Durante casi dos siglos, Francia permitió que una ley arcaica permaneciera en sus registros legales, legitimando prácticas que habían sido formalmente prohibidas. Hace días, el parlamento francés votó de manera unánime —254 votos a favor, ninguno en contra— para eliminar el Código Negro, una normativa del siglo XVII que codificaba el trato de personas esclavizadas en los territorios coloniales franceses. La derogación de esta ley no es un gesto meramente simbólico: marca un punto de inflexión en la relación que Francia mantiene con su pasado esclavista y, más aún, abre interrogantes sobre formas de reconocimiento material de ese legado histórico. Lo que cambió el jueves en el hemiciclo parisino fue la oficialización de que un ordenamiento legal que consideraba a seres humanos como "propiedad mueble" dejaba de tener vigencia formal en uno de los Estados-nación que más se ha presentado a sí mismo como defensor universal de derechos fundamentales.
Un código que sobrevivió a su propia negación
El Código Negro fue firmado por el rey Luis XIV en 1685, hace casi 340 años. Su existencia representa una de las paradojas más incómodas de la historia política occidental: la capacidad de una norma para pervivir intacta mientras todo lo que debería haberla derogado permanece en la sombra. Francia abolió la esclavitud oficialmente en 1848, pero permitió que este código —compuesto por 60 artículos que regulaban cada aspecto de la vida de una persona esclavizada— siguiera siendo ley de la tierra durante 178 años más. El artículo 44 declaraba explícitamente que una persona podía ser considerada "propiedad movible", comparable legalmente a un caballo o una herramienta agrícola. Otros apartados prescribían mutilaciones para quienes intentaran huir, mientras que disposiciones adicionales establecían que el testimonio de una persona esclavizada carecía de validez legal. Esta supervivencia legislativa no fue resultado de un olvido administrativo transitorio, sino de algo más profundo: la indiferencia institucional hacia las consecuencias materiales y simbólicas de ese marco normativo.
El presidente Emmanuel Macron se refirió a este fenómeno con términos que iban más allá de la observación histórica neutral. Según sus declaraciones públicas, el código "nunca debería haber sobrevivido a la abolición de la esclavitud" en 1848. Fue más lejos aún al caracterizar la omisión francesa: "El silencio, incluso la indiferencia, que hemos mantenido durante casi dos siglos hacia este Código Negro ya no es un descuido. Se ha convertido en una forma de ofensa." La caracterización de Macron reposiciona el asunto desde lo que podría haber sido tratado como un tecnicismo legal olvidado hacia el territorio de la responsabilidad histórica consciente.
Las voces que quiebran el silencio en el parlamento
El debate parlamentario que precedió a la votación reveló emociones que contrastan con la habitual frialdad de los procedimientos legislativos. Steevy Gustave, diputado originario de Martinica —una de las islas caribeñas donde Francia mantuvo colonias esclavistas— se presentó ante la Asamblea Nacional con signos visibles de emoción mientras dirigía sus palabras a sus colegas legisladores. Su intervención no fue un discurso técnico sobre derogaciones legales, sino un posicionamiento genealógico: "No somos descendientes de esclavos. Somos descendientes de seres humanos nacidos libres, luego reducidos a lo peor: reducidos a la esclavitud." Esta distinción semántica —entre "ser descendiente de esclavos" y "ser descendiente de humanos libres que fueron esclavizados"— marca una diferencia conceptual profunda sobre cómo se nombra y se reconoce el daño histórico. Gustave subrayó también que ninguna votación, por unanimidad que fuera, podría reparar siglos de existencias destruidas.
Max Mathiasin, otro diputado francés proveniente de Guadalupe en el Caribe y quien presentó la moción de derogación, añadió una perspectiva personal que hablaba de la relación misma con ese pasado. Relató que había adquirido copias del texto original del Código Negro pero nunca se había atrevido a leerlas en su totalidad. Como bisnieto de personas esclavizadas, explicó, ese documento representaba una barrera emocional y cognitiva. Cuando finalmente se enfrentó a su lectura completa, la caracterizó de manera directa: "Fue hecho por seres humanos, contra seres humanos." Para Mathiasin, la votación parlamentaria constituía un acto de restitución: recuperar a los ancestros, recuperar la humanidad que había sido negada legalmente. Posicionó el voto, además, como el cumplimiento de una promesa histórica incumplida: la que está inscrita en el lema de la República Francesa de "libertad, igualdad y fraternidad."
El imperio esclavista francés y sus consecuencias materiales persistentes
Para entender por qué esta derogación tiene relevancia más allá del plano simbólico, es necesario retroceder en la arquitectura imperial francesa y en las dimensiones económicas del comercio de personas esclavizadas. Francia fue la tercera potencia comercial de esclavos a nivel mundial, después de Gran Bretaña y Portugal. Entre los siglos XVI y XIX, los buques franceses transportaron aproximadamente 1.4 millones de africanos hacia las plantaciones de azúcar en sus posesiones coloniales. El volumen de riqueza generado por ese sistema de explotación fue tan considerable que financió la construcción de ciudades enteras: Nantes y Burdeos, dos de los principales puertos franceses, fueron literalmente edificadas con el capital acumulado de la trata esclavista y la producción azucarera colonial.
La colonia de Saint-Domingue, establecida en 1687 en el tercio occidental de la isla caribeña de La Española, representaba la joya de la corona del imperio esclavista francés. Sus plantaciones generaban una riqueza desproporcionada para la metrópolis, pero también concentraban la mayor densidad poblacional de personas esclavizadas. En 1804, la población esclavizada de Saint-Domingue protagonizó una insurrección que asestó un golpe histórico sin precedentes: no solo lograron asegurar su propia libertad, sino que establecieron un Estado independiente, Haití, que se convirtió en la primera república gobernada por personas negras en el hemisferio occidental. Sin embargo, la metrópolis francesa transformó esa victoria en derrota económica para los haitianos: impuso a la nueva nación independiente que pagara reparaciones a los antiguos "propietarios" de esclavos franceses para indemnizarlos por la "pérdida de propiedad." Haití estuvo pagando esta deuda colonial hasta 1947, más de un siglo después de su independencia, transfiriendo recursos hacia la nación que había sido responsable de su esclavización masiva.
Tras la formal abolición de la esclavitud en 1848, Francia no desmanteló su imperio colonial sino que lo reorganizó. Cuatro territorios en particular —Guadalupe, Martinica, Guayana Francesa y Reunión— fueron convertidos en departamentos franceses de ultramar en 1946, un estatus que los incorporaba formalmente al territorio nacional francés, pero bajo condiciones que perpetuaban estructuras coloniales. Estos territorios albergan una población de aproximadamente 1.9 millones de personas, la mayoría descendientes directos de poblaciones esclavizadas, quienes poseen la ciudadanía francesa. No obstante, su integración al territorio metropolitano ha sido incompleta. Las tasas de desempleo en Guadalupe rondan el doble que en la Francia continental, y amplios segmentos poblacionales viven bajo la línea de pobreza nacional. La estructura de poder en estas islas también refleja las jerarquías históricas: Mathiasin observó críticamente que "en Guadalupe, los puestos más importantes en las estructuras del Estado son ocupados por personas blancas," una persistencia de patrones de dominación que no fue eliminada por la derogación legislativa, pero que ahora enfrenta un marco legal que ya no lo legitima explícitamente.
La pregunta incómoda sobre reparaciones y justicia histórica
La votación de la Asamblea Nacional abre una puerta que las autoridades francesas han preferido mantener cerrada durante décadas: la cuestión de las reparaciones. Macron esbozó públicamente esta posibilidad la semana anterior a la votación, describiendo las reparaciones como un asunto "que no debemos rehuir." Simultáneamente, añadió una salvedad que revela la cautela institucional: el país "no debe hacer promesas falsas." Esta construcción retórica —reconocer la necesidad de reparaciones mientras se evita comprometerse a formas específicas— sitúa la cuestión en un territorio ambiguo. Las reparaciones históricas representan un terreno jurídico, político y moral disputado a nivel internacional. Algunos argumentan que debería comprender transferencias monetarias directas a descendientes de poblaciones esclavizadas. Otros sugieren que podría tomar formas de inversión pública en territorios históricamente damnificados, educación sobre el legado esclavista, o reconocimiento institucional formal. Lo que es claro es que ninguna de estas opciones es políticamente neutral ni carente de costos materiales para la metrópolis.
Un funcionario del ámbito de la memoria histórica francesa, Pierre-Yves Bocquet, director adjunto de la Fundación para la Remembranza de la Esclavitud, ofreció un análisis que conecta la persistencia del Código Negro con un problema más amplio en la estructura estatal francesa: lo que denominó la "excepción colonial" francesa. Según su perspectiva, el Código Negro fue la herramienta legal que permitió instalar la idea de que los principios fundacionales de la República Francesa —libertad, igualdad, fraternidad— simplemente no se aplicaban a ciertas poblaciones bajo su jurisdicción. Esa "excepción" nunca fue completamente revocada, incluso después de la abolición oficial. Bocquet señaló que "incluso hoy, aceptamos que las personas en territorios de ultramar puedan tener menos derechos que en la Francia continental." Esta observación sugiere que la derogación del Código Negro, siendo importante, no resuelve automáticamente la arquitectura de desigualdad que fue construida sobre su base durante siglos.
Implicancias y perspectivas abiertas
La derogación unánime del Código Negro genera un conjunto de escenarios posibles cuyas trayectorias aún no están definidas. En un nivel, la votación representa un acto de reconocimiento formal de que una ley explícitamente esclavista no debería existir en ningún ordenamiento legal contemporáneo. Esto puede interpretarse como un paso civilizatorio básico, aunque haya llegado casi dos siglos después de lo que podría considerarse prudente. En otro nivel, la votación abre interrogantes sobre qué formas de reparación, si es que las hay, seguirán. Los territorios de ultramar francés permanecerán siendo parte de Francia, pero ahora bajo un marco legal que ya no legitima explícitamente la jerarquía racial que fue codificada en 1685. Esto podría presionar hacia cambios en las estructuras de poder local, inversiones en economía y educación, o transformaciones más profundas en cómo Francia conceptualiza su relación con poblaciones descendientes de esclavizados. Alternativamente, podría resultar en un reconocimiento meramente simbólico sin consecuencias redistributivas significativas. Las diferencias de opinión sobre cuáles de estos escenarios es más probable, o más deseable, probablemente estructurarán el debate político francés durante los años venideros. Lo que es evidente es que el silencio de casi 180 años ha sido oficialmente interrumpido.
