el colectivo, Padilla y Valdés, las figuras más visibles, recibieron protección oficial del Estado. Esta consistió en cámaras de vigilancia en sus viviendas y vehículos, números telefónicos de emergencia, y durante un par de meses, patrullas ocasionales en sus hogares. Ambas coincidieron en que esto resulta claramente insuficiente, no solo para ellas sino para el resto del equipo. Reclaman que todos los miembros del colectivo cuenten con botones de pánico que permitan alertar instantáneamente a las autoridades en caso de peligro inminente. Sin embargo, existe otra dimensión del problema que trasciende los dispositivos de seguridad: la investigación y castigo de quienes atacan a los buscadores. "Vergonzosamente, la mayoría de los casos que hemos documentado han quedado impunes", señaló Jessica Alcázar, vocera de la organización que rastrea estos casos. "Existe una falta de voluntad política para garantizar verdaderamente su protección o incluso para reconocer lo que les está sucediendo".

La institución federal responsable de defender a los activistas de derechos humanos no respondió solicitudes de entrevista sobre este tema específico. La ausencia de respuesta es, en sí misma, un dato revelador. Lo que emerge de este análisis es un vacío de responsabilidad que favorece la impunidad de quienes atacan a los buscadores. Sin castigo ejemplar, sin investigaciones exhaustivas, sin reconocimiento oficial de estos crímenes como parte de una estrategia criminal coordinada, los perpetradores tienen pocos motivos para abstenerse. El mensaje que circula en los territorios dominados por el crimen organizado es inequívoco: atacar a quien busca a los desaparecidos es una actividad de bajo riesgo, casi sin consecuencias legales.

Las consecuencias de esta escalada de violencia contra los buscadores son múltiples y complejas. Por un lado, genera un efecto disuasorio que podría llevar a que más familiares de desaparecidos abandonen sus búsquedas por temor a ser los siguientes objetivos. Esto favorecería indirectamente los objetivos de los grupos criminales: no solo ocultar sus crímenes, sino también silenciar a quienes los documentan y visibilizan. Por otro lado, la continuidad de estas mujeres en sus tareas de búsqueda, a pesar del riesgo, expone las fallas estructurales del Estado mexicano para investigar desapariciones y proteger a quienes se dedican a ello. Cada asesinato o desaparición de un buscador es también un llamado de atención sobre la necesidad de políticas de protección integral, investigaciones independientes de calidad, y un compromiso estatal genuino con la verdad y la justicia. Las diferentes lecturas de estos hechos dependerán de si se enfatiza el valor de la persistencia civil o la responsabilidad estatal incumplida.