La muerte de menores palestinos en Cisjordania se ha convertido en un fenómeno de dimensiones alarmantes desde hace más de un año, sin que existan mecanismos efectivos de rendición de cuentas para quienes resultan responsables de estos hechos. Los números hablan de una escalada sin precedentes: 235 niños y adolescentes palestinos han sido asesinados por fuerzas israelíes en la región desde octubre de 2023, además de cinco más eliminados directamente por colonos. Este panorama de violencia sistemática contra menores contrasta fuertemente con la impunidad generalizada en la que operan los autores de estos actos, generando un ciclo donde la prevención y la justicia brillan por su ausencia.
Lo que ocurrió el 16 de octubre del año pasado en ar-Rihiya, una localidad en las colinas al sur de Hebrón, ejemplifica con crudeza la realidad cotidiana que enfrentan los niños en esta región. Mohammad al-Halaq, de nueve años, había comenzado su día con una alegría desbordante tras recibir en clase una mochila nueva con el logotipo de una agencia internacional de protección infantil. El chico corría de un lado a otro mostrando su nuevo tesoro, ansioso por compartir la noticia con su familia. Pidió permiso para ir a la casa de sus abuelos, ubicada en las cercanías, y su madre accedió aunque con cierta inquietud característica de quien vive en un territorio donde la seguridad es un lujo incierto. Mientras jugaba al fútbol en la cancha de la escuela esa tarde, junto con otros menores, dos vehículos militares se presentaron de improviso. Los chicos salieron corriendo en distintas direcciones; algunos de los más grandes lanzaron piedras hacia los jeeps mientras otros gritaban desde lo que creían era una distancia segura. Las imágenes de lo que sucedió después muestran a un soldado descendiendo del vehículo, apuntando su rifle hacia la loma donde permanecían varios de los adolescentes. Los disparos no tardaron. Mohammad fue impactado en la pelvis y colapsó tras apenas unos pasos. Cuando otros intentaron acercarse al chico sangrante, nuevas ráfagas y gases lacrimógenos los obligaron a retroceder. Murió en el hospital pocas horas después.
Un sistema que ampara a los perpetradores
La madre de Mohammad, Aliyah, estaba en las tiendas cuando recibió la noticia mediante una llamada que nunca debería haber llegado. Su instinto de madre le indicó lo peor cuando su tío llamó al teléfono de su padre. Al darse cuenta de que era ella quien respondía, quien había formulado la pregunta directa sobre si se trataba de su hijo, su tío cortó la comunicación. En ese silencio quedó sintetizado el drama de miles de familias palestinas que pierden a sus hijos sin explicaciones claras ni posibilidad alguna de obtener justicia.
Los organismos de defensa de derechos humanos que han analizado estos casos documentan un patrón inquietante: la impunidad no es una consecuencia accidental del conflicto, sino una característica estructural del sistema. Según el análisis de expertos en la materia, ni un solo procesamiento se ha iniciado contra soldados israelíes por la muerte de palestinos desde octubre de 2023. Esto no significa que no haya investigaciones en curso. De hecho, las autoridades afirman que cada caso sospechoso de muerte de civiles sin participación activa es examinado y investigado conforme a procedimientos establecidos. Sin embargo, la brecha entre las investigaciones iniciadas y los procesamientos efectivos es tan amplia que prácticamente desaparece en ella cualquier expectativa de responsabilización.
Figuras militares de alto rango han hecho declaraciones que revelan el contexto en el cual ocurren estas muertes. El comandante de la región ha afirmado públicamente que las fuerzas bajo su mando están "matando como no se había matado desde 1967", una declaración que suena como reconocimiento de una intensidad sin precedentes en las operaciones. Simultáneamente, este mismo oficial argumentó que el 96 por ciento de los asesinados estaban vinculados a actividades terroristas, una cifra que resulta absolutamente refutada por los análisis independientes que examinan caso por caso.
Casos que evidencian la vulnerabilidad extrema de menores
Rimas Amuri tenía apenas 13 años cuando fue alcanzada por disparos en febrero del año pasado, en el campamento de refugiados de Jenin. Era viernes, hora de esparcimiento, y se encontraba jugando con primos en las proximidades de su hogar. Su padre, Omar, ha relatado que vivían en un área que normalmente se consideraba segura, cerca de un puesto de control militar donde la actividad suele transcurrir con cierta rutina. No había alertas de seguridad, el tráfico fluía con normalidad. Cuando Rimas fue impactada, las autoridades militares comunicaron a medios de comunicación que sus soldados habían identificado "una figura sospechosa" moviendose cerca del lugar y que, tras intentar su detención mediante llamadas verbales a las que la joven no respondió, procedieron a dispararle hacia la parte inferior del cuerpo. Las investigaciones independientes revelaron un dato devastador: a 40 metros de distancia, los soldados debieron ser perfectamente capaces de identificar que se trataba de una adolescente. Ninguno de los testigos presentes escuchó advertencia verbal alguna, y el reporte médico indicó que Rimas fue disparada por la espalda, lo que sugiere que ni siquiera estaba consciente de la presencia de soldados. Desde entonces, pese a que policía militar cuestionó a testigos, la familia no ha recibido noticia alguna sobre conclusión de investigación o responsabilidades establecidas.
Pero la vulnerabilidad extrema se manifiesta de manera aún más cruda en el caso de Layla al-Khatib. Era una niña de tan solo dos años de edad, sentada en el regazo de su madre en un segundo piso mientras la familia se disponía a cenar un sábado por la noche en enero del año pasado. Los soldados israelíes habían llegado al barrio en vehículos civiles con placas palestinas y tomaron posición en una edificación adyacente. La familia al principio continuó con su rutina, acostumbrada a estas incursiones que son moneda corriente en la región. Pero cuando el fuego se acercó peligrosamente, todos se lanzaron al suelo. El abuelo, Bassam, escuchó los gritos desesperados de sus hijas pronunciando el nombre de Layla. Al entrar en la habitación halló a su granddaughter herida de gravedad. La trasladó hacia la calle y se encontró rodeado de militares. Layla había sido disparada en la cabeza. Cuando interrogó al oficial presente preguntando por qué habían disparado contra su familia, por qué habían matado a su granddaughter, el soldado a quien se le pidió asistencia médica respondió que no podía hacer nada. El oficial mencionó que llamarían a una ambulancia. Eso tardó aproximadamente quince minutos. La menor falleció en el hospital.
Las respuestas oficiales ante estos casos mantienen un patrón consistente. Las fuerzas de seguridad declaran que sus soldados no tienen como política el ataque intencional a civiles no involucrados. Sostienen que toda muerte que pueda involucrar a personas sin participación activa es objeto de examen e investigación conforme a leyes locales e internacionales, y que se adoptan todas las medidas posibles para minimizar daño colateral. Paralelamente, explican que en años recientes se han desarrollado células terroristas armadas en ciudades y campos de refugiados palestinos, responsables de planificación y ejecución de ataques contra civiles israelíes. Según esta narrativa, las operaciones intensivas desarrolladas desde 2023, y mucho más después de octubre, responden a la necesidad de desmantelar estas estructuras criminales.
El balance de lo que sucedió después del 7 de octubre
La fecha de octubre de 2023 representa un quiebre en la intensidad de la violencia regional. El ataque que se produjo ese día contra territorio israelí resultó en aproximadamente 1.200 muertes, de las cuales alrededor de 800 eran civiles. Entre los fallecidos se contaban 38 menores de edad. Los ataques represivos que siguieron no se limitaron a Gaza. La región de Cisjordania experimentó un endurecimiento dramático en las reglas de enfrentamiento, a tal punto que los expertos describen la actual situación como caracterizada por la impunidad como norma operativa. En Gaza, más de 72.000 palestinos han perdido la vida, incluyendo 21.000 menores. La amplitud de estas cifras sitúa lo que ocurre en Cisjordania dentro de un contexto regional de violencia de alcances extraordinarios.
Organismos internacionales independientes han analizado estos patrones desde perspectivas especializadas. Una comisión internacional de investigación de las Naciones Unidas concluyó recientemente que las autoridades y fuerzas de seguridad israelíes han dirigido deliberadamente ataques contra menores palestinos, resultando en actos catalogables como genocidio, crímenes contra la humanidad en la Franja, y crímenes de guerra en Cisjordania. El presidente de esta comisión enfatizó que incluso después de la tregua parcialmente observada en Gaza durante octubre pasado, los menores continúan siendo asesinados y gravemente heridos, con un patrón de desacato continuo por parte de Israel tanto a los términos de la tregua como a las obligaciones internacionales de protección hacia la infancia.
Un análisis específico sobre 54 menores palestinos asesinados durante 2025 únicamente, publicado bajo el título "Infancia Sin Protección", encontró que ninguno de los fallecidos presentaba evidencia de haber constituido amenaza alguna o de haber formado parte de alguna estructura miliciana. Sin embargo, las declaraciones de altos mandos sostienen cifras completamente opuestas. Cuando se cuestionan estas afirmaciones, los analistas independientes las califican como "mentiras descaradas", subrayando la distancia entre lo que dicen los datos y lo que sostienen las declaraciones oficiales.
Las consecuencias de este panorama se despliegan en múltiples direcciones. Por un lado, existe una pregunta abierta sobre cómo la continuación y eventual escalada de estas dinámicas podría afectar la viabilidad de soluciones políticas en la región. Por otro, surge el interrogante sobre la sostenibilidad de un sistema donde la impunidad opera sin restricciones significativas. Algunos sectores argumentan que la falta de rendición de cuentas únicamente profundiza ciclos de violencia generacional. Otros sostienen que las operaciones de seguridad responden a necesidades reales de protección. Lo que permanece incontrovertible es que menores palestinos siguen muriendo en números que desafían cualquier justificación operativa, y que los mecanismos destinados a establecer responsabilidad por estas muertes permanecen prácticamente inactivos. El futuro de la región dependerá en buena medida de cómo evolucionen estas dinámicas y de si algún cambio significativo en los marcos de rendición de cuentas logra materializarse.
