La estabilidad política que parecía consolidarse en Etiopía durante los últimos meses ha comenzado a resquebrajarse bajo el peso de una nueva ofensiva militar que amenaza con reavivar los horrores de una guerra reciente. En los últimos días, la nación del Cuerno de África ha sido sacudida por movimientos de fuerzas insurgentes que no solo reactivan conflictos dormidos, sino que abren la puerta a una posible conflagración regional de magnitudes impredecibles. Lo que ocurre en las zonas fronterizas de Tigray, Afar y Amhara no es un episodio aislado, sino el síntoma de fracturas estructurales mucho más profundas en la arquitectura de poder que sostiene el gobierno de Addis Abeba.
Una alianza de siete brazos armados apunta hacia la capital
El pasado domingo, un hecho que pasó desapercibido en muchas coberturas superficiales marcó un punto de inflexión crítico: siete organizaciones armadas dispersas geográficamente por todo el territorio nacional anunciaron de manera coordinada la constitución de la Alianza de Fuerzas Populares Etiopes por la Supervivencia. Esta coalición, cuyo objetivo declarado es la destitución del actual primer ministro Abiy Ahmed, incluye entre sus filas al Frente Popular para la Liberación de Tigray, una entidad que gobernó la nación durante prácticamente tres décadas antes de ser desplazada del poder. La formación de esta alianza no responde a spontaneísmos políticos, sino a cálculos estratégicos profundos: la convergencia de múltiples actores armados en torno a un enemigo común sugiere una coordinación previa que venía gestándose en las sombras.
Solo dos días después de este anuncio, el martes pasado, las fuerzas del Frente Tigrayano ejecutaron una operación que trascendió lo militar para adquirir dimensiones simbólicas notables: tomaron control de tres aeropuertos que estaban bajo jurisdicción de la policía federal. La línea aérea nacional, Ethiopian Airlines, una de las compañías más importantes del continente, se vio obligada a suspender todas sus operaciones hacia la región, una decisión que ilustra hasta qué punto la situación ha deteriorado la capacidad de funcionamiento de estructuras civiles fundamentales. El cierre de aeropuertos no es un detalle operativo menor; representa la interrupción del acceso terrestre y la capacidad de movilidad que un gobierno necesita para mantener su autoridad territorial.
El avance territorial y el pánico en la población civil
Las operaciones militares del Frente Tigrayano no se limitaron a los aeropuertos. Mientras tanto, fuerzas insurgentes lanzaron una serie de ataques coordinados hacia los estados vecinos de Afar y Amhara, territorios que hasta hace poco permanecían fuera de la zona de combate directo. El jueves de la semana pasada, fuentes humanitarias reportaron desde Afar un bombardeo de artillería pesada llevado a cabo por combatientes tigrayanos en su intento de capturar la localidad de Yallo, emplazamiento estratégico cercano a la frontera regional. En simultaneidad, se reportaron enfrentamientos alrededor de Weldiya, una ciudad de Amhara que constituye una de las vías de acceso más relevantes hacia la capital nacional. El Frente Tigrayano también logró tomar posesión de Abala, otro enclave crítico en la frontera tigray-afar, según informes de fuentes de seguridad extranjeras presentes en el país.
La población civil enfrenta nuevamente la pesadilla que conoció entre 2020 y 2022, cuando casi 600.000 personas perdieron la vida en una contienda que devastó infraestructuras, economías locales y el tejido social de comunidades enteras. Los residentes de Adigrat, ciudad próxima a la frontera con Eritrea, describieron escenas de pánico descontrolado: comercios vaciándose, compras compulsivas de alimentos, medicinas desapareciendo del mercado a precios que se multiplicaron varias veces. En Tigray, los habitantes comenzaron a acumular provisiones de comida y dinero en efectivo, reviviendo el trauma de los cercos que caracterizaron la guerra anterior. Las historias que emergen desde el terreno reflejan una angustia existencial: la supervivencia cotidiana se ha convertido en un cálculo permanente donde cada decisión implica sopesar escasez, riesgo y la posibilidad de quedarse sin lo esencial.
Declaraciones de guerra y negaciones diplomáticas
Amanuel Assefa, vicepresidente del Frente Popular para la Liberación de Tigray, fue categórico en sus declaraciones a la agencia internacional: "Nos encontramos en una situación de guerra total en este momento". Su afirmación no dejaba espacio a interpretaciones benévolas: confirmó que fuerzas tigrayanas operaban en conjunto con milicias locales en Afar y Amhara, estableciendo así un frente multiestatal que complejiza el cuadro de situación para el gobierno federal. El gobierno de Addis Abeba, por su parte, difundió un comunicado de su estructura militar alegando que había neutralizado los ataques, reportando que entre combatientes muertos, heridos y capturados sumaban más de 500 enemigos.
En su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el miércoles, el presidente etiope Taye Atske-Selassie Amde pronunció críticas dirigidas hacia "fuerzas de destrucción y caos" e "interferencias en asuntos internos por parte de elementos adversarios". Su discurso enfatizó el ejercicio de "moderación extraordinaria" por parte de su administración. El portavoz presidencial, Billene Seyoum, fue más específico, aseverando que integrantes de la nueva alianza rebelde habían estado colaborando durante prolongados períodos con financiamiento proporcionado por Eritrea, vecino e histórico rival de Etiopía. Estas acusaciones encuentran sustento en análisis de expertos que señalan que Eritrea, siendo una nación sin acceso al mar, teme que una Etiopía bajo nuevas administraciones pueda intentar acceder militarmente al océano Índico a través de su territorio. Sin embargo, las autoridades eritreas han rechazado sistemáticamente estas imputaciones.
El quiebre del acuerdo de paz y sus implicaciones globales
Lo que está ocurriendo en estos momentos representa la amenaza más seria jamás enfrentada por el acuerdo de Pretoria de 2022, el instrumento diplomático que puso fin a la guerra y estableció una frágil tregua que se mantuvo durante meses. Desde finales del año anterior, cuando se reanudaron los choques esporádicos, el acuerdo mostró grietas cada vez más visibles. La reanudación ahora de operaciones militares a gran escala sugiere que los mecanismos de garantía y supervisión incluidos en ese pacto resultaron insuficientes para garantizar una paz duradera. El reemergimiento del conflicto en Etiopía no ocurre en un vacío regional; sucede en un contexto donde la guerra en Sudán ha generado millones de desplazados, donde las tensiones marítimas en el Mar Rojo amenazan rutas comerciales globales, y donde actores internacionales múltiples compiten por influencia geopolítica.
La composición de la alianza rebelde añade complejidades adicionales al panorama. Dentro de la coalición se encuentra Fano, un grupo insurgente que durante la guerra anterior 2020-2022 luchaba junto al gobierno federal contra los tigrayanos. Este giro de alianzas demuestra la fluidez de las lealtades políticas en contextos donde los grupos armados responden a dinámicas territoriales y de poder más que a ideologías consolidadas. El contexto histórico es fundamental para entender estas transformaciones: el Frente Tigrayano gobernó Etiopía desde 1991 hasta 2018, acumulando poder político y militar considerable, antes de ser marginalizado por la ascensión de Abiy Ahmed. Esa marginación fue el detonante que originó la devastadora contienda que comenzó hace cuatro años.
Las llamadas internacionales a la contención y el futuro incierto
Tanto la comunidad internacional como organismos continentales se han posicionado en favor de la desescalada. La presidencia de la Unión Africana, representada por Mahmoud Ali Youssouf, urgió a las partes enfrentadas a ejercer "máxima moderación" y a retomar las conversaciones directas de manera inmediata. La Unión Europea emitió un llamamiento paralelo pidiendo "desescalación inmediata" y reafirmación de los compromisos adquiridos bajo el acuerdo de Pretoria. Estos pronunciamientos, sin embargo, carecen de mecanismos de imposición más allá de la presión diplomática y la posible imposición de sanciones. En un panorama donde múltiples actores internacionales mantienen intereses divergentes en la región, la capacidad de coordinación internacional para influir en los beligerantes resulta limitada.
El precedente de la guerra 2020-2022 advierte sobre las magnitudes posibles del sufrimiento civil. Durante ese conflicto, Tigray fue prácticamente aislada del mundo exterior: las telecomunicaciones fueron bloqueadas, el acceso a alimentos fue cortado quirúrgicamente, las medicinas se convirtieron en artículos de lujo. Centenas de miles de personas padecieron condiciones similares a la hambruna. Si la violencia escala nuevamente a esos niveles, el costo humanitario podría superar ampliamente lo ya documentado. La pregunta que flota sobre la región es si los mecanismos de paz internacional poseen la capacidad y la voluntad de contener una explosión de conflictividad que amenaza con desestabilizar no solo a Etiopía, sino a un subcontinente ya tensionado por múltiples crisis simultáneas.
